nombre reservado con ANDEX MINERALS CHILE SPA

Arica, diecisiete de junio de dos mil veintiuno.

VISTO:

Compareció Raffael Alejandro Perea Castañeda, abogado, en representación de la nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de ANDEX MINERALS SPA, representada legalmente por don nombre reservado, que con el inicio y la ejecución ilegal y arbitraria del proyecto “Exploración Anocarire” ha conculcado las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 6, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el proyecto exploración Anocarire efectuado por la recurrida consistente en la construcción y habilitación de 6 sondajes de prospección o exploración minera, utilizando las correspondientes concesiones de exploración minera, trasladando agua desde la vertiente Ventanane, lo que a su juicio provoca la afectación de flora azorella compacta (Yareta) y polyplepis tarapacana (queñua) y fauna provocando la posible muerte de camélidos, afectando también la calidad de vida de las comunidades del sector, provoca contaminación acústica y perturba los sitios ceremoniales y arqueológicos del Cerro Anocarire, pues el referido proyecto se encuentra establecido en el cerro o Mallku Anocarire lugar de valor arqueológico y cultural para las comunidades indígenas del sector, pertenecientes al pueblo Aymara, que ha habitado ancestralmente y por tiempos inmemoriales ese territorio, considerándolo un cerro sagrado conforme a sus costumbres ancestrales. Añade que existen en el área diversos sitios de significancia cultural para dicho pueblo, que dan cuenta de la ocupación tradicional, caminos troperos, sitios sagrados, zonas de pastoreo para ganado bovino, caprino y mular, que se siguen usando hasta el día de hoy; zonas de recolección de hierbas medicinales y vertientes de agua, entre otros.

Indica que el proyecto se ubica íntegramente dentro del Área de Desarrollo Indígena Alto Andino Arica - Parinacota, según la Ley N° 19.253, y se encuentra protegida por el Decreto Supremo Nº 224, de 8 de noviembre de 2004, del Ministerio de Planificación y Cooperación. Correspondiente al área que limita al Norte desde el punto tripartito con Perú y Bolivia siguiendo por la línea fronteriza con la República del Perú hasta las proximidades del Hito 31 en el vértice que conforman la frontera internacional con el límite de las comunas de General Lagos y Arica. Al Oeste, desde el vértice entre las comunas de General Lagos y Arica y la frontera internacional con la República del Perú, desplazándose hacia el Sur por la división administrativa entre las comunas de Arica y Putre hasta el cerro Tulapalca, en la cota 4.409; y desde allí siguiendo por la división político administrativa de las comunas de Arica y Camarones hasta el cruce de las rutas A-31 y A-35, proyectándose hasta los predios agrícolas ubicados aguas abajo de la localidad de Codpa en la cota 1.800 y desde allí atraviesa la Quebrada de Humayani y los cerros de Taltape hasta interceptar la divisoria comunal de Camarones con Huara, en las proximidades de la cota 2.000. Al Sur, desde la intersección de la línea proyectada con la divisoria comunal entre Camarones y Huara en las proximidades de la cota 2.000, desplazándose hacia el Este sobre el límite administrativo de ambas comunas hasta los Cerros de Mamuta en la cota 4.500, para posteriormente tomar la divisoria administrativa entre las comunas de Camarones y Camiña, desde los Cerros de Mamuta hasta el Cerro Guaichane; continuando con la división administrativa de las provincias de Arica e Iquique entre el Cerro Guaichane, hasta la cota 5.370 en las proximidades del Cerro o Guaiguasi y desde allí, utilizando la división administrativa entre las provincias de Parinacota e Iquique hasta el encuentro con la frontera de Chile y Bolivia en Cerro Capitán, cota 4.766 y al Este, desde el Cerro Capitán, en la cota 4.766, siguiendo hacia el Norte la línea de frontera con la República de Bolivia desde el Hito tripartito chileno peruano boliviano.

Sostiene que conforme a lo establecido en el artículo 3° del D.S. N° 40/2012, el proyecto debió ser sometido a un estudio de impacto ambiental, citando en su apoyo lo señalado jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 2608-2020.

Señala que el proyecto no ha respetado la flora resguardada, infringiendo la Legislación Protectora de la Yaretas y las Queñuas, pues en el área existe presencia de especies vegetales como la queñua (polylepis tarapacana), catalogada como Vulnerable por Decreto Supremo N°51/2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y especie nativa originaria del país por Decreto Supremo. 68/2009, del Ministerio de Agricultura, o Decreto Supremo N°68/2009; y la Yareta (azorella compacta), catalogada como vulnerable por Decreto Supremo N° 51/2008, especie nativa originaria del país por Decreto Supremo N° 68/2009. Además, según ordinario N°9 de 20 de enero del 2021 emitido por la Corporación Nacional Forestal de la Región de Arica y Parinacota, se certifica y señala que el 17 de noviembre del 2020, se realizó la inspección de faenas en el Cerro Anocarire, a las actividades realizadas por Andex Minerals SPA, a fin de verificar que al ejecutar las obras del camino de acceso a los pozos de sondaje no haya habido afectación a las especies protegidas, encontrándose con 32 ejemplares de Azorella Compacta o Yareta, descepados o destruidos, abarcando una distancia de 8,9 Km y una superficie de 7,12 ha. Para el caso de Polylepis Tarapacana Phil., o Queñua, se encontraron 2 muertas y 3 dañadas, abarcando una distancia de 1,957 km y una superficie de 1,26 ha.

El 23 de diciembre del 2020, la Corporación Nacional Forestal de la Región de Arica y Parinacota, realizó la inspección de faenas en el Cerro Anocarire a las actividades realizadas por Andex Minerals SPA, haciendo uso de sus facultades fiscalizadoras en virtud de la Ley 20.283 del 2008, sobre recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, encontrándose con 107 ejemplares de Azorella Compacta o Yareta descepados o destruidos, lo que abarca una distancia de 8,9 Km y una superficie de 7,12 ha. Para el caso de Polylepis Tarapacana Phil., o Queñua Punto, se encontraron 2 queñuas muertas y 3 dañadas, abarcando una distancia de 1,957 km y una superficie de 1,26 ha.

Indica que no se ha entregado un plan de manejo ambiental ni tampoco un plan de trabajo por parte de Andex Minerals SPA., quienes han arrancado algunos ejemplares de la Yareta, sin que conste que se haya sido solicitado autorización alguna a CONAF en virtud de calificarse como especies nativas y vulnerables, como lo dispone el artículo 19 de la Ley Nº 20.283, sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y el artículo 2 del Reglamento Sobre Explotación de Yareta D.S. N° 1.427 de 23 de octubre de 1941, del Ministerio de Tierras y Colonización, que exige solicitud de permiso del SAG para su extracción.

Alude a que según la resolución exenta N° 405 de 4 de marzo del 2020, en el punto 14, se le señaló a la empresa Andex Minerals: “Que, por su parte, CONAF mediante el Oficio ORD. N° 256/2018, remitió la información solicitada referida a la revisión de coordenadas. En dicho acto, señaló lo siguiente “(...) todos los puntos se encuentran fuera del SNASPE regional, siendo la Reserva Nacional las Vicuñas la unidad más cercana (el punto N°4 se ubica a aproximadamente 20 m de distancia del límite Oeste de esa unidad)”. Luego agrega que “(...) se obtuvo que los puntos N°1, 6 Y 8 se ubican en áreas con presencia de especies de flora amenazada Azorella compacta (llareta) y Polypelis tarapacana (queñoa) por lo que se informa a ud. Que en ese caso de que se pretenda intervenir el hábitat de alguna de estas, el titular del proyecto en cuestión deberá contar previamente con la autorización de CONAF en virtud de la ley N°20.283 y sus reglamentos”. Situación que en los hechos no se ha producido, ya que no se ha elaborado ningún plan de trabajo por parte de la minera Andex Minerals Spa para solicitar las autorizaciones respectivas para intervenir la Flora ya mencionada.

Agrega que el área del Proyecto de exploración Cerro Anocarire colisiona con la reserva natural “Las Vicuñas”, la cual fue creada por el decreto supremo N°29 del Ministerio de Agricultura de fecha 8 de marzo de 1983. Si bien dicha Minera declara que en marco de su campaña exploratoria no se llevará a cabo ningún tipo de trabajo en dichos sectores en colisión, indica que la recurrida ya ha destruido flora que se encuentra resguardada por ley en las cercanías de la Reserva, es decir ya ha habido una afectación del medio ambiente fuera de la reserva, pero dentro del mismo hábitat, por lo que se hace necesario que dicho proyecto minero sea ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental como estudio de impacto ambiental y no sólo como declaración de impacto ambiental, y sea verificado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para constatar en forma cierta el posible impacto que podría tener en la flora y fauna del lugar afectado, ya que como se mencionó anteriormente, existe flora resguardada (yareta y queñua) la cual ha sido destruida por la empresa, encontrándose a escasos metros de una reserva natural como lo es la reserva las vicuñas.

Indica que los hechos señalados fueron denunciados a la Superintendencia del Medio Ambiente el 19 noviembre de 2018, en virtud de la que se solicitó antecedentes al recurrido y a diversos órganos del Estado, concluyendo que “no se satisfacen los supuestos de los literales i.2) y p) del artículo 3° del Reglamento del SEIA”, no teniendo obligación el titular de ingresar el proyecto al SEIA, por lo que pone término al procedimiento iniciado con la denuncia. Así las cosas, la Superintendencia del Medio Ambiente consideró sólo los antecedentes que habría informado el titular del proyecto, sin haber solicitado mayor información al respecto y no considerando a la Área de desarrollo indígena como un área de protección oficial.

Por otra parte el Proyecto se encuentra en las proximidades de la nombre reservado y no ha sido sometido a la consulta indígena. Si bien la Comunidad no cuenta aún con un título formal de dominio, en virtud del artículo 14.1 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación al artículo 5 inciso segundo de la Constitución, sí son dueños comunales por ocupación tradicional, y los sondajes, según el mapa de servidumbres mineras, se ubican en tales territorios indígenas, los cuales se encuentran dentro del área de desarrollo indígena creada mediante el Decreto Supremo Nº 224, de 8 de noviembre de 2004, del Ministerio de Planificación y Cooperación.

En conclusión sostiene que el Proyecto exploración Cerro Anocarire no cuenta con las debidas habilitaciones legales para seguir ejecutándose y, en consecuencia, mientras no los obtenga, la ejecución del proyecto es ilegal y arbitraria. Por otro lado, no fue sometido a consulta indígena, conforme lo dispone el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (artículos 6.1, 15.2, 13.2, 15, 15.2). El proyecto no cuenta con la evaluación ambiental requerida, infringiendo las normas de la Ley Nº 19.300. Asimismo, infringe la legislación de protección del patrimonio arqueológico, especialmente los artículos 21, 22, 26, 38 de la Ley Nº 17.288; artículo 21 del Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, contenido en el Decreto Supremo N° 484 de 1990 del Ministerio de Educación y artículo 28 letra f) de la Ley Nº 19.253.

Pide que se ordene la total suspensión o cese del Proyecto Exploración Cerro Anocarire, y se asegure que i) los servicios públicos competentes determinen que el proyecto no constituye un peligro para la salud de los afectados y para la producción agropecuaria; ii) Minera Andex Minerals Spa cuente con la autorización respectiva de CONADI; con la evaluación ambiental del proyecto; con la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas por el proyecto; iii) se determinen, adopten e implementen todas las medidas que sean necesarias para la eficaz protección del patrimonio arqueológico hallados y aquellos que puedan hallarse dentro y cercanos al área del proyecto, por el Consejo de Monumentos Nacionales; y iv) así como se determinen, adopten e implementen todas las medidas que sean necesarias para la eficaz protección de las especies vegetales protegidas dentro y cercanos al área del proyecto, por CONAF, con expresa condena en costas.

Informó en su oportunidad la recurrida Minera Andex Minerals Spa, alegando, en primer lugar, que el recurso de protección es extemporáneo ya que la propia recurrente señala haber denunciado exactamente los mismos hechos ante la Superintendencia del Medio Ambiente con fecha 19 de noviembre de 2018, y la presente acción fue interpuesta el 26 de febrero de 2021, con más de 2 años de anterioridad a la presentación de esta acción constitucional, sobrepasándose con creces los 30 días que la normativa otorga para tal fin. Por otro lado, señala que la acción cautelar impetrada no es la vía idónea para conocer la materia de que se trata, la que se encuentra debidamente sometida al imperio del derecho ante las instancias administrativas y judiciales que corresponde, conforme al artículo 57 de la Ley N° 20.417, que establece: “Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar de las mismas, dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación, ante el Tribunal Ambiental”. Existiendo una investigación en curso ante la Superintendencia del Medio Ambiente y la presunta afectación de especies vegetales aludida por la CONAF, se encuentra en conocimiento actualmente del Juez de Policía Local competente, mediante el proceso jurisdiccional rol N° 131-2021 LQ, instancia en la cual se determinará si, sobre la base de los hechos que ahí se asienten en virtud de las pruebas rendidas, existe o no la necesidad de presentar un Plan de Manejo y Plan de Trabajo por parte de su representada, junto con pagar la multa correlativa, si es que ello correspondiere. Finalmente sostiene que el recurso no se sustenta en hechos ciertos e indubitados sobre los cuales se deba otorgar una cautela especial, ni se entrega antecedente alguno que permita considerar la existencia de una afectación real y concreta a la recurrente. Por el contrario, la acción constitucional se ha construido únicamente sobre la base de presuntas o supuestas afectaciones que no tienen un correlato material, tratándose de meras declaraciones.

En cuanto al fondo, señala que las actividades exploratorias de la recurrida no deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y así lo ha definido la propia Superintendencia del Medio Ambiente, quien es la encargada por ley de hacer dicho análisis, toda vez que no se verifican los supuestos de hecho establecidos en la Ley N° 19.300 y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para configurar las tipologías denunciadas por la Recurrente. En este sentido, se encuentran expresamente excluidas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las actividades de exploración minera, definiéndose por éstas aquellas que contemplan hasta 40 plataformas de sondajes, y su representada cuenta solo con 6 plataformas, y es un hecho pacífico y asentado en autos, que éstas se encuentran además, fuera de los límites de la Reserva Nacional Las Vicuñas, única área bajo protección para efectos de determinar el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aplicable en la especie. Así consta, por lo demás, en el oficio Ord. SE -N° 5727, de 15 de diciembre de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, autoridad que en el marco de las investigaciones en curso por la Superintendencia del Medio Ambiente, informó que las actividades de que se trata “se encuentran fuera de la Reserva Nacional Las Vicuñas”.

Agrega que no procede la realización de un proceso de consulta indígena, ya que el requisito indispensable para ello es que exista una medida administrativa susceptible de afectar directamente a integrantes de un pueblo originario, lo que aquí no se verifica. Al respecto, los actos de mera toma de conocimiento, como aquel que emite el SERNAGEOMIN al informársele que se iniciarán labores de exploración minera, no constituyen una medida administrativa que pueda producir una afectación directa respecto de los pueblos indígenas, por lo que tal medida no está sujeta a consulta. Así, la normativa vigente en la materia, contenida en el Decreto N° 66, de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social, que Aprueba el Reglamento que regula el procedimiento de Consulta Indígena, en su artículo 7, establece de forma expresa que en este tipo de casos no es necesario realizar tal proceso consultivo.

Indica que no existe necesidad de solicitar permiso sectorial al Consejo de Monumentos Nacionales, porque no se trata de una iniciativa de prospección arqueológica, sino de exploración minera, descartándose cualquier afectación al patrimonio arqueológico, además de no existir ningún antecedente aportado por la recurrente al respecto.

Reitera que los hechos alegados han sido debidamente sometidos al imperio del derecho, ya que la Superintendencia del Medio Ambiente emitió un pronunciamiento previo archivando la denuncia, así como también mantiene aún un proceso investigativo en curso, por exactamente los mismos hechos que los aquí alegados en relación a la supuesta elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y la CONAF, presentó una denuncia ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Arica, que actualmente se tramita bajo el rol N° 131-2021LQ, exactamente por los mismos hechos que los aquí alegados en relación a la afectación de flora. En consecuencia, resulta evidente que los hechos que han motivado la deducción del presente recurso de protección ya se encuentran sometidos al imperio del derecho ante las autoridades competentes y especialistas en la materia, por lo que la acción debe ser rechazada, al no ser la vía idónea para conocer de los hechos en cuestión. Cita en apoyo de sus conclusiones sentencia de 27 de abril del año 2021, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, en causa Rol N° 14-2021, confirmada el 04 de mayo de 2021, por la Excma. Corte Suprema. En la misma línea, mediante sentencia de 9 de abril de 2021, la Excma. Corte Suprema, en causa rol N° 1.190-2020, confirmó la sentencia apelada en un recurso de protección seguido ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó, el que había sido rechazado en ese Tribunal de Alzada precisamente por estar la controversia debatida ya sometida al conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente.

En cuanto al fondo sostiene que el recurso igualmente debe ser rechazado, pues las labores de exploración minera en Cerro Anocarire, por sus características propias, no requieren ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo anterior, en primer lugar porque el Área de Desarrollo Indígena no constituye un área colocada bajo protección oficial para efectos determinar el ingreso de un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que las actividades o proyectos que se desarrollen en ellas no están obligadas a someterse a evaluación de impacto ambiental, confundiendo la recurrente el concepto de “área colocada bajo protección oficial” y “área protegida”, debiendo someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuando el mismo se encuentre espacialmente inserto en un “área colocada bajo protección oficial”, cuestión que no acontece en el caso de autos, ya que entre las “áreas colocadas bajo protección oficial”, no se encuentran las Área de Desarrollo Indígena, pero sí se encuentran las Reservas Naturales. Asimismo, el Área de Desarrollo Indígena señalada por la recurrente tiene su finalidad en materias no ambientales, conforme consta en su propia declaratoria, pues su objeto de protección radica en que la acción de los organismos públicos se focalice en las comunidades insertas en ésta, tales como lo son la adopción de medidas que tiendan a la ejecución de planes, proyectos y obras en su beneficio.

Agrega que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, autoridad que, en el marco de las investigaciones en curso por la Servicio de Medio Ambiente, informó mediante Ord. SE -N° 5727, de 15 de diciembre de 2020, que las actividades de su representada “se encuentran fuera de la Reserva Nacional Las Vicuñas”. Al respecto, el Dictamen N° 48.164, de 30 de junio de 2016, de la Contraloría General de la República, cuyo criterio también es recogido en el instructivo del Servicio de Evaluación Ambiental, estableció que “no todo proyecto o actividad que se pretende ejecutar en un área que se encuentra bajo protección oficial -en este caso, en un área protegida- debe necesariamente ser sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino solo aquellos que resultan relevantes desde el punto de vista del impacto ambiental que son susceptibles de provocar.”. Por ende, incluso en los casos en que las actividades respectivas se realizan al interior de la citada Reserva Nacional, lo que en la especie no ocurre, deben quedar de todas formas sujetas al análisis de significancia exigido por la Contraloría General de la República he instruido por el Servicio de Evaluación Ambiental para establecer su necesidad de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a diferencia de lo postulado por la recurrente.

Sostiene que las actividades de exploración minera, como la que ejecuta su representada, no deben someterse obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 10, letra i), de la Ley N° 19.300, en relación al artículo 3°, literal i.2) del Reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental, de los que se desprende que las exploraciones mineras han sido excluidas expresamente, estando la actividad de su representada definida como una exploración, ya que considera solo 6 plataformas de las 40 que se establecen como umbral necesario para causar impacto ambiental.

Finalmente señala que el proyecto de la recurrida se ha realizado conforme a todas las exigencias que la ley y los reglamentos imponen para este tipo de iniciativas: no existe ningún acto arbitrario ni ilegal, y si bien admite que se debió contar con un Plan de Manejo en un área acotada del camino de acceso, que por error no fue pedido en su oportunidad, ello es una materia de competencia sectorial de CONAF, quien ya fiscalizó y adoptó las medidas que estimó necesarias del caso para restablecer el imperio del derecho, lo que se resolverá, en definitiva en la sede jurisdiccional respectiva, esto es, el Tercer Juzgado de Policía Local de Arica, en la causa rol N° 131-2021 LQ, afirmando que no es efectiva la vulneración de los derechos aludidos por la recurrente, por lo que pide que se rechace el recurso en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, y por lo tanto cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estime vulnerados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, y la Corte de Apelaciones correspondiente en su caso deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie los hechos que se reputan ilegales y arbitrarios, y de los que da cuenta el recurso, es la ejecución del Proyecto Exploración Anocarire, consistente en la construcción y habilitación de 6 sondajes de prospección o exploración minera, lo que provocaría la afectación de flora y fauna protegida, afectando también la calidad de vida de las comunidades del sector al encontrarse emplazado en el cerro o Mallku Anocarire, lugar de valor arqueológico y cultural para las comunidades pertenecientes al pueblo Aymara, sin haberse realizado el proceso de Consulta Indígena, con ausencia de la evaluación ambiental, y por infringir la legislación de protección del patrimonio arqueológico, debido a la eventual existencia de un monumento arqueológico, además de la destrucción de especies protegidas como la LLareta y la Queñua.

CUARTO: Que requerida información a la Oficina Regional de Arica y Parinacota de la Superintendencia de Medio Ambiente, ésta señaló que la recurrente no atribuye ninguna acción concreta en contra de ella, y que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal, toda vez que recibió y tramitó correctamente la denuncia efectuada por aquella, analizándola y pidiendo a los demás servicios públicos que informaran sobre el particular; que sobre tales antecedentes la misma se archivó, al concluirse que no había irregularidades ambientales que perseguir en contra de la recurrida. Agrega que en la especie, no se cumplen las tipologías de ingreso al SEIA, principalmente porque tal ingreso requiere de al menos 40 plataformas de exploración para el caso de sondajes, y en este caso solo operan 6, y porque los antecedentes que le proveyeron los entes sectoriales especialistas, permitieron concluir que no se ha realizado ninguna actividad al interior de la Reserva Nacional, en cuanto área que cuenta con protección oficial.

Finalmente refiere haber recibido nuevos antecedentes sobre la misma materia, los que actualmente se encuentra investigando conforme a los procesos normales.

En cuanto al informe solicitado a CONAF, se remite Informe de Fiscalización, de 28 de enero de 2021, en el que se indica en sus conclusiones finales que se constató la destrucción de individuos de la especie Azorella Compacta Phil. (Llareta) y Polylepis Tarapacana (Queñoa), lo que se traduce en una destrucción total de 61.79 hectáreas de formación vegetacional, sin plan de manejo ni plan de trabajo aprobado por la CONAF en el área objeto de la fiscalización forestal, además de los fundamentos técnicos de la evaluación y, por último, los impactos provocados por la actividad ejecutada, concluye que la actividad fiscalizada constituye una infracción a la Ley N° 20.383, de acuerdo a lo dispuesto en sus artículos 5, 19, 54 y 60, cursando la denuncia respectiva ante el Juzgado de Policía Local de Arica.

En cuanto al informe solicitado a CONADI, se señala que si bien la recurrente no indica las coordenadas exactas de emplazamiento del proyecto, tomando como referencia la ubicación del cerro Anocarire, efectivamente se encontraría al interior del Área de Desarrollo Indígena Alto Andino de Arica y Parinacota, entre los límites de las comunas de Putre y Camarones; la nombre reservado se emplaza a 9 kilómetros en dirección oeste, y la nombre reservado de Parcohaylla, se emplaza a 11 kilómetros, sin perjuicio de otros asentamiento indígenas que pueden no ser socios de alguna comunidad.

A su vez, conforme a lo solicitado, la Dirección Regional del SERNAGEOMIN remitió los siguientes antecedentes: Toma de conocimiento de la Exploración Anocarire; Carta de Andex Minerals Chile SpA, de 8 de octubre de 2020; Oficio Ord. N° 1184, solicitando antecedentes adicionales; Carta de Andex Minerals Chile SpA dando respuesta a la solicitud de antecedentes adicionales; y Carta de Andex Minerals Chile SpA ,adjuntando formulario de inicio de exploración de 2 de noviembre de 2020.

Finalmente, informó en su oportunidad el SAG de la Región de Arica y Parinacota, señalando que no detenta las competencias para fiscalizar la materia referida (Yareta), las cuales están entregadas a CONAF mediante la Ley 20.283/2008, que establece a dicho organismo como el ente fiscalizador. Por otro lado, hace presente que respecto al Proyecto "Explotación Cerro Anocarire", al no haber ingresado al SEA, no se ha tomado conocimiento de éste ni ha sido requerido para pronunciamiento alguno.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, se advierte que la acción cautelar objeta el inicio y la ejecución del Proyecto Exploración Anocarire por parte de Andex Minerals Spa., consistente en la construcción y habilitación de 6 sondajes de prospección o exploración minera, afectando la flora y fauna del sector protegido, provocando la posible muerte de camélidos y afectando también la calidad de vida de las comunidades del sector. Aduce también contaminación acústica y afectación de sitios ceremoniales y arqueológicos del Cerro Anocarire, aseverando que los hechos que denuncia son de ejecución permanente, y en consecuencia, el plazo de 30 días para presentar el recurso de protección, se renueva y mantiene día a día, a lo que agrega que recién el 25 de febrero del presente año, recibió información que le permitió constatar la afectación cierta de la flora resguardada que se encuentra ubicada en el Área de Desarrollo Indígena, deduciendo la acción constitucional el 25 de febrero del presente año.

SEXTO: Que, a juicio de esta Corte, aun cuando la situación reclamada pudiera haberse mantenido en el tiempo, no es viable sostener que la recurrente dispone de un plazo indeterminado o impreciso para interponer la presente acción cautelar, cuestión que de ser interpretada de ese modo afectaría el principio de certeza jurídica.

Por lo anterior y tal como lo señala el artículo 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, el plazo de 30 días para presentar esta acción constitucional, debe contarse desde la fecha del acto u omisión o desde que se tuvo conocimiento o noticia del mismo, lo que de acuerdo a los propios asertos de la recurrente, ocurrió el 19 de noviembre de 2018, fecha en la que presentó la denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente por la contaminación provocada por las faenas de exploración en el cerro Anocarire.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, debe señalarse que el asunto ya se encuentra sometido bajo el imperio del derecho, tanto por vía administrativa como jurisdiccional.

En efecto, de acuerdo a lo expuesto por la Superintendencia del Medio Ambiente, estos hechos ya fueron denunciados y tramitados ante dicho organismo, ordenándose su archivo por falta de méritos, pues conforme a la exigua cantidad de sondajes, no procedía que se sometiera el proyecto a una evaluación de impacto ambiental. Además, existe otra denuncia al respecto, presentada el 1 de diciembre de 2020, misma que se encuentra en actual tramitación, existiendo la posibilidad que la denunciante ejerza todos sus derechos y recursos en dicha sede, específicamente el recurso de reposición y el reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental competente.

Por otro lado, de acuerdo al informe de la CONAF, dicho organismo, al constatar in situ la destrucción de especies nativas, con fecha 28 de enero de 2021, hizo la denuncia respectiva ante el Tercer Juzgado de Policía Local, en donde se tramita la causa Rol N°131-2021 LQ.

Con lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por la nombre reservado, deducido en contra de ANDEX MINERALS SpA.

Redactada por el ministro José Delgado Ahumada.

No firma el Ministro Mauricio Silva Pizarro, quien no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, se encuentra con permiso conforme el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 45-2021 Protección.