Protección contra Servicio de Vivienda y Urbanismo

Arica, veintiséis de junio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Se dedujo recurso de protección en favor de nombre reservado en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo, por el acto ilegal y arbitrario consistente en dictar la Resolución Exenta N°NUM000 de 30 abril de 2026 que rechazó el recurso de reposición administrativa deducido en contra de la Resolución Exenta N°NUM001 de 10 de abril de 2026 que la excluyó como beneficiaria del proyecto habitacional DIRECCION000, conculcando las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Refiere que la resolución que impugna dispuso la exclusión de la recurrente como beneficiaria del proyecto habitacional “DIRECCION000” correspondiente al programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S. N°49 de 2011 por aplicación de la sanción contemplada en el artículo 61 del D.S. N°49 de 2011, y además, ordenó al Departamento de Operaciones Habitacionales del Serviu Región de Arica y Parinacota, efectuar los trámites necesarios para la reasignación del subsidio habitacional, mediante el proceso de reemplazo señalado en el artículo 57 del mismo cuerpo legal.

Señala que la Resolución expresa que la Entidad Patrocinante Gestora Mashogar, informó a través del Ord. N°NUM002 de 2 de marzo de 2026, la detección del incumplimiento de la recurrente al momento de la postulación efectuada con fecha 08 de abril de 2024, según Certificado de Calificación Definitiva del Proyecto, consistente en omitir información respecto de la existencia en propiedad de acciones y derechos hereditarios sobre un bien raíz ubicado en DIRECCION001, de la comuna de Arica, adquiridos por sucesión por causa de muerte en el año 2010. Se establece de igual forma que tales derechos fueron transferidos en el año 2025.

Indica que el memorándum N°NUM003 de 18 de marzo de 2026 del Departamento Jurídico del SERVIU se pronunció respecto del caso en comento, acreditando que la recurrente incurrió en infracción administrativa, por cuanto con fecha de postulación 8 de abril de 2024, y de acuerdo con lo emitido por la EP respectiva, adquirió derechos y acciones en el año 2010, transfiriéndolos posteriormente en el año 2025. En tal sentido, debió informar al momento de postular la existencia de tales derechos y acciones adquiridos, y no lo hizo, incurriendo en incumplimiento normativo, específicamente lo exigido en el artículo 3° letra f) del D.S. N°49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del año 2011.

Sostiene que la reposición fue rechazada, en síntesis, fundado en que la norma legal aplicada, esto es, el artículo 61 del D.S. N°49 de 2011, es imperativa y no admite excepciones respecto al no cumplimiento de requisitos de postulación, además de establecer la sanción específica en caso de incumplimiento de la normativa vigente.

Alega que los actos recurridos son ilegales y arbitrarios por infringir los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 al carecer de la debida fundamentación, pues la recurrida no ponderó adecuadamente o, derechamente no analizó todas y cada una de las circunstancias que rodean al incumplimiento normativo sancionado mediante la exclusión como beneficiaria de proyecto habitacional, toda vez que aplica la sanción del artículo 61 del D.S. N° 49 de 2011, en relación con el artículo 3° letra f) del mismo cuerpo normativo, sobre la mera existencia de “acciones y derechos” hereditarios sin informar al momento de realizar la postulación, equiparando arbitrariamente una cuota hereditaria abstracta y compartida en el caso de marras entre 10 herederos con la propiedad efectiva de una vivienda. Tal razonamiento resulta jurídicamente incorrecto, toda vez que la existencia de acciones y derechos hereditarios dentro de una comunidad indivisa no implica necesariamente la existencia de dominio efectivo, uso material ni disponibilidad habitacional real respecto del inmueble.

Sostiene que la recurrida desnaturaliza completamente la finalidad social del subsidio habitacional regulado en el D.S. N°49, cuyo objeto consiste en impedir el acceso al beneficio a personas que efectivamente cuentan con una solución habitacional previa, situación completamente diversa a la de esta parte toda vez que como se dijo, mi representada doña nombre reservado detentaba en propiedad derechos y acciones en comunidad con 10 hermanos, y según el Avalúo Fiscal de la propiedad para el primer semestre de 2024 (fecha de postulación) ascendía a la suma de $16.432.665.- pesos.

Concluye que en el caso de autos concurren al menos tres causales que excluyen o atenúan significativamente la responsabilidad administrativa de la recurrente. En primer término, el error de derecho, toda vez que al momento de suscribir los formularios de postulación, su representada actuó bajo una comprensión errónea pero razonable del alcance de la norma, creyendo de buena fe que el requisito de no ser propietaria se satisfacía por el solo hecho de no contar con una vivienda propia, sin advertir que la cotitularidad de derechos y acciones hereditarios sobre un inmueble en comunidad con diez herederos configuraba técnicamente una causal de inhabilidad. En segundo término, la buena fe, que se manifiesta de manera inequívoca en la conducta posterior de doña nombre reservado, quien tan pronto fue instruida concretamente sobre la exigencia de desprenderse de dichos derechos y acciones, procedió de inmediato a suscribir el contrato de compraventa respectivo ante notario público y su posterior inscripción conservatoria, demostrando con ello que su omisión inicial no obedeció a ánimo doloso alguno ni a intención de defraudar el sistema, sino al desconocimiento propio de una persona de 70 años, con escolaridad básica completa y sin formación jurídica. En tercer término, la ausencia de culpabilidad por deficiente asesoría, puesto que la Entidad Patrocinante Gestora MasHogar Ltda., a quien el artículo 53 del D.S. N°49 le impone expresamente el deber de informar, asesorar y velar por el cumplimiento de los requisitos reglamentarios por parte de cada postulante, informó genéricamente que los socios no debían ser dueños de una vivienda, omitiendo precisar el alcance técnico-jurídico del concepto de asignatario hereditario, deficiencia que la propia Entidad Patrocinante reconoció al señalar que el formulario DJ49-1 inducía a error en ese punto. Estas tres causales, consideradas en su conjunto y a la luz del principio de culpabilidad que rige el derecho administrativo sancionador, impiden que se dirija a doña nombre reservado un reproche personal por su conducta, excluyendo por tanto la procedencia de la sanción impuesta por el SERVIU recurrido.

Además, alega un trato diferenciado e injustificado respecto de otros beneficiarios del Comité que presentaban situaciones especiales de incumplimiento de requisitos de postulación, los cuales lograron regularizar su condición y recibir la entrega de su vivienda en el Proyecto DIRECCION000, sin ser objeto de la sanción de exclusión del artículo 61 del D.S. N°49 de 2011.

Finalmente sostiene que la sanción aplicada a la recurrente carece de proporcionalidad.

Pide que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001, disponiendo la inmediata reincorporación de doña nombre reservado a la nómina de beneficiarios del Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda, denominado Proyecto “DIRECCION000”; Y que se ordene al SERVIU Región de Arica y Parinacota la entrega material de la vivienda correspondiente.

Informó en su oportunidad la recurrida pidiendo el rechazo de la acción de protección.

Señala que la beneficiaria posee fecha de Postulación de 8 de abril de 2024, de acuerdo a Certificado de Calificación Definitiva del proyecto (CCD), lo cual es de vital importancia, toda vez que, con antelación a la presentación de la postulación, existe una instancia llamada organización de la demanda, mediante la cual la Entidad Patrocinante designada por los beneficiarios, realiza capacitaciones tendientes a informar acerca de los Derechos y Deberes del Postulante, en donde se les comunica y aclara a quienes postulan al beneficio de subsidio habitacional, que no pueden ser propietarios de una vivienda, ni tampoco el cónyuge o miembro de grupo familiar y a su vez, se señala que en el caso de que una persona posea derechos hereditarios en comunidades, deberá informar y presentar certificado de vigencia de dichos derechos al momento de su postulación, puesto a que, de lo contrario se incurre en una infracción a la normativa vigente por la cual deben ser sancionados, lo anterior, con la finalidad de que solo postulen personas que posean carencia y urgencia habitacional.

Indica que, en el caso particular, la Entidad Patrocinante efectúo reuniones informativas a las familias en diversas oportunidades, constando aquello a través del acta de Plan de Acompañamiento Social, en la Etapa Organización de la demanda de fecha 23 de agosto del 2023 y 06 de septiembre de 2023, mediante la cual se le indicó de los Deberes y Derechos, tanto de las familias como de los actores que intervienen en el proceso de Postulación al Subsidio habitacional. El 27 de febrero de 2026 mediante el C GMH Nº NUM004 la E.P. Gestora más Hogar informa acerca de la revisión de antecedentes de propiedades pertenecientes al Proyecto Habitacional DIRECCION000 antes de efectuar el proceso de entrega de inmueble, solicitando evaluación jurídica respecto de los casos que figuran con marca de propiedad indicando que respecto de la recurrente se detectó una serie de antecedentes respecto de compraventas y herencias adquiridas anterior y posterior al proceso de postulación del subsidio habitacional, por las cuales la E.P tiene la obligación de realizar seguimiento e informar a SERVIU, para que finalmente este Servicio efectúe un pronunciamiento e indique el proceder.

Señala que fueron analizados los antecedentes, pudiendo determinar que la beneficiaria poseía acciones y derechos inscrito a su nombre al momento de la postulación (08 de abril de 2024), los cuales fueron adquiridos en el año 2010 y posteriormente transferidos en el año 2025. En razón de lo anterior, es que se procede a sancionar a la beneficiaria mediante la Resolución Exenta N° NUM001 de 10 de abril de 2026, excluyéndola del proyecto habitacional DIRECCION000 por infracción normativa del artículo 3, letra f en relación con el artículo 61 del D.S N° 49, 2011.

Señala que es una obligación personal de la postulante asistir a las reuniones informativas y entregar los antecedentes requeridos y la recurrente no puede pretender trasladar la responsabilidad de su obligación de informar sobre sus derechos en alguna comunidad o sobre algún bien, a terceros ajenos, ya sean funcionarios públicos o de la entidad patrocinante, pues el sistema público se sustenta en la buena fe que deben tener todos los partícipes del proceso, en especial los postulantes, considerando, además que para ello precisamente se hicieron las capacitaciones y acompañamiento social que realizan las Entidades Patrocinantes, que como ya se ha señalado con anterioridad, son elegidas por los beneficiarios de los Proyectos Habitacionales. Además, es necesario aclarar que, la sanción de exclusión, según lo dispone el transcrito artículo 61, puede ser impuesta, hasta antes de la aplicación del subsidio, tal y como ha ocurrido en este caso, por lo que los funcionarios públicos cumplieron con su función, en tiempo y forma.

Añade que si bien consta que en el año 2025 doña nombre reservado cedió los derechos hereditarios que tenía sobre el inmueble (NUM005 N° NUM006 del año 2025), lo cierto es que dicha cesión, no subsana la omisión de información respecto de acciones y derechos hereditarios sobre propiedad, infringiendo de igual manera lo dispuesto en el artículo 3 letra f) del D.S. N°49/2011 (V. y U.), pues lo trasgredido era un requisito de la postulación.

Concluye que no existió ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la exclusión del beneficio de subsidio habitacional respecto del Proyecto Habitacional DIRECCION000.

TERCERO: Que, del estudio de las resoluciones impugnadas, consta que el Servicio fundamentó su decisión en lo dispuesto en los artículos 3° letra f) y 61 del Decreto Supremo N° 49/2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

Al respecto, el artículo 3° letra f) de dicho reglamento establece que los postulantes que tengan derechos en comunidad sobre una vivienda “deberán presentar certificado de dominio vigente o copia de la escritura en que consten dichos derechos o el instrumento que acredite tal condición, en ambos casos con certificado de vigencia extendido con no más de 90 días corridos de anticipación a la fecha de postulación”. Mientras que el artículo 61 faculta al SERVIU a dejar sin efecto las solicitudes de postulación y excluir a los postulantes que cometan alguna infracción a las disposiciones del reglamento, sea que ésta sea detectada antes, durante o con posterioridad a la aplicación del subsidio.

CUARTO: Que, sin embargo, en las resoluciones recurridas, el Servicio no justifica los motivos por los cuales no consideró respecto de la recurrente la posibilidad de subsanación que el propio artículo 3 letra f) precitado confiere a los beneficiarios para la subsistencia del beneficio, el cual dispone en su parte final que el postulante antes del pago del certificado de subsidio “deberá acreditar haber cedido dichos derechos, mediante la correspondiente escritura pública inscrita […]”, disposición que evidencia que las cuotas hereditarias no constituyen un impedimento insubsanable que vicie la postulación de manera definitiva, sino una condición regularizable con anterioridad a la aplicación final de los fondos estatales, carga que la recurrente satisfizo íntegramente al otorgar escritura pública de compraventa de Acciones y Derechos de fecha 09 de junio de 2025 ante el Notario Rodrigo Lazcano Arriagada, Repertorio Notarial N°NUM007, inscrito a fojas NUM005, N°NUM006 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica, correspondiente al año 2025, extinguiendo con ello la incompatibilidad de forma previa a que la autoridad dictara las resoluciones definitivas en sede administrativa.

QUINTO: Que, la actuación de la recurrida atenta contra el propósito mismo del Programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que en su artículo 1° establece que éste busca promover el acceso a una solución habitacional definitiva a las familias en situación de vulnerabilidad que pertenezcan al tramo del 40% más vulnerable, mientras que su artículo 4° se dirige a precaver el abuso de quienes ya disfrutan de un patrimonio inmobiliario real, supuesto fáctico que de ninguna manera se aplica a la actora, quien carece de otra solución de vivienda, confundiendo el Servicio recurrido una cuota abstracta sobre un inmueble hereditario compartida entre diez coherederos respecto de una inscripción del año 2010, con la propiedad habitacional efectiva, singular y exclusiva de un inmueble acto para constituir morada, desnaturalizando por completo la finalidad de la política pública del programa Estatal.

SEXTO: Que, en consecuencia, al aplicar un criterio punitivo y restrictivo en contra de la recurrente, encontrándose ésta en una situación fáctica y jurídica de regularización del hecho que motiva la sanción, y sin que el organismo recurrido haya proporcionado en las resoluciones impugnadas ni en su informe una motivación racional o justificación suficiente para sustentar su actuar, queda en evidencia un actuar mecánico y discriminatorio que conculca el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que impone a esta Corte el deber de acoger la acción intentada a fin de restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto en contra del Servicio Nacional de Vivienda y Urbanismo de la Región de Arica y Parinacota y se dejan sin efecto las Resoluciones Exentas N°NUM000 y N°NUM001 de 10 y 30 abril de 2026 respectivamente.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, quien fue del parecer de rechazar la acción constitucional, teniendo presente que el artículo 3° del D.S. N° 49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo exige expresamente que los postulantes al beneficio informen de la existencia de derechos o acciones sobre otros bienes inmuebles y acompañen la documentación de respaldo al momento de presentar su postulación, cuestión que la propia actora reconoce que no hizo, y cuya omisión se encuentra sancionada con la exclusión del beneficio o la orden de reintegro de los fondos percibidos, si ya hubiere sido otorgado, según lo establece el artículo 61 del mismo Reglamento, de manera tal que no es posible reprochar un actuar ilegal o arbitrario al recurrido, quien se limitó a aplicar las disposiciones legales que lo rigen, explicando en su resolución los motivos de su decisión, por lo cual la acción debía ser necesariamente rechazada, tal como ha sido razonada en las causas sobre Protección Roles Nos 113-2024, 454-2024 y 456-2024 de esta misma Corte.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 421-2026 Protección.