Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Arica, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra y recurre de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado Y nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la omisión en girar la orden de pago y emitir el proyecto de decreto de carta de nacionalización al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, alegando vulneración de sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y en concordancia con los artículos 6, 7, 8, 9,14, 24 y 27 de la Ley N° 19.880.

Expone que los recurrentes con la calidad de residentes definitivos ingresaron 22 de marzo de 2023, 18 de noviembre de 2024 y 22 de marzo de 2023 respectivamente sus solicitudes de carta de nacionalización y a la fecha el Servicio no ha liberado la orden de giro ni ha emitido el proyecto de decreto de carta de nacionalización, lo que los mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre.

Junto con invocar el marco normativo e infracciones a los principios que informan el procedimiento administrativo, aseverando la improcedencia del silencio administrativo, caso fortuito o fuerza mayor y la inexistencia de un procedimiento reglado para estos casos, que permita la dictación de un acto terminal y previas citas jurisprudenciales, pide que se acoja el presente recurso y se orden a los recurridos se pronuncien sobre la misma dentro de un plazo de sesenta días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 296 de 2022 o el que se estime conforme al mérito del proceso, y en general adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

En la oportunidad legal correspondiente informó el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que los recurrentes todos con residencia definitiva los días 22 de marzo de 2023, 18 de noviembre de 2024 y 22 de marzo de 2023 solicitaron la carta de nacionalización.

Respecto de la solicitud de nombre reservado el 19 de febrero de 2024 fue entrevistado conforme el inciso 3° del artículo 5 del Decreto Supremo N° 5142 de 29 de octubre de 1960 por la Policía de Investigaciones y a la fecha se encuentra en etapa de resolución.

En cuanto a nombre reservado, se encuentra en etapa de primer análisis. Y respecto de nombre reservado, fue entrevistado por la Policía de Investigaciones el 19 de febrero de 2024 y el pasado 3 de febrero de 2026 se le solicitaron antecedentes adicionales, y se encuentra su solicitud en etapa de análisis.

Por lo tanto, todas las solicitudes ya han superado la etapa de elaboración de los informes por parte de la Policía de Investigaciones y se encuentran en etapa de análisis y la remisión del oficio con la calificación favorable o desfavorable se encuentra pendiente.

En cuanto al tiempo de tramitación en su concepto el retraso puede estimarse como un caso fortuito, en los términos de artículo 27 de la Ley 19.880 y en todo caso se trataría de un plazo no fatal desde que la ley no declara que tenga naturaleza fatal ni tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo.

En el mismo sentido sentencia de 10 de mayo de 2023, dictada en la causa Rol N° 13364-2023, de la Excelentísima Corte Suprema, oportunidad en que conociendo de un recurso de apelación referida a una acción de protección de idéntica naturaleza a la de autos, zanjó la discusión sobre la naturaleza del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, confirmando la tesis del de que dicho plazo no es de naturaleza fatal para la Administración.

Finalmente, por sentencia de 12 de octubre de 2023 en el Rol N° 3151- 2023 esta Corte de Apelaciones rechazó un recurso similar teniendo presente la calidad de residente y su condición migratoria regular Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, a juicio de la recurrente la ilegalidad y arbitrariedad cometida por la recurrida, consiste en la omisión de emitir el giro de pago y el proyecto de decreto de carta de nacionalización que debe remitir al Ministerio del Interior y Seguridad Pública aun cuando las peticiones se hicieron los días 22 de marzo de 2023 y 18 de noviembre de 2024, respectivamente.

TERCERO: Que, no existe controversia que a la fecha la recurrida aun no emite la orden de giro ni tampoco ha confeccionado los proyectos de carta de nacionalización de los recurrentes, aun cuando dos de ellas bordean los tres años desde su petición, desconociendo que estos trámites tienen plazos de vigencia.

CUARTO: Que, del análisis de los artículos 1, 6 y 11 del Decreto Supremo N° 5142 del Ministerio del Interior del año 1960, que fija el texto refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, fluye que el plazo de tramitación de la carta de nacionalización en su conjunto no puede superar el plazo de un año y en la especie, la entrevista con la Policía de Investigaciones de dos recurrentes acaeció el 19 de febrero de 2024, y teniendo en consideración que las Unidades de Investigaciones o de Carabineros, e Investigaciones de Chile, deben evacuar sus informes en un plazo de quince días y que los documentos incorporados al expediente de nacionalización tienen una validez de un año, la demora en la resolución por parte de la recurrida resulta excesiva, por lo que la presente acción será acogida, aun aceptando que existe un aumento exponencial de estas solicitudes, pues la demora en el presente caso, no se justifica y se torna en arbitraria.

SEXTO: Que, en consecuencia, observándose el exceso señalado para el envío de los antecedentes a la autoridad competente para su pronunciamiento, dicha omisión torna procedente la presente acción y se acogerá como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido en el folio 1 deducido por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES solo en cuanto dicha institución deberá emitir la orden de pago de los derechos que correspondan y en un plazo no superior a ciento veinte días hábiles administrativos para confeccionar el proyecto de decreto de carta de nacionalización de los recurrentes y remitirlo al Ministerio del Interior.

Decisión acordada con el voto en contra de la ministra señora Arenas, quien fue de parecer de rechazar teniendo presente: 1.- Que, para la resolución del asunto, resulta oportuno tener presente que únicamente las presentaciones de 22 de marzo de 2023, que corresponden a nombre reservado y nombre reservado ambos nombre reservado, cuentan con el informe de la Policía de Investigaciones que exige el artículo 5 del Decreto Supremo N°5142 de 1960 que regula la nacionalización de extranjeros y que resulta un trámite obligatorio. La petición más reciente, la de nombre reservado data 18 de noviembre de 2024, no cuenta con dicho informe. 2.- Que, en este mismo orden de ideas, el pasado 3 de febrero se le solicitaron antecedentes adicionales a nombre reservado, los que no consta hayan sido allegados al procedimiento. 3.- Que, respecto de la petición de 18 de noviembre de 2024, que corresponde a nombre reservado, aquella no cuenta con el informe de la Policía de Investigaciones y se trata de un trámite que no se puede evitar y no habiendo sido recurrida dicha institución para que justifique su dilación, este recurso también, en concepto d esta disidente, justifica su rechazo. 4.- Que, finalmente, respecto de la situación de nombre reservado, quien cuenta con el informe de rigor y a quien no se le han solicitado otros antecedentes, su solicitud, aparece del mérito de la captura de pantalla que se adjunta al informe, que se encuentra en etapa de resolución desde el 4 de febrero de 2026, es decir, incluso dentro de los plazos que establece la ley 19.880. 5.- Que, de esta manera, en la tramitación de este procedimiento, en concepto de esta disidente, no se vislumbra la omisión acusada que pueda calificarse como arbitraria e ilegal que conculque la garantía constitucional de la igualdad ante la ley invocada y que requiera de la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 540-2025 Protección.