nombre reservado con nombre reservado

Arica, siete de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado y CLAUDIO ALEXIS GONZALEZ HORMAZABAL, abogados, en representación de don nombre reservado, Suboficial Mayor de Carabineros, quien interpone recurso de protección por el acto ilegal y arbitrario cometido por la Prefectura de Carabineros de Arica Nº1, dependiente de la XV Zona Arica y Parinacota, Tte. Coronel Lisett I. nombre reservado o por quien le subrogue, en atención a haberse dictado la Resolución Exenta 107, de 23 de enero de 2024, que aplicó la medida disciplinaria de baja por considerar que había participado de una riña, afectando con ello las garantías establecidas en los numerales 1°, 2°, 3°, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 23 de enero pasado, a las 10:40 horas aproximadamente, por ser el más antiguo y encargado de la oficina de archivo concurre a la sala de guardia y tras mantener una discusión con el Suboficial Mayor nombre reservado, quien lo insulta con términos irrespetuosos y groseros, siendo que es menos antiguo que el recurrente, y siendo agredido además por éste, con golpes de puños en la cara y cabeza, indica que procedió a defenderse conforme a la legítima defensa, solo lanzándolo al suelo, sin embargo, al salir de la oficina se encuentra con el Suboficial Mayor nombre reservado, a quien le indica que había pelado con Cerda, pero ello, atendido el estado de shock emocional en el que se encontraba, agregando que ese último mantenía a su pareja en la misma unidad por lo que señala que pueden haberse visto influido los testigos al ser subordinados de aquella.

Agrega que encontrándose detenido es obligado a prestar declaración, siendo que le asistía el derecho a guardar silencio, ordenándole confeccionar un acta de audiencia donde debía relatar los hechos de una supuesta riña, lo cual era ilegal y arbitrario al haber sido víctima de una agresión, tal como lo manifestó, pero el Comisario de la Unidad y nombre reservado hizo caso omiso de aquello, realizando el trámite de la baja con efectos inmediatos sin goce de sueldo, medida que vulnera el debido proceso, máxime que el hecho estaba siendo investigado por el Fiscal Militar por lo que tampoco estaban autorizado para realizar diligencias no autorizadas.

Refiere que se le aplicó el artículo 127 N°4 del Reglamento de Selección y Ascenso del Personal N°8 de Carabineros de Chile en circunstancias que no puede iniciarse el sumario administrativo hasta que se resuelva el proceso que se incoa en la justicia militar, y todo ello a pesar de su versión de haber sido víctima de maltrato y ofensas por parte de nombre reservado.

Indica que ello obedece pues la institución tiene arraigado el que frente a una denuncia se debe dar de baja al funcionario, lo que no ocurre, por ejemplo con la situación del propio General Director de Carabineros, quien pese a estar formalizado por delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio permanece en sus funciones.

Señala que además para aplicar la disposición se requiere la confesión de la responsabilidad, lo que no se da en la especie, puesto que de lo contrario, debe ser establecido mediante una investigación conforme al Reglamento de Sumarios Administrativos, lo que ocurre en autos al haber dado cuenta el recurrente de un maltrato de inferior a superior y ofensas por parte de aquel, lo cual Carabineros interpretó como una riña.

Agrega que la normativa citada exige el cumplimiento de tres requisitos, esto es, gravedad del hecho, confesión y que ésta se haga evidente, nada de lo que ocurre en autos, puesto que la situación de la que se dio cuenta era el maltrato de inferior a superior y las ofensas a éste, lo que no fue considerado por la institución, realizando un procedimiento sesgado, careciendo el acto procesal administrativo de toda fundamentación y sustento para producir el efecto de dar de baja de la institución, lo que se desprende de los artículos 11, 16 y 41 de la Ley 19.880 y del artículo 8° de la Constitución, lo que además vulnera lo dispuesto en el artículo 84 ter de la Ley 18.961 que ordena suspender la tramitación de los procedimientos disciplinarios en caso de formularse denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, lo que no ocurrió.

Finalmente, en relación a las garantías vulneradas, consagradas en el artículo 19 de la Constitución, indica que respecto del N°1, el acto administrativo le ha provocado serias secuelas psicológicas al ser sometido injustamente a un proceso judicial, adoptándose decisiones carentes de fundamento, arbitrarias e ilegales, como dar de baja sin sueldo y sin un debido proceso, con serias patologías psicológicas y psiquiátricas debido a lo injusto del proceso. En cuanto al numeral 3, ello ocurre al dar de baja al recurrente mediante una resolución carente de motivación y justificación al no darse los presupuestos normativos reglamentarios y por el hecho de, estando detenido, se le consulta sobre hechos materia de investigación al ordenarle comparecer ante la Prefecto de la repartición para que en forma oral y escrita firmara un acta de comparecencia declarando lo ocurrido, y por no recibir el trato como víctima en todo el proceso, siendo considerado como agresor de los hechos denunciados. En relación al numeral 16, se infringe la libertad de trabajo, al ser privado de éste sin causa ni razón justificada. Finalmente respecto del numeral 24, al privarlo de su derecho de remuneración, pues al darlo de baja ya no puede acceder a ésta ni a otros beneficios previsionales.

Por lo anterior es que solicita se acoja el recurso y se ordene que se declaren y repongan los derechos de su representado, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que, en su oportunidad, evacuó informe el Prefecto Coronel de Carabineros Carlos Maureira Herrera, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

En relación a los fundamentos del recurso, desconoce los diálogos reproducidos, siendo una versión que los abogados estiman que ocurrió el día de los hechos. Ahora bien, según el relato del Comisario Subrogante de la Segunda Comisaría de Putre, lo ocurrido fue un delito de lesiones menos graves y leves en riña, siendo detenidos tanto el recurrente como el Suboficial Mayor nombre reservado, relatando el Suboficial Mayor nombre reservado que desde la oficina del Subcomisario Administrativo de la unidad salían ambos involucrados visiblemente lesionados y al consultarles sobre lo ocurrido indican que se habrían agredido mutuamente en la oficina de órdenes judiciales, por lo que se procedió a la detención de ambos, constatándose posteriormente las lesiones de ambos, siendo diagnosticado nombre reservado con contusiones máxima facial, excoriaciones y tórax, mientras que nombre reservado con contusión facial, contusión torácica, de carácter menos grave. Así, ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar Letrada de Arica, disponiendo el Comisario Subrogante de la 2da Comisaría Putre la instrucción del Sumario breve, donde cuatro funcionaros sirvieron de testigos.

Refiere que se abrió una causa judicial ante la Fiscalía Militar Letrada de Arica que se encuentra en proceso, agregando que se presentó una querella criminal por la misma recurrente por un delito de Maltrato de Inferior a Superior, donde la Fiscalía Militar solicitó acumulación a la causa anterior, lo que también se encuentra pendiente de resolución.

Agrega que, respecto de los dichos relativos a la pareja de Cerda, descarta que dicha circunstancia afecte o determine las deposiciones judiciales o las entregadas en el proceso sumarial, además de que solo tienen conocimiento que el estado civil de Cerda es soltero, según su hoja de vida. En relación al acta de declaración, señala que esto fue hecho de manera libre y espontánea y en pleno conocimiento de que podía guardar silencio, por lo que lo expuesto se trata de una situación contraria a la realidad de los hechos.

Indica que de las audiencias con los referidos funcionarios se desprende que la actitud y conducta demostrada por ambos permitieron concluir que su accionar resultaba total y absolutamente incompatible con sus obligaciones profesionales y éticas que debe observar todo integrante de la institución, conforme al principio de probidad administrativa, siendo un hecho grave por su condición de funcionarios públicos e integrantes de Carabineros.

En virtud de lo anterior se dispuso mediante Resolución Exenta N°707 de 23 de enero de 2024 la medida disciplinaria de baja por conducta mala con efectos inmediatos de ambos funcionarios, al no cumplir con el debido interés los deberes policiales, profesionales o funcionarios, considerándose como agravante la circunstancia que con ello se contribuye a la comisión de hechos delictuosos, viéndose agravado al encontrarse de servicio al momento de ocurrido el hecho, vistiendo el uniforme. Refiere que dicha resolución tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeta al resultado final del sumario administrativo, en cuya virtud los ex funcionarios le asistirán todos y cada uno de los derechos para ejercer las instancias de impugnación a partir de la notificación de la Vista Fiscal en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros N°15, por lo que en caso de aplicarse una sanción que no importe necesariamente su baja, serán reintegrados a la institución, recobrando todos sus derechos legales y reglamentarios.

Agrega que conforme al artículo 13 inciso segundo del Reglamento de Disciplina de Carabineros N°11, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil, por lo que la condena, sobreseimiento o absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos.

En cuanto a la objeción de la falta de proceso investigativo previo, indica que el artículo 127 N°4 inciso 5° del Reglamento de Selección y Ascensos dispone la baja con efectos inmediatos en caso que la falta sea grave, que el inculpado confiese su responsabilidad o ésta se haga evidente.

Asimismo, respecto a que el recurrente dio cuenta de un hecho distinto, ello no es efectivo, puesto que ambos funcionarios declararon que se agredieron mutuamente, por lo que fueron detenidos por el delito de lesiones en riña, jamas denunciando un hecho distinto.

De esta forma indica que no existiría inobservancia de los requisitos de la acción de protección en el caso concreto, toda vez que el recurrente no expone cuales serían los errores del acto recurrido que lo hacen ilegal o arbitrario y menos los razonamientos o argumentos en los que se fundamentaría la ilegalidad o arbitrariedad, sin explicar tampoco como la medida tomada afectaría sus derechos constitucionales, agregando que en la dictación de la resolución se cumplió con todas las disposiciones legales aplicables, instruyéndose el sumario administrativo encaminado a determinar si efectivamente se actuó apegado a la legalidad y en caso que no tuvieron participación o lo fue de forma menos gravosa, pueden reincorporarse a las filas de la institución, recobrando todos y cada uno de sus derechos legales y reglamentarias, al ser una baja condicionada a que el sumario administrativo la confirme.

Sin perjuicio de lo anterior, agrega que el procedimiento sumarial se encuentra suspendido por aplicación de lo dispuesto en el artículo 84 ter de la Ley 18.961, inmediatamente después de disponer la instrucción, al existir denuncia o querella criminal deducida ante la justicia, como ocurrió al ser denunciados los hechos a la Justicia Militar Arica, por lo que el proceso sumarial está suspendido hasta que se ponga término al juicio criminal por cualquier causa.

En cuanto a las garantías vulneradas, indica que respecto al numeral primero, si bien puede existir una afectación ello fue consecuencia de los actos que lo hicieron merecedor de la medida administrativa y no a consecuencia de la baja de las filas. Respecto a la vulneración al debido proceso, indica que la decisión fue haciendo uso de las facultades reglamentarias atendida la gravedad de la falta a la disciplina que hace inconveniente que el empleado continúe en la institución, tras la confesión o la evidencia de la falta. En cuanto a la libertad de trabajo, señala que la decisión adoptada no nace de un mero capricho por parte de la institución sino por encontrarse facultado por la ley. Y respecto del derecho de propiedad, el derecho de propiedad sobre el empleo y su estabilidad no es absoluto y puede cesar por causa legal, como ocurre en autos al aplicarse la normativa legal invocada.

Por último, respecto a las peticiones concretas, indica que nada se señala respecto del acto administrativo que dispone la baja con efectos inmediatos, sino que aluda a haber sido detenido por un determinado delito y que éste habría denunciado un hecho distinto, por lo que el procedimiento estaría viciado, lo que no se comparte por el informante.

TERCERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

QUINTO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N°107 de 23 de enero de 2024, dictada por la Prefectura de Carabineros de Arica, que aplicó la sanción de Baja por conducta mala, con efectos inmediatos respecto del recurrente, por su eventual participación en un delito de lesiones en riña con otro funcionario de la institución mientras se encontraba en servicio, sanción de carácter condicional sujeta al resultado final del Sumario Administrativo.

SEXTO: Que, el artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, establece, en su numeral 4° la eliminación del funcionario por “Conducta mala”, estableciendo en su literal a) que ello puede ser determinado “Por la comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el sistema jerárquico o disciplinario, que lo hagan merecedor de esta medida”. Asimismo, el inciso tercero refiere que “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por ‘conducta mala’, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.”

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes, no puede soslayarse que sin perjuicio de la declaración prestada por el recurrente en el Acta de Audiencia de 23 de enero de 2024, la declaración del funcionario nombre reservado describe una dinámica en la cual se advierte las agresiones realizadas por el recurrente, lo cual se ve corroborado con el Dato de Atención de Urgencia del que se da cuenta en el parte policial de 23 de enero de 2024, donde se desprende la entidad de las lesiones, las que si bien existen en el recurrente, ellas son solo leves, mientras que la que se constata de nombre reservado se califican de carácter menos graves, antecedentes suficientes para entender que el hecho ocurrido es evidente en los términos de lo dispuesto en el artículo 127 referido en el considerando anterior, compartiendo que dicho hecho, en este estadio procesal, es de carácter grave, atendido además la calidad de Suboficial Mayor de Carabineros en funciones al momento del acaecimiento del hecho.

OCTAVO: Que, atento lo anteriormente reflexionado, la eventual afectación de los derechos esgrimidos por el recurrente, esto es la privación de la que se ve afectado provienen necesariamente de la decisión adoptada por la autoridad, la que se encuentra ajustada a derecho, no observándose ilicitud o arbitrariedad alguna, por lo que el acto recurrido no puede ser resguardado mediante esta vía cautelar de urgencia.

Con lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en representación de don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 49-2024 Protección