Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

Arica, catorce de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, e interpone recurso de amparo en favor de nombre reservado, peruana, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, haberle impedido la entrada al país, solicitando se restablezca el imperio del derecho ordenando a la recurrida garantizar la libertad ambulatoria de la amparada.

Funda su acción en la amparada junto a su conviviente fueron objeto de control de detención y comunicada su decisión de no perseverar en el procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, dejándose sin efecto la formalización por lesiones menos graves (recíprocas), quedando aquella ejecutoriada el mismo día, sin condena ni consecuencias jurídicas para ninguno de los involucrados.

Refiere que, no obstante ello, la recurrida le ha prohibido reiteradamente el ingreso al país, fundado en antecedentes inexistentes y citando de forma genérica el artículo 32 N°3 y 5 de la Ley 21.325, sin individualizar hechos ni motivaciones concretas que sustentes una decisión de dicha naturaleza, constituyendo una actuación ilegal y arbitraria.

Lo anterior consta del Certificado de Impedimento de Ingreso al país y la puesta en práctica del impedimento del Certificado de viaje, corroborado con el certificado de movimientos migratorios de Migraciones del Perú, dan cuenta de que la negativa de ingreso se ha producido en distintas fechas, esto es, el 13 de enero y 6 de marzo de 2025, configurándose una afectación permanente y actual respecto del derecho a ingresar a territorio nacional.

Agrava lo anterior el mantener lazos familiares y afectivos en Chile, como ocurre con el conviviente, quien posee residencia temporal y trabajo formal en Arica, a quien la recurrida le otorgó poder notarial para regularizar su ingreso.

En cuanto a las garantías esgrimidas como afectadas, cita la igualdad ante la ley, al aplicar una restricción sin causa justificada ni fundamento legal real; el derecho a la libertad personal y seguridad individual, al impedirle el libre desplazamiento y tránsito, sin existir sentencia condenatoria ni proceso pendiente, configurándose una privación arbitraria de su derecho a circular; el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos, al imponerle una prohibición basada en hechos inexistentes y desproporcionada frente a su situación migratoria; y el derecho de propiedad al afectar el legítimo interés en mantener su vida familiar y estabilidad personal en el país, vinculado a su proyecto de vida y desarrollo personal junto a su conviviente.

Por lo anterior, solicita se acoja el recurso, declarando que la decisión es ilegal y arbitraria ordenando a la recurrida permitir el ingreso regular de la recurrente al país, adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos fundamentales, con costas.

En su oportunidad, informa la Policía de Investigaciones, alegando en primer lugar la extemporaneidad de la acción de protección, toda vez que consta del Certificado de Impedimento de Ingreso que ello ocurrió el 06 de marzo de 2025, excediendo con creces el plazo estipulado en el auto acordado para su interposición, toda vez que de aquello se toma conocimiento el mismo día de aquello.

En cuanto al fondo, señala que conforme a los antecedentes internos, la recurrente registra una Prohibición de Ingreso de 06 de marzo de 2025, referida a un egreso irregular del territorio nacional, indicando la entrevistada que venía al país a realizar turismo pero al consultar sus viajes registra salida del país el 13 de febrero de 2024 sin control de entrada al país, no acreditando su estadía ni ingreso de manera regular en Chile, además de contar con una detención lesiones leves en violencia intrafamiliar.

Agrega que conforme a lo que dispone el artículo 32N°3 de la Ley 21.325, se prohíbe el ingreso del país a los extranjeros que intenten ingresar o egresar del país o hayan ingresado o egresado por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en los cinco años anteriores.

Por lo referido, la prohibición de ingreso no es un acto arbitrario de la autoridad migratoria, sino una imposición legal que obliga a la Policía de Investigaciones de Chile a prohibir el ingreso al país de los que hayan salido o intentado salir del país de manera irregular, como ocurrió en autos, debiendo el Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse sobre la sanción que lleva aparejada la infracción cometida, con lo que se configura la causal de prohibición imperativa.

Así, se emitió el certificado de prohibición de ingreso, del cual se dio cuenta al Servicio Nacional de Migraciones, actuando conforme a la normativa legal aplicable y vigente y en el uso de las atribuciones entregadas por la ley, dando cabal cumplimiento a las obligaciones impuestas por la norma, no existiendo en definitiva ningún actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, por lo que procede el recurso, por extemporáneo o en subsidio, por carecer de sustento fáctico y legal.

Se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la República, el recurso de amparo puede ser deducido a favor de toda persona que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o las leyes, a fin de que se guarden las formalidades legales y se adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que el presente recurso se funda en el supuesto hecho de que el recurrente habría sido limitado en su derecho a la libertad personal al no habérsele permitido ingresar al país, señalando que el acto formal se fundaría en un proceso penal respecto del cual el Ministerio Público en su oportunidad adoptó la decisión de no perseverar en el procedimiento.

TERCERO: Que, en primer lugar, la recurrente aduce la extemporaneidad del recurso, fundado en que el certificado de prohibición de ingreso da cuenta que el hecho que funda la acción ocurrió el día 06 de marzo de 2025, razón por la cual habría transcurrido con creces el plazo de 30 días que establece el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de protección.

CUARTO: Que, sin perjuicio de reconocer la recurrente la fecha antedicha, sostiene que la vulneración es de efectos permanentes, por el hecho de haber ocurrido en varias ocasiones, citando además una fecha anterior en que habría ocurrido.

QUINTO: Que, atendida la finalidad del recurso de protección, que dice relación con actos u omisiones que representen perturbación o amenaza a las garantías que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, no consistiendo lo denunciado en un acto permanente, sino particular y específico, y que tal como lo reconoció la recurrente, ello acaeció en solo dos oportunidades precedentemente, por lo que no puede sino entenderse que la vulneración ocurrió el 06 de marzo pasado, habiendo transcurrido con creces el plazo establecido en el Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, no puede soslayarse que la actora el mismo 06 de marzo de 2025, día en que se le notificó la prohibición, ingresó y egresó del país sin limitación alguna, lo que implica que dicha prohibición no afecta las garantías fundamentales esgrimidas, habiendo por tanto perdido oportunidad el recurso, conforme se desprende de la propia documentación acompañada por la recurrente.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de doña en favor de nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Se previene que la abogada integrante doña Sandra Negretti concurre a la decisión teniendo únicamente en consideración lo señalado en el considerando sexto del fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor José Delgado Ahumada.

Rol N° 440-2025 Protección.