nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

Arica, catorce de julio de dos mil veintiuno.

VISTO:

nombre reservado, transportista, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, y dedujo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Arica, representada legalmente por su alcalde Gerardo Espíndola Rojas, periodista, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por vulnerar las garantías constitucionales de los numerales 21º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que mediante Decreto Alcaldicio N° 12.571/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, se autorizó la adquisición del servicio de traslado de alumnos (bus de acercamiento) ida y vuelta, de la Escuela “Ignacio Carrera Pinto”, bajo la modalidad de Trato Directo, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y del Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886. Dicho Decreto, adjudicó a la recurrente el servicio requerido mediante Ordinario N°408/2019, el cual fue solicitado por la Directora de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, de acuerdo al presupuesto, por un valor total de $19.278.000 (IVA incluido).

Indica que se ordenó que se impute el gasto en la partida presupuestaria 215.22.09.003.008, Arriendo vehículos FAEP 2019, y designándose como responsable de la recepción de los productos y/o servicios adquiridos a la Directora de la Escuela Ignacio Carrera Pinto y que el pago se debe efectuar, una vez certificada la recepción conforme del servicio por parte de la Directora de la Escuela Ignacio Carrera Pinto.

Refiere que los días 9, 18 y 30 de diciembre del año 2019, emitió las facturas N°1, 2, 3 y 4, respectivamente, por un total de $ 26.418.000, las que fueron rechazadas por la unidad de control, por haberlo sido como empresa y no como persona natural, conforme el decreto de adjudicación, por lo que debió anularlas y emitirlas nuevamente. El 3 de junio del año 2020, emitió las facturas N°11, 12 y 13, todas por un total de RUT reservado IVA incluido, las que fueron entregadas, junto a la documentación necesaria a fin de que se emitiera la orden de compra respectiva, lo que en este caso corresponde a la N°2367-1859-SE19 de 17 de octubre de 2019.

Asevera que habiéndose cumplido con lo pactado en la licitación adjudicada, la Directora de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, le solicitó continuar con el traslado de los niños, que dicho trabajo sería formalizado para su respectivo pago y que de la situación estaba en conocimiento del Jefe de Finanzas, don nombre reservado, por lo que se harían las gestiones para el pago. Atento lo anterior, emitió la factura Nº 9 por la cantidad de $7.140.000, la cual hasta la fecha se le adeuda, además, de la orden de compra N°2367-1859-SE19 de 17 de octubre de 2019.

Expone que debido al “estallido social” y posterior pandemia se generó la paralización de algunos servicios y la dilación de los procesos, entre ellos, el pago de sus servicios, lo que no justifica de manera alguna el incumplimiento que se ha generado por parte de la recurrida.

Sostiene que entregó la documentación necesaria para dar curso al pago respectivo, lo que fue observado por la unidad de control, ante la falta del certificado de conformidad que debía realizar la Directora de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, por lo que se dirigió en diversas oportunidades a la Escuela para la emisión del certificado, lo que no logró, toda vez que la encargada del establecimiento no era la Directora y que la anterior ya no pertenecía al DAEM, desde que el 1 de enero de 2020 por la Ley Nº 21.040 el Daem de Arica fue traspasado al Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, el que pasó a administrar todo lo concerniente a la Educación Municipal, como son sus colegios, funcionarios y patrimonios. En definitiva, el pago de las facturas no se debe a un incumplimiento por falta de fondos, sino por la falta de una firma en el certificado de conformidad.

Arguye que habiendo presentado una carta a la autoridad edilicia solicitando una solución a su problema y que fuere ingresada a la Unidad de Cierre del Daem, la misma fue archivada el 3 de mayo de 2021, según se le informó por la Unidad de Partes de la Municipalidad de Arica. Por lo que a la fecha de la presentación de este recurso y de acuerdo al certificado del Secretario Municipal, el Alcalde de Arica no ha dado respuesta al requerimiento deducido, ello en virtud de lo previsto en el artículo 151 letra c) de la Ley Nº 18.695, lo que ha vulnerado las garantías constitucionales de los numerales 21 y 24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja el presente recurso y en definitiva se ordene a la recurrida proceder a subsanar la falta del certificado de conformidad mediante la Comisión encargada del traspaso Daem o por quien corresponda, a fin de proceder al pago de los servicios de la recurrente, con costas.

En su oportunidad informó la recurrida, Ilustre Municipalidad de Arica, y solicitó el rechazo del recurso señalando que mediante Decreto Alcaldicio N° 12.571/2019 de 17 de octubre de 2019, se autorizó la adquisición del servicio de traslado de alumnos (bus de acercamiento) ida y vuelta, de la Escuela “Ignacio Carrera Pinto”, bajo la modalidad de Trato Directo, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y del Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886. Dicho Decreto adjudicó a la recurrente el servicio requerido, que fue solicitado por la Directora de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, de acuerdo al presupuesto por un valor total de $19.278.000 (IVA incluido).

Refiere que mediante oficio N°949 de 25 de febrero de 2020, la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, dio cuenta al Municipio de una denuncia interpuesta por la recurrente por la demora en el pago de las facturas N° 01, 02, 03 y 04 del año 2019 referente a la prestación de servicio de transporte, por la suma total de $27.017.940. El 26 de mayo de 2020, se le informa a la recurrente, que la orden de compra fue emitida a nombre de la razón social “Transportes nombre reservado” RUT: RUT reservado y sin embargo, las facturas fueron emitidas bajo la Razón Social denominada “Transportes Katterina Rojas Balboa Ltda.” RUT: RUT reservado, por lo que requirió regularizar dicha situación.

Sostiene que al sumar la totalidad de los días respecto de los servicios adjudicados, el total de facturas, daba cuenta de 74 días hábiles, por un monto de $26.418.000, suma que no coincidía con el valor a pagar en la orden de compra.

Expone que el 23 de junio de 2020, la recurrente remitió vía correo electrónico las facturas 09, 11, 12 y 13, bajo el RUT Nº RUT reservado, sin embargo la suma de las cuatro facturas asociadas a la Orden de Compra N°2367-1859-SE19 totalizaban $26.418.000, cantidad que excedía el monto total adjudicado por el servicio de $19.278.000, ante lo cual, al revisar el Portal Mercado Público, no se evidenció documentación referida a un complemento de la adjudicación por la diferencia de $7.140.000. En virtud de estos hechos se solicitó a la Dirección del establecimiento educacional y al actual sostenedor de la educación comunal, “Servicio Local de Educación Chinchorro”, mediante Ordinario N°2595 de 8 de julio de 2020, los respaldos y certificados de conformidad de los servicios prestados por la recurrente, cuya respuesta de 10 de julio de 2020, del Director de la Escuela “Ignacio Carrera Pinto”, don nombre reservado, señaló: “Hice todas las indagaciones y en los periodos a partir del “Estallido social” de octubre de 2019, no hubo transporte de estudiantes, desde sus domicilios a la escuela y viceversa, salvo dos días en que se intentó regresar a la normalidad, el resto del mes de noviembre, diciembre no hubo servicio alguno y menso (sic) en enero de 2020”. Todo lo que fue informado a la Contraloría Regional por oficio ordinario N°3406 de 11 de septiembre de 2020, órgano que se abstuvo de emitir pronunciamiento por cuanto el reclamo posee una naturaleza litigiosa según lo señalado en el artículo 6°de la Ley N°10.366.

Expresa que sin perjuicio de los antecedentes previamente expuestos y de las gestiones realizadas en el proceso de pago de las citadas facturas, la recurrente solicita que se ordene al Municipio subsanar la falta del certificado referido, petición que sin duda excede del ámbito de aplicación de la acción constitucional, por lo que en definitiva, la contienda o controversia planteada no puede ser dilucidada por medio del recurso interpuesto, puesto que no es la vía idónea para ello, y que, los antecedentes acompañados al recurso no permiten acreditar la efectividad de haberse prestado los servicios adjudicados y la diferencia de montos de las facturas, cuestión que viene a ratificar, por lo que el recurrente carece de derechos fundamentales indubitados.

Finalmente señala que el actuar de la recurrida no reviste los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, por el contrario, al tratarse del pago de facturas por la prestación de servicios adjudicados en el marco de procesos administrativos regulados por Ley, debe ser la recurrente la que debe subsanar las observaciones planteadas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce. Concordante con lo anterior lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la demora en el pago de las facturas Nº 09, 11,12 y 13, atendido a que la recurrida no ha otorgado el certificado de conformidad por los servicios de transporte prestado por la recurrente.

CUARTO: Que, de lo expresado por las partes y de los antecedentes acompañados en la presente acción, se pueden colegir los siguientes hechos:

1.-Que nombre reservado se adjudicó el servicio de traslado de alumnos de la Escuela “Ignacio Carrera Pinto”.

2.-Que el plazo de ejecución era por cincuenta y cuatro días y por un valor de $19.278.000, de acuerdo a la orden de compra Nº2367-1859-SE19.

3.-Que la recurrente presentó cuatro facturas por un total de $26.418.000.

4.- Que el pago debe efectuarse una vez certificada la recepción conforme del servicio por parte de la dirección del establecimiento educacional, mediante un certificado de conformidad.

5.- Que las facturas no han sido pagadas, que no se han emitido los certificados de conformidad requeridos.

QUINTO: Que, de la relación de los hechos precedentemente expuestos, se advierte que el conocimiento y decisión de la pretensión de la recurrente mediante esta acción constitucional, esto es, el otorgamiento de un certificado que le permita el pago de facturas impagas en razón de la prestación de servicios de transporte y que se encuentra discutida la acreditación o efectividad de los servicios prestados, es que esta Corte estima que son cuestiones que debido a su naturaleza litigiosa, corresponde a un juicio de lato conocimiento.

SEXTO: Que los antecedentes señalados en el motivo precedente, obligan a concluir que el recurso de protección impetrado no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino más bien, que se reconozca judicialmente la existencia de este derecho, lo que es absolutamente ajeno a la finalidad propia de la acción constitucional, cual es, constituir una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, derecho que en la especie, como se ha referido, aparece expresamente controvertido, lo que se deduce de las propias medidas solicitadas por la recurrente para reestablecer el imperio del derecho, y que obliga a desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Arica.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 567-2021 Protección.