Protección contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S

Arica, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

nombre reservado, ciudadano venezolano, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, Licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación, domiciliado en esta ciudad y dedujo recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. (AFP UNO S.A.), por el acto ilegal y arbitrario de rechazar la solicitud de retiro de los fondos de capitalización previsionales que le pertenecen lo que vulnera los derechos fundamentales consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo de la Constitución Política de la República de Chile.

Refiere que es un profesional licenciado, egresado de la Universidad del Zulia (Venezuela) con título obtenido el 16 de mayo de 2014 y que se encuentra afiliado al régimen previsional de su país de origen (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales – IVSS), el cual le otorga las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por lo tanto, cumple con los requisitos de la Ley N°18.156 para solicitar la exención de cotizaciones y la devolución de los fondos previsionales.

Alega que la recurrida ha incurrido en una doble conculcación de derechos, desde que el 15 de octubre del año en curso al rechazar la solicitud de retiro de sus fondos, alegando dos causales principales, ambas infundadas:

a. La exigencia de Apostilla/Legalización de la Constancia IVSS: Indica que la exigencia de la legalización o apostilla de la Constancia IVSS es imposible de cumplir para él. Debido al cierre indefinido de la Embajada y Consulados de Venezuela en Chile por quiebre de relaciones diplomáticas (hecho público y notorio), no pudiendo realizar dicho trámite, situación de fuerza mayor que a su juicio lo exime de esta obligación formal.

b. El rechazo del Contrato de Trabajo y su Anexo por supuestamente no cumplir con los criterios de aceptación: Señala que este es falsa y carente de fundamento, ya que su contrato trabajo incluye el Anexo especifico de fecha del 25 de septiembre del 2025, en el cual se establece claramente su voluntad de cotizar en el IVSS, lo que cumple con el requisito exigido por el Artículo 7° de la Ley N°18.156. Este Anexo está debidamente firmado, sellado por el Representante Legal de la empresa PREUNIC S.A. y autorizado ante Notario Público, por lo que la recurrida, al rechazar prueba legalmente constituida, actúa de manera caprichosa y arbitraria, faltando a la verdad.

Sostiene que AFP UNO S.A., incurre en una ilegalidad pues excede el tenor de la Ley N°18.156 al crear requisitos formales (como el rechazo infundado de un anexo notariado) y al imponer un requisito imposible de cumplir (la apostilla). Porque al rechazar una prueba que cumple con las formalidades chilenas (Anexo Notariado) y exigir un trámite consular inexistente, actúa ilegalmente y sin la razón suficiente o legalmente válida que prevalezca sobre su derecho, de manera tal que vulnera su derecho de propiedad sobre sus fondos en cuanto a su uso y disposición y la igualdad ante la ley al exigirse un requisito (apostilla) en pleno conocimiento que no puede obtener debido a la situación diplomática, dándome un trato desigual respecto a otros extranjeros que sí pueden realizar el trámite. Además, rechaza documentación probatoria chilena (Anexo Notariado) que es perfectamente válida, colocándome en una situación de indefensión total.

Pide se acoja el presente recurso y declarar que la denegación de la recurrida AFP UNO S.A. es un acto ilegal y arbitrario, ordenando a ésta que proceda, en el más breve plazo que esta Corte determine, a la devolución de la totalidad de sus fondos previsionales, sin exigir el cumplimiento del requisito de la apostilla o legalización de la Constancia Electrónica de Afiliación y cotizaciones del IVSS, y aceptando la documentación que acredita su voluntad de cotizar en el IVSS (Anexo Notariado del Contrato de Trabajo).

Informando Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación convencional de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., refiere que la parte recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, restrinja, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, se pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está claramente definido en el ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende. Tal como lo ha dicho la Excelentísima Corte Suprema, para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado. En este caso, la solicitud de la parte recurrente, esto es, la devolución de fondos previsionales solo procede para técnicos extranjeros de manera excepcional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Circular N°553 de la Ley N°18.156, modificada por la Ley N°18.726, lo que no ocurre en el caso de la recurrente.

Advierte que el recurso pretende la devolución de fondos previsionales, sin ajustarse a la ley, no reviste las especiales características requeridas para la admisibilidad de un recurso de protección, pues no es posible acceder a realizar un acto que la ley no le permite realizar.

Señala que el recurrente de nacionalidad venezolana inició su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la Ley N°18.156, respecto del empleador “PREUNIC S.A.”, acompañando una serie de documentos, los cuales, analizados, fue rechazada su solicitud porque el certificado de la institución de seguridad social y el contrato de trabajo, no cumplen los criterios de aceptación.

Expresa que, en materia laboral y previsional, rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en nuestro país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos situaciones de excepción que contempla nuestra legislación:

En primer lugar, que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado lo que le habilita para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen y quedar exento de tal pago en el país al cual se le ha destinado a prestar servicios.

En Segundo lugar, que el trabajador quede exento de cotizar, o bien en caso de haber enterado cotizaciones, puedan efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N°18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros. El artículo 1° de la referida ley y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido Compendio de Normas. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

Adicionalmente, señala que el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil al referirse a los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile y que estos deberán presentarse debidamente legalizados, lo que en caso alguno, incluso en el caso especial de Venezuela, puede ser una eximente en el cumplimiento de los requisitos para legalizar un documento y que una circunstancia de hecho no los habilita para prescindir de una exigencia legal expresa, no siendo imputable a la administradora de fondos esta situación.

En consecuencia, la ausencia de evidencia que respalde la alegación de vulneración de derechos sugiere que el recurso de protección no cumple con los requisitos necesarios para su admisibilidad y, por ende, no se justifica la intervención judicial solicitada. Es más, lo que sí resultaría arbitrario es acceder a lo solicitado por la parte recurrente, pues implicaría apartarse del principio de igualdad ante la ley y otorgar un trato diferenciado e injustificado sin respaldo legal suficiente. Este proceder vulneraría la igualdad de trato que corresponde a todos los afiliados en circunstancias similares. Al actuar de acorde a lo solicitado por la recurrente, esta Administradora vulneraría no sólo el marco normativo que la regula, sino también la confianza legítima que los afiliados depositan en la aplicación uniforme y razonable de las disposiciones legales.

En síntesis, a su juicio ha quedado demostrado que no ha incurrido de forma arbitraria en la negación o rechazo a la solicitud formulada por el recurrente, por cuanto no cumplió con los requisitos establecidos en la ley ni la norma vigente de la Superintendencia de Pensiones y de la Dirección del Trabajo, por lo que la presente acción de protección no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita su total rechazo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, mediante esta vía cautelar se impugnó el rechazo de la solicitud N°1409913 del recurrente, que pretendía la devolución de fondos previsionales.

TERCERO: Que la recurrida informa, en síntesis, que el recurso de protección es improcedente por tratarse de una materia de lato conocimiento. Subsidiariamente, sostiene que su actuación fue legal, pues se amparó en la Ley N°18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud debido a que la constancia de afiliación al sistema previsional venezolano no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, como exige el artículo primero de la ley en comento.

CUARTO: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y letra b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7 de la citada ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta Ley”.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes aparece que el recurrente acompañó en la solicitud presentada ante la Administradora de Fondo de Pensiones recurrida, una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el cual contiene al pie de página la nota: “El presente certificado tendrá vigencia hasta el 31 del mes de Octubre de 2025”. De ello se sigue, por un lado, que el documento cuestionado por la recurrida se encontraba efectivamente vencido a la fecha de realización del referido trámite y, por el otro, que no se encontraba apostillado o legalizado, y por lo tanto, carecía de eficacia en Chile.

SEXTO: Que, por su parte, el artículo 3° del DFL N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, indica: “Artículo 3°- Corresponde a la Superintendencia las siguientes funciones: i) Interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras”. De acuerdo con ello, la señalada autoridad ha dictado el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en cuyo Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, el que en su artículo 1° letra b) indica que el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

SEPTIMO: Que así también, el mismo organismo dictó el Oficio N°3141 de 20 de febrero de 2024, que señala: “el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas”.

OCTAVO: Que, a la luz de lo señalado, normativa legal y sectorial que rige el asunto discutido en esta causa, el documento aportado por el actor no cumple con las exigencias necesarias para tener por acreditados los requisitos contenidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, toda vez que es una “Constancia electrónica de cotizaciones” aparentemente emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero no es un certificado de afiliación, no señala las coberturas con las que cuenta el afiliado sino que menciona de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional de su país de origen, de acuerdo al artículo 1° de la Ley del Seguro Social, no se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

NOVENO: Que resulta útil indicar que el derecho consagrado en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 constituye una excepción a la regla general, que es la imposibilidad para los cotizantes de retirar los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual antes de cumplir las exigencias legales contenidas en el Decreto Ley N° 3.500, y se estableció con el objeto de evitar un pago doble por cotizaciones previsionales, en el caso que un extranjero ya tuviese cubierto sus riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte en una institución en su país de origen; por eso, su aplicación debe recibir interpretación restrictiva, y el interesado deberá cumplir con acompañar los documentos que acrediten el efectivo cumplimiento de los requisitos legales.

DECIMO: Que, sin perjuicio de lo indicado, la presente decisión mantiene incólume el derecho que tiene el actor de solicitar nuevamente la devolución de las cotizaciones previsionales pagadas a la recurrida, cuando cuente con los documentos necesarios, susceptibles de ser validados por el organismo o la autoridad correspondiente.

Por las anteriores consideraciones, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se declara:

Que SE RECHAZA la acción deducida por nombre reservado, en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. (AFP UNO S.A.).

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°489-2025 Protección.