nombre reservado CONTRA nombre reservado

Arica, doce de febrero de dos mil veinte VISTO:

Compareció don nombre reservado, comerciante, e interpuso recurso de protección de garantías constitucionales en contra de doña nombre reservado, presidenta del sindicato “Nueva Esperanza por una Vida Mejor”, por haber efectuado actos que estima ilegales y arbitrarios y que significaron perturbación y amenaza en el ejercicio de sus garantías constitucionales.

Explica que es socio del sindicato mencionado, asistiendo el día 9 de enero pasado a una asamblea de socios que entre los puntos de su tabla aludía a la respuesta de la Corte Suprema que lo desvincula del cargo de secretario del sindicato (sic), y, además a la votación para su desvinculación por reiteradas faltas al estatuto, se han enviado tres cartas de amonestación (sic).

Expone que en dicha asamblea se le enrostró al recurrente haber perdido una apelación en la Corte Suprema, en la causa Rol 705-2019, señalándole la recurrida que sólo trabajaba hasta fines de enero por tener su permiso cancelado en la municipalidad, y lo conminó a hacer abandono de la misma, por no tener la calidad de socio.

Señala que por haber presentado dicho recurso ha sufrido constantes ataques verbales de la recurrida que sólo tienen por objeto denostarlo, amén de enviarle cartas de amonestación, acusándolo de incurrir en faltas graves a los estatutos, de ocasionar disturbios, de levantar falsas injurias y de insultar al tesorero Sr. nombre reservado.

Reclama no haber sido oído conforme el régimen disciplinario contenido en los estatutos del sindicato, cuya finalidad es llamar a votación para despojarlo de su calidad de socio, sin haber sido citado ni poder defenderse.

Pide, en definitiva, ordenar restablecer el imperio del derecho y acoger el recurso ordenando hacer cesar el acto señalado y ordenando a la recurrida abstenerse de nuevas vulneraciones.

Informando, la recurrida expuso que el actor era socio del Sindicato de Trabajadores Independientes Comerciantes Nueva Esperanza por una Vida Mejor, calidad que ya no detenta, ya que, en Asamblea de 9 de enero de 2020, fue votada su desvinculación.

Añade que las amonestaciones que recibió fueron motivadas por la no entrega de documentación requerida por los socios y por no informar a los miembros de la directiva de la interposición de un recurso, generando gastos a una institución de caudales limitados; y, por agredir verbalmente a la directiva y socios del sindicato, ejemplificando que una de esas amonestaciones fue por insultar al tesorero don nombre reservado, con palabras de grueso calibre.

Reconoce que los puntos a tratar en la asamblea en cuestión, fueron los que indica nombre reservado, en concordancia con lo que dispone el artículo 6 del Estatuto del Sindicato, votándose su desvinculación por una amplia mayoría de 28 socios a favor y solo dos en contra (el recurrente y su pareja).

Señala que la nueva secretaria del Sindicato, doña Jenifer María Urrutia Jorquera, que reemplazó al recurrente en el cargo, con fecha 10 de enero de 2020 solicitó la entrega de los libros de acta, asistencia y libros de socios en diez días, lo que a la fecha no ha acontecido.

Refiere que el 13 de enero recién pasado, ella misma concurrió a la Ilustre Municipalidad de Arica con el fin de informar lo resuelto en relación a la desvinculación del recurrente, y el mismo día la Jefa de la División de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, certificó bajo el N° 1501/2020/51, que el Sindicato se encuentra legalmente constituido, que tiene personalidad jurídica vigente y que a esa fecha, ella mantiene el cargo de presidente y don nombre reservado el de tesorero.

A fin de cumplir con las demás formalidades legales necesarias, el 17 de enero, entregó a la Municipalidad de Arica y a la Inspección Provincial del Trabajo, la lista de socios actualizada al 10 de enero de 2020, y para tener respaldo de la desvinculación de nombre reservado, el mismo día el sindicato envió carta al recurrente informándole de su desvinculación, consecuencia de la opinión mayoritaria de los socios, varios de los que entregaron carta a mano explicando las dificultades que han tenido con el recurrente.

Niega las imputaciones de ataques personales, añadiendo a las consideraciones del informe que el mismo actor cuando era presidente del Sindicato, dirigió una asamblea para obtener la desvinculación de la socia nombre reservado, utilizando las cláusulas del Estatuto que ahora quiere desconocer, y fue precisamente por el defectuoso ejercicio de su cargo que con fecha 13 septiembre de 2018 la mayoría absoluta de los miembros decidió reestructurar la directiva, perdiendo el cargo de presidente y asumiendo el de secretario, el que perdería también en asamblea extraordinaria de 27 de julio de 2019, lo que fuera ventilado en antecedentes Rol 705-2019 de esta Corte de Apelaciones.

Niega en consecuencia toda ilegalidad o arbitrariedad en su actuación como presidenta, o del Sindicato, al haberse celebrado la asamblea y votado la destitución conforme los estatutos.

Añade que las decisiones que se toman en una asamblea o las decisiones que se tomen en el directorio deben necesariamente aceptarse, ya que los estatutos de un Sindicato pueden contener derechos y obligaciones para los socios, ya que se enmarcan dentro de la "Libertad colectiva de reglamentación" que en concepto del autor nombre reservado, consiste en "la facultad de los sindicatos para dictar sus propios estatutos y reglamentos internos".

Finalmente manifiesta que esta Corte ha rechazado dos recursos de protección, en causas Rol 518-2019 y 705-2019, sin que, nuevamente, presente alguna prueba de las aseveraciones expuestas en su recurso, por lo que pide rechazarlo en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Que conforme las facultades que el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se pidieron antecedentes a la I. Municipalidad de Arica, los que constan haberse agregado en el folio N° 2497 de la carpeta electrónica, y consiste en el listado de socios vigente y en el listado de socios al día en sus respectivos pagos de patente municipal.

Se trajeron los autos en relación y se ordenaron agregar extraordinariamente a la tabla de esta Segunda Sala.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que pese a las múltiples y difusas alusiones que formula el recurrente, resulta conveniente delimitar la Litis, la que se encuentra dada por el libelo recursivo, en el que se denuncia como acto “injusto, caprichoso y arbitrario de la presidenta recurrida, Sra. nombre reservado”, sus ataques verbales y cartas de amonestación, acusándolo de incurrir en faltas graves a los estatutos. Ello se ve reafirmado con la presentación del propio recurrente de treinta de enero pasado, en que aclara que no recurre contra la asamblea y sus decisiones, sino en los “vicios realizados por la directiva para desafiliarlo” (sic), donde solicita derechamente que las “tres cartas de amonestación no tengan tal efecto”, entendiendo esta Corte que no puede ser otro que el de desvinculación.

CUARTO: Que, del mérito de lo expuesto por las partes y demás antecedentes allegados al proceso, los que se aprecian conforme las reglas de la sana crítica, es posible establecer los siguientes hechos que resultan útiles para la resolución del recurso:

1.- Que, el actor formaba parte, como socio, del “Sindicato Nueva Esperanza por una Vida Mejor”, siendo incluso parte de su directiva en tiempo pretérito.

2.- Que el recurrente acompañó las tres cartas de amonestación en que funda el arbitrio, fechadas 17 de junio y 29 de julio de 2019, de las que se observa que solo dos son tales (infracción a artículos 41 b y c del reglamento), mientras que la primera se limita a solicitar documentación del sindicato para informar un recurso de protección interpuesto por el propio actor contra la presidenta.

3.- Que el 9 de enero pasado, en asamblea de socios, cuya acta se agregó a la carpeta electrónica, 28 socios votaron por su desvinculación, comunicada el 17 de enero, por no respetar los estatutos e infringir los artículos 16, 22 y 41 letras b y c.

4.- Que el actor dedujo sendos recursos de protección en contra de la Sra. nombre reservado, Roles N° 518-2019 y N° 705-2019, del Libro de Protección de esta Corte, rechazados ambos por sentencia ejecutoriada.

5.- Que el sindicato mantiene vigencia y se encuentra regulado por sus propios estatutos, que regulan de manera detallada el funcionamiento de la entidad.

QUINTO: Que, el artículo 231 del Código del Trabajo, dispone que: “El estatuto del sindicato deberá contemplar los requisitos de afiliación, de desafiliación y los derechos y obligaciones de sus miembros, los requisitos para ser elegido dirigente sindical, los mecanismos de modificación del estatuto o de fusión del sindicato, el régimen disciplinario interno y la clase y denominación de sindicato que lo identifique, que no podrá sugerir el carácter de único o exclusivo”. Indicando, además, la referida norma legal, que las asambleas de socios serán ordinarias y extraordinarias.

SEXTO: Que, por su parte, el artículo 3 de los Estatutos Sindicales, que ambas partes acompañaron en idéntico tenor, establece que la asamblea constituye la máxima autoridad de la institución y la componen todos los socios, quienes tendrán derecho a voz y voto: Habiendo de dos clases, ordinarias y extraordinarias.

A su vez, el Título IX (artículos 39° y siguientes), establece el régimen disciplinario interno, aludido para motivar la expulsión del recurrente, siendo la medida más grave, como se advierte de su lectura, la expulsión, la que se adopta por la asamblea, garantizándose el derecho a defenderse, decisión que ha de ser adoptada por la mayoría absoluta de los socios.

SÉPTIMO: Que, teniendo presente que para sesionar en asamblea ordinaria es necesario un 30% de los socios en primera citación (artículo 4° de los Estatutos), que, como informa la Municipalidad de Arica, el listado de socios vigente es de cincuenta y cuatro, que treinta de ellos asistieron a la asamblea, a la que también compareció el actor, donde, según el acta del libro del sindicato, éste utilizó la palabra para defenderse, y, que veintiocho votaron por la desvinculación, resulta que, al menos en cuanto conformarse con los estatutos, el procedimiento que terminó con su separación aparece correctamente aplicado.

OCTAVO: Que, respecto a las causales esgrimidas para la desvinculación, juicio de estos sentenciadores, aquella constituye una valoración que efectuó el órgano competente, esto es la asamblea.

Con todo, valga señalar a este respecto, que la garantía de debido proceso protegida por esta acción constitucional es la del inciso quinto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que proscribe el juzgamiento por comisiones especiales, cuyo no es el caso, toda vez que, como se ha repetido, es precisamente el órgano estatutario llamado a ello el que ha adoptado la decisión que se reclama, sin ser la sede de protección la competente para revisarla.

NOVENO: Que, finalmente, si lo que pretendía el recurrente es reclamar por el contenido de las cartas de amonestación, se observa que aquéllas, que el actor ha acompañado, son de junio y julio de 2019. Todo plazo para reclamar en su contra, a la fecha de interposición de este arbitrio, se encontraba latamente vencido, si la finalidad del recurrente era que ellas fueran declaradas por esta Corte como actos ilegales o arbitrarios en los términos establecidos en la Constitución Política de la República, por lo que, sin perjuicio de lo que se viene razonando, en este punto la acción de protección se advierte extemporánea.

DÉCIMO: Que, por falta de antecedentes que constituyan ciertos elementos de convicción, las restantes alegaciones del recurrente relativas al actuar de la recurrida y que constituirían acoso y que con ello ha perjudicado su honra, serán desestimadas en su totalidad.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que SE RECHAZA, en todas sus partes, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

II.- Que se condena en costas al recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 49-2020 Protección.