Protección contra Asociación Gremial de Taxis Colectivos de la Línea N° 4 “Chapiquiña” y de su rep

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Arica, seis de mayo de dos mil catorce.

Visto:

A fojas 7 comparece nombre reservado, Rut N° RUT reservado, conductor de locomoción colectiva, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Asociación Gremial de Taxis Colectivos de la Línea N° 4 “Chapiquiña” y de su representante legal don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

En primer lugar señala que se desempeña como conductor de reemplazo de don nombre reservado, y que el día 31 de marzo de 2014, en el programa “Clamor Ciudadano”, de la radio “Neura”, mencionó que en la línea donde se desempeñaba como conductor no propietario, se les cobran los días en los cuales tienen restricción vehicular, además del día domingo. Acotó que en el mismo programa radial, frente a la audiencia de auditores se preguntó también: “¿por qué los cobros son diferentes a otras organizaciones que realizan el mismo recorrido?;

¿por qué no se compran insumos para la mantención de ios vehículos, como aceite y otros?

Agrega que durante el transcurso del mismo día 31 de marzo, lo llamó el dueño del móvil, quien le indicó que lo había llamado el presidente y representante legal de la organización don nombre reservado, quien en tono agresivo, le exigió concurrir a una reunión urgente para el día primero de abril, a las 10:00 de la mañana.

Expuso que una vez que llegaron a la referida reunión, se percató que estaba presente, además, nombre reservado, Tesorero de la Asociación. Durante el transcurso de la misma, se pidió al propietario del móvil, que se le retirara a él como conductor del vehículo, puesto que no lo querían ver más manejando, debido a las declaraciones que había efectuado a través del programa radial, añadiéndole que a contar de ese momento, no se le timbraría más la tarjeta de control diario, como asimismo, se le prohibiría el ingreso a ías dependencias de la organización.

Aduce el recurrente, que el propietario del vehículo que lo acompañaba, le dijo que tal decisión no se ajustaba a derecho, toda vez que había libertad de expresión y que no se podía dejar sin trabajo a una persona sin justificación alguna y que como propietario del taxi colectivo, no se sumaba a tal decisión ilegal y arbitraria. Ante tal alegación, el recurrido nombre reservado, le contestó que a él lo respaldaba la reglamentación legal existente y que por eso, había tomado la decisión de expulsarlo del Registro de Conductores Profesionales que posee la organización que él representa.

Indicó que posteriormente, el día 3 de abril, pensó que dicha persona había recapacitado, por lo que concurrió a las dependencias de la Asociación, a timbrar la tarjeta de control diario, siendo informado en ese momento, por la secretaria encargada, que ella tenía instrucciones de prohibición de timbrarle la tarjeta, ello por decisión que le había comunicado nombre reservado, de todo lo cual, dejó constancia en Carabineros. Adujo que a partir de aquel día, se ha visto imposibilitado de efectuar su trabajo, como conductor profesional del transporte público de pasajeros, con lo que llevaba el sustento diario a su hogar, afectando seriamente a su grupo familiar.

Considera el recurrente, que lo anterior ha vulnerado la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, pues su expulsión del Registro de Conductores se debió a los dichos emitidos como locutor de radio, del programa “Clamor Ciudadano”, no señalándose en ninguna normativa, que dichos actos tienen la consecuencia ya señalada, refiriendo que el Estatuto de la Organización recurrida, regula sólo el actuar de sus socios, dentro de la asociación, pero no el de su actuar como conductor profesional.

Añade la accionante de protección, que la medida tomada por la recurrida vulnera, además, el derecho a la libertad de trabajo, el derecho a no ser discriminado y el derecho a la igualdad.

Por todo lo anterior, solicitó que se ordene a la recurrida cesar la medida de expulsión, además que se la instruya en orden a que sus facultades disciplinarias no pueden ser ejercidas en términos que vulneren garantías constitucionales de los conductores inscritos en el Registro de la Organización.

A fojas 17 se concedió orden de no innovar.

A fojas 43, informa don nombre reservado, representante legal de la Asociación Gremial de Taxis Colectivos Línea N° 4 “ Chapiquiña” , indicando en primer lugar, que la asociación que preside es integrada por los propietarios de taxis colectivos, sean personas naturales o jurídicas, que desarrollen sus actividades en Arica y que sean aceptadas por el Directorio. Por lo anterior, los socios pueden conducir personalmente sus vehículos o celebrar con un tercero un contrato de prestación de servicio, presentándose en la especie, la segunda de las situaciones, pues el socio propietario es don nombre reservado, quien mantiene un contrato con nombre reservado.

Agrega que según se desprende el artículo I o del Decreto Ley N° 2.757, como del artículo 3o del Título II del Estatuto de la Asociación, esta última normativa, es aplicable únicamente a la asociación gremial, la cual está constituida por los socios de dicha organización y el hecho que la asociación permita que sean terceros quienes timbren las tarjetas de recorrido diario, no les da la calidad de socios a dichos terceros.

Refiere que desde aproximadamente un año, el recurrente presente un comportamiento poco deferente e irrespetuoso hacia los demás colegas y personal de la asociación y se ha encargado de desprestigiar públicamente, no sólo a la línea de taxias colectivos N° 4, sino a la mayoría de las demás asociaciones, siendo citados por la “Conatacoch”, para analizar la situación.

Por lo anterior, el día 24 de marzo de 2014, el Directorio de la asociación amonestó verbalmente a nombre reservado, instándolo a continuar con un trato deferente y respetuoso hacia los demás colegas y personal de la asociación.

Posteriormente el día 1o de abril y en virtud, que el recurrente no mostró cambios en su comportamiento, se procedió a citar a éste y al dueño del vehículo para tratar dicha situación, reunión a la cual el recurrente no asistió, por el contrario, al día siguiente, en su programa radial manifestó una serie de mentiras, e insinuaciones de mala fe en contra de la Asociación Línea N° 4, causándole un gran perjuicio.

Indica que el 1o de abril del presente año, a las 18:00 horas, en reunión y por votación unánime de los miembros del directorio de la asociación, se decidió suspender la tarjeta de timbraje del recorrido del recurrente por las razones ya expuestas, decisión que a su juicio no es contraria a la justicia, ni a la ley, ni obedece al capricho, sino que existen fundamentos plausibles, informándose dicha situación, a la Asamblea de 26 de abril, la que ratificó la intención de desvincular definitivamente al conductor y recurrente de autos.

Además, el actuar no puede considerarse como ilegal, pues pese a que el recurrente no detenta la calidad de socio, se siguió un procedimiento racional y 2 Clnu^t* S-Cio justo, donde el 24 de marzo se lo amonestó, se lo citó a una reunión para el 1o de abril, misma fecha en que el directorio resolvió suspender el timbraje de tarjeta del recorrido y el 26 de abril, en reunión de Asamblea, se ratificó su intención de desvincular definitivamente al conductor. Por todo lo anterior, solicitó desestimar el recurso de protección.

A fojas 47, se ordenó traer los autos en relación y se agregó extraordinariamente a la tabla.

A fs. 52 y previo a la vista de la causa, la recurrente de protección acompañó una copia de un “cd - video" y una fotocopia simple de una carta firmada por nombre reservado y por nombre reservado, dirigida a la directiva de la Asociación Gremial de taxis Colectivos Na 4 Chapiquiña, de esta ciudad.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política de la República, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando sus derechos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones correspondiente, debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1o del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la caso en estudio, el recurrente estima ilegal el acto suspender el timbraje de tarjeta de recorrido del taxi colectivo que manejaba, acto que califica de ilegal y que conculca lo dispuesto en el artículo 19 N°12 de la Carta Fundamental, esto es, la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. También añade que se afectó su derecho a la libertad de trabajo, a no ser discriminado y el derecho a la igualdad.

CUARTO: Que, tal como señala el artículo 3 de los estatutos de la Asociación Gremial de Taxis Colectivos N° 4 “Chapiquiña” de Arica, pueden pertenecer a la mencionada asociación, los propietarios de taxis colectivos, sean personas naturales o jurídicas, siendo la calidad de socio personal e indelegable, según estatuye el artículo 4.

Añade dicho estatuto, en su artículo 18, que son atribuciones del Directorio, entre otras, el de resolver los problemas que afectan a las diferentes líneas y fijar las políticas generales del gremio, y en general, “tratar y resolver todas aquellas materias que no sean de exclusiva de la asamblea y que tengan por finalidad el cumplimiento de los objetivos de la Asociación.”. Indica el reglamento, que las decisiones del Directorio, se adoptarán por mayoría de sus votos.

A su turno, la asamblea de la asociación, puede ser citada para tratar materias objeto de la organización, como indica el artículo 7, siendo la finalidad de la asociación en cuestión, como se deduce del artículo 2, el de promover la racionalización, desarrollo y protección de actividades e intereses de sus asociados, del buen servicio público y de aquellas que resulten conexas con los 3 objetivos gremiales, siendo los acuerdos de la asamblea, adoptados por simple mayoría.

QUINTO: Que, del mérito del acta acompañada por la recurrida, que rola a fojas 35 y siguientes, se desprende que con fecha 26 de abril del 2014, la asamblea del gremio recurrido, abordó el tema referido a la interposición del presente recurso de protección, donde se hizo una relación de los hechos que sirvieron de contexto a la interposición del mismo. Se dejó constancia en dicha asamblea que, con fecha 1o de abril del 2014, se citó a nombre reservado, socio y dueño del vehículo que conducía nombre reservado. Señaló en la asamblea el presidente, que en la mentada reunión, se dio a conocer al socio, el mal comportamiento de su conductor, en contra del propio gremio y que nombre reservado, públicamente divulgaba supuestos malos manejos, en los ingresos económicos del gremio y cuestionaba incluso el uso de los dineros por parte del tesorero de la asociación, así como la administración del actual directorio, lo cual no le correspondía hacer, por no ser socio.

Se añade en el acta de asamblea, que ante lo anterior, se solicitó al asociado nombre reservado, que debido a la insistencia del proceder de su conductor, el mentado socio “lo bajara” de la conducción del móvil, a lo cual, nombre reservado manifestó su negativa. Se señaló que ante este rechazo del socio y por acuerdo unánime del Directorio, se decidió suspender el timbraje de la tarjeta control diario del taxi colectivo, en forma momentánea. Además se decidió, por unanimidad del Directorio, que nombre reservado no debía seguir en el servicio de la línea N° 4, lo que se le informó al socio nombre reservado.

Dicha relación que se consignó en el acta de la asamblea, parece ajustarse a la realidad, toda vez que la misma, se encuentra suscrita, entre otros socios comparecientes, por el propio nombre reservado, socio al cual lo habrían afectado las decisiones del Directorio descritas, tomadas el día 1o de abril del 2014.

SEXTO: Que, de lo anterior, se deduce que la asociación gremial, por sí o por sus representantes, no ha cometido ningún acto o incurrido en una omisión, que sea arbitrario e ilegal, en contra de nombre reservado, toda vez que éste, ni siquiera es socio del Gremio de Taxis Colectivos N° 4 “Chapiquiña”, sino que las decisiones y resoluciones que adoptó esa asociación, se dirigieron en contra de quien sí se encontraba bajo la férula de los estatutos que gobiernan la referida organización, esto es, el propietario del vehículo nombre reservado.

En efecto, según se desprende del acta de audiencia, la cual fue refrendada por el socio nombre reservado, el motivo por el cual se suspende el timbraje de la tarjeta de control diario, del taxi colectivo, placa patente BJLK-18, tuvo como causa, la negativa del socio nombre reservado, de cambiar o “bajar” a su conductor.

Tan indicativo resultó ser, que las acciones del gremio de taxistas, se dirigía en contra de su socio nombre reservado, que en la asamblea del día 26 de abril, la mayoría absoluta de los socios, solicitó la expulsión, no de nombre reservado - quien se trata de un tercero que no es socio - sino que del propio nombre reservado.

De esta forma, ninguna acción fue dirigida en contra del recurrente, quien, por no ser socio, no le podían afectar las directrices que pudieran pronunciar los organismos propios de la asociación de taxis colectivos.

Que, de esta forma, esta Corte no puede entrar a analizar la eventual arbitrariedad o ilegalidad, de actuaciones relacionadas a una persona que no tiene la calidad de recurrente de protección en el presente caso.

4 CÁ'UjUIryt&'Q cJc 6 > SEPTIMO: Que, a su turno, no puede considerarse que se ha violentado la garantía constitucional de la libertad de emitir opinión y la de informar, toda vez que, el origen de la suspensión del timbraje de la tarjeta control del vehículo de locomoción colectiva y de que se debería impedir que nombre reservado, siguiera en la conducción del móvil, fueron medidas tomadas ante la negativa de nombre reservado, de “bajar” o cambiar a su conductor, como le fue requerido y en ningún caso, se pudo deducir que aquello tuviera su origen directo, en las expresiones que una persona que no es socia de la agrupación, vertió en algún medio de comunicación social.

OCTAVO: Que, del mismo modo, no se vislumbra que se haya visto privado, perturbado o amenazado el accionante de protección, por algún acto u omisión arbitrario o ilegal de la recurrida, que afectara su derecho de libertad de trabajo, a no ser discriminado o de igualdad ante la ley.

Como se ha señalado, nombre reservado, no reviste el carácter de socio del gremio recurrido, como tampoco es su trabajador o dependiente, por lo que las actuaciones del gremio de taxistas, dentro de la esfera de sus estatutos, se limitó a suspender el uso de la tarjeta de control diario de un vehículo de propiedad de un tercero, que no es parte en el presente recurso de protección, a quien se le comunicó, además, por parte del directorio, de que un conductor determinado, no debía seguir en el servicio, actos los cuales, por no estar dirigidos directamente en contra del accionante, no están coartando su libertad al trabajo.

Asimismo, no se avizora que las descritas actividades de los órganos de la asociación, dirigidos en contra de nombre reservado, pudieran afectar al recurrente, en sus derechos a la igualdad ante la ley o a la no discriminación. Por lo demás, el recurrente no se extiende en torno a contextualizar estas garantías constitucionales, supuestamente infringidas. Como se ha referido, la asociación gremial de taxis colectivos N° 4, “Chapiquiña”, se ha limitado a analizar, a través de su Directorio, un problema que en su concepto, afectaba a la línea de taxis, consistente en un comportamiento que se consideró improcedente, de parte de una persona que, sin ser socio, cuestionaba materias propias y privativas de estos, lo cual, evidentemente, iba en contra de las políticas generales del gremio, actuaciones todas las cuales, no sólo no son discriminatorias hacia la persona del recurrente y no afectan la igualdad ante la ley, sino que por el contrario, dan cuenta de procedimientos reglados, que no resultan arbitrarios y responden a una orgánica reglamentaria que se ha dado la asociación gremial recurrida y que tiene su amparo legal en el DL 2.757, que en su artículo 1o, establece que las asociaciones gremiales, tienen por objeto el promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, NOVENO: Que, en nada alteraron las conclusiones anteriores, los documentos aportados por el accionante de protección, previo a la vista de la causa. Ellas se refieren a una copia simple de una carta, en la cual una socia disconforme con la actividad del Directorio del gremio de taxis colectivos, difunde quejas en contra de los dirigentes de la asociación, las cuales resultan ajenas a las pretensiones de nombre reservado, toda vez que se refieren a materias de una organización, de la cual éste último ni siquiera es parte. Lo mismo cabe señalar respecto al llamado “CD-Video” acompañado, el cual da cuenta de una reunión gremial, de una asociación a la cual no pertenece quien comparece a fojas 7.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado 5 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 7.

Dictada por la Primera Sala, presidida por el Ministro don Marcelo Urzúa Pacheco e integrada por los Ministros don Rodrigo Olavarría Rodríguez y don Pablo Zavala Fernández. Autoriza la Secretaria Titular, doña Paulina Zúñiga Lira.

En Arica, a seis de mayo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario de hoy la resolución que antecede.