Protección contra Cuerpo de Bomberos de Arica

Arica, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Se dedujo recurso de protección en favor de 25 integrantes activos de la Quinta Compañía de Bomberos de Arica, en contra del Cuerpo de Bomberos de Arica, por conculcar de manera ilegal y arbitraria las garantías consagradas en los numerales 2, 3, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que mediante la dictación de la Orden del Día N° NUM000 de 18 de mayo de 2026, suscrita por el Comandante, se dispuso que la Quinta Compañía “queda intervenida para su organización”, designándose como Director Interventor a nombre reservado, voluntario Honorario de la Tercera Compañía y como Capitán Interventor a nombre reservado, voluntario de la Primera Compañía, con lo cual se desplaza a su oficialidad titular del ejercicio de funciones de mando, sometiendo a la Quinta Compañía a un control externo ejercido por voluntarios interventores de otras compañías.

Señala que la Orden impugnada invoca como fundamento normativo el Título V, artículo 27 letras e) y k) de los Estatutos del Cuerpo de Bomberos de Arica y los artículos 48 N° 3 y 21 del Reglamento General; y menciona, además, un acuerdo del Directorio General informado por oficio de la Superintendencia y la ratificación unánime del Consejo Superior de Disciplina en pleno.

Sostiene que el acto recurrido sería ilegal y arbitrario, principalmente por que el órgano que dictó el acto es incompetente, pues el Estatuto atribuiría al Directorio General el nombramiento del Director y Capitán interventores, y no al Comandante, además carecería de fundamento fáctico y motivación, al no describir hechos concretos que justifiquen la intervención ni individualizar antecedentes, igualmente contendría una desviación de poder, al invocar como finalidad una mera “organización”, que no satisface el presupuesto estatutario de “hechos graves u otra índole que así lo aconsejen”, omite la indicación de un plazo, no permite verificar quórums y procedimiento habilitante, pues no se individualizarían sesión, asistentes, votación, exclusiones y demás exigencias y carecería de determinación del contenido, efectos, atribuciones y límites de la intervención, generando incertidumbre respecto del régimen de funcionamiento de la Compañía.

Sostiene que, en cuanto a la procedencia del control constitucional, es aplicable el artículo 553 inciso 2° del Código Civil por remisión del artículo 3° de la Ley N° 20.564, en cuanto exigiría que las potestades de una corporación sobre sus miembros se ejerzan mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos constitucionales, legales y estatutarios.

Concluye que la intervención indefinida de la 5ª Compañía importa una especie de sanción colectiva anticipada -separación temporal de funciones- sin fecha cierta de término, configurando una situación cuya prolongación en el tiempo produce efectos institucionales progresivamente más irreversibles que puede derivar en el vaciamiento definitivo de la Quinta Compañía.

Pide que se ordene la nulidad de la Orden impugnada y de todos sus efectos, incluidos los nombramientos de interventores, el cese inmediato de la intervención y la restitución de la Quinta Compañía a su estado organizativo anterior al 18 de mayo de 2026. Asimismo, la prohibición de adoptar medidas de disolución, cierre, vaciamiento de personal o suspensión de funcionamiento de la Quinta Compañía fundadas en hechos o situaciones derivadas de la intervención o su ejecución, con costas.

Informó en su oportunidad la recurrida solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Desarrolla en extenso las normas internas del Cuerpo de Bomberos de Arica para sostener que se trata de una corporación de derecho privado, de utilidad pública, con organización jerárquica y disciplinada, regida por Estatutos y Reglamento. Entre las atribuciones del Directorio General se encuentran la Administración, cumplimiento normativo interno, y especialmente disolver, reorganizar o intervenir Compañías por hechos graves (con mayorías reforzadas).

Intervenir en conflictos internos y remitir a órganos disciplinarios.

Agrega que en el Reglamento General se refuerza la estructura de mando (Comandante / Capitanes / Directores) y que en el caso de intervención debe ser ratificada por el Consejo Superior de Disciplina. Además, alude a una primacía normativa de los Estatutos sobre Reglamento.

Afirma que la intervención fue acordada por el Directorio General, integrado para estos efectos también por Capitanes, y ratificada por el Consejo Superior de Disciplina, todo el 19 de mayo de 2026, en un contexto de conflicto grave y reiterado.

Indica que el 13 de mayo de 2026, mediante comunicación del SERNAMEG se informó relatos coincidentes de voluntarias sobre violencia psicológica, hostigamiento, amenazas, maltrato verbal y eventuales hechos de connotación sexual atribuidos al Capitán de la Quinta Compañía. El 15 de mayo de 2026, mediante oficio interno se indicó la existencia de 12 denuncias, desde el año 2023 al año 2026 por faltas disciplinarias e irregularidades en la Quinta Compañía. El 17 de mayo de 2026 se citó a una reunión extraordinaria del Directorio General para el 19 de mayo. El 18 de mayo de 2026 constan las denuncias internas de miembros de la tesorera y un teniente de la Quinta Compañía por faltas a disciplina, abusos, coacción y otras irregularidades, incluyendo imputaciones al Capitán y al Director. El 19 de mayo de 2026, en reunión extraordinaria, se expone recepción de denuncias graves, ambiente hostil, e incluso menciones a denuncias ante Fiscalía, Carabineros y SERNAMEG y por votación unánime se acordó tomar acciones, luego por votación de mayoría se decide intervenir y por votación unánime se designan Director interventor y Capitán interventor.

Agrega que el mismo día, se enviaron los oficios de comunicación y consta la ratificación del Consejo Superior de Disciplina y la Orden del Día N° NUM000 del Comandante de 19 de mayo se presentó como acto de comunicación e implementación de lo ya acordado.

Sostiene que, tras la intervención, se detectaron o canalizaron hechos que confirmarían el diagnóstico como denuncias de acoso sexual que habrían sido formuladas a pocos días de asumidos los interventores, denuncia sobre una donación de vehículo que habría sido retirada por personas vinculadas a la Quinta Compañía que no habría llegado a la Compañía, situación de materiales dados de baja y trasladados fuera de resguardo institucional, que no habrían sido restituidos pese a instrucciones internas previas.

Afirma que no hay incompetencia del Comandante, pues no decretó la intervención ni nombró a los interventores, solo comunicó por Orden del Día lo acordado por el Directorio General. Además, el fundamento de lo resuelto se encontraría en el acta del 19 de mayo de 2026, no necesariamente en el documento de comunicación. Asimismo, sostiene que la intervención no estaría sujeta a plazo, a diferencia de la reorganización y el procedimiento se ajustó al quórum requerido y la ratificación del Consejo Superior de Disciplina se habría realizado incluso el mismo día, dentro de plazos máximos.

Por otro lado, sostiene que la intervención afectaría directamente solo a quienes ejercían los cargos de Director y Capitán, por lo que los demás carecerían de afectación directa y legitimidad activa y al menos una persona individualizada como recurrente o adherente habría negado haber otorgado mandato o patrocinio, acompañándose declaración jurada.

Señala que existen vías internas idóneas como la autoridad bomberil y el Consejo Superior de Disciplina, no correspondiendo el recurso de protección la vía idónea para conflictos internos con estatutos propios. Además, la intervención sería un acto de fiscalización, no sanción disciplinaria:

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario corresponde a la dictación de la Orden del Día N° NUM000 de 18 de mayo de 2026, suscrita por el Comandante de Bomberos de esta ciudad, que dispuso la intervención de la Quinta Compañía de Bomberos de Arica.

TERCERO: Que, en relación al reproche de ilegalidad y arbitrariedad dirigido en contra del procedimiento llevado a cabo por el recurrido, es dable recordar que los cuerpos de bomberos de Chile constituyen agrupaciones intermedias que gozan de autonomía para estructurar su régimen interno, disciplinario y administrativo, de conformidad con sus propios estatutos y reglamentos, en virtud de la garantía constitucional que asegura el derecho a asociarse sin permiso previo, consagrada en el artículo 19 número 15 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, en este orden de ideas, la jurisprudencia reiterada de esta Corte ha sostenido uniformemente que la justicia constitucional no constituye una instancia de revisión de los procedimientos internos, decisiones disciplinarias o de gestión adoptadas por las asociaciones o grupos intermedios en el ámbito de sus atribuciones estatutarias, a menos que se invoque y acredite fehacientemente la conculcación manifiesta de garantías constitucionales indubitadas.

QUINTO: Que, en la especie, los recurrentes no han logrado demostrar la existencia de un derecho indubitado y preexistente que legitime la intervención de este tribunal para calificar la validez o regularidad del procedimiento administrativo observado por la institución recurrida. Las alegaciones relativas a supuestos vicios formales configuran una controversia de mera legalidad y de interpretación reglamentaria interna, materias que escapan por completo a la naturaleza cautelar y de urgencia del presente recurso de protección, el cual no fue concebido para suplir las instancias de revisión ordinarias ni para inmiscuirse en la órbita de autorregulación que la ley y la Constitución reconocen a los cuerpos intermedios de la sociedad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de 25 integrantes activos de la Quinta Compañía de Bomberos de Arica, individualizados en dicho recurso, en contra del Cuerpo de Bomberos de Arica.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 502-2026 Protección.