Protección contra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE CHINCHORRO

Arica, dieciséis de enero de dos mil veinticinco.

VISTO:

A folio 1 comparece Renato M. Solar Espinoza, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE CHINCHORRO, representada por don nombre reservado, a fin de que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de Resolución Exenta N° 8097 de fecha 11 de Noviembre de 2024, notificada en la misma fecha, que dispuso la no renovación de la contrata a contar del 31 de diciembre de 2024, estimando que este acto vulnera el Nº 2 del artículo 19 de la Carta Magna, y se ordene todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del Derecho, invalidando dicho acto administrativo y se disponga tanto la reincorporación de la recurrente como el pago de todas las remuneraciones devengadas durante la separación y hasta la efectiva reincorporación.

Sostiene que ingresó a prestar servicios el 1 de julio de 2019, como profesional asimilado a grado 15 (EUS) bajo la modalidad de contrata por Resolución exenta N° 7 de 1 de julio de 2019 y por Resolución Exenta N° 125934/2/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 ascendió a grado 11 (EUS a partir del 1 de octubre de 2019. Todo lo anterior bajo la forma de una contrata, conforme a los artículos 3º letra c) y 10, de la Ley Nº 18.834.

Pertenece a la unidad de adquisiciones, dependiente de la subdirección de administración y finanzas la cual es de carácter permamente y fundamental para el funcionamiento del SLEP y el abastecimiento de todos los establecimientos educacionales públicos de las comunas de Arica, Carmarones, General Lagos y Putre.

Fue renovada para los siguientes períodos:

1.- Primera Renovación: del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.020.

2.- Segunda Renovación: del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

3.- Tercera Renovación: del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.022.

4.- Cuarta Renovación: del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.

5.- Quinta Renovación: del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024.

De esta forma, le asiste la protección del principio de confianza legítima, según el cual, la decisión de no prorrogar la contrata, sólo puede fundarse en razones disciplinarias o de deficiente calificación funcionaria, lesionándose con su incumplimiento la Garantía de Igualdad Ante la Ley estatuida en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y por tanto la resolución impugnada es arbitraria e ilegal.

Cita Jurisprudencia de nuestro máximo tribunal en abono de su tesis.

La unidad de adquisiciones es de carácter estable y esto se desprende de la Resolución N° 7879 de fecha 29 de octubre de 2024,que establece la organización interna del Servicio Local de Educación Pública Chichorro, lo que es coincidente tanto en su permanencia, habitualidad, competencias, y/o funciones y como parte integrante de la subdirección de administración y finanzas.

El 11 de noviembre de 2024, la recurrente recibió la Resolución Exenta N° 8097 de fecha 11 de noviembre de 2024 que contiene la decisión de no prorrogar la contrata, pese a que le asiste el derecho a la confianza legítima, según se desprende del motivo o considerando sexto de dicha resolución Sin embargo, estima que el acto impugnado es arbitrario e ilegal, dado que en el considerando 8 supuestamente se justificaría, en cuanto se eliminaría la unidad de compras para darle paso una nueva unidad denominada de adquisiciones, dando como fundamento que esta se enfocaría principalmente sólo en la gestión de la compra de manera directa con los establecimientos educacionales. Por ende, en la realidad no fue suprimida la unidad de compras como falsa y arbitrariamente lo señala el servicio, sólo cambió de nombre.

Agrega que en el considerando 9 se intenta establecer como fundamento o motivación de la resolución el hecho que la unidad de adquisiciones pasará de un modelo piramidal o jerárquico a uno horizontal y trasversal, sin supervisor y solo con profesionales de adquisición en línea, dando a entender falsamente que por su grado 11 de la EUS y la resolución REX 7879/2024 del 29 de octubre de 2019, que estableció la nueva orgánica del servicio, sería supervisora, y no una simple profesional de compras o adquisiciones, como efectivamente lo era a esa fecha.

Lo anterior se refuerza en el considerando 15 de la resolución impugnada señalando falsamente que en virtud la REX N° 7879/2024 que establece la organización interna del servicio, el puesto y funciones de doña nombre reservado dejaría de existir, pese a que en la realidad dicha resolución nada dice sobre grados económicos que deben tener los profesionales de adquisiciones, a diferencia de la resolución impugnada que dice que los profesionales de adquisiciones fluctuaran solo entre los grados 12 y 15, insistiendo en la idea que la recurrente es supervisora o adquirió dicho grado 11 en tal calidad, cuando la realidad es que ella se desempeña como profesional de compras y no como supervisora, según se reconoce en la propia resolución impugnada en su considerando 7.

Como quiera que sea, la vaguedad de los argumentos ofrecidos en el motivo 9, obliga a concluir que no se cumple con la exigencia de la motivación del acto administrativo, vulnerando los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880, cuestión que determina su ilegalidad, resultando arbitrario, además pues las razones ni se condicen con lo reflexionado por la Jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, ni dicen relación con su motivación real.

Estima vulnerado el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al brindar a la accionada un trato discriminatorio frente a otros funcionarios que pueden continuar sirviendo su cargo a contrata, siendo esta una excusa para poner término a su contrata, por lo que pide que se declare que la RESOLUCION EXENTA N° 8097 de fecha 11 de Noviembre de 2024, es ilegal y arbitrario, por infringir aquella garantía de Igualdad Ante La Ley, se invalide dicho acto administrativo y se ordena la reincorporación de la doña nombre reservado a su puesto de trabajo, ordenando el pago de todas las remuneraciones devengadas durante el periodo de separación.

A folio 8 informa la recurrida que su actuación se enmarca dentro del D.F.L. N° 39 de 2018, se fijó la planta de personal del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro y el artículo 22 de la Ley Nº 21.040, que establece sus atribuciones.

Sostiene que la no renovación de la contrata alegada tuvo su motivación en la resolución exenta 7879/2024, que establece la organización interna del Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, siendo estos motivos latamente explicados en el acto recurrido, actuándose conforme lo sostenido por la Contraloría General de la República, entre otros, en los dictámenes Nos 13.576, de 2019 y E156769 de 2021, que ha indicado que la modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, o la supresión o modificación de planes, programas o similares, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias, son supuestos que podrían servir de fundamento para prescindir de su vínculo, en la medida que tales hechos se encuentren suficientemente acreditados mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión.

Así, la no renovación de la contrata de la actora no constituye un acto ilegal o arbitrario, y resulta evidente que no pudo vulnerar o embarazar derechos constitucionales susceptibles de ser resguardados por la acción de protección y no es un trato discriminatorio, pues, no se le está dando un tratamiento distinto al de otros funcionarios que se encuentren en la misma situación.

En el caso que la recurrente no esté de acuerdo con las motivaciones del acto recurrido, ello es materia de un juicio de lato conocimiento que excede a las materias propias de una acción constitucional como la ventilada en autos.

Pide tener por evacuado informe y rechazar el recurso de protección.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en el caso concreto, el acto cuya declaración de ilegalidad y arbitrariedad se pretende es la Resolución Exenta N° 8097 de fecha 11 de Noviembre de 2024, notificada en la misma fecha, que dispuso la no renovación de la contrata a contar del 31 de diciembre de 2024 de la recurrente, por la recurrida SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE CHINCHORRO.

CUARTO: Que, tal como ha señalado nuestro máximo Tribunal, en sentencias rol 52.601-2023; 141.541-2022 133.186-2022, entre muchas otras, que la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3º, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala precisamente que son aquellos de carácter temporal que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley.

Por otra parte, la determinación que la persona nombrada prestará sus labores “mientras sus servicios sean necesarios” entrega a la Administración la facultad de poner término a sus prestaciones con anterioridad al cumplimiento del periodo establecido. Es una habilitación consignada en su nombramiento, que guarda relación con el carácter temporal del mismo.

QUINTO: Que, sin embargo, la máxima autoridad Judicial también ha señalado que de conformidad a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se exige a la Administración que sus decisiones contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que las sustenten.

En este sentido, la no renovación de una contrata, como cualquier acto administrativo, debe satisfacer los estándares de motivación, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad. Es así como el artículo 11 inciso segundo del referido texto legal, previene la obligación de motivar en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y fundamentos de derecho que afecten los derechos o prerrogativas de las personas. A su turno, también el artículo 41 inciso cuarto del aludido texto legal dispone que “las resoluciones que contenga la decisión, serán fundadas”. Proceder que, por lo demás, se hace enteramente exigible por mandato del artículo 8 ° de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, además, se ha resuelto que tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata, como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculado con la Administración por un determinado número de años, violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, existiendo un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas.

Dicho principio entraña que sólo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita.

SÉPTIMO: Pues bien, en busca de un criterio unificador, la Excma. Corte Suprema ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración.

OCTAVO: Que, atendido lo razonado, del mérito de los antecedentes de autos, surge de manifiesto que la recurrente se ha desempeñado por más de cinco años para la recurrida y que el acto administrativo de no renovar su contrata no cumple con los requisitos latamente explicitados, desde que no se explica de que forma la no renovación de la contrata permitiría llevar a efecto las modificaciones que pretende, más aún cuando en parte alguna se ha indicado que la recurrente se ha desempeñado en un plan o programa, sino que la evidencia muestra que se desempeñaba en el área de adquisiciones, función esta última que se mantiene en la nueva estructura fijada por la administración.

NOVENO: Que también conviene recordar que, si bien la autoridad se encuentra facultada para disponer la reestructuración del servicio, y los consecuentes cambios y modificaciones a los funcionarios, debe respetar las condiciones que se encuentren amparadas por el principio de la confianza legítima, tal como ha resuelto la Excma. Corte Suprema en sentencia de 2 de enero de 2025, en causa Rol 87695-2023.

Así, resulta que la recurrente goza de confianza legítima, como ya se dijo, respecto del grado 11° en la Escala Única de Remuneraciones que ostenta desde el año 2019, a la vez que el mismo no obedece a un cargo de jefatura o de dirección que haya sido eliminado en la nueva estructura de dicho servicio.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE CHINCHORRO, representada por don nombre reservado, debiendo reincorporar a la actora a sus funciones y cancelar íntegramente las remuneraciones que se haya devengado entre su separación y su reintegro.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Rol N°448-2024 Protección.