nombre reservado con ADM. DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A.

Arica, diecinueve de junio de dos mil veinte.

VISTO:

Compareció nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía Chile II S.A., por haber conculcado con su actuar la garantía establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 21 de diciembre de 2018 ingresó a prestar servicios como vendedor para la empresa Item Ltda., prestando sus servicios en la tienda Mac Online, ubicada en el Mall Plaza Arica y que fue despedido el 12 de febrero de 2020 por la causal del artículo 160 Nº 4 letra a) del Código del Trabajo, esto es, hacer abandono intempestivo e injustificado de su lugar de trabajo, sin permiso del empleador. De esta situación reclamó el 21 de febrero ante la Inspección del Trabajo de Arica, bajo el Nº 1501/2020/273, siendo entonces citado al comparendo de conciliación, el que se celebró el 10 de marzo, instancia en la que sólo se arribó a un acuerdo parcial por $784.379, equivalentes al pago del feriado proporcional y las remuneraciones fijas pendientes de pago, reservándose la facultad de impugnar el despido ante tribunales; si bien no hubo acuerdo respecto de la causal de despido, ambas partes estuvieron contestes en que la relación laboral terminó el 12 de febrero de los corrientes.

Continúa relatando que, como no existió acuerdo en sede administrativa, el 23 de marzo dedujo ante el Juzgado del Trabajo de Arica denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, y de forma subsidiaria, demanda por despido injustificado, dando origen a la causa RIT O-90-2020. El 02 de abril solicitó se certificara el hecho que se inició un juicio laboral dejando constancia de la existencia del despido, certificación que se realizó por el ministro de fe del Tribunal y con ese documento, ingresó el 15 de abril -estando aún cesante-, la solicitud para cobrar su seguro de cesantía en la página web www.afc.cl, adjuntando la referida certificación, sin embargo, aquella fue rechazada por la recurrida el 05 de mayo, debido a que el documento aportado no permitía acreditar el término de la relación laboral, pues no indica causal de término y fecha de cese laboral, debiendo adjuntar finiquito o carta de despido e ingresar una nueva solicitud.

Señala que, en base a ese rechazo, el 07 de mayo dedujo nuevamente solicitud en la página web indicada a fin de iniciar el cobro del seguro, adjuntando esta vez el acta del comparendo ante la Inspección del Trabajo de Arica, pero la solicitud fue rechazada, en base a que el archivo adjunto no se podía leer. El 27 de mayo concurrió a las oficinas de la recurrida y en el lugar se le indicó que no podía cobrar el seguro de cesantía, ya que el acta aludida no señalaba de común acuerdo la causal de despido, por lo que debía esperar al término del juicio laboral.

En cuanto al derecho, expresa que el artículo 12 de la Ley 19.728, que regula el Seguro Obligatorio de Cesantía, señala que para que un afiliado pueda exigir el pago del seguro debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las causales señaladas en los artículos 159, 160, 161 y 163 bis, o por aplicación del inciso primero del artículo 171, del Código del Trabajo; (ii) que el trabajador con contrato indefinido registre en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 12 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley; (iii) en el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, deberá registrar en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley, y; (iv) encontrarse cesante al momento de la solicitud de la prestación.

A juicio del recurrente, el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario al transgredir su derecho de propiedad, pues los dineros que se encuentran en manos de las Administradoras de Fondo de Cesantía, son de su propiedad y si bien es cierto que dichos fondos se encuentran limitados en cuanto a su uso, goce y disposición, no cabe duda que estos sólo tienen por propósito otorgar una prestación en dinero para los casos en que el afiliado se encuentre sin trabajo remunerado, siempre que cumpla con los requisitos legales, como es su caso según consta en el acta de comparendo. Agrega que la ausencia de la carta de despido no puede ser un impedimento para el cobro, toda vez que el acta de comparendo de la Inspección del Trabajo da cuenta de forma suficiente de que fue despedido de su trabajo en febrero del presente año, siendo actualmente discutido los fundamentos del despido la causa RIT O-90-2020, por lo que resulta aún más arbitrario que la recurrida, por medio de sus agentes, le exija como requisito que el juicio iniciado, deba terminar, porque lo que debe acreditarse es la cesantía.

En vista de lo expuesto, solicita se acoja el recurso y se ordene a AFC Chile a que proceda al pago del seguro de cesantía, con los respectivos reajustes e intereses legales que procedan, dentro del plazo de 10 días desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada, o bien, cualquier otra medida que la Corte estime pertinente para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Atendido el tiempo transcurrido, se prescindió del informe de la recurrida y se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que en lo que interesa a este recurso son requisitos para el pago del seguro de cesantía, conforme el artículo 12 de la Ley N° 19.728, los siguientes: (i) que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las causales señaladas en los artículos 159, 160, 161 y 163 bis, o por aplicación del inciso primero del artículo 171, del Código del Trabajo; (ii) que el trabajador con contrato indefinido registre en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 12 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley, y (iii) encontrarse cesante al momento de la solicitud de la prestación.

CUARTO: Que de la documental acompañada por el recurrente, en particular el Acta de comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo de Arica, consta que el recurrente fue despedido de su trabajo bajo la causal invocada por el empleador prevista en el artículo 160 N° 4 letra a) del Código del Trabajo y al mismo tiempo da cuenta que las partes estuvieron contestes en la extensión de la relación laboral y su fecha de término, así como el período por el cual fueron enteradas sus cotizaciones previsionales, con lo que a juicio de esta Corte se encuentran acreditados todos los presupuestos legales señalados en el motivo anterior y que hacen procedente el pago del seguro de cesantía a que tiene derecho el recurrente.

QUINTO: Que, de esta manera la conducta de la recurrida al negarse a cursar el pago del seguro de cesantía del recurrente resulta ilegal, por cuanto, según se dijo, de la sola lectura de la instrumental reseñada anteriormente se encuentran satisfechos todos los requisitos que le eran exigibles al recurrente y al mismo tiempo ella deviene, además, en arbitrario ya que carece de justificación razonable.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, ya individualizado, en contra de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía Chile II S.A., y en consecuencia esta última deberá proceder al pago el seguro de cesantía reclamado dentro de décimo día de ejecutoriada esta resolución, más reajustes calculados de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre el mes de abril del año en curso y el mes anterior a del pago efectivo, más intereses corrientes desde la fecha de la mora.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 579-2020 Protección.

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