Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Arica, veintinueve de abril de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparecen nombre reservado y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, en favor de Ilene nombre reservado, de nacionalidad cubana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado y de Selena nombre reservado, de nacionalidad cubana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, y deducen acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, denunciando como ilegal y arbitraria la omisión de pronunciamiento sobre las solicitudes de regularización migratoria, realizadas el 26 y 28 de julio del año 2021, conculcando con ello la garantía fundamental consagrada en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refieren que las recurrentes, de nacionalidad cubana, ingresaron al país en calidad de turista y, posteriormente, cambiaron su condición migratoria y fueron titulares de visa temporaria, como consta en el estampado que acompañan, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile.

Sostienen que el 26 y 28 de julio de 2021, respectivamente, solicitaron la regularización de su situación migratoria, según consta en las solicitudes N°23040312 y N°27768831. Sin embargo, a la fecha no ha existido un pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa sobre las solicitudes presentadas, teniendo en consideración que han transcurrido 8 meses desde que la fueron formuladas.

Señalan que es de especial importancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que consagran el principio de celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites, debiendo las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, se refieren al principio de economía procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Piden que se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida que se pronuncie sobre las solicitudes de regularización migratoria de las recurrentes.

Informó en su oportunidad el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que atente contra las garantías fundamentales de las recurrentes.

Señala que el 26 y 28 de julio de 2021, las recurrentes solicitaron regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325, que actualmente se encuentran en trámite, en etapa de análisis.

Agrega que en virtud de lo anterior, la autoridad migratoria dictó las Resoluciones Exentas N° 21108366 y N°21109344, con iguales fechas, que admiten a trámite las solicitudes, y otorga permiso de trabajo a las extranjeras.

Explica que durante todo el tiempo de tramitación de estas solicitudes, las recurrentes mantienen una residencia regular en el país, siendo su obligación el obtener prórrogas de la vigencia del certificado respectivo, a través del portal de trámites de dicha autoridad migratoria.

En lo referido al procedimiento administrativo, sostiene que el artículo 27 de la Ley N° 19.880, establece que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, lo que ha sido ratificado por un fallo anterior de esta Corte que declara que no corresponde a un plazo fatal.

Concluye que la autoridad administrativa ha actuado siempre conforme a la Constitución y a las normas legales y reglamentarias vigentes, dentro de la esfera de sus competencias, y siguiendo los procedimientos que dichas normas establecen, motivo por el que el recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por las recurrentes como ilegal y arbitrario corresponde a que la recurrida ha omitido pronunciamiento respecto de sus solicitudes de regularización migratoria, a pesar del tiempo transcurrido en exceso para ello.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe, se advierte que las solicitudes de regularización migratoria fueron presentadas los días 26 y 28 de julio de 2021, respectivamente, según consta en las solicitudes N°23040312 y N°27768831. Por su parte, la recurrida se limitó a informar que desde las mismas fechas las solicitudes se encuentran en etapa de análisis, pese a que han transcurrido más de ocho meses desde su interposición.

QUINTO: Que, lo razonado precedentemente permite concluir que la recurrida no ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que contempla un plazo máximo de seis meses en que los órganos de la Administración deben pronunciarse respecto de las solicitudes que presenten los administrados, el que debe computarse desde la fecha en que se inicia el procedimiento, que en la especie ocurrió los días 26 y 27 de julio de 2021, lo que importa una vulneración a la garantía constitucional contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al no haber resuelto oportunamente la referida petición, en desmedro de las recurrentes, sin justificación respecto a la ocurrencia de un caso fortuito.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se ACOGE el recurso de protección deducido en favor de Ilene nombre reservado y Selena nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, debiendo la recurrida pronunciarse dentro de sesenta días corridos en relación a las solicitudes de las recurrentes.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 456-2022 Protección.