nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

Arica, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece el abogado Arturo Butrón Rojas, en representación de doña nombre reservado, trabajadora social, soltera, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Junta Nacional De Auxilio Escolar Y Becas –JUNAEB- representada por su Director, don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haberse vulnerado las garantías constitucionales dispuestas en los N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente ingresó a prestar servicios para la JUNAEB el 14 de marzo de 2018, en calidad de funcionaria suplente a contrata, correspondiente al grado 15°, de la planta de directivos, desempeñándose como “Encargada de Hogares Indígenas”, debiendo terminar su contrato el 19 de agosto de 2018.

Refiere que el acto ilegal y arbitrario contra el cual se reclama es la Resolución Exenta RA 173/361/2018, de 14 de mayo de 2018, por la cual se pone término anticipado a la prestación de sus servicios, esto es, a partir del 15 de mayo de 2018. A juicio de la recurrente la citada resolución vulnera los principios de igualdad ante la ley, pues se basa en hechos que nunca ocurrieron, que no se sancionaron formalmente, además de ser notificada intempestivamente el mismo día de la resolución, sin que la recurrente tuviese conocimiento con a lo menos 30 días de anticipación del fin de su contrata y que dicha desvinculación se produjo en un contexto de hostigamiento laboral. Agrega que también se vulnera el derecho de propiedad y estabilidad en el empleo sobre el cargo al retirarla de su trabajo por hechos no constatados.

Acerca de los fundamentos de la resolución recurrida, menciona que nunca recibió algún tipo de amonestación formal u escrita por parte de funcionarios o colegas de su unidad, explica que solo existiría un reclamo de un usuario o beneficiario, realizado a mediados del mes de marzo, por una mala información entregada y que doña nombre reservado no manejaba, además nunca habría sido objeto de algún sumario administrativo.

Señala que el director de la JUNAEB, don nombre reservado, hostigaba diariamente a la recurrente, al decirle que iba a prescindir de sus servicios, esto sin fundamento alguno y ninguna constancia por escrito. Asevera que su salida es también arbitraria, pues se relaciona con asegurar un puesto de trabajo a una funcionaria, nombre reservado, que pertenece al mismo partido político del señor nombre reservado, cuyo contrato vencía el 14 de mayo y que asumió las funciones de la recurrente a partir del mismo día 15 de mayo.

Finalmente, solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta RA 173/361/2018 de 14 de mayo de 2018, de la JUNAEB, ordenándose reintegrar a la recurrente a sus labores de servicio hasta el 19 de agosto de 2018, con costas.

En su oportunidad, la recurrida evacuó el informe solicitado por esta Corte, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas. Expone que la recurrente ingresó a la JUNAEB el 4 de marzo de 2018 para realizar una suplencia por un periodo de tiempo no superior al 19 de agosto de 2018.

Refiere que la recurrente al desempeñarse en la calidad de suplente a contrata se rige por la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, por lo que no existiendo un vínculo laboral que se rija por el Código del Trabajo no es necesario que el acto administrativo se notifique con 30 días de anticipación, por cuanto dicho acto administrativo rige “in actum”.

Menciona que no puede alegarse propiedad sobre un cargo, que se ejerce como suplente, no siendo aplicable a estos casos el principio de la confianza legítima cuando solo se tienen meras expectativas.

En otro orden de ideas, niega la existencia de actos discriminatorios o de vulneración de garantías constitucionales, agrega que la resolución que pone término al contrato de la recurrente es un acto administrativo motivado, en una deficiente evaluación de la recurrente la cual se materializó en la misma resolución de término.

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que la acción de protección, contemplada en la Carta fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es la dictación de la Resolución Exenta RA Nº173/361/2018 de 14 de mayo de 2018, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que dispuso y, así lo indica, el término anticipado de la suplencia del recurrente quien cumple funciones como encargada de hogares indígenas, por cuanto la recurrente habría prestado sus servicios de manera deficiente.

TERCERO: Que, cabe primeramente tener presente que la recurrente ingresó al servicio de la recurrida en la calidad de suplente, a contrata, a partir del 19 de febrero de 2018, y hasta el 19 de agosto de 2018, como refiere la resolución de nombramiento y término anticipado de la suplencia, siendo notificada del término anticipado de su contrata transitoria el 14 de mayo del presente año.

CUARTO: Que, de los antecedentes aparejados a la causa aparece que en lo concerniente a la duración a contrata, se estableció que la suplencia era entre el 19 de febrero de 2018, hasta el 19 de agosto de 2018, y “mientras sean necesarios sus servicios”, la que no podía ser superior a seis meses.

QUINTO: Que, acorde a lo previsto en el artículo 4° de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, las personas que desempeñen cargos de planta podrán tener la calidad de titulares, suplentes o subrogantes; y que son suplentes aquellos funcionarios designados en esa calidad en los cargos que se encuentran vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancias no sean desempañados por el titular, durante un lapso no inferior a quince días, y que en el caso de la suplencia de un cargo vacante la misma no podrá extenderse a más de seis meses. El referido estatuto, en el mismo artículo señala que el nombramiento del suplente sólo estará sujeto a las normas del Título I.

A su vez, el Título V, De la responsabilidad administrativa, estatuye en su artículo 119 que el empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias, y que los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo.

Y en el Título VI, articulo 146 se contemplan las causales de cesación de funciones, entre ellas la declaración de vacancia, la destitución, la supresión del empleo, y el término del periodo legal por el cual se es designado.

SEXTO: Que, a juicio de esta Corte, conforme a las normas legales recientemente referidas, el término anticipado del nombramiento a contrata como suplente de la recurrente, fundado, en resumen, en el incumplimiento de sus obligaciones funcionarias, debió ser consecuencia de un sumario administrativo, no dándose las causales prescritas en el artículo 146 del Estatuto Administrativo.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al derecho de igualdad ante la ley que consagra en numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental invocado por la recurrente, tal garantía dice relación con la adopción de medidas distintas ante situaciones iguales, de lo cual no se ha rendido prueba alguna para acreditarla.

OCTAVO: Que, en relación al derecho de propiedad al cargo, invocando la garantía constitucional contemplada en el numeral 24 del citado artículo 19, en el presente caso, tratándose de una contrata como suplente, tampoco es aplicable en la especie.

NOVENO: Que, si bien la resolución que designa a contrata a la recurrente, por un plazo determinado, y “mientras sean necesarios sus servicios”, obligaba a respetar el lapso del nombramiento, entendiendo que la frase citada debe ser relacionada con las funciones que desempeña la persona contratada, y que las labores para lo cual lo fue, ya no son necesarias para el Servicio, esto es, en este caso, la Dirección Regional de Arica-Parinacota de Junaeb, situación que no se da en la especie, lo cual hace concluir que tal fundamentación es sólo aparente, convirtiéndose en un comportamiento antijurídico que merece ser corregido por la vía proteccional, pues no puede existir una argumentación seria y fundada en tales términos, transformándose en palabras descontextualizadas, poniendo de manifiesto que el acto administrativo en cuestión carece de coherencia interna.

DÉCIMO: Que, conforme a lo antes expuesto y dado los argumentos utilizados en el acto administrativo recurrido, la única forma de poner término a la suplencia de contrata, era mediante un sumario administrativo, y no de la forma en que actuó la autoridad recurrida, por lo que sus acciones importan una vulneración al inciso 5° del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por carecer de facultades para poner término a dicha relación contractual en base a lo ya indicado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por el abogado, don Arturo Butrón Rojas, en representación de doña nombre reservado, y en consecuencia, de deja sin efecto la Resolución Exenta RA 173/361/2018 de 14 de mayo de 2018, emitida por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y proceder al inmediato reintegro del recurrente con todos sus derechos laborales.

Regístrese y comuníquese.

Rol Nº 416-2018 Protección 3