nombre reservado con A.F.P UNO S.A

Arica, tres de junio de dos mil veinte.

VISTO:

Compareció don nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A, solicitando el retiro de sus fondos previsionales que mantiene en AFP Uno S.A., ya que en la actualidad y con la Pandemia de COVID 19, se encuentra sin los recursos económicos para solventar sus gastos de mantención, situación que se ve agravada por varias problemáticas que afectan su diario vivir, como son una discapacidad del 58 %, ser paciente VIH y que no encuentra trabajo para poder pagar sus necesidades básicas, como el arriendo, alimentación y todos los servicios básicos relacionados.

En su oportunidad compareció Mabel Morales, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A, quien informando al tenor del presente recurso, señaló: (i) que el recurrente se encuentra incorporado a AFP Uno desde el 01 de enero de 2020; (ii) que de forma previa al presente recurso, como administradora no tenían constancia, según sus registros, de haber recibido una solicitud de devolución de fondos de parte del afiliado; y (iii) que este concurrió a la sucursal de AFP Uno Arica e inició el 14 de abril de 2020 el trámite de pensión de invalidez, el cual se encuentra en proceso.

En cuanto al derecho, señala que de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, para que proceda un Recurso de Protección deben concurrir en forma copulativa una serie de requisitos que no se configuran en el caso de marras. Sostiene que su representada no ha incurrido en ningún acto ilegal ni arbitrario, pues la legislación aplicable a la materia establece una serie de limitaciones a la facultad de dominio que los afiliados tienen respecto de sus fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual y que si bien la Constitución Política de la Republica establece el derecho a la propiedad -artículo 19 Nº 24-, también plantea el derecho a la seguridad social y en ese ámbito es el Estado quien estableció la existencia de cotizaciones obligatorias -artículo 65 Nº 4-, derecho que se estableció el año 1980 con el sistema de capitalización individual de cotización obligatoria, con contribución definida. En este sistema de capitalización individual obligatoria cada afiliado tiene una cuenta donde se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales son invertidas por las AFP para obtener rentabilidad. Al término de la vida laboral activa, ese capital es devuelto al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes como una pensión.

Refiere que, además, se debe tener en cuenta que de acuerdo al artículo 582 del Código Civil el dominio (derecho de dominio sobre los fondos) está limitado por lo que establezcan las leyes o el derecho ajeno y que el D.L Nº 3.500, en diversos artículos -entre ellos el artículo 23-, impone restricciones a la facultad de dominio que los afiliados tienen respecto de sus fondos previsionales, así como también restringe el ámbito de acción de las AFP respecto de la entrega de estos a los afiliados, limitaciones que han sido reconocidas previamente por el Tribunal Constitucional. Luego, las AFP están obligadas a cumplir con la normativa vigente, pues de no hacerlo, se verían expuestas a las sanciones que el regulador debiera aplicar en uso de sus facultades -D.F.L. N° 1 de 1980. Agrega que las Administradoras no pueden devolver a los afiliados los fondos destinados a las cuentas de capitalización individual de una forma diferente a la que establece el DL 3500, mientras que en el Pilar Voluntario los afiliados sí están habilitados para recuperar sus ahorros en cualquier momento, con las restricciones que se impongan al efecto.

Lugo, sostiene que, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, según se indicó en los párrafos precedentes, es evidente que la recurrida no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por la recurrida, por lo que tampoco se cumple con otro de los requisitos exigidos para la procedencia de este recurso de protección.

Por último, afirma que más allá que no ha existido un actuar ilegal o arbitrario de su representada y que no se ha causado ningún agravio a la recurrente -y que por ese solo hecho debiera ser desechado el recurso interpuesto-, la recurrida no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales señaladas, lo que necesariamente debiera llevar a que dicho recurso sea desestimado por improcedente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO. Que, concordante con lo anterior lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO. Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza la garantía constitucional esgrimida por el recurrente, es la imposibilidad de poder obtener la devolución de las sumas de dinero de su cuenta de capitalización individual, situación que es reconocida por la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. en su informe.

CUARTO. Que, el inciso tercero, parte final, del numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental estatuye que, en materia de seguridad social, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

Por su parte, el artículo 1 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, dispone que “Créase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual que se regirá por las normas de la presente ley.

La capitalización se efectuará en organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones.”.

Por su parte, en relación con la afiliación, el inciso segundo del artículo 2 del señalado Decreto, estatuye que: “La afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia que origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial, el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización.”.

A su vez, el artículo 17 establece que “Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres, estarán obligados a D.O. 29.08.1987 cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles.”.

Luego, en relación al destino de la cotización individual de cada afiliado, la parte final del inciso primero del artículo 34 estatuye que: “...estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.”.

En relación a la oportunidad en la cual los afiliados pueden disponer de los dineros de su cuenta de capitalización individual, el artículo 61 señala que: “Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3°, los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales, una vez ejecutoriado el segundo dictamen, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual con el objeto de constituir una pensión.

La Administradora verificará el cumplimiento de dichos requisitos, reconocerá el beneficio y emitirá el correspondiente certificado.”.

Finalmente, el artículo 3 indica que “Tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68°.”.; y por su parte, el referido artículo 68 estatuye que: “Los afiliados podrán pensionarse en las condiciones prescritas en la presente ley antes de cumplir las edades establecidas en el artículo 3° siempre que, acogiéndose a algunas de las modalidades de pensión señaladas en el artículo 61, cumplan con los siguientes requisitos:

a) Obtener una pensión igual o superior al setenta por ciento del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas, calculado según lo dispuesto en el artículo 63, y b) Obtener una pensión igual o superior al ochenta por ciento de la pensión máxima con aporte solidario, vigente a la fecha en que se acoja a pensión.”.

QUINTO. Que, de las normas legales antes señaladas y conforme lo ha indicado el Tribunal Constitucional, en causa Rol N° 576-2007, la cotización individual constituye un acto mediante el cual de manera imperativa, por mandato de la ley, el empleador debe descontar determinadas sumas de dinero, de propiedad del trabajador, para garantizar efectiva y adecuadamente prestaciones de seguridad social vinculadas a estados de necesidad que son consecuencia de la vejez y sobrevivencia, esto es, jubilaciones y montepíos.

A su vez, conforme a las normas señaladas en el motivo que antecede, se colige que el legislador ha precisado que las cotizaciones son de destinación específica e inmodificable, a saber, el financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, las que son otorgadas a los afiliados una vez que concurran los requisitos para ello del artículo 3 y/o 68 del Decreto Ley N° 3.500.

SEXTO. Que, en mérito de lo señalado en los tres motivos que anteceden, se vislumbra que la recurrida ha ajustado su actuar a la normativa legal vigente sobre la materia, lo que - a su vez - ha sido razonablemente expuesto en la misiva de 3 de julio del año en curso, puesto que el recurrente, no habiendo cumplido los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 3500, de 1980, para ser beneficiario de alguna de las pensiones en ella consagrada, se encontraba imposibilitado, legalmente, de requerir la disposición de sus fondos ahorrados en su cuenta de capitalización individual, por lo que la presente acción no podrá prosperar.

SÉPTIMO. Que, a mayor abundamiento, y habiendo sido el legislador quien estableció limitaciones al dominio de los fondos ahorrados en la cuenta de capitalización individual, en la medida de ser destinados aquellos a solventar las pensiones, que en su oportunidad se generen, conforme lo indica el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, ninguna afectación de la garantía constitucional del derecho de propiedad se divisa sobre la materia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, ya individualizado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A..

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 452-2020 Protección.