Protección contra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Arica, quince de julio de dos mil diecinueve.

VISTO:

nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, Licenciada en nombre reservado, con domicilio en esta ciudad, e interpuso recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, representada por su Rector don nombre reservado y don nombre reservado, en su calidad de Decano de la Facultad de nombre reservado y Políticas de la Universidad, y en contra de todos aquellos que resulten responsables, estimando que por omisiones ilegales y arbitrarias, se han vulnerado las garantías consagradas en los numerales 1, 2, 10, 16 y 24 de la Constitución Política.

Inicia el relato de los hechos que motivan este arbitrio señalando que, durante los años 2001 y 2002, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Tarapacá en la ciudad de Arica, donde rindió y aprobó asignaturas de primer y segundo año. Para entonces sus estudios eran financiados por su abuelo y no tuvo inconvenientes con ello, hasta que en el año 2003 su abuelo enfermó, falleciendo más tarde, debiendo abandonar sus estudios para aportar económicamente al hogar. Más tarde contrajo matrimonio y tuvo un hijo, y teniendo siempre la expectativa de estudiar, ingresó al plan especial para trabajadores que impartía la Universidad Arturo Prat sede Arica, que permitía trabajar en el día y estudiar en las noches, convalidando sólo cinco asignaturas, que detalla, de formación general y no profesional, lo que fue decretado en la Resolución Exenta N° 212 de 2009.

Cursó la carrera, egresó, rindió el examen de grado, licenciándose con nota seis, pese a su compleja vida familiar, al tener más hijos, y abrió su expediente de titulación en la oficina de títulos de la Corte Suprema en el mes de mayo de 2017, rindiendo, además, las pruebas habilitantes para desempeñarse como personal transitorio en el Poder Judicial.

La Excma. Corte Suprema, ingresó sus antecedentes al Comité de Personas por convalidación de algunas asignaturas con infracción al reglamento universitario, resolviéndose negativamente, conociendo en este lapso a personas que pasaban por su misma situación, con espera de un año sin respuesta concreta por parte de la Universidad, fundamentalmente un supuesto reglamento que tendría efecto retroactivo que sirviera para dar solución a las situaciones en comento.

Indica que en septiembre de 2017, viajó a Iquique, con otras personas en esta situación, entrevistándose con la Vicerrectora Académica y la Directora de Docencia, que no tenían conocimiento de esta situación, reunión a la que asistieron, además, el Decano de la Facultad de nombre reservado y Políticas y el Jefe de la Carrera de Derecho, señalándoles éstos que darían solución al problema.

En el intertanto, se le notificó la Resolución del Tribunal Pleno que rechaza su juramento como abogada, y más tarde, la recurrida emitió unas actas de aprobación y un decreto exento que considera irregulares, lo que motivó que formulara sendos reclamos incluso ante la División de Educación Superior, y paralelamente intentar un recurso de reposición extraordinario ante la Corte Suprema, que fue rechazado, por lo que acudió nuevamente a la Universidad, a fin de evaluar la asistencia, junto con el Decano, a una audiencia con el Presidente de la Corte Suprema, a la que en definitiva no fueron convocadas, relatando las acciones que tomó a continuación, entre ellas acudir a un medio de comunicación social a ventilar su situación.

Manifiesta que el nuevo director de carrera, don nombre reservado, citó a una reunión a los alumnos que se encontraban en esta situación irregular por error en sus convalidaciones, la que se realizó el día 26 de abril pasado, indicándose que serían reincorporadas las personas afectadas para cursar las asignaturas cuestionadas, sin tener noticias posteriores, para enterarse más tarde que se había reemplazado al Director de carrera.

Previa descripción de las múltiples alteraciones personales y emocionales sufridas por el actuar de la recurrida, garantías que estima infringidas, pidió: 1.- Ordenar a la Universidad a cumplir con lo requerido por la Excelentísima Corte Suprema, en orden a reincorporarla a la Universidad Arturo Prat, a través de matrícula para la rendición de las cinco asignaturas cuestionadas y el posterior examen de grado en forma gratuita, en el más breve plazo, sin más dilaciones y de acuerdo a un horario que no intervenga con su actual vida laboral. 2.- Que se proteja el Derecho de Propiedad sobre su título de Licenciada en nombre reservado, en el sentido que la Universidad lo reconozca como tal y no la obligue a renunciar a él en el momento de iniciar el proceso de matrícula y durante el tiempo que se encuentre cursando las cinco asignaturas que se convalidaron con infracción al reglamento universitario y el examen de grado, atendidos los perjuicios que ello le ocasionarían en el ámbito laboral. 3.- Que se aperciba a la Universidad a no tomar represalias por la interposición del presente recurso y sea condenada en costas.

Informando, la recurrida frente a lo expuesto por la recurrente respecto al rechazo de la solicitud de juramento por parte del máximo Tribunal del país, la Universidad, a través del Decano de la Facultad de nombre reservado y Políticas, solicitó una entrevista con el Presidente de la Excma. Corte Suprema, la que se llevó a efecto el 17 de mayo de 2018 y que tuvo por finalidad plantear diversas soluciones a la negativa de juramento.

Producto de la referida reunión y en consideración a la excepcionalidad de la situación, la Facultad de nombre reservado y Políticas inició un trabajo con diversas unidades de la Universidad con el objeto de diseñar un mecanismo que permitiera dar cumplimiento a las exigencias reglamentarias impuestas por la Excma. Corte Suprema. De esta manera, con los antecedentes existentes y fruto de un arduo trabajo dentro de la Universidad, se presentó una propuesta de regularización de procesos de convalidación a la Dirección General de Docencia, proceso que implicará a la recurrente cursar las asignaturas que fueron cuestionadas por la Excma. Corte Suprema (en su caso corresponden a Fundamentos de la Economía, Derecho Político, Introducción al Derecho, Derecho Romano e Historia del Derecho) en los mismos términos que se cursa toda asignatura: con el mismo tipo de evaluación, programa y duración, y en el que se establece –además- que todos los costos asociados a las referidas actividades serán de cargo de la Universidad, quedando la recurrente exenta del pago de matrícula o arancel de carrera por dichas asignaturas, así como del examen de grado.

La referida propuesta fue aceptada por las autoridades de la Universidad, lo que fue comunicado a la recurrente, mediante correo electrónico, con fecha 28 de junio de 2019, medio a través del que se le indica las asignaturas que debe cursar, así como los plazos y calendarización para poder concluir el proceso de regularización. De esta manera, no es posible estimar que exista una omisión que pueda ser considerada arbitraria o ilegal, puesto que efectivamente la Universidad se ha hecho cargo de la situación de la recurrente, ofreciéndole e informándole respecto del programa de actividades curriculares que le permitirá cursar las asignaturas de manera efectiva y sin costo para la estudiante.

Lo expuesto precedentemente, a juicio de su parte, necesariamente significa que la omisión que la recurrente reprocha ilegal y arbitraria, ha quedado sin efecto, por lo que se ha perdido el sustento fáctico de la acción de protección intentada, pidiendo, en definitiva, el rechazo del recurso.

Que se trajeron los autos en relación y se agregaron en forma extraordinaria a la tabla de esta Primera Sala.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO;

1°) Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

2°) Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3°) Que debe tenerse presente que esta Corte, únicamente, ha de pronunciarse sobre la ilegalidad o arbitrariedad de los actos de la recurrida planteados en el recurso, y en ningún caso, emitir pronunciamiento académico o relativo a las condiciones que la Excma. Corte Suprema, en uso de sus facultades y a la luz de lo dispuesto en los artículos 521 y 523 del Código Orgánico de Tribunales, establece para la obtención del título de Abogado, y que en el caso sub lite han pasado por la falta de cumplimiento, en la convalidación, del propio Reglamento Universitario, el que la recurrente debió conocer y debe cumplir al matricularse en la Universidad Arturo Prat.

4°) Que, a la luz de las consideraciones vertidas por la recurrida en su informe, resulta que se ha creado por la Universidad una fórmula para que la recurrente pueda cursar las asignaturas cuestionadas por la Excma. Corte Suprema, el que contempla clases regulares y exámenes, sin costo alguno, por lo que el recurso ha perdido oportunidad.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Universidad Arturo Prat.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 563-2019 Protección.