Protección contra Servicio de Impuestos internos de Arica y la Tesorería de Arica

Arica, cuatro de enero de dos mil once.

VISTO:

A fojas 85, comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección, en contra del Servicio de Impuestos internos de Arica y la Tesorería de Arica, por cuanto le están privando de lo poco que tiene, por cuanto su casa se encuentra en remate para pagar unos impuestos que alega no adeudar.

Fundamenta su recurso en que por más de treinta años se ha dedicado al comercio en ferias ambulantes de Arica iniciando actividades ante el Servicio de Impuestos Internos de esta ciudad, al tener un puesto temporal en Asocapec por cerca de tres años, efectuando el término de giro el treinta de abril del año dos mil tres.

Añade, que en el mes de noviembre del año dos mil ocho recibió un papel que señalaba que adeudaba treinta millones de pesos por impuestos que no había pagado, siendo imposible tal circunstancia, por cuanto es una pequeña comerciante, que nunca ha manejado tanto dinero. Agrega, que concurrió en múltiples oportunidades al Servicio de Impuestos Internos, siendo informada que la deuda se origina en los impuestos no pagados al haber comprado autos, refiere que fue derivada a la Tesorería de Arica y de ahí a la Corporación de Asistencia Judicial, donde luego de dos años se le señaló que no podían pelear contra Impuestos Internos y la Tesorería (sic).

Señala, que habiendo concurrido el Registro Civil fue informada que allí figura con 61 autos comprados solicitando explicaciones al jefe de tal servicio e informándole que nunca ha adquirido tales autos, se le dijo que tal situación podía ser una estafa, añade que efectivamente extravío un carnet de identidad el año dos mil dos.

Agrega, que ante el Servicio de Impuestos Internos trató de explicar que tales cargos constituían un error, justificando con documentos su situación económica, estando tal institución informada de sus ingresos de la época en que trabajaba en el puesto de Asocapec, siendo remitida nuevamente a Tesorería se le informa que se va rematar su casa, su único inmueble, otorgado por la municipalidad. Luego, Tesorería sugirió la firma de un convenio para paralizar el remate, lo que considera injusto ya que no adeuda dinero alguno.

Acompaña a su presentación los documentos que rolan de fojas 1 a 84.

A fojas 88, se tuvo por interpuesto recurso de protección.

A fojas 90, se concede la orden de no innovar.

A fojas 104, informa nombre reservado, Director Regional de la dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Arica y Parinacota.

Refiere, que se trabó embargo sobre un inmueble de propiedad de la recurrente en la causa Rol N° 409-2010, ante el Tercer Juzgado de Letras de Arica , en razón del cobro de una deuda por 30 millones de pesos que la recurrente mantendría con el Fisco de Chile, proceso que se encuentra en etapa de remate.

Agrega el informante, que la recurrente no señala en su escrito cuál sería el acto arbitrario o ilegal que lo motiva, ni cuál sería la garantía constitucional vulnerada.

Señala la recurrida que no ha cometido acto arbitrario o ilegal alguno que signifique perturbación o amenaza a las garantías constitucionales de la recurrente, efectúa una síntesis de los hechos y actos efectuados por la recurrida en relación con su labor de fiscalización y detección de la diferencia de pago de impuestos. Refiere, que a través del programa de fiscalización “Compradores Zofri” se detectó la emisión de documentos a contribuyentes que efectuaron compras que no se condecían con las actividades de su giro y que al momento de ser consultados no reconocían estas operaciones, en tal sentido se sitúa la recurrente, porque el giro declarado por ella, “comercio al por menor de verduras y frutas”, actividad de primera categoría, afecto al Impuesto al Valor Agregado, no decía relación con la compra de los vehículos que se individualizan en la citación; y además se la citó porque no había efectuado las declaraciones de impuestos correspondientes y porque debía justificar el origen de los fondos con los que realizó esas adquisiciones. La recurrente no dio respuesta a la citación dentro del plazo establecido en el inciso segundo del artículo 63 del Código Tributario, por lo cual se procedió a la tasación y liquidación de los impuestos, así con fecha del 27 de abril del 2004 la Dirección Regional de Iquique emitió las liquidaciones correspondientes por concepto de pago de IVA correspondientes a los períodos tributarios de setiembre y octubre del año 2003 y enero del año 2004, respectivamente. Con fecha 29 de abril del 2004 se notificó por cédula a la recurrente, en el domicilio registrado en el Servicio, las liquidaciones individualizadas y finalmente el 4 de enero del año 2005 no habiendo presentado reclamo judicial contra las liquidaciones referidas y de acuerdo al artículo 123 y siguientes del Código Tributario, se procedió al emisión de los giros correspondientes los que fueron enviados a la Tesorería para iniciar el procedimiento de cobro de los mismos. Luego, añade, que todas las anteriores actividades están enmarcadas dentro de las facultades de fiscalización que la ley otorga a esta repartición.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, igualmente se refiere a la inadmisibilidad del recurso, en virtud en primer lugar de la ineptitud del libelo, por cuanto carece de los elementos mínimos que permitan identificar el acto u omisión arbitrario o ilegal, y al mismo tiempo carecer de la individualización de los derechos constitucionales que se consideran vulnerados, del mismo modo al no especificar asimismo cual de todos los actos comprendidos en el proceso de fiscalización o en el procedimiento de cobro que se sustenta en su contra, es aquel que considera arbitrario o ilegal y, asimismo, en el evento de considerar que tal hecho que la deuda que la recurrente mantiene con el Fisco de Chile, cabe señalar que el origen de la misma está constituido por las diferencias de impuestos determinadas en un proceso de fiscalización en el que se respetaron todas las normas legales y reglamentarias vigentes.

Añade, por último, que también es causal de inadmisibilidad del recurso la presentación extemporánea de éste, que si bien no se especifica cuál es el supuesto acto o hecho que vulneraría su garantía constitucionales lo que es imposible determinar desde que momento debe contabilizarse el plazo para la interposición del presente recurso es claro a juicio del recurrido, que la recurrente tuvo conocimiento de todos los hechos que relata con anterioridad al plazo de 30 días para interponer esta acción.

Por último, se refiere a la improcedencia del recurso, por adolecer de vicios de fondo, exponiendo en este sentido la falta de un acto arbitrario o ilegal, por cuanto el origen de la deuda y la razón por la cual existe un cobro y embargo del inmueble de su propiedad, está originada de la diferencia de impuestos que fueron notificados a la afectada durante el año dos mil cuatro, que en este sentido, la actuación del Servicio se ha enmarcado dentro las facultades de fiscalización que la ley le otorga no existiendo un acto a ilegal o arbitrario que hagan procedente esta acción, mas aún, la recurrente no ha presentado reclamo ante el Tribunal Tributario correspondiente transcurriendo los plazos por los cuales se han emitido los giros que enviados a la Tesorería, iniciaron el procedimiento de cobro en conformidad los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Finalizando, en cuanto la improcedencia el recurso, añade que la acción de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto, puesto que la recurrente pretende a través de esta vía se analice concienzudamente y se declare que en definitiva la deuda fiscal por no pago de impuestos es improcedente, materia que debe ser analizada en un procedimiento de lato conocimiento, excediendo entonces al presente recurso. Mas aún, existe un procedimiento especial establecido en el Código Tributario el cual no fue utilizado por la recurrente así también ha señalado la Excelentísima Corte Suprema, en cuanto a que este recurso que es excepcional, y sólo procede en el evento en que no exista otra vía para su revisión, y en el caso una liquidación, la vía natural para su reclamo está constituído o por el Procedimiento General de Reclamo establecido en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario, además el único argumento esgrimido por la recurrente para desestimar la deuda con el fisco es que ella fue objeto una estafa, cuya investigación en definitiva corresponda el ministerio público ya lo juzgado en materia criminal competentes.

Acompaña a su informe documentos que rolan de fojas 94 a 103.

A fojas 116, se trajo los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando sus derechos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones correspondiente debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado;

TERCERO: Que, del informe del recurrido se señala que la traba de embargo sobre el inmueble de propiedad de la recurrente se origina a propósito de un programa de fiscalización “Compradores Zofri”, que habiéndose detectado que el giro declarado por ésta no decía relación con la compra de vehículos, fue citada para justificar el origen de los fondos con que realizó tales adquisiciones, sin que diese respuesta oportunamente procediéndose a la tasación y liquidación de los impuestos, las que una vez notificadas no fueron reclamadas judicialmente, iniciándose el procedimiento de cobro.

CUARTO: Que, bastaría lo anteriormente expuesto, para rechazar el recurso que se analiza. En efecto, hay que precisar que no se advierte la vulneración de ninguna norma legal, por parte de la autoridad recurrida y, por cuanto sus actuaciones no tienen el carácter de arbitrarias, sin embargo, se advierte igualmente que la recurrida no ha precisado cual es en específico el acto arbitrario e ilegal, considerando que este sea el remate decretado, ha sido precedido de la normativa legal pertinente.

QUINTO: Que las alegaciones efectuadas por la recurrente en cuanto a la efectividad de su situación económica y la posibilidad de haber sido objeto de una estafa, son materias que deben ser conocidas por los tribunales competentes en un procedimiento lato.

SEXTO: Que por lo anterior, esta Corte llega a concluir, reiterando lo ya dicho, que no se ha perpetrado, por parte del recurrido, ningún acto ilegal o arbitrario.

SEPTIMO: Que, en virtud de lo razonado anteriormente, será desestimada la presente acción cautelar.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fojas 85.

Déjase sin efecto la orden de no innovar. Ofíciese.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 417-2010 Prot.

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