Protección contra Servicio de Salud de Arica

Arica, veinte de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece la abogada, doña Sandra Negretti Castro, en representación de don nombre reservado, abogado, Rut N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra, Servicio de Salud de Arica, representado por su Director, don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Señala que el día 4 de junio de 2018, ingresó a trabajar en el área jurídica del Servicio de Salud de Arica, en virtud de un contrato a honorarios por tres meses, por una remuneración mensual de $1.300.824, debiendo cumplir una jornada laboral.

Agrega que a partir de la fecha antes referida comenzó a desempeñar sus funciones hasta el día 26 de junio del presente año, que fue despedido. Menciona que su función inicial era de apoyar a las abogadas del Servicio, para concluir los sumarios administrativos que se encontraban atrasados en su tramitación.

Arguye que nunca celebró convenio o contrato escrito de honorarios, pese a haberlo solicitado verbalmente y por escrito en varias oportunidades.

Señala que el día 26 de julio de 2018 ingresó como de costumbre a trabajar, firmando el libro de asistencia, y luego concurrió a su oficina el Director del Hospital, don nombre reservado, quien le señaló que necesitaba conversar con él, exponiendole que su situación le estaba generando problemas y que no podía permanecer en las oficinas del Hospital, la cual debía abandonar de inmediato, de lo contrario tendrían que utilizar la fuerza pública, y a partir de ese día el recurrente fue separado de sus funciones.

Relata que desde el ingreso al Servicio la señora nombre reservado lo presentó entre sus colegas “como el abogado que le hizo la demanda al hospital”, agrega, que nunca recibió instrucciones de la oficina jurídica del Servicio de Salud de Arica, por lo cual él solicitó el día 19 de junio someterse voluntariamente a una inducción, presentándose al día siguiente a las 9:00 am en la oficina de la abogada Pamela Ponce, la cual le llamó la atención por su hora de llegada, comenzando a tratar de tontos e ignorantes a él y a su jefa en el hospital. Refiere que doña Pamela Ponce le falta el respeto al indicarle, “que mejor hubiésemos contratado a una secretaria”.

Complementa su relato indicando que el maltrato y hostigamiento continuó el día 22 de junio de 2018, en el que el jefe de recursos humanos del hospital, don nombre reservado, lo citó a su oficina con el objeto de firmar un documento, el cual señalaba que su contrato tenía una vigencia del 4 al 22 de junio de 2018, po lo que se negó a firmar, por que había sido contratado por tres meses. Lo narrado anteriormente a su juicio constituye un actuar irregular.

Indica que el 25 de junio de 2018 se presentó a trabajar a las 8:30 am, sin embargo, ya no contaba con registro electrónico, debiendo acudir al libro de asistencia para no ser acusado de faltar a su trabajo, situación que encuentra inaceptable y gravosa a su persona, además le bloquearon el correo institucional, refiriendo que no era necesaria tanta humillación.

Concluye que se han vulnerado sus garantías constitucionales con ocasión del despido al ejercer actos discriminatorios, las cuales se encuentran consagradas en el Nº 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2 del Código del Trabajo, asimismo, se han vulnerado los Nº1 y 4 del artículo 19 de la Carta Magna, y solicita que se ordene su reincorporación al Servicio con todos los derechos, garantías y beneficios inherentes a su contratación, hasta el término de los tres meses pactados, y el pago de los honorarios por dicho periodo, con costas.

Evacuando su informe el Servicio recurrido, indica que el presente recurso de protección ha sido deducido de manera extemporánea, por cuanto del relato del recurrente, se indica que el acto legal o arbitrario que vulnera sus derechos fundamentales, se materializa el 22 de junio del 2018, y la presente acción constitucional es presentada el 25 de julio del presente año, esto es, superando el plazo de los 30 días que establece el auto acordado sobre la materia.

Señala que el recurrente ingresÓ al Servicio de Salud de Arica el 5 de junio de 2018, por un periodo de tres meses, para resolver y proponer soluciones en las investigaciones sumarias, para así descongestionar el atraso en tales procesos disciplinarios. Complementa que el mismo día se le solicitó a don nombre reservado la documentación necesaria para su contratación.

Respecto de la falta de instrucción y falta de capacitación alegada por el recurrente, señala que no era obligatorio para la institución realizar tal actuación por cuanto se contrataron los servicios de un abogado para la tramitación de procedimientos disciplinarios, quien debía contar con los conocimientos necesarios para realizar tales tareas. Niega además, la existencia de algún tipo de maltrato laboral hacia el recurrente, refiriendo que ello no corresponde a la realidad, haciendo presente que en su relato tiene contradicciones.

Menciona que el recurrente no reunía las competencias necesarias para cumplir las labores contratadas, lo cual consta en correos electrónicos de doña nombre reservado, quien debió asignarles otras materias debido al escaso avance y falta de criterio en sus propuestas.

Concluye que no existe garantía o derecho constitucional vulnerado y se han dado las razones suficientes para explicar el término anticipado del contrato del recurrente, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer término que quien la interponga sea el que por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación a amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerandos que menciona a continuación. Esto es, exige que sea el titular del derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el caso que lo haga un tercero a nombre de otro, es este último el que debe detentar la calidad de personalmente afectado con la acción u omisión arbitraria o ilegal que lo motiva.

SEGUNDO: Que, a juicio del recurrente la arbitrariedad cometida por el Servicio de Salud de Arica, consiste en poner término anticipado a su contrato de honorarios, lo que resultaría discriminatorio, vulnerándose sus garantías constitucionales de los Nº2 y 24 de la Constitución Política de la República y el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo.

TERCERO: Que, las actuaciones reprochadas mediante esta acción cautelar, deben ser materia de un juicio de lato conocimiento, lo que obliga a desestimarla.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por la abogada, doña Sandra Negretti Castro, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio de Salud de Arica.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°578-2018 Protección.

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