Protección contra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Arica, quince de julio de dos mil diecinueve.

VISTO:

Compareció Marianela Ruth Vásquez Maya, Abogada, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, Licenciada en nombre reservado, con domicilio en esta ciudad, e interpuso recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, representada por su Rector don nombre reservado y don nombre reservado, en su calidad de Decano de la Facultad de nombre reservado y Políticas de la Universidad, y en contra de todos aquellos que resulten responsables, estimando que por omisiones ilegales y arbitrarias, se ha vulnerado su Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el Derecho a el respeto a la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, el Derecho a la educación, el Derecho a la Libertad del trabajo y su protección y la no discriminación en materia laboral y el Derecho a la Propiedad.

Inicia el relato de los hechos que motivan este arbitrio señalando que, durante los años 2003 y 2009, la recurrente estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Tarapacá en la ciudad de Arica, donde rindió y aprobó asignaturas de primero, segundo y tercer año. Para entonces sus estudios eran financiados por sus padres y no tuvo inconvenientes con ello, hasta que en el año 2009 se inició un negocio familiar en el que tenía que apoyar aportando con su trabajo, debiendo cambiar de Universidad para que sus labores no interfirieran con vida académica, a la Universidad Arturo Prat sede Arica, convalidando once asignaturas, que detalla, lo que fue decretado en la Resolución Exenta N° 286 de fecha 12 de noviembre de 2010. Cursó la carrera sin inconvenientes, egresó, rindió el examen de grado y tesis, obtuvo el grado de licenciada en nombre reservado, y abrió su expediente de titulación en la oficina de títulos de la Corte Suprema en el mes de octubre de 2016.

La Excma. Corte Suprema ingresó sus antecedentes al comité de comunicaciones por convalidación de algunas asignaturas con infracción al reglamento universitario, para finalmente ser resuelto por el Tribunal Pleno, de lo que la recurrida tomó conocimiento en el mes de abril de 2017, cuando se notificó a la recurrente de la resolución que estableció que no cumplía con los requisitos necesarios para ser abogada, por convalidación irregular de cinco asignaturas, en síntesis, por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 89 de la reglamentación académica de la entidad de titulación, por cuanto ha transcurrido un lapso superior a los cinco años entre la fecha de aprobación de las mismas en la institución de origen y la respectiva solicitud de convalidación presentada en el establecimiento de egreso, lo que motivó que el Tribunal Pleno de la Corte Suprema rechazara su solicitud de juramento.

Añade que la oficina de títulos de la Excma. Corte Suprema le informó que tendría que rendir nuevamente las cinco asignaturas convalidadas irregularmente y el examen de grado, o presentar el acta del acuerdo del consejo de carrera que aprueba los cursos que se convalidaron superando los cinco años en virtud de lo señalado en el Reglamento Régimen General de Estudios de la Universidad Arturo Prat, que en el TITULO XV “De la convalidación y homologación de las asignaturas”, en su artículo 89 inciso segundo, establece que: “En caso que el tiempo sea superior a cinco años, el consejo de carrera podrá aprobarla o resolver, como alternativa, en base a un examen de actualización de conocimiento o examen de conocimientos relevantes.”, esto, a través de un Recurso de Reposición Extraordinario, tal como lo establece el artículo 14 del Auto Acordado 192-2015 que dice lo siguiente: “En caso de que el Tribunal Pleno o, el Presidente deniegue la solicitud del postulante, se procederá a archivar el expediente de titulación. En contra de esta resolución solo podrá deducirse recurso extraordinario de reposición, fundado en nuevos antecedentes. El recurso será visto en cuenta por el Tribunal Pleno.”.

Señala que la resolución que rechazó el juramento de la recurrente fue enviada al Decano de la facultad, aun cuando éste le comentó este le comento que tenían en proyecto la modificación del Reglamento Régimen General de Estudios con efecto retroactivo para que lo presentara vía Recurso de Reposición Extraordinario, opción dada para impugnar las resoluciones que rechazan las solicitudes de juramento. Pero tras cuatro meses sin respuesta, no dieron antecedentes sobre alguna solución.

Indica que en septiembre de 2017 la recurrente viajó a Iquique, con otras personas en esta situación, entrevistándose con la Vicerrectora Académica y la Directora de Docencia, que no tenían conocimiento de esta situación, reunión a la que asistieron, además, el Decano de la Facultad de nombre reservado y Políticas y el Jefe de la Carrera de Derecho, señalándoles éstos que el año 2010, fecha de la convalidación, el consejo de carrera no emitió documento alguno respecto de las asignaturas que superaban los cinco años transcurridos desde su aprobación y la solicitud de convalidación, ofreciéndoles emitir un acta de acuerdo del Consejo de Carrera que no se levantó en dicha oportunidad, solución que contraviene el Reglamento universitario y las exigencias de la Corte Suprema, ya que sería decretada años después de haber solicitado la convalidación de asignaturas, por docentes que no eran parte de la universidad el año 2010 y con posterioridad al fallo de la Corte Suprema, viéndose obligada la recurrente a aceptarlo para acompañarlo en un Recurso de Reposición Extraordinario que presentó en noviembre de 2017, el que fue rechazado, en virtud de aquéllas consideraciones, y le fue notificado con fecha 23 de abril de 2018, lo que se comunicó al Decano, sin que la casa de estudios se pronunciara para dar respuesta.

Añade que se la recurrente se reunió, además, con el encargado de la oficina de títulos, don nombre reservado, el 14 de noviembre pasado, presentando una segunda y tercera reposición extraordinaria, también rechazadas.

Manifiesta que el nuevo director de carrera, don nombre reservado, citó a una reunión a los alumnos que se encontraban en esta situación irregular por error en sus convalidaciones, la que se realizó el día 26 de abril pasado, indicándose que serían reincorporadas las personas afectadas para cursar las asignaturas cuestionadas, pero con la condición de que debían renunciar al título de Licenciado en nombre reservado aquellos que lo hubieran obtenido, si tener noticias posteriores, oara enterarse más tarde que se había reemplazado al Director de carrera.

Estima que la omisión en que incurrió la Universidad (no emitir el Consejo de Carrera un documento elemental para que la solicitud de convalidación de las once asignaturas estuvieran legalmente correctas), creó un vicio que no era compatible con los requisitos que el excelentísimo tribunal exige para obtener el título de abogada, pero que se puede revertir si la Universidad enmienda el error cometido procediendo a matricular e impartir las asignaturas que se cuestionaron y el examen de grado, que le ponga término a su conducta omisiva, la que ha mantenido desde el mes de abril del año 2017 y que a estas alturas vulnera gravemente las garantías constitucionales señaladas.

Previa descripción de las garantías que estima infringidas, pidió: 1.- Ordenar a la Universidad a cumplir con lo requerido por la Excelentísima Corte Suprema, en orden a reincorporarla a la Universidad Arturo Prat, a través de matrícula para la rendición de las cinco asignaturas cuestionadas y el posterior examen de grado en forma gratuita, en el más breve plazo, sin más dilaciones y de acuerdo a un horario que no intervenga con su actual vida laboral. 2.- Que se proteja el Derecho de Propiedad sobre su título de Licenciada en nombre reservado, en el sentido que la Universidad lo reconozca como tal y no la obligue a renunciar a él en el momento de iniciar el proceso de matrícula y durante el tiempo que se encuentre cursando las cinco asignaturas que se convalidaron con infracción al reglamento universitario y el examen de grado, atendidos los perjuicios que ello le ocasionarían en el ámbito laboral. 3.- Que se aperciba a la Universidad a no tomar represalias por la interposición del presente recurso y sea condenada en costas.

Informando, la recurrida frente a lo expuesto por la recurrente respecto al rechazo de la solicitud de juramento por parte del máximo Tribunal del país, la Universidad, a través del Decano de la Facultad de nombre reservado y Políticas, solicitó una entrevista con el Presidente de la Excma. Corte Suprema, la que se llevó a efecto el 17 de mayo de 2018 y que tuvo por finalidad plantear diversas soluciones a la negativa de juramento.

Producto de la referida reunión y en consideración a la excepcionalidad de la situación, la Facultad de nombre reservado y Políticas inició un trabajo con diversas unidades de la Universidad con el objeto de diseñar un mecanismo que permitiera dar cumplimiento a las exigencias reglamentarias impuestas por la Excma. Corte Suprema. De esta manera, con los antecedentes existentes y fruto de un arduo trabajo dentro de la Universidad, se presentó una propuesta de regularización de procesos de convalidación a la Dirección General de Docencia, proceso que implicará a la recurrente cursar las asignaturas que fueron cuestionadas por la Excma. Corte Suprema (en su caso corresponden a Fundamentos de la Economía, Derecho Político, Introducción al Derecho, Derecho Romano e Historia del Derecho) en los mismos términos que se cursa toda asignatura: con el mismo tipo de evaluación, programa y duración, y en el que se establece –además- que todos los costos asociados a las referidas actividades serán de cargo de la Universidad, quedando la recurrente exenta del pago de matrícula o arancel de carrera por dichas asignaturas, así como del examen de grado.

La referida propuesta fue aceptada por las autoridades de la Universidad, lo que fue comunicado a la recurrente, mediante correo electrónico, con fecha 28 de junio de 2019, medio a través del que se le indica las asignaturas que debe cursar, así como los plazos y calendarización para poder concluir el proceso de regularización. De esta manera, no es posible estimar que exista una omisión que pueda ser considerada arbitraria o ilegal, puesto que efectivamente la Universidad se ha hecho cargo de la situación de la recurrente, ofreciéndole e informándole respecto del programa de actividades curriculares que le permitirá cursar las asignaturas de manera efectiva y sin costo para la estudiante.

Lo expuesto precedentemente, a juicio de su parte, necesariamente significa que la omisión que la recurrente reprocha de ilegal y arbitraria, ha quedado sin efecto, por lo que se ha perdido el sustento fáctico de la acción de protección intentada, pidiendo, en definitiva, el rechazo del recurso.

Que se trajeron los autos en relación y se agregaron en forma extraordinaria a la tabla de esta Primera Sala.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO;

1°) Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

2°) Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3°) Que debe tenerse presente que esta Corte, únicamente, ha de pronunciarse sobre la ilegalidad o arbitrariedad de los actos de la recurrida planteados en el recurso, y en ningún caso, emitir pronunciamiento académico o relativo a las condiciones que la Excma. Corte Suprema, en uso de sus facultades y a la luz de lo dispuesto en los artículos 521 y 523 del Código Orgánico de Tribunales, establece para la obtención del título de Abogado, y que en el caso sub lite han pasado por la falta de cumplimiento, en la convalidación, del propio Reglamento Universitario, el que la recurrente debió conocer y debe cumplir al matricularse en la Universidad Arturo Prat.

4°) Que, a la luz de las consideraciones vertidas por la recurrida en su informe, resulta que se ha creado por la Universidad una fórmula para que la recurrente pueda cursar las asignaturas cuestionadas por la Corte Suprema, el que contempla clases regulares y exámenes, sin costo alguno, por lo que el recurso ha perdido oportunidad.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y se declara: Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Universidad Arturo Prat.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 560-2019 Protección.