Protección contra Instituto de Previsión Social

C.A. de Arica.

Arica, veintisiete de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, funcionaria pública, representada por los abogados don Ricardo Luis Sanzana Oteíza, doña Loreto Paola Arévalo Figueroa, deduce recurso de protección en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), representado legalmente por su Director Nacional don Juan José Cárcamo Hemmelmanno, y de su Director Regional (S) de Arica y Parinacota, don Manuel Alejandro Barreda Olavarría.

La recurrente señala desempeñarse como Jefa de Plataforma de Atención -CAPRI- del IPS en la ciudad de Arica, cargo al que postuló y para el que fue designada y cuyas funciones ha ejercicido de manera regular, asumiendo incluso, en distintos períodos, la subrogación de la Jefatura de Sucursal vínculo que ha mantenido con el Servicio de manera continua e ininterrumpida durante más de ocho años, desde el 1 de junio del año 2018.

Expone que con anterioridad a los hechos que motivan el recurso fue sometida a un sumario administrativo N° NUM000, iniciado a raíz de una denuncia formulada por la funcionaria nombre reservado, quien se desempeñaba como Ejecutiva de Plataforma. Dicho procedimiento concluyó mediante la Resolución Exenta N° NUM001, de 24 de abril de 2026, del Director Nacional del IPS, que resolvió sobreseerla por no existir fundamentos suficientes para imputarle acción reprochable. La misma resolución ordenó a la Subdirección de Clientes y a la Dirección Regional de Arica y Parinacota evaluar y analizar un eventual traslado orientado a mejorar el clima laboral, debiendo informar justificadamente su decisión al Director Nacional en un plazo máximo de diez días de notificada dicha resolución, sin disponer traslado alguno.

Señala además haber sido denunciante, junto con otros funcionarios, de situaciones de maltrato y acoso laboral atribuidas a la Jefa de Sucursal, doña nombre reservado, en el marco de la denuncia colectiva resuelta mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 29 de octubre de 2025, proceso en el que el propio organismo y el Instituto de Seguridad Laboral constataron la existencia de “liderazgo disfuncional” y dificultades relacionales en la unidad, de modo que es ella una de las personas afectadas por el mismo conflicto que la Administración dice querer resolver.

En cuanto a los hechos concretos que motivan la acción, refiere que el día jueves 11 de junio de 2026, alrededor de las 13:00 horas, el Director Regional (S), don Manuel Barreda Olavarría, la citó a su oficina y, en presencia de la Coordinadora de Personas, señora nombre reservado, le comunicó verbalmente su decisión de removerla del cargo de Jefa de Plataforma y reasignarla a la Sucursal Multicanal, atención remota de llamados, señalándole además que debía desocupar su oficina ese mismo día, pues al día siguiente sería ocupada por la funcionaria nombre reservado, quien asumiría la subrogancia. Indica que aunque manifestó su desacuerdo, se le respondió que la decisión ya estaba adoptada y que era definitiva. Indica que la comunicación le provocó un episodio de ansiedad que la obligó a retirarse anticipadamente de su jornada y a concurrir al Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Al día siguiente, 12 de junio de 2026, solicitó por escrito mediante correo electrónico al Director Regional (S) que la decisión le fuera entregada formalmente con sus fundamentos.

Ese mismo día el señor nombre reservado concurrió a su oficina y le señaló que no podía responder de inmediato su solicitud por escrito, pues debía efectuar consultas con Santiago, ya que, según expresó, desconociá si correspondía a él o al área de Personas emitir dicha respuesta, y, consultado expresamente, le confirmó que la decisión había sido adoptada por él en su calidad de Director (S), asumiendo “las responsabilidades que ello implicaba”, agregando que no sabía si se estaba equivocando, pero que igualmente asumía esa responsabilidad.

Sin embargo, transcurridas las horas no recibío comunicación formal alguna que diera respuesta a su solicitud, no obstante lo cual, y encontrandose aún presente y desempeñando sus funciones, la funcionaria designada para subrogarla en la Jefatura de Plataformas, señora nombre reservado, remitió correos electrónicos informando que, “por decisión del Director”, asumiría dicha subrogancia.

Más tarde, ese mismo día, por instrucción del propio Director Regional (S), se le notificó por correo electrónico una ficha rotulada "Notifica Traslado y Cambio de Cargo", emanada del Subdepartamento de Gestión de Personas del Nivel Central del Servicio, que registra como tipo de trámite un "Traslado y Cambio de Cargo" que, a contar de esa fecha, modifica su cargo de "Jefatura de Plataforma de Atención" a "Ejecutivo/a Multicanal", cambia su lugar de trabajo del Área Plataforma de Atención Arica al CAPRI Arica, sustituye a su superiora directa por el propio Director Regional (S) don Manuel Barreda, y deja constancia de que ella "tenía rol supervisor" y de que sus dependientes quedan a cargo de la funcionaria nombre reservado.

Indica que a la fecha de interposición de la presente acción no ha sido notificada de resolución ni acto administrativo alguno, dictado por autoridad competente y debidamente fundado, que disponga el cambio de funciones o mi remoción del cargo, y, pese a esa ausencia, se han ejecutado en su perjuicio diversos actos materiales, ya que, se le ha comunicado su reasignación, se ha designado a otra funcionaria para subrogar su jefatura, se ha requerido desocupar su oficina y se le ha informado que sería trasladada a una oficina de menos tamaño, ubicada en un espacio sin contacto directo con otros funcionarios, con la consiguiente pérdida de las funciones de jefatura para las que fui designada y la disminución de su nivel jerárquico, existiendo además el riesgo cierto, no despejado por el Servicio, de perder la asignación de zona asociada a su cargo, y con ello, ver afectados su grado y remuneración.

Sostiene que el acto recurrido es ilegal por múltiples infracciones, primero porque infringiria el principio de escrituración y la exigencia de que las decisiones de la Administración consten en acto administrativo fundado, segundo, vulneraría la prohibición de ejecutar actuaciones materiales sin resolución previa que les sirva de fundamento, pues los actos de ejecución material precedieron y no siguieron a un acto fundado; transgredería las normas del Estatuto Administrativo sobre destinaciones, pues no fue ordenada por el jefe superior de la institución, esto es, el Director Nacional del IPS, único habilitado por el artículo 73 del DFL N° 29, de 2004, para disponer destinaciones, no recae en funciones propias del cargo para el que fue designada, y no respeta la exigencia de igual jerarquía; que la decisión fue adoptada por autoridad incompetente, según el propio Director Regional (S) reconoció al señalar que debía "consultar con Santiago" antes de formalizar la decisión por escrito; y carecería de toda motivación, en contravención a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 y a jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.

Alega que el acto es además arbitrario, por cuanto la medida recae precisamente sobre quien fue sobreseída en el sumario y quien, además, es denunciante de las situaciones de maltrato laboral que originaron el conflicto, mientras la funcionaria respecto de quien existen denuncias pendientes permanece en su cargo, invirtiéndose la lógica de protección que el propio Servicio dice perseguir.

Agrega que la Resolución Exenta N° NUM001 no ordenó su traslado sino solo la evaluación de un eventual traslado orientado a la separación de las jefaturas en conflicto, separación que pudo recaer en cualquiera de las dos jefaturas involucradas, de modo que escoger a la denunciante, sin expresar razón alguna y de forma verbal e inmediata, revela que la decisión obedece al mero arbitrio y opera en los hechos como una sanción velada impuesta al margen de todo procedimiento.

Como garantías constitucionales vulneradas invoca el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por la pérdida de las funciones de jefatura, el grado, la zona y la remuneración asociados al cargo que servía, sin que medie acto administrativo válido; la igualdad ante la ley e interdicción de la discriminación arbitraria consagrada en artículo 19 N° 2 del mismo texto legal, por el trato diferenciado carente de razonabilidad entre las dos jefaturas en conflicto, en perjuicio de quien denunció el maltrato; y el derecho a la integridad física y psíquica del artículo 19 N° 1, por cuanto la forma en que se comunicó y ejecutó la medida le provocó un episodio de ansiedad con atención en el ISL, agravando su situación psicolaboral.

Solicita que, acogiendo el recurso, se deje sin efecto el acto ilegal y arbitrario recurrido, se ordene al Instituto de Previsión Social mantenerla en su cargo de Jefa de Plataforma de Atención (CAPRI) con las funciones y dependencias propias del mismo, se ordene su reincorporación inmediata al cargo, funciones y oficina que servía dejando sin efecto la designación de subrogancia dispuesta en su reemplazo, y se condene en costas a la recurrida.

Se evacuó el informe del Instituto de Previsión Social, solicitando el rechazo íntegro del recurso con expresa condena en costas.

El recurrido sostiene que el contexto real no es el de una funcionaria aislada removida sin causa, sino el de un conflicto bilateral entre dos jefaturas que la Administración estaba obligada a resolver.

Señala que la Resolución Exenta N° NUM001, al tiempo que sobreseyó a la recurrente, constató expresamente la existencia de un conflicto grave entre jefaturas, el deterioro del clima laboral de la unidad, y dispuso como acción inmediata la separación de las jefaturas en conflicto. Agrega que el propio expediente sumarial da cuenta de un intercambio constante de reportes cruzados entre la recurrente y su colega, lo que descarta la versión unilateral de víctima-victimario que el recurso pretende instalar.

En cuanto a la legalidad, argumenta que la medida cuenta con fundamento normativo y fáctico expreso en el procedimiento sumarial, en los hallazgos de liderazgo disfuncional y en el mandato escrito del Director Nacional. Sostiene que la eventual imperfección formal, la resolución exenta individual que debe dictar el Director Nacional se encontraba en trámite al momento de interponerse el recurso, no constituye ilegalidad insubsanable, ofreciendo comprometerse a su dictación en el plazo que la Corte fije.

Respecto de la competencia, indica que la ficha de "Traslado y Cambio de Cargo" fue expedida por el Subdepartamento de Gestión de Personas del Nivel Central del Servicio, la cual es la unidad técnica competente en materia de movimientos de personal, lo que constituye el cauce administrativo ordinario por el cual el Nivel Central materializa sus decisiones, y no una vía de hecho.

Invoca además la Ley N° 21.643 (Ley Karin) y el artículo 184 del Código del Trabajo, que imponen al empleador el deber de adoptar medidas eficaces para prevenir el agravamiento de conflictos laborales y resguardar la salud psicosocial de los funcionarios, señalando que la Jefa de Sucursal, doña nombre reservado, cuenta con dos Resoluciones de Calificación de Enfermedad Profesional del ISL (N° NUM003, de 15 de julio de 2025, y N° NUM004, de 27 de marzo de 2026), que atribuyen su afección a la hostilidad de subalternos y al escaso apoyo social de jefatura, y que obligan al IPS a adoptar medidas de resguardo dentro de plazo.

En cuanto a la arbitrariedad, sostiene que la decisión de reasignar a la recurrente, y no a la Jefa de Sucursal, obedece a criterios de organización del servicio propios de la discrecionalidad técnica de la Administración (necesidades del servicio, continuidad operativa de la sucursal, disponibilidad de personal para asumir la subrogancia), y es coherente con la calificación técnica del ISL, que identificó como agente de riesgo la hostilidad de subalternos hacia la Jefa de Sucursal, de modo que reasignar a esta última habría sido ineficaz para dar cumplimiento a la orden de cesar la exposición a ese riesgo. Agrega que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar el mérito de la apreciación técnica de la Administración sobre cuál de las dos jefaturas en conflicto debía ser reasignada.

Respecto de las garantías invocadas, señala que no existe afectación actual del derecho de propiedad, pues la recurrente mantiene su grado, remuneración y asignación de zona a la fecha del informe, siendo el perjuicio invocado meramente eventual e hipotético; que no hay discriminación arbitraria, pues la diferencia de trato tiene fundamento objetivo en los antecedentes administrativos y en el deber de protección del empleador; y que la afectación psíquica denunciada no es imputable al acto recurrido, sino al conflicto laboral preexistente que la medida busca precisamente resolver, agregando que revertir la separación funcional perpetuaría el riesgo psicosocial ya certificado por el ISL.

Con fecha 25 de julio de 2026, la abogada del Instituto de Previsión Social, doña Gloria Alejandra Marín Sepúlveda presentó escrito complementando y rectificando el informe evacuado, precisando: que la funcionaria nombre reservado no ejercía la calidad de jefa de Sucursal subrogante sino que se desempeñaba como Ejecutiva de Plataforma, siendo la propia recurrente quien ejercía la subrogancia de la Jefatura de Sucursal cuando ocurrieron parte de los hechos investigados; que el conflicto principal no se circunscribía a la relación con nombre reservado sino que decía relación principalmente con la Jefa de Sucursal doña nombre reservado; que la recurrente ejercía la Jefatura de Plataforma desde el 15 de mayo de 2024, aproximadamente dos años,, y no desde hace más de cinco años como se indicó por error material en el informe, rectificación que no altera la conclusión jurídica; que un procedimiento administrativo iniciado en 2026 por denuncia de doña nombre reservado en contra de la recurrente concluyó igualmente mediante sobreseimiento, circunstancia que no altera los fundamentos del informe; y que existe un cuarto procedimiento disciplinario relacionado con los hechos de la sucursal, en el que la recurrente figura únicamente como interviniente y/o testigo.

Además complementa la recurrida que la medida organizacional impugnada no respondió únicamente a la existencia de un conflicto unipersonal entre la recurrente y la Jefa de Sucursal, sino al contexto de conflictividad laboral generalizada que, desde el año 2025, venía afectando de manera sostenida el funcionamiento del Centro de Atención Previsional Integral de Arica. Para estos efectos, los antecedentes administrativos que se acompañan permiten advertir que la Administración enfrentaba una situación de deterioro progresivo del clima laboral, caracterizada por denuncias cruzadas, reclamaciones por distintos funcionarios, investigaciones administrativas, denuncias por presunto acoso laboral, enfermedades profesionales, intervenciones del nivel central e incluso formuladas por la organización gremial para la adopción de medidas institucionales.

Informa también que la decisión de modificar las funciones de la recurrente fue el resultado de un proceso previo de evaluación institucional que involucró a distintas unidades del Servicio, la Dirección Regional, el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, la Subdirección de Servicio al Cliente y el Gabinete del Director Nacional, y no una determinación aislada del Director Regional.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, podrá ocurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Son requisitos de procedencia de esta acción cautelar la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, y que dicho acto u omisión provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Que el ordenamiento jurídico vigente somete toda actuación de la Administración del Estado a exigencias formales y sustantivas insoslayables. El artículo 3° de la Ley N° 19.880 dispone que las decisiones escritas que adopte la Administración se expresan por medio de actos administrativos, los que tomarán la forma de decretos supremos o resoluciones; el artículo 5° consagra el principio de escrituración; y los artículos 11 y 41 imponen la obligación de fundar todo acto que afecte los derechos de los particulares, expresando los motivos, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento. Por su parte, el artículo 50 del mismo cuerpo legal prohíbe expresamente que la Administración Pública inicie actuaciones materiales de ejecución de resoluciones que limiten derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que les sirva de fundamento jurídico. En materia funcionaria, el artículo 73 del DFL N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, radica la potestad de disponer destinaciones de manera exclusiva en el jefe superior de la respectiva institución, estableciendo asimismo que éstas deben recaer en empleos de la misma jerarquía y en funciones propias del cargo para el que el funcionario fue designado.

TERCERO: Que, en la especie, resultó acreditado que la decisión de remover a la recurrente de su cargo de Jefa de Plataforma de Atención y reasignarla a funciones de multicanalidad, le fue comunicada de manera puramente verbal por el Director Regional (S) el 11 de junio de 2026, y materializada al día siguiente mediante una ficha administrativa denominada "Notifica Traslado y Cambio de Cargo", emanada por instrucción del mismo Director Regional (S).

En efecto, no existe en el proceso resolución fundada dictada por el jefe superior del Servicio, el Director Nacional del IPS, que disponga válidamente la destinación de la recurrente, pues la ficha acompañada no constituye un acto administrativo terminal sino una mera constancia de movimiento de personal, carente de toda exposición de fundamentos de hecho y de derecho. La propia Resolución Exenta N° NUM001, de 24 de abril de 2026, del Director Nacional del IPS, no dispuso el traslado de la recurrente sino que ordenó a la Subdirección de Clientes y a la Dirección Regional evaluar y analizar un traslado a otras dependencias de la Dirección Regional y/o de la Subdirección de Clientes e informar justificadamente la decisión a la autoridad nacional en un plazo no mayor a diez días de notificada dicha resolución, reservando en consecuencia la decisión del asunto controvertido a la jefatura superior del Servicio. Al actuar fuera de esa habilitación, extemporáneamente y sin el acto administrativo fundado que la ley exige, el Director Regional (S) incurrió en una vía de hecho administrativa expresamente proscrita por el artículo 50 de la Ley N° 19.880, configurándose la ilegalidad que habilita la acción de protección.

CUARTO: Que no obsta a la conclusión anterior la circunstancia de que el recurrido haya aducido que la medida encuentra su fundamento sustantivo en la Resolución Exenta N° NUM001 y en el deber de protección que impone el artículo 184 del Código del Trabajo y la Ley N° 21.643. La existencia de un conflicto laboral objetivo y la facultad de la Administración para adoptar medidas organizacionales orientadas a resolverlo son cuestiones que esta Corte no desconoce; pero dichas facultades deben ejercerse respetando la forma y el procedimiento que el ordenamiento establece. El Estado de Derecho exige que toda decisión que afecta la situación funcionaria de un servidor público emane de autoridad competente, conste en resolución escrita y debidamente fundada, y sea notificada al afectado, de modo que este pueda ejercer los recursos administrativos que el ordenamiento contempla. Nada de ello ocurrió en la especie.

Sostener que la imperfección formal es un acto subsanable, equivale a validar la ejecución de medidas que restringen derechos sin el respaldo previo de un acto administrativo legítimo, lo que contraviene frontalmente el artículo 50 de la Ley N° 19.880 y vacía de contenido las garantías que el estatuto funcionario otorga a los servidores públicos.

QUINTO: Que, la ilegalidad constatada ha perturbado el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de la recurrente, reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Durante la vigencia de su designación, la recurrente ha incorporado a su patrimonio el derecho a servir el empleo para el que fue designada y a percibir el grado, la zona y las remuneraciones asociados al mismo. Dicho derecho ha sido afectado de hecho y sin el sustento de un acto administrativo válido que lo disponga, lo que impone a esta Corte el deber de restablecer el imperio del derecho adoptando las medidas necesarias para reponer a la recurrente en el ejercicio de sus derechos, sin perjuicio de la facultad que asiste al IPS para adoptar en el futuro, con estricta sujeción a la normativa aplicable, las medidas organizacionales que estime procedentes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República; en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; en los artículos 3°, 5°, 11, 41 y 50 de la Ley N° 19.880; y en los artículos 73 y 74 del DFL N° 29, de 2004, SE ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Instituto de Previsión Social y de su Director Regional (S) don Manuel Alejandro Barreda Olavarría, y, en consecuencia, se deja sin efecto el acto impugnado consistente en la decisión de remover a la recurrente del cargo de Jefa de Plataforma de Atención y reasignarla a funciones de multicanalidad, así como los actos materiales de ejecución adoptados en su virtud; se ordena al Instituto de Previsión Social reincorporar de inmediato a la recurrente a su cargo de Jefa de Plataforma de Atención (CAPRI) de Arica, con las funciones, dependencias y oficina propias del mismo, dejando sin efecto la designación de subrogancia dispuesta en su reemplazo; y se ordena asimismo al Instituto de Previsión Social abstenerse de ejecutar o consolidar cualquier cambio en las funciones, cargo o lugar de trabajo de la recurrente mientras no se dicte, por la autoridad competente, una resolución fundada que se ajuste estrictamente a lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Estatuto Administrativo.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 513-2026 Protección.