Protección contra TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Arica, ocho de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado, abogado y actuando por si recurre de protección en contra de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por su Tesorero General.

Explica que fue notificado por correo electrónico de su inclusión como deudor moroso de “impuestos y/o créditos fiscales” con despacho de mandamiento de ejecución y embargo, requerimiento de pago y apercibimiento de embrago, todo ello invocando los artículos 168 y 171 del Código Tributario.

Recurre de protección ya que la deuda CAE que mantiene de $3.703.750 tiene naturaleza civil o contractual, pues se origina en un contrato de mutuo entre una institución financiera y el estudiante, en el cual el Estado interviene solo como garante o aval, por lo que resulta improcedente que Tesorería utilice el procedimiento ejecutivo tributario (Titulo V, libro III del Código Tributario), reservado exclusivamente para obligaciones tributarias.

En cuanto a las garantías cita las previstas en los numerales 2, 3 inciso quinto, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se deje sin efecto el mandamiento de ejecución y embargo y que la recurrida se abstenga de iniciar o continuar cobros CAE fuera del marco de los artículos 16, 17 y 18 bis de la Ley N° 20.027.

Informando Tesorería General de la República pidió el rechazo del recurso de protección con costas, haciendo presente que, según la Cuenta Única Tributaria, consta de una deuda fiscal por CAE a nombre del recurrente, formulario 34, folio N° 278231 por $3.703.750, fue demandada ejecutivamente en el expediente administrativo N° 12613-2026 de Arica. El 4 de junio de 2026 se confeccionó la nómina de deudores morosos y se despachó mandamiento de ejecución y embargo, notificado por correo electrónico el 5 de junio de 2026, informándose expresamente el plazo de 10 días hábiles para oponer excepciones conforme al artículo 176 del Código Tributario.

Pide rechazar el recurso por la improcedencia de la vía utilizada ya que el recurso de protección no puede sustituir el procedimiento ejecutivo especial que la ley estableció en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario en relación con los artículos 30 y 35 del DL 1263 que contempla título ejecutivo, notificación, oposición de excepciones y control judicial posterior.

Por otra parte, también resulta improcedente contra actuaciones de un procedimiento especial de cobro dictadas dentro de un expediente ejecutivo reglado, en el que el Tesorero actúa como juez sustanciador por mandato legal y la materia discutida constituye una controversia jurídica compleja, no apta para la vía cautelar y urgente del recurso de protección.

Finalmente el sistema CAE de la Ley N° 20.027 opera en dos etapas, mientras el crédito está en manos de la institución financiera, rige el régimen bancario civil, pero una vez que la Comisión Ingresa hace efectiva la garantía estatal, la acreencia se incorpora al patrimonio fiscal registrándose mediante formulario 34, la deuda pasa a ser un crédito fiscal o del sector público, cuya cobranza corresponde legalmente a la Tesorería conforme al artículo 35 del DL 1263, que ordena aplicar los procedimientos del Código Tributario “cualquiera sea la naturaleza del crédito”

Afirma que el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027 no excluye el Código Tributario, sino que reconoce la facultad de cobro coactivo de Tesorería, y que los artículos 13 y 14 de dicha ley, al remitir al “Título V” aluden al Título V de la propia Ley N° 20.027 y no al Código Tributario, sin que ello implique una prohibición de aplicar el régimen general de cobranza fiscal una vez ingresada la acreencia al ámbito público. El procedimiento del Título V del Código Tributario no se limita a impuestos en sentido estricto ya que existen otros créditos no tributarios cuya cobranza también se rige por dicho estatuto como multas del Banco Central, SERVEL, Dirección del Trabajo, SENCE, SAG entre otros. De aceptar la tesis del recurrente se vaciaría de eficacia el sistema de cobro entregado a la Tesorería, ya que conforme al Dictamen N° 54.539 del año 2011, El Consejo de Defensa del Estado carece de facultades para cobrar estos créditos, siendo Tesorería el único órgano legalmente obligado a ejercer dicha cobranza mediante el procedimiento ejecutivo del Código Tributario.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario atribuida a la recurrida consiste en haber iniciado en su contra el procedimiento de cobro del Crédito con Garantía Estatal utilizando las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, facultad que no contempla la Ley N° 20.027.

TERCERO: Que respecto del procedimiento de cobro del Crédito con Garantía Estatal, cuando ésta se ha hecho efectiva, el artículo 18 bis de la Ley N°20.027, dispone: “La Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley.

Las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de esta ley. Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, la Tesorería General de la República podrá delegar en terceros las acciones de cobro. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el número 10 del artículo 22.

Asimismo, para efectos de la cobranza de los créditos de los que es titular el Fisco, sea total o parcialmente, la Tesorería General de la República estará facultada para otorgar facilidades y suscribir convenios de pago con deudores morosos, por sí o a través de terceros. También podrá condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de estos créditos, mediante normas o criterios de general aplicación, que sean determinados por la Comisión.

Adicionalmente, la Tesorería General de la República, previo visto bueno de la Dirección de Presupuestos, podrá vender o ceder los créditos de los que sea titular el Fisco, sea total o parcialmente, y que se encuentren en condición de morosidad.”.

A su turno el artículo 35 del Decreto Ley N°1.263 dispone: “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios.

Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos.”.

CUARTO: Que, el primer análisis que cabe realizar es la de la normativa que la recurrida ha aplicado a este procedimiento de cobro, y al efecto el Título V del Libro III del Código Tributario, este último titulado “De la competencia para conocer de los asuntos contenciosos tributarios, de los procedimientos y de la prescripción” y aquél “Del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero”, descripciones ambas que circunscriben su aplicación a las obligaciones tributarias, como se desprende de su claro tenor. A su turno, a partir del artículo 168, cada una de sus referencias lo es, precisamente, a aquellas obligaciones tributarias, cuyo título ejecutivo se forma de la manera establecida en el artículo 169, en cuyo inciso primero se señala “Y la cantidad adeudada por concepto de impuestos o de sanciones en su caso y del tipo de tributo…”, primera aproximación que excluye su aplicación en este caso y que, al mismo tiempo, sólo admite tres excepciones a la ejecución: el pago de la deuda, la prescripción de la acción y no empecer el título al ejecutado, según se desprende del artículo 177 del mismo código.

QUINTO: Que, por otro lado, de la lectura del inciso segundo del artículo 18 bis citado, se desprende la existencia de una remisión expresa para efecto de las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República a las reglas de procedimiento generales, dentro de las cuales no es posible comprender a las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, las cuales se refieren al cobro de las obligaciones tributarias de dinero, cuyo no es el caso.

A ello se suma la circunstancia que la Ley 20.027 entrega una multiplicidad de facultades de cobro y disposición de estos créditos, incluso venderlos a terceros, lo que resulta completamente incompatible con la postura que en estos autos ha mantenido el recurrido, ya que si se alude a que la naturaleza jurídica del crédito con garantía estatal es la que define que su cobro únicamente debe hacerse a través del procedimiento establecido en el Código Tributario, tal acto de disposición como la venta sería imposible, pues de aceptarse importaría una interpretación que se aparta de la regla contenida en el artículo 22 del Código Civil.

Por otro lado, no obsta a lo que se ha venido concluyendo, el artículo 35 del DL 1263, por cuanto de su tenor literal se desprende que la alusión a “cualquiera que sea la naturaleza del crédito” contenida en su inciso segundo, sólo puede referirse a aquellos créditos descritos en su inciso primero, dentro de los cuales no se encuentra el de autos.

SEXTO: Que, para razonar de la manera indicada esta Corte ha tenido en especial consideración lo dispuesto en el artículo 19 del Código Civil, cuyo ejercicio en la especie no ha requerido la producción de prueba alguna, pues las disposiciones legales involucradas resultan ser de una inteligencia que ha permitido desentrañar sus sentido y alcance a través de este mecanismo cautelar y de urgencia.

SEPTIMO: Que, de lo dicho se desprende que el accionar de la recurrida lesiona la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues obliga al recurrente a someterse a un procedimiento que resulta altamente restrictivo, en cuanto al ejercicio de derechos procesales, que aquel ejecutivo establecido en las reglas generales y a que debe someterse el cobro de los créditos ordinarios.

Por último, la naturaleza jurídica del crédito de autos no puede mutar por el solo hecho de ser incluido en un formulario, como se pretende, por no existir la facultad legal que así lo permita, como es el caso del impuesto territorial.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado y en consecuencia se deja sin efecto el procedimiento de cobro incoado por la recurrida en contra del recurrente, Rol N° 12613-2026 de la Tesorería Regional de Arica y Parinacota.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 433-2026 Protección.