Protección contra Fernando González Morales

Arica, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete.

Visto:

Primero: Que en esta causa Rol N° 472-2017 Protección, comparece doña Gigliola Carlevarino Weitzel, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de los docentes que individualiza en su presentación (776) y dedujo recurso de protección por vulneración de garantías constitucionales en contra de Fernando González Morales, abogado, domiciliado en domicilio reservado de esta ciudad. Solicita que se acoja el presente arbitrio constitucional y se deje sin efecto el acto recurrido, a saber, la condena en costas impuesta a sus representados por sentencia de uno de julio del año en curso dictada en causa RIT O-26-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, con costas.

Expone que las garantías constitucionales afectadas son las contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente en sus números 1, 2, 24 y 26.

Relata que el día 31 de enero del año en curso, sus representados presentaron en el Juzgado del Trabajo de esta ciudad demanda de laboral de cobro de prestaciones en contra de la I. Municipalidad de Arica, causa caratulada “nombre reservado con Municipalidad de Arica”, RIT O-26-2017, a fin de cobrar la deuda que la I. Municipalidad de Arica mantendría con ellos por concepto del aumento de Bonificación Proporcional originada por la Ley N° 19.933 de los años 2012 y 2013, por un monto de $667.005.504 y de $816.221.128, respectivamente.

Además de la Ley y el hecho de haberse percibido los fondos, el principal fundamento de la demanda fue la jurisprudencia unificada de la Excma. Corte Suprema, la cual desde 2011 ha resuelto a favor de los docentes municipales de muchas comunas del país en demandas con igual pretensión.

Añade que el día 9 de mayo se inició la audiencia de juicio. Atendida la gran cantidad de los documentos a incorporar, se realizó en 9 sesiones de 3 horas promedio cada una, finalizando el día 13 de junio del año en curso.

Expresa que el día 1 de julio del presente se dictó sentencia, en la cual se rechazó la demanda en todas sus partes (la que será objeto del recurso de nulidad respectivo) y condenó en costas a sus representados por haber sido total y completamente vencidos, avaluándose las mismas en $43.950.000.

Dicha condena en costas no es susceptible del recurso de nulidad laboral, que es derecho estricto; tampoco del recurso de apelación ni reposición, dada su naturaleza jurídica. Sin embargo, acusa, se trata de un acto arbitrario e ilegal que afecta y amenaza tanto el derecho de propiedad y su derecho a la no discriminación y a un trato igualitario.

Especifica que el acto contra el cual se reclama de arbitrario e ilegal es la sentencia del Juez del Trabajo de Arica, don Fernando González Morales, que por sentencia de 1 de julio del año en curso, en la causa O-26-2017 condenó en costas a los demandantes por la suma de $43.950.000.

Argumenta que el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil ordena condenar en costas a la parte vencida, salvo si aparece que ha tenido motivo plausible para litigar. En otras palabras, sólo se condena en costas a la demanda temeraria. De esta forma, la demanda que interpusieron sus representados no es una demanda temeraria, ya que se basa en 30 fallos de la Excma. Corte Suprema que desde 2011 ha interpretado la Ley N° 19.933 a favor de los docentes, circunstancia que se le hizo saber al Juez recurrido en variadas ocasiones en el transcurso del juicio.

Acusa, además, que el acto recurrido es arbitrario, por la cuantificación total de las mismas, $43.950.000. Expresa que si bien la duración del juicio fue larga, no lo fue en la medida de justificar la condena en costas que fue objeto sus representados. Refiere que otra circunstancia relevante es que la demandada es una persona jurídica de derecho público, que cuenta con un Departamento Jurídico que defiende sus intereses en juicio, por lo que no gastó mayores recursos para su defensa.

Respecto a la forma en que la actuación habría afectado los derechos de los recurrentes, específicamente los N° 1 y N° 2 del artículo 19 ya citado, el acto recurrido es una vulneración flagrante al derecho de igualdad ya que no han sido tratado con igualdad respecto de los demás abogados de la plaza, tanto por el monto condenado en costas como por el hecho que en los casos en que docentes han ganado el juicio y la contraria ha sido total y completamente vencida, no ha sido condenada en costas, por haberse considerado en su oportunidad que tuvo motivo plausible para litigar.

Indica que en todos los juicios en que la apoderada ha representado a docentes o funcionarios municipales que se ha perdido, el recurrido ha condenado al pago de las costas en una suma no inferior a $100.000 por persona, no obstante haber tenido motivo plausible para litigar.

Por otra parte, la condena en costas a sus representados amenazaría la garantía constitucional prevista en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ya que los convertiría en deudores de su propio empleador por el 10% de su sueldo, deuda que sólo tiene como fundamento la sentencia recurrida, acto arbitrario, máxime si el fundamento del libelo fue la jurisprudencia uniforme del máximo Tribunal del país.

Finalmente, con el acto recurrido se vulnera la garantía del N° 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que en uso abusivo de una facultad legal, ha transgredido el derecho a la igualdad, la no discriminación y el de propiedad de sus representados, ante la imposibilidad de la segunda instancia de la sentencia que acusa de arbitraria.

Segundo: Que en su oportunidad, evacuó informe el recurrido. En él expresa que los recurrentes, 776 personas, son parte demandante de la causa RIT O-26-2017 en la que comparecieron un total de 879 personas, quienes demandaron a la Municipalidad de Arica por el cobro de prestaciones respecto de un bono especial creado por las leyes que indican en su recurso. La cuantía total de la causa laboral en la que incide el recurso asciende a $1.483.226.632.

Añade que la audiencia de juicio se verificó en los días 02, 04, 05, 08, 11, 12, 16, 17, 19, 23 y 25 de mayo, y 02, 08, 12 y 13 de junio último, donde las partes incorporaron la prueba. Hace presente que debió conocer y resolver otras causas a la vez.

El día 1 de julio del año en curso, dictó sentencia definitiva en la causa, por la cual rechazó la demanda en todas sus partes y condenó a los demandantes a pagar las costas de la causa, por haber sido totalmente vencidos y por estimar que carecieron de motivos plausibles para litigar, regulándose las costas personales en la suma de $50.000 por cada uno de los actores y considerando que son 879, totaliza $43.950.000.

Añade que en los juicios laborales, el Juez está obligado a pronunciarse respecto del pago de las costas, como lo ordena el artículo 445 del Código del Trabajo, debiendo tasar las procesales y regular las personales. En consecuencia, el acto de fijar las costas en la sentencia definitiva no es ilegal.

Expresa que ante una demanda infundada, carente de sustento, tanto en los hechos como en el derecho, temeraria, y cumpliendo la orden del artículo 445 del Código del Trabajo, condenó en costas a los actores por el monto indicado. Para llegar a dicho monto consideró la cantidad demandada ($1.483.226.632); la cantidad de demandantes (879), lo que arrojó que cada uno de ellos pretendió en promedio la suma de $1.687.402; la complejidad que significó para la demandada hacerse cargo de un libelo cuyos hechos fundantes datan de 2012 y 2013; la enormidad de la prueba que tuvo que reunir la demandada; la necesidad de fijar varias audiencias para llevar adelante el juicio, en especial, para la incorporación de la prueba; la circunstancia que se desestimó en todas sus partes la pretensión y que estimó la ausencia de todo fundamento.

Al regular las costas, estimó prudente fijar un monto por cada uno de los demandantes, ya que así se hacían responsables de su infundada demanda, resultándole adecuada, proporcional y justificada la suma de $50.000 por cada uno de ellos.

Refuta que el ingreso de cada uno de los actores no sobrepase los $500.000 mensuales, ya que del análisis de la prueba documental, se verificó que los demandantes tienen ingresos superiores a $1.000.000. Además, es un hecho público y notorio que en Chile ningún docente del sector municipal de educación percibe una remuneración mensual de $500.000 o menos.

Refiere que la determinación de las costas es una resolución susceptible de modificación, conforme lo dispone el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, aplicándose al procedimiento laboral conforme lo contemplado en el artículo 432 del Código del Trabajo. De tal forma que el medio idóneo para discutir el monto fijado por concepto de costas es la objeción o impugnación, que dan origen a un incidente.

La imposición de costas en una sentencia definitiva, como ocurrió en la especie, no obsta la posibilidad de la parte de objetarlas; lo que no podría hacer es deducir recurso de nulidad o apelación, que están reservados para la sentencia definitiva y la determinación de costas no es parte de la sentencia respecto del fondo.

Añade que si se deducen recursos procesales respecto de la sentencia, hará de estarse al resultado de tales medios de impugnación, ya que de ser anulada, revocada o modificada, las costas corren la misma suerte.

Las costas, finaliza, deberían ser modificadas una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, dentro de los 3 días siguientes al cúmplase de la sentencia del tribunal ad quem y luego de tramitado el incidente respectivo, la resolución que resuelva la objeción podrá ser susceptible de los recursos procesales respectivos.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que en la especie, el recurrente acusa de ilegal y arbitrario la condena en costas sufrida por sus representados en la causa RIT O-26-2017 tramitada en el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, por sentencia de fecha 1 de julio del año en curso.

Quinto: Que como se lee tanto del libelo como del informe evacuado y revisado el libro de ingresos de esta Corte, se aprecia que la referida sentencia fue objeto de recurso de nulidad interpuesto por la apoderada de los actores, tramitándose la causa Rol N° 57-2017 Reforma Laboral, causa que se encuentra en estado de acuerdo ante la Primera Sala de esta Corte, desde el 17 de los actuales.

Sexto: Que, en consecuencia, se aprecia que el acto que acusa la recurrente como arbitrario e ilegal no se encuentra firme, desde que se dedujo recurso jurisdiccional de nulidad a su respecto, el que ya fue conocido por esta Corte y en estado de acuerdo, el que según el artículo 85 del Código Orgánico de Tribunales se obtuvo mayoría legal respecto de la parte resolutiva del fallo, más falta su redacción.

Séptimo: Que en el presente estado de cosas, deberá rechazarse el libelo, desde que el acto que se acusa de arbitrario e ilegal se encuentra inserto en un procedimiento jurisdiccional en el que la propia recurrente hizo valer los derechos que la normativa procesal le entrega, máxime si se tiene presente que el mismo acto no se encuentra firme y ejecutoriado, desde que se le impugnó de nulidad y conocido que sea por esta Corte, no se ha resuelto dicho recurso por lo que no existe certeza que el acto que la recurrente acusa de arbitrario e ilegal quede firme o sea objeto de modificaciones.

Octavo: Que, así las cosas se colige del contenido de la acción de protección que lo que se pretende a través de aquel arbitrio constitucional es la revocación o modificación de una sentencia judicial, lo que la jurisprudencia ha rechazado en forma reiterada. Así la Excma. Corte Suprema en fallo de 23 de noviembre de 32004, Rol N° 3973-2004, ha referido: “No aparece lógico que por esta vía se adopten decisiones de índole jurisdiccional que supongan la modificación de aquellas que han tomado los tribunales a quienes se les ha requerido su intervención, en procesos que como se indicó importan controversia”; asimismo, tal como lo hay referido la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción en fallo de 18 de octubre de 2013, Rol N° 6.302-2013 ha dictaminado: “No puede convertirse en un medio de impugnación de resoluciones judiciales al margen del diseño de los recursos e instancias señaladas en el procedimiento en actual tramitación”.

Por estas consideraciones y vistos lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por doña Gigliola Carlevarino Weitzel en contra del señor Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, don Fernando González Morales.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

Rol Nº 472-2017 Protección.