nombre reservado CONTRA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

C.A. de Arica Arica, tres de febrero de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece Anuar Quesille Vera, abogado, Defensor de los Derechos de la Niñez, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana y deduce en representación de los TRESCIENTOS CINCO LACTANTES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES que identifica con sus números de cédula de identidad, recurso de protección en contra del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA con domicilio en domicilio reservado, representado por la Ministra de Desarrollo y Familia Sra. nombre reservado; SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, domiciliada en domicilio reservado, representado por nombre reservado; SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ con domicilio en domicilio reservado, representado por la Subsecretaria de la Niñez doña nombre reservado y en contra de la DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, domiciliada en domicilio reservado, representada por la Delegada Presidencial Arica y Parinacota.

Expone que atendiendo su mandato de promoción, difusión y protección y derechos humanos de lactantes, niños, niñas y adolescentes, se ha requerido al Estado Administrador, representado para estos efectos por los recurridos, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, su Secretaría Regional Ministerial de Arica y Parinacota, Subsecretaría de Niñez y Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, el cumplimiento de sus obligaciones legales, para que se otorgue a todo niño, niña y adolescente que se encuentre en un contexto de desalojo, sin discriminación alguna, las condiciones de vida digna que les asegure la protección de su vida, integridad física y psíquica.

Precisa que tomó conocimiento, a través de una comunicación realizada por el Ministerio Público el 18 de noviembre de 2024, del procedimiento de desalojo iniciado ese mismo día en el sector denominado Cerro Chuño, de la comuna de Arica, desalojo que fue ordenado por la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota mediante la Resolución Exenta N° 478, de 14 de agosto de 2024.

Explica que en lugar han sido desalojadas y permanecen en riesgo de desalojo, un número indeterminado de familias, entre las que existen grupos familiares de nacionalidad chilena y venezolana. Debido a este desalojo, los lactantes, niños, niñas y adolescentes individualizados en la presente acción han sido expuestos a graves situaciones de desprotección, sin que el Estado, por las omisiones de los recurridos en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, esté resguardando sus derechos.

Afirman que, tras asistir al lugar, constataron que no se notificó previamente del desalojo a las familias, tampoco se adoptaron medidas adecuadas para resguardar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes individualizados.

En consideración de lo observado y lo informado por las familias de los niños, niñas y adolescentes, se interpone la presente acción de protección para asegurarles, la restitución y protección de sus derechos fundamentales, ya que la realización del desalojo fue un procedimiento en el que no existieron las intervenciones institucionales correspondientes para resguardar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes afectados por el proceso.

Afirma que los recurridos no generaron las coordinaciones interinstitucionales previas para resguardar adecuadamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido y están siendo desalojados en Cerro Chuño, considerando además que muchos de los recurrentes y sus familias tuvieron que huir de su país de origen como consecuencia de las vulneraciones a sus derechos que allí enfrentaban, sin que, a esta fecha, los recurridos hayan ejecutado las acciones que cumplan con su obligación legal de proteger sus derechos en Chile.

Acusa que la decisión de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota de desalojar el sector de Cerro Chuño, sin que haya planificado y desplegado acción alguna destinada a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes allí residentes, contradice abiertamente el mandato legal contenido en el DFL N°1, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley orgánica Constitucional N°19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, en lo que respecta a lo establecido en el artículo 2° letra b), que dispone su obligación de “Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes”. Lo anterior no fue, en momento alguno, considerado por el recurrido, quien sólo se limitó a disponer la intervención de la fuerza pública para desalojar a los niños, niñas y adolescentes y sus familias, sin consideración alguna a la necesidad de protección que éstos requieren en razón de la obligación que pesa sobre el Estado de Chile, de manera reforzada, de asegurar el ejercicio de los derechos a todo niño, niña y adolescente, sin discriminación alguna.

Debido a la falta de planificación y coordinación, se está generando un desplazamiento de familias hacia otros asentamientos irregulares, incluso a lugares que ya han sido desalojados en el pasado, lo que da cuenta de la falta de previsión y la desorganización que ha existido en la realización de este desalojo, observándose que no existe un plan relocalización y/o reubicación para los niños, niñas y adolescentes y sus familias, que están quedando sin hogar, afectándose su derecho a una vivienda digna.

Precisa que la realización de este desalojo ha generado serias afectaciones psicológicas en niños, niñas y adolescentes, que ven como ellos y sus familias son arrebatados de sus hogares sin aviso previo, ya que la notificación a las familias se realizó el mismo día que comenzó el desalojo, horas antes y de forma verbal. La falta de preparación y articulación por parte del Estado en la realización de este procedimiento ha implicado un quiebre en trayectorias de intervención, comunitarias, educativas y de salud de los recurrentes que habitan y habitaban en este lugar.

Tampoco se generaron para las familias oportunidades de asesoramiento jurídico y técnico frente a la situación de desalojo que iban a enfrentar, ni se les dio un espacio para que fueran asesorados por profesionales que les permitan presentar una defensa jurídica de sus derechos.

Destaca que salvo la entrega intermitente de colaciones frías por parte de la Oficina Local de la Niñez, no ha existido por parte de los recurridos entrega de alimentos esenciales, agua potable ni vestimenta apropiada para los niños, niñas y adolescentes que están siendo desalojados y quedando en situación de calle. En este contexto, frente a la inacción del Estado, la organización World Vision (organismo de la sociedad civil), que atiende a más de 150 niños, niñas y adolescentes entregando apoyo educativo, ha tenido que destinar parte de sus recursos para ampliar su cobertura de atención, recibiendo a más usuarios, brindando alimentación fría y caliente.

Por último, no se identifica en el terreno la provisión de servicios médicos esenciales para que se atiendan oportunamente necesidades de salud físicas y mentales de los niños, niñas y adolescentes que están siendo desalojados, a pesar de que en el lugar se podía percibir un fuerte olor a gas, de lo que ya se ha puesto en conocimiento a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región.

En cuanto a las garantías vulneradas cita las previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y la normativa internacional aplicable como el interés superior del niño en relación a la supervivencia y vivienda, las particularidades de la niñez migrante y los derechos de todo niño, niña y adolescente frente a un procedimiento de desalojo ordenado por el Estado Pide que se ordene a los recurridos dar cuenta a esta Ilustrísima Corte sobre las medidas adoptadas y el plan de acción que resguarde la vida, integridad física y psíquica de los lactantes, niños, niñas y adolescentes individualizados, indicando, de manera pormenorizada, los plazos y actividades para su desarrollo, en el plazo que SS. Ilustrísima disponga, de manera de que aseguren cumplir con el deber del Estado de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

Ejecutar las acciones de coordinación interinstitucional, conforme determinen en razón de sus obligaciones legales, que le aseguren, a los lactantes, niños, niñas y adolescentes individualizados: i. Alimentos esenciales, agua potable y saneamiento; ii. Alojamiento básico y vivienda, incluyendo, pero no limitado a, la habilitación en el menor tiempo posible de albergues transitorios para todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias que han sido y serán desalojados y no tengan lugar para vivir. iii. Vestimenta apropiada; iv. Servicios médicos esenciales, incluyendo atención psicológica, para garantizar la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes individualizados y v. Educación continua para los niños, niñas y adolescente e instalaciones para su cuidado.

Se decrete cualquier otra medida que esta Ilustrísima Corte estime conducente para restablecer el imperio del derecho en el caso de autos.

Informando la DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, pidió el rechazo explicando que la naturaleza del desalojo fue de carácter administrativo, y ello se encuentra dentro de las facultades que poseen las Delegaciones Presidenciales acorde a las atribuciones DFL 1, del 2005 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.

En ese orden de ideas, existió una cronología de las diversas coordinaciones, reuniones que se llevaron a cabo para cumplir con los protocolos básicos y en la dictación de la Resolución Exenta N° 478/2024 la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota no se actuó de manera arbitraria y caprichosa, habiendo el Seremi de Bienes Nacionales de esta Región, acompañado los antecedentes necesarios y suficientes para evaluar el contenido de su petición. Petición que además es complementada con un hecho cierto y de lato conocimiento, respecto a que, el sector de Cerro Chuño se ha visto mermado por una serie de hechos delictuales y estancia de extranjeros, vinculados mayormente al crimen organizado, a modo de ejemplo, se pudieron detectar que células del Tren de Aragua se encontraban alojadas y escondidas en el sector de cerro chuño, provocando una sensación de inseguridad para el resto de la población ariqueña, por lo que existía este factor de peligrosidad asociado al sector.

Añade que con la finalidad de restablecer el orden público y evitar que se continúe con la ocupación ilegal del inmueble fiscal, el Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota solicitó que se decretara un desalojo administrativo con auxilio de la fuerza pública. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 1.939 de 1977, que otorga a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, la facultad de administrar y gestionar el patrimonio fiscal a través de las facultades de adquisición, administración y disposición de inmuebles fiscales. De la sola lectura de dicho acto administrativo se colige que el mismo se encuentra debidamente fundado, exponiendo en su parte considerativa las motivaciones que exigen hacer uso de la facultad legal concedida a la administración.

Adicionalmente y para garantizar eventuales prerrogativas de los afectados, se incorporó en la Resolución en el punto 4 del resuelvo del acto administrativo que debe ser notificado a los ocupantes irregulares en conformidad al artículo 45 y 46 de la Ley 19.880 para que éstos pudiesen efectuar la entrega voluntaria del inmueble, o aportar antecedentes que justificasen su ocupación. Todo lo anterior en el ejercicio de atribuciones legales claramente definidas, lo que priva a la resolución de cualquier ilegalidad.

Finalmente, el recurso debe ser rechazado en atención a que los supuestos derechos invocados por los recurrentes no resultan indubitados, la legalidad en el actuar de los entes públicos involucrados emanada de la Ley N° 19.175 y DL de Hacienda N° 22 del año 1959, la total razonabilidad y la inexistencia de derechos constitucionales violados.

En su oportunidad informó María Paz Alfaro Julio, Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia por si como por la Subsecretaria de la Niñez y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia y también requirió el rechazo del recurso en lo medular por no existen omisiones arbitrarias o ilegales atribuibles a las instituciones recurridas. Por el contrario, su Ministerio desplegó las acciones de coordinación, supervisión y articulación intersectorial procedentes, a fin de prevenir una posible vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y sus respectivos grupos familiares en el marco del desalojo materia de los presentes autos.

Que, en efecto, las acciones implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia han sido inmediatas y efectivas para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados y garantizar así su protección integral, lo que aconteció una vez tomado conocimiento del procedimiento de desalojo en comento. Entre éstas su participación en mesas de trabajo intersectoriales. La SEREMÍA lideró reuniones con actores clave, como la Oficina Local de la Niñez, el Servicio Local de Educación Chinchorro, y organizaciones internacionales como UNICEF, para coordinar estrategias de respuesta.

Durante la semana del 2 al 6 de diciembre, se efectuaron reuniones de coordinación entre la Oficina Local de la Niñez y las duplas psicosociales de los establecimientos educacionales que presentan casos asociados al desalojo, en el marco de la gestión integrada de casos. Asimismo, se realizó una reunión de análisis y coordinación entre UNICEF y la Coordinadora Regional de Niñez y Adolescencia.

El miércoles 4 de diciembre, la SEREMÍA de nombre reservado y Familia, en conjunto con la Coordinadora Regional de Niñez y Adolescencia, participó en el Comité de Niñez y Adolescencia en Contexto de Movilidad Humana, convocado por la Defensoría de la Niñez. En dicha instancia, se presentó el plan de acción ejecutado en el contexto de la crisis migratoria en la frontera durante el año 2023, vinculando estas iniciativas con las acciones desarrolladas en el marco del desalojo de Cerro Chuño.

Por otra parte, también existió una intervención territorial ya que desde el 18 de noviembre de 2024, se desplegaron equipos en el territorio para realizar levantamientos de información y gestionar las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

En este contexto, el lunes 9 de diciembre de 2024, se llevó a cabo una reunión de monitoreo y acompañamiento entre la Oficina Local de la Niñez y el equipo regional de niñez de la SEREMÍA, con el propósito de evaluar el estado de avance de las acciones implementadas. Por otra parte, desde la SEREMI de nombre reservado y Familia se ha planteado la necesidad de desarrollar estrategias específicas de intervención en el territorio, atendiendo a casos detectados de NNA con afectaciones en su salud.

Adicionalmente, se efectuó una visita al lugar de los hechos, en conjunto con la Directora Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS y la SEREMI de Bienes Nacionales, con el objeto de identificar y analizar situaciones particulares.

Existió también una sistematización de datos ya que se consolidó un catastro de los NNA afectados, clasificando 302 casos en protección universal, especializada e integrada.

Por último se brindó atención en salud en conjunto con la SEREMI de Salud, organismo competente para fiscalizar materias como la higiene y seguridad del ambiente, y asimismo, concertar planes de promoción de la salud en los territorios junto a las municipalidades, organizándose operativos médicos en centros cercanos al sector, atendiendo a niños, niñas y adolescentes con afecciones respiratorias, nutricionales y psicológicas y se activaron redes de apoyo, articulando el trabajo con las Oficinas Locales de la Niñez y derivando casos prioritarios a instituciones especializadas para garantizar la continuidad del apoyo.

Que, respecto de tales acciones y medidas, difícilmente puede predicarse que adolecen de ilegalidad o arbitrariedad, toda vez que han sido realizadas, precisamente, conforme al mandato legal de los organismos recurridos, y cumpliendo con los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos aplicables a esta materia.

Finalmente, es dable indicar que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Arica y Parinacota y la Subsecretaría de la Niñez reiteran su compromiso con la promoción y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme a lo dispuesto en la Ley N°20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica los cuerpos legales que indica, en la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Se trajeron los autos en relación CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de las recurridas fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se han vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, las omisiones consideradas por el recurrente como ilegales y arbitrarias dicen relación con no generar las coordinaciones interinstitucionales previas para resguardar adecuadamente los derechos de los lactantes, niños, niñas y adolescentes que fueron y están siendo desalojados en el Cerro Chuño, reprochándose que la decisión de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota de desalojar el sector de Cerro Chuño, sin la debida planificación y sin el despliegue de acciones destinadas a su protección causó una vulneración a sus derechos constitucionales que debe ser enmendada por la presente acción cautelar.

CUARTO: Que, cabe tener presente que la presente vía exige la existencia de derechos indubitados que resulten amagados por el actuar ilegal o arbitrario de las personas en contra de quienes se recurre, lo que no se observa en los hechos previamente reseñados, pues existen las normas legales que respaldan el actuar de la recurrida que instó por el desalojo de un inmueble fiscal y las medidas concretas adoptadas por las otras recurridas en favor de los recurrentes, trasladándose en consecuencia, la discusión al escenario de los principios de la protección de la niñez como marco regulador en dicho procedimiento de desalojo.

QUINTO: Que, en este escenario el recurso de protección según se observa se interpone como una especie de mecanismo para garantizar el control de los deberes de las recurridas, quienes de acuerdo con los dichos de quien recurre no fueron cumplidos a cabalidad en el contexto de un desalojo.

Que, en este punto no escapa a esta Corte de Apelaciones que los fines que persigue la presente acción constitucional -basta leer su petitorio- dicen relación con la adopción de medidas de políticas sectoriales referidas a materias de vivienda, salud y educación, las que escapan de las competencias de un Tribunal de Alzada ya que no son materia de un recurso de protección, máxime que éste ha sido deducido en favor de trescientos cinco sujetos de derecho que no han sido debidamente identificados por el recurrente, respecto de las cuales en algunos se señalan sólo iniciales y de los cuales desconoce sus cédulas, lo que implica transformar el recurso en una acción popular que resulta del todo improcedente.

SEXTO: Que, no cabe sino concluir que en definitiva se reclama la omisión de las políticas sectoriales que no fueron aplicadas en el procedimiento de desalojo para asegurar alimentación, vivienda, educación y salud en los términos que se reclama y exige para los afectados, ámbito que constitucionalmente está entregado exclusivamente a otro poder del Estado.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido en representación de los lactantes, niños, niñas y adolescentes singularizados en el folio 1.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 438-2024 Protección.