Protección contra Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL

N oventa 90.- Aríca, veintisiete de mayo de dos mil catorce.

Visto:

1.- Que a fojas 18 comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado y don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, representada por don nombre reservado o Rodrigo nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado

quienes denuncian como hecho arbitrario e ilegal atribuible a la recurrida, quien en el contexto de la propuesta de ejecutar un proyecto de instalación de equipamiento de telecomunicaciones, consistente en una estructura soportante tipo cilindro ornamental de 17 metros de altura, con capacidad de alojar a otro operador de telecomunicaciones, que se instalará en Sargento Canales N°1156, no ha cumplido con la normativa vigente, al no haberse notificado a 9 de las 19 propiedades que correspondía notificar, entre las cuales se encuentra el inmueble del recurrente nombre reservado, o en ios casos en que se efectuó la misma, ésta lo fue de manera imperfecta, como en el caso de don nombre reservado, pues se invocó en ella lo dispuesto en el artículo 116 bis G, y no 116 bis F-como correspondía-, normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción, omitiendo en consecuencia los antecedentes que derivaron en el impedimento del ejercicio de los derechos que esa norma previene para los propietarios del sector, todo cual conculca sus derechos de propiedad, por afectarse la plusvalías de sus viviendas y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pues no se ha establecido con certeza los efectos nocivos de las ondas electromagnéticas en la salud de las personas, como asimismo amenazante desde una perspectiva estética.

Solicitan acoger la acción constitucional y con su mérito ordenar el cese de cualquier procedimiento tendiente a la construcción de la antena de transmisión del inmueble Sargento Canales N°1156, a fin de asegurar el debido resguardo de las garantías constitucionales vulneradas y el cumplimiento de la iey 2.- Que fojas 62, evacuó informe el la recurrida Empresa Nacional de Telecomunicaciones quien solicitó el rechazo del recurso, con costas, por no existir acto arbitrario o ilegal, ni consiguientemente vulneración de garantías constitucionales denunciadas.

Sostiene que la controversia planteada corresponde ser conocida a través de un juicio de lato conocimiento o por medio del ejercicio de otras acciones y procedimientos pertinentes, siendo inídónea la acción cautelar.

En cuanto al fondo, y respecto a la falta de notificación alegada, 1 sostiene que ésta se realizó al propietario del inmueble donde se ubicará la Estación Base “Cementerio Arica”, como a los 19 otros vecinos de dicho propietario, conforme lo dispone el artículo 116 bis F letra e) de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que señala que dicha comunicación debe ser dirigida al propietario registrado en el Servicio de Impuestos Internos para efectos del impuesto territorial, de modo tal que respecto del inmueble rol de avalúo N°427-2, ubicado en Sargento S. Canales N°1109, se cumplió la obligación notificando a doña nombre reservado, por ser ella quien figura como propietaria en dicho registro y no el recurrente nombre reservado.

En relación a la norma legal invocada en dicha carta, sostiene que atendida la altura de la Estación Base “Cementerio Arica”, -17 metros- ésta se rige por lo dispuesto en el artículo 116 bis G de la norma citada, que corresponde a un sistema simplificado, y no por el artículo 116 bis F, como erradamente lo pretenden los recurrentes, ello por expresa disposición del inciso final de dicho artículo, en consecuencia los antecedentes que supuestamente había omitido en su carta - consagrados en el artículo 116 bis F, letra f)- no le son aplicables, pues para el permiso de instalación únicamente debe cumplir con lo ordenado en los literales a), b), h), i) y d) del artículo 116 bis F, del citado cuerpo normativo.

Finalmente sostiene que el proceso de otorgamiento de permiso de instalación recién inicia, por lo que aún le corresponde a la Dirección de Obras Municipales pronunciarse al respecto.

3.- Que la presente acción constitucional tiene por finalidad reclamar la ilegalidad o arbitrariedad en que ha incurrido la recurrida respecto del procedimiento utilizado, en relación el proyecto de instalación de equipamiento de telecomunicaciones que se ubicará en domicilio reservado de esta ciudad y que se hace consistir en la falta de comunicación o comunicación imperfecta a los propietario de los inmuebles afectados por dicha obra, impidiendo con ello el ejercicio de los derechos que le reconoce la ley, afectando de este modo las garantías del artículo 19 N° 8 y 24 de la Constitución Política de la República.

4.- Que en relación con los fundamentos del recurso, la parte recurrida ha instado, en primer término, por su rechazo, por estimar que las reclamaciones son de lato conocimiento y por ende su atribución jurisdiccional corresponde a otros tribunales. En segundo lugar y en cuanto al fondo, pide sea desestimado por no haber incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales, toda vez que en la especie se han cumplido con todas las normas legales que rigen la materia. En efecto, señala que las comunicaciones se han efectuado en la forma prevista por la ley a los propietarios que figuran como tales en el rol de avalúos, conteniendo 2 N oventa y uno 91.- aquella toda la información que exige la ley y que por la altura de la antena, 17 metros, pueden acogerse al régimen del artículo 116 bis g) de la Ordenanza General de Urbanismo, cuyo es el caso.

5.- Que atento lo expuesto el problema de legalidad que se ha planteado en la especie, resulta zanjado de los antecedentes acompañados por la propia recurrida consistente en un informe de la Dirección General de Aeronáutica, tal cual lo exige el artículo 116 bis f) de la Ordenanza General de Urbanismo, mismo en el que se consigna que la antena en cuestión tiene una altura de 19 metros, por consiguiente resulta meridianamente claro que en esas condiciones el régimen jurídico aplicable es el que contempla la norma recién citada, que entre otras tantas condiciones establece la obligación de comunicación a los vecinos con determinada información, contenida en la letra e) párrafo segundo, de la misma disposición nada de lo cual se contiene en la carta que fuera remitida a los propietarios como se lee de la epístola de fs. 3. Tampoco se ha dado cumplimiento a lo que reza el párrafo tercero del citado literal de la disposición invocada, en cuanto a la comunicación del proyecto a la comunidad mediante una publicación en un periódico de la capital de la provincia o región con la anticipación que la disposición refiere.

6.- Que las citadas omisiones han impedido a los propietarios ejercer los derechos que contempla el párrafo 5 de la letra e) del artículo 116 f) de la Ordenanza señalada, particularmente en lo que toca a las obras de compensación o mitigación que daría lugar la ejecución deí proyecto de telecomunicaciones de esas características.

7.- Que por lo demás, si bien se acompañó por la recurrida un comprobante de ingreso a ia Dirección de Obras Municipales y un certificado de Correos de Chiíe que da cuenta del despacho de 20 cartas certificadas indicando rol de propiedad y presuntos propietarios, no existe ningún antecedente del Servicio de Impuestos Internos que demuestre que efectivamente tales inmuebles se encuentran enroladas a los propietarios que allí se indican, particularmente cuando con la escritura publica de fs., 9, se acredita que nombre reservado adquirió el inmueble consistente en sitio N° 17 de la manzana "D" 319 de la población Lautaro de esta ciudad, cuyo rol según certificado estampado en la misma escritura es 427-2 de la comuna de Arica, por escritura publica de 7 de enero de 1988, la que fue inscrita a fs. 77 N° 76 deí Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica del mismo año, apareciendo entonces una inconsistencia entre el actual titular del bien raíz y aquél a quien se habría despachado la comunicación conforme aparece del listado que acompaño la recurrida, lo que derivaría en la imposibilidad del recurrente nombre reservado de tomar oportuno conocimiento de la información dada por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y ejercer de ese modos los derechos consiguientes a ello.

8.- Que de todo lo expuesto, necesario es concluir tal cual lo aseveran los recurrentes, que Entel no ha dado cumplimiento a la normativa vigente que rige la materia, por lo que su actuar deviene necesariamente en ilegal, motivo suficiente para acoger el recurso en estudio, desde que tal ilegitimidad ha afectado los derechos constitucionales amparados por la Carta Magna en sus numerales 8 y 24 del artículo 19, toda vez que es un hecho cierto la contaminación visual que se genera a partir de la ejecución de un proyecto como el que nos convoca sin la adopción de los resguardos o medidas de mitigación que la ley contempla como asimismo la afectación de los derechos patrimoniales de los propietarios de los inmuebles circundantes en cuanto a su valor, tanto es así que la misma normativa reconoce la influencia de estas obras en la plus valía de las propiedades estableciendo que el solo hecho de la ejecución de las obras autoriza a solicitar la retasación de los avalúos para efectos de disminuir el impuesto territorial.

9.- Que de la misma manera y atendida la naturaleza cautelar y urgente del presente procedimiento, no es dable desestimar el recurso con fundamento en el carácter que atribuye la recurrida a los hechos materia de la discusión, en cuanto estima que estos deben ser materia de un juicio de lato conocimiento, cuya competencia corresponde a tribunales ordinarios o especiales, descartando por consiguiente esta vía constitucional, la que califica de inidónea.

10.- Que lo anterior se explica desde que como ha quedado asentado, en la especie se ha producido un manifiesto quebrantamiento del régimen jurídico que rige esta materia, por cuyo restablecimiento deben velar los tribunales de justicia de manera expedita y efectiva, procurando impedir o precaver, aun con carácter precautorio las perjudiciales consecuencias que su materialización o permanencia en el tiempo generaría en razón de la afectación de derechos y garantías constitucionales comprometidas, especialmente cuando la propia Carta Fundamental establece que el presente recurso, no obsta a que las partes ejerzan las acciones ordinarias que estimen asistirles en la sede que corresponda.

Que en tal contexto la alegación de falta de idoneidad de este procedimiento será rechazada.

En consecuencia, atento a lo razonado y normas citadas, artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de recurso de protección, se declara:

1.- Que se hace lugar al recurso de protección deducido en lo principal de fs. 18, disponiendo que la recurrida Empresa Nacional de Telecomunicaciones deberá ajustar su actuar a las normas que, atendidas las características del 4