Protección contra su persona

Arica, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Verónica Marcela Chamorro Concha, abogada, en representación de doña nombre reservado, chilena y de su hija menor de edad doña nombre reservado, quienes interpone acción de protección en contra Corporación educacional nombre reservado representado legalmente por don nombre reservado, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales de su representada, con respecto a los numerales 1, 2, 4, 12, 14 y 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la Republica.

Señala que con fecha 08 de abril de 2026 en instancias que la adolescente se encontraba en clases se genera un conflicto entre esta y su profesora de física, lo cual produjo afectación emocional en la estudiante, quien detenta la condición de Trastorno en el Espectro Autista (TEA), ante ello solicita entrevista con el establecimiento educacional nombre reservado, del cual su hija asiste desde el año 2018 cursando en la actualidad segundo año de enseñanza media.

Se entrevistó con la profesora del ramo, Jefe de UTP, Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar, Encargada del programa PIE quienes niegan el altercado ante lo cual solicita finalmente entrevista con el director del establecimiento.

Atendido el transcurso de los días sin respuesta alguna, el 13 de abril del año en curso dirige presentación formal al Director del establecimiento educacional solicitando entrevista personal a fin de abordar la situación y encontrar solución institucional. A ello, no se obtuvo respuesta por lo que con fecha 16 de abril concurre ante la Superintendencia de Educación a presentar denuncia para que este órgano fiscalizador intervenga con respecto a los hechos ocurridos.

El órgano fiscalizador, posterior a la investigación de los hechos, en la cual solicito informe al establecimiento educacional, emite su resolución con fecha 5 de mayo del presente año en la cual señalo que no fue posible acreditar administrativamente la infracción denunciada. Sin embargo, reconoce circunstancias que justificaron su intervención como órgano fiscalizador y en razón de aquello formula recomendaciones al establecimiento educacional destinadas a fortalecer sus procedimientos internos y mejorar la gestión institucional respecto de situaciones similares.

Concluido el procedimiento administrativo, el establecimiento inicio procedimiento disciplinario en contra la recurrente por haber recurrido ante la autoridad administrativa, lo cual habría vulnerado el Reglamento Interno del establecimiento, resolviendo aplicar sanción del articulo 12.8 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, consistente en la perdida de calidad de apoderada por el periodo de 5 años, y obligándola a designar un nuevo apoderado para su hija.

Dicha resolución fue notificada el día 20 de mayo de 2026 de manera personal en el establecimiento educacional. Presenta apelación ante dicha resolución, mediante carta al Director, con fecha 25 de mayo, obteniendo una respuesta en la cual se desestima la acción con fecha 01 de junio de 2026 mediante correo electrónico La recurrente expone que la sanción aplicada en su contra es una reacción institucional frente al ejercicio de un derecho. Así mismo dispone que la sanción disciplinaria se aplicó sin un procedimiento administrativo previo en contra de su persona, y los efectos que produce son: prohibición de ingreso al establecimiento a requerir información de los profesores, o de su hija; imposibilidad de participar en reuniones; obligación de designar otro apoderado; restricción de comunicación con docentes; afectación de su participación en el proceso educativo; estigmatización ante la comunidad escolar.

Arguye que la sanción es arbitraria, carente de fundamento racional, ya que no existiría lógica ni proporcionalidad entre el hecho de reclamar ante la Superintendencia de educación y la sanción de inhabilitarla indefinidamente como apoderada. Que el establecimiento educacional con dicha sanción busca impedir que la recurrente insista en sus reclamos, desalentar futuras denuncias y enviar una señal inhibitoria al resto de la comunidad educativa, lo cual resulta incompatible con una comunidad escolar democrática, participativa y respetuosa de los derechos de sus integrantes.

La sanción aplicada se encuentra produciendo efectos diarios, que afectan al bienestar de la estudiante hija de la recurrente quien se encuentra diagnosticada de TEA y proviene además de una familia indígena, de la etnia Aymara en la cual la familia constituye el núcleo esencial de transmisión cultural, identidad y protección recíproca, desempeñando la madre un rol permanente de representación, orientación y acompañamiento de los hijos en su proceso de formación integral.

Con respecto al procedimiento llevado en su contra por el establecimiento educacional señala que este debería contemplar un debido proceso en el que se produzca una formulación precisa de cargos, notificación oportuna al afectado, plazos para ejercer la defensa, solicitar, aportar y rendir prueba, todo ello llevando a una decisión debidamente fundada y susceptible de ser impugnada, conformando un debido proceso, lo cual ha sido omitido en este acto, al no permitir a la recurrente efectuar descargos ante la aplicación de la medida sancionatoria, vulnerando el deber de fundamentación de los actos resolutivos, especialmente de aquellos que afectan los derechos de particulares tornado el mismo en un acto arbitrario por carecer de razonamiento suficiente.

Señala que la sanción sería ilegal ya que no se ajusta al reglamento interno, a la tipificación previa de faltas, a la proporcionalidad y al justo procedimiento. En este caso, la sanción fue aplicada sin procedimiento previo, sin cargo concreto, sin derecho a ser oída, sin audiencia, sin posibilidad real de presentar descargos y sin resolución debidamente fundada lo cual contraviene el marco normativo con respecto a los artículos 9 y 10 de la Ley General de Educación los cuales exigen al reglamento interno permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa así como reconocer el derecho de madre, padre y apoderados a ser escuchados y participar en el proceso educativo de su hijo; lo cual con la sanción aplicada excluye derechamente a la recurrente.

El proceso llevado en contra de la recurrente y su hija, ha vulnerado las garantías constitucionales de ambas con respecto a los N°1, 2, 4, 12, 14 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, así como el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo conforme lo expuesto en el artículo 5 inciso 2 de nuestra Carta Fundamental. Estos últimos al llevarse a cabo todo el procedimiento sancionatorio sin tener en cuenta la etnia a la cual pertenecen ambas recurrentes.

Solicita en razón de lo expuesto que se acoja el presente recurso, declarando que la resolución mediante la cual se privo a la recurrente doña nombre reservado de su calidad de apoderada, constituye un acto ilegal y arbitrario por vulnerar las garantías fundamentales consagradas en nuestra Constitución.

Informando el recurrente, representante legal de la persona jurídica sin fines de lucro denominada “Corporación Educacional nombre reservado”, sostenedora del Establecimiento Educacional denominado “nombre reservado”, expone el contexto en el que se llevaron a cabo los hechos que dan inicio primitivamente a la presente causa, la cual fue una solicitud de la estudiante recurrente para ir al baño, a su profesora, la cual accede, más la estudiante quien mantiene una condición reconocida de TEA señala que el “tono” en el cual la profesora otorga el permiso fue muy alto, lo cual produce una desregulación en la estudiante la cual activo los protocolos internos del establecimiento.

La apoderada queda insatisfecha con las acciones del colegio, realizando acciones denostativas y agresivas en contra la docente por lo cual el consejo de profesores solicita el cambio de apoderado para evitar situaciones futuras de acoso laboral hacia la docente.

Expone que la apoderada recurrente, aceptó mediante contrato el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y designó en dicho acto un apoderado titular y uno suplente.

Indica que el proceso fue revisado y sancionado por la Superintendencia de Educación quien, a razón de la denuncia realizada por la apoderada, solicitó al establecimiento informes y documentos para resolver el caso, concluyendo en su informe que no existiría vulneración ni infracción alguna. Señala que la sanción solo aplica a la apoderada titular, no vulnerando a la estudiante recurrente, ya que la apoderada acepto el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y designo apoderada suplente al firmar el contrato con el establecimiento educacional.

Dado el requerimiento de la Superintendencia de Educación, se procede a investigar los hechos, poniendo en conocimiento del órgano fiscalizador una serie de informes y entrevistas que dan cuenta de que el establecimiento no incurrió en vulneración alguna en contra la estudiante y puso en conocimiento de este la decisión de sanción requerida por el Consejo de Profesores como ente colegiado imparcial y en resguardo de la comunidad educativa en su conjunto.

Atendido a que no existen garantías constitucionales vulneradas, solicita el rechazo del presente recurso, ya que el establecimiento aplico los protocolos debidamente establecidos previo al hecho de marras y que la estudiante mantiene a la fecha un apoderado vigente el cual fue designado por la misma recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunos de los efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie, la aplicación de la sanción señalada en el artículo 12.8 del reglamento interno, el cual establece …” En caso de que un apoderado o apoderada no respete los conductos regulares de comunicación establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar (RICE) estipulados en el presente artículo y presente una denuncia directamente ante una entidad educacional externa, como DEPROV, la Agencia de Calidad, la Superintendencia de Educación o cualquier estamento jurídico, y dicha denuncia sea declarada infundada y desestimada por las autoridades competentes, la institución educativa estará en su derecho de desafectar a la persona denunciante como apoderado o apoderada por un periodo de cinco años. Además, se implementará de forma inmediata el cambio de apoderado o apoderada correspondiente.”, resulta ilegal y arbitraria a la luz de los antecedentes vertidos en el recurso, los que apreciados de acuerdo a la sana crítica, permiten establecer que la sanción aplicada a la recurrente en su calidad de apoderada de la adolescente también recurrente, se dispuso sin observar las exigencias de un debido proceso, dado que ella fue impuesta sin escucharla, no obstante que estaba haciendo uso de un legítimo derecho y deber en tal calidad; y por otra parte, tales antecedentes también permiten deducir que la sanción fue impuesta como consecuencia del reclamo realizado ante la autoridad educacional competente luego de intentar agotar la vía interna del colegio. Además, con la decisión impugnada no sólo se afectan las garantías de la recurrente, sino en particular, los derechos de la adolescente a contar con el apoyo y supervisión de su madre en su calidad de apoderada, con mayor razón atendida su condición de salud y su pertenencia cultural que otorga especial relevancia a tal relación. A mayor abundamiento, el reproche efectuado a la recurrente de haber acudido a la Superintendencia de Educación, pierde sustento en virtud del informe evacuado por dicha autoridad, al señalar que si bien no fue posible acreditar la existencia de conductas constitutivas de maltrato, hostigamiento o vulneración de derechos en los términos denunciados, expresó: ”…en resguardo del interés superior de la estudiante y bajo el principio de mejora continua, instruye al establecimiento educacional a reforzar y mantener las medidas de acompañamiento pedagógico y socioemocional, fortaleciendo mecanismo de registro, formalización y fundamentación de los procedimientos internos, a fin de optimizar el abordaje de situaciones de esta naturaleza y asegurar estándares más robustos de protección y convivencia escolar.”, demostrando la plausibilidad del reclamo.

En atención a lo expuesto, y teniendo en especial consideración el interés superior de la adolescente afectada por la medida, y lo dispuesto en la ley 21.430, sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, el recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección contra la Corporación educacional sin fines de lucro nombre reservado representada legalmente por don nombre reservado, y se deja sin efecto la sanción impuesta a doña nombre reservado que dispuso su pérdida de la calidad de apoderada de su hija adolescente nombre reservado por 5 años, debiendo restituirle plenamente y sin interrupción tal calidad.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 557-2026 Protección.