CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD MUNICIPALIZADA con CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

Arica, veinte de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Compareció el abogado Óscar Olivares Jatib, y dedujo recurso de protección en favor de 215 personas, pertenecientes a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Municipalidad de Iquique, por el acto ilegal y arbitrario ocurrido el 20 de diciembre del año 2023, contenido en el documento denominado “Autorización de anticipo de remuneración”, que forma parte del documento “Protocolo de acuerdo entre la Corporación de Desarrollo Social de Iquique y las Asociaciones de Salud de la Atención Primaria”, a través del cual se rechazó restituir la remuneración descontada indebidamente en el mes de noviembre de 2023 y, en algunos casos en el mes de diciembre de 2023 y que, asimismo, amenaza con descontar parte de la remuneración del mes de diciembre de 2023, debido a la movilización sin paralización de funciones que desarrollaron los recurrentes entre los días 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2023, exigiendo una mejora en las remuneraciones.

Refiere que los recurrentes son trabajadores del Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad de Iquique, y se desempeñan en los CESFAM Cirujano Guzmán, Videla, Aguirre, Cesfam Sur y Cecosf Esmeralda, encontrándose todos afiliados a la CONFUSAM.

Indica que el 20 de noviembre del año 2023 los recurrentes iniciaron una movilización en señal de protesta ante la negativa del empleador de ofrecer una mejora salarial y en el mismo período la CONFUSAM, en conjunto con otras organizaciones nacionales de funcionarios del Estado, llamó a plegarse a la movilización nacional convocada por la “Mesa del Sector Público”, como medida de presión para obtener un incremento del porcentaje de reajuste ofrecido por el gobierno, movilización que se extendió hasta el día 5 de diciembre de 2023, en que se selló un acuerdo con la “Mesa del Sector Público” para reajustar las remuneraciones de los empleados fiscales.

Sostiene que, sin perjuicio de los acuerdos, la situación local en Iquique no varió, pues el empleador en lugar de acceder al incremento salarial decidió el día 30 de noviembre de 2023, efectuar un primer descuento en las remuneraciones de los trabajadores por los 6 días de movilización del mes de noviembre. Agrega que los recurrentes siguieron movilizados hasta el 18 de diciembre, fecha en que se arribó a un preacuerdo con el empleador, aun así hubo algunos funcionarios que sufrieron descuentos por tres días en el pago del sueldo de diciembre de 2023.

Agrega que el 20 de diciembre de 2023 la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Municipalidad de Iquique a través de un “Protocolo de Acuerdo”, accedió a otorgar un incremento salarial en pesos a cada categoría y nivel a condición de que los trabajadores recuperan vía sobretiempo el período de movilización del mes de diciembre de 2023, en circunstancias que todos ellos, sin excepción, prestaron servicios durante aquel período, como acredita el registro de entrada y salida de cada trabajador.

Indica que la recurrida puso a disposición de cada trabajador un documento denominado “Autorización de anticipo de remuneración”, el cual debía ser forzosamente firmado para evitar que la remuneración del mes de diciembre de 2023 fuera descontada (la que igualmente fue descontada en algunos casos), ello debido a la movilización sin paralización de funciones que desarrollaron los recurrentes entre los días 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2023, exigiendo una mejora en las remuneraciones.

Además, sostiene que la recurrida denegó restituir el monto descontado en noviembre de 2023, pese a que los trabajadores en ningún momento dejaron de trabajar, sino que simplemente manifestaron públicamente su descontento ante la negativa de ofrecer una mejora salarial, efectuándose los respectivos turnos éticos permaneciendo abiertos todos los CESFAM, garantizando las prestaciones primordiales de salud y todos los funcionarios movilizados concurrieron a trabajar, por lo que no existió inasistencia, abandono o paralización de funciones alguna.

Alega que los descuentos en las remuneraciones del mes de noviembre y de diciembre de algunos funcionarios, sumado a la amenaza de descuento del mes de diciembre de 2023 para la mayoría de los recurrentes, se efectuó forma ilegal y arbitraria, pues no existió investigación interna que demuestre que efectivamente no se prestaron labores y tampoco se ha dado a conocer la fórmula de cálculo de las remuneraciones descontadas, las cuales van desde los $100.001 y hasta el millón de pesos, incluso se hizo descuento de remuneraciones de trabajadores que estaban haciendo uso de licencia médica, permisos administrativos, feriado anual y permiso sindical.

Sostiene que el procedimiento de descuentos no reúne ninguna garantía de imparcialidad, siendo sumamente ilegal y arbitrario, toda vez que los recurrentes durante los días de movilización desempeñaron en forma efectiva las funciones propias del cargo y marcaron sus respectivas tarjetas al inicio y término de la jornada laboral, siendo imposible determinar con precisión un tiempo de no prestación de los servicios, vulnerando el principio de juridicidad. Cita al efectos jurisprudencia de la Corte Suprema correspondiente al Rol N°41.015-2021 y de la Corte de Apelaciones de Santiago correspondiente al Rol N°97.239-2020, para concluir que de configurarse una eventual falta a los deberes funcionarios, ello podría traer aparejado para los trabajadores infractores posibles medidas disciplinarias, para cuya imposición se requiere, de manera insoslayable, la realización de una investigación sumaria o un sumario administrativo, por consiguiente, estima que los descuentos realizados revisten una manifiesta antijuridicidad, tornándose arbitrarios al no existir sumario alguno que determine que el funcionario afectado dejó de prestar las funciones a que se encuentra obligado durante las horas o días que se le imputa. Además, atendida la naturaleza jurídica de la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Iquique, todo tipo de descuento en las remuneraciones debe efectuarse al término de un procedimiento disciplinario que reúna las garantías de un debido proceso, por lo que el proceder de la recurrida se aparta de los estándares normativos exigidos afectando el derecho a un debido proceso y el derecho de propiedad respecto de una parte de las remuneraciones de los recurrentes.

Pide que se declare que constituye un el acto ilegal y arbitrario la decisión adoptada el 20 de diciembre de 2023 y contenido en el documento denominado “Autorización de anticipo de remuneración”, a través del cual se rechazó restituir la remuneración descontada indebidamente en el mes de noviembre de 2023 y, en algunos casos en el mes de diciembre de 2023, y que, asimismo, amenaza con descontar parte de la remuneración del mes de diciembre de 2023, y se ordene a la recurrida dejar sin efecto dicha actuación, reintegrando los montos indebidamente descontados y paralizar cualquier otro descuento de la misma naturaleza, con costas.

En su oportunidad informó la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, quien alega en primer término la existencia de errores formales en la individualización de las personas por quienes se recurre, al no coincidir los números de sus cédulas de identidad con los nombres, consignar nombres repetidos y Rut inexistentes, lo que denota una total falta de conocimiento de las personas que fueron parte del proceso de movilizaciones y una falta de certeza respecto del universo real de personas por quienes se recurre.

En segundo lugar, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para dejar sin efecto la actuación denominada “Autorización de anticipo de remuneración”, documento que fue extendido y puesto a disposición de todos los funcionarios y funcionarias que fueron parte del proceso de negociación entre los gremios de la salud y CORMUDESI, y por el cual cada uno de ellos solicitó a la Corporación se les otorgara un anticipo de remuneraciones, que sería descontada de sus rentas futuras, en cómodas cuotas, para lo cual se requería de la autorización expresa de cada solicitante, suscribiendo el documento de forma libre y voluntaria, con pleno conocimiento de sus derechos, con la asistencia y asesoría de las respectivas Asociaciones de Funcionarios, pretendiendo la recurrente dejar sin efecto la manifestación de voluntad expresada por los trabajadores, que de contener vicios corresponde a una temática que tiene que ser objeto de un juicio de lato conocimiento, en el que ambas partes, aporten sus alegaciones y probanzas, materia que se encuentra expresamente entregada al conocimiento de los Juzgados de Letras del Trabajo, conforme lo señala el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo.

Añade que el documento “Autorización de anticipo de remuneración”, que se pide dejar sin efecto, corresponde a un “préstamo blando”, que en caso de dejarse sin efecto, los funcionarios y funcionarias que accedieron al beneficio se verían obligados a restituir a la Corporación los recursos que le fueron entregados a cada uno, como parte de este proceso de anticipación de remuneración.

En cuanto al fondo, luego de relatar en extenso el proceso de negociación correspondiente al segundo semestre del año 2023, refiere que el protocolo de acuerdo de 20 de diciembre de 2023 fue suscrito por la Corporación, por los representantes de los diferentes gremios participes de la negociación y el Secretario Regional Ministerial del Trabajo de Iquique.

Agrega que durante el período de movilizaciones, el que se extendió entre el 20 de noviembre de 2023 y el 18 de diciembre de 2023, los funcionarios y funcionarias que forman parte de las respectivas Asociaciones de Funcionarios que eran parte del proceso de negociaciones, si bien marcaron su asistencia tanto al inicio como al término de sus respectivas jornadas de trabajo, en la práctica no desarrollaron las tareas para las cuales han sido designados o contratados, como lo afirmó la recurrente, y el proceso de negociaciones dejó consecuencias negativas para la población que reside en la comuna de Iquique, la que se vio impedida de acceder a las diversas líneas de atención profesional de salud que normalmente se entregan, suspendiéndose las consultas y horas médicas, no se entregaron medicamentos o insumos médicos, leche y suplementos alimenticios, no realizaron exámenes y procedimientos agendados, todo lo cual se vio reflejado en el sistema de control de atenciones “Sistema Rayen”, que corresponde al programa computacional que recoge la agenda diaria de actividades y la bitácora de atenciones y prestaciones entregadas. Lo anterior, evidencia que no resulta efectivo lo manifestado por la recurrente, en cuanto sostiene que todo el personal cumplió sus labores de manera normal, toda vez que la población de Iquique se vio seriamente afectada, en la entrega continua y completa de las prestaciones del ámbito de la salud que la Cormudesi debe satisfacer, hecho público y notorio que incluso fue ampliamente difundido por los medios de comunicación local de Iquique.

Señala que el descuento de las remuneraciones fue consecuencia de la no prestación efectiva de los servicios contratados en los períodos de movilización, pues para percibir la remuneración no solo se requiere marcar el ingreso y salida en cada jornada laboral, sino también ejecutar de modo efectivo el cargo o función para el cual cada uno es contratado, de lo contrario se generaría un enriquecimiento injusto, y en cumplimiento de su función fiscalizadora los superiores jerárquicos de los involucrados, los Directores de los diferentes CESFAM informaron a la Dirección de Recursos Humanos los antecedentes relacionados con el personal movilizado que no ejecutó la función asignada, a efectos de ser contrastados con los registros de control de asistencia, debido a que en la práctica las jornadas de movilización no habían sido efectivamente laboradas y sobre esa base se efectuó el descuento de las respectivas remuneraciones.

En cuanto a la legalidad de los descuentos, sostiene que los recurrentes se rigen por un estatuto especial contenido en la Ley N°19.378 que establece la Atención Primeria de Salud Municipal, y supletoriamente por la Ley N°18.883, que aprobó el Estatuto de Funcionarios Municipales y dada la esencialidad de los servicios de salud que se prestan en favor de la comunidad de Iquique, según el artículo 82 literal i) de la Ley N° 18.883, se prohíbe a tales servidores: “dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración”, no siendo necesaria la realización de un procedimiento administrativo sancionador, como sería una investigación sumaria o un sumario administrativo, para materializar el descuento de remuneraciones por días efectivamente no laborados, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la citada ley, del cual se desprende que los procesos sancionatorios tienen un fin diverso, cual es la aplicación de una sanción administrativa y el descuento de remuneraciones no corresponde a una sanción y el artículo 69 letra d) de la Ley N° 18.883, autoriza al Alcalde a disponer el descuento de remuneraciones, motivo por el cual descarta también toda arbitrariedad en su actuar y cita al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en Recurso de Protección ROL N° 25.770-2.019, ROL N° 38.651-2.017, ROL N° 18.760-2.018 y ROL N° 25.161-2.018.

Concluye que no existió una actuación ilegal o arbitraria que haya vulnerado las garantías fundamentales denunciadas, toda vez que la decisión de disponer el descuento de las remuneraciones de los funcionarios y funcionarias, se fundó en el hecho de no haber éstos ejecutado de modo efectivo las tareas que se les han asignado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, y por lo tanto cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estime vulnerados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, y la Corte de Apelaciones correspondiente en su caso deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie los hechos que se reputan ilegales y arbitrarios y de los que da cuenta el recurso, corresponden al contenido en el documento denominado “Autorización de anticipo de remuneración”, que forma parte del “Protocolo de acuerdo entre la Corporación de Desarrollo Social de Iquique y las Asociaciones de Salud de la Atención Primaria”, a través del cual, según indica el recurrente, se rechazó restituir la remuneración descontada indebidamente en el mes de noviembre de 2023 y, en algunos casos en el mes de diciembre de 2023 y que, amenaza con descontar parte de la remuneración del mes de diciembre de 2023, respecto de los recurrentes debido a la movilización sin paralización de funciones que desarrollaron entre los días 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2023, exigiendo una mejora en las remuneraciones.

CUARTO: Que, de los términos en que fue planteada la acción cautelar en favor de los trabajadores pertenecientes a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipalizada, se desprende que el conflicto central dice relación con los descuentos efectuados en sus remuneraciones de manera directa por la recurrida, sin instruir una investigación sumaria o un sumario administrativo de forma previa, a fin de ponderar antecedentes objetivos que den cuenta de una efectiva paralización en el cumplimento de sus funciones.

QUINTO: Que examinados los documentos consistentes en “Autorización de anticipo de remuneración” y el “Protocolo de acuerdo entre la Corporación de Desarrollo Social de Iquique y las Asociaciones de Salud de la Atención Primaria” no existe referencia alguna de la que se pueda derivar el cuestionamiento al no pago de remuneraciones correspondientes a meses de noviembre y diciembre de dos mil veintitrés durante el período de paralización. En el primero de los documentos se advierte la sola voluntad de la recurrente en orden a autorizar descuentos de su remuneración con cargo al anticipo de remuneración que en cada caso se solicitó y del que se advierte además que una posibilidad del pago de las mismas era a través del cumplimiento de horas extraordinarias de trabajo, lo que resulta concordante con lo manifestado en el segundo de los documentos suscritos por los representantes de las diversas asociaciones gremiales en que se admite la paralización de funciones y por el que se comprometen a la devolución de los días no trabajados sin perjuicio de la reserva manifestada al pie del documento, que en nada obsta a la inteligencia que aquí se ha señalado, por lo que no se avizora un acto de la recurrida que presente caracteres de ilegalidad o arbitrariedad.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior el artículo 69 de la Ley N° 18.883 dispone: “Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en este Estatuto, de suspensión preventiva contemplada en el artículo 134, o de caso fortuito o fuerza mayor. Mensualmente deberá descontarse por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados, considerando que la remuneración correspondiente a un día, medio día o una hora de trabajo, será el cuociente que se obtenga de dividir la remuneración mensual por treinta, sesenta y ciento noventa, respectivamente.

Las deducciones de rentas motivadas por inasistencia o por atrasos injustificados, no afectarán al monto de las imposiciones y demás descuentos, los que deben calcularse sobre el total de las remuneraciones, según corresponda. Tales deducciones constituirán ingreso propio de la municipalidad empleadora.

Los atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, serán sancionados con destitución, previa investigación sumaria.”

SÉPTIMO: Que, de la norma transcrita se desprende que no era necesaria la tramitación de una investigación sumaria o sumario administrativo, para efectuar el respectivo descuento por los días no trabajados, debiendo existir antecedentes objetivos de la inasistencia de cada funcionario involucrado, la determinación de su exacta identidad, como asimismo, el tiempo no trabajado por aquellos y la falta de justificación, en su caso, por exclusión de alguna de las excepciones legales reglamentadas en la citada norma.

OCTAVO: Que, asentado lo anterior, y conforme al mérito de Los antecedentes incorporados por la recurrida, es posible constatar que los descuentos efectuados a los trabajadores respecto de sus remuneraciones de los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintitrés, no constituyen un acto ilegal, toda vez que en las planillas acompañadas se individualiza detalladamente a los funcionarios que los días de paralización no desempeñaron en forma efectiva las funciones propias del cargo, y se cumple en la especie con el requisito formal de haberse requerido el descuento por parte de los jefes inmediatos de los recurrentes.

NOVENO: Que, en cuanto a la eventual arbitrariedad del acto, se advierte no obedece a un mero capricho ni es la consecuencia de una actuación irracional de la recurrida, sino que por el contrario se circunscribe en el cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 69 de la Ley N° 18.883.

DECIMO: Que así las cosas, en la especie la recurrida no ha incurrido en acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que constituyan privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos fundamentales y garantías de los recurrentes indicados en el libelo, por lo que el recurso de protección no puede ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se resuelve:

Que SE RECHAZAN, los recursos de protección deducidos en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Municipalidad de Iquique.

Se previene que la Ministra Arenas concurre a la decisión teniendo únicamente en consideración lo expuesto en el basamento quinto de la sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad Rol N°50-2024 Protección (Acumuladas Rol N° 51-2024 y Rol N° 52-2024)