Protección contra COMISION MEDICA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA y de la SUPERINTENDENCIA DE PENSI

Arica, veinte de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, en representación de su hija interdicta por demencia nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de la COMISION MEDICA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA y de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES.

Explica que en su calidad de Curadora de nombre reservado presentó ante el Instituto de Previsión Social una solicitud de pensión básica solidaria por invalidez, y su hija fue citada por la recurrida Comisión Médica Regional ante la Junta Médica con fecha 11 de diciembre de 2025, realizando previamente una petición de inhabilitación respecto de los doctores nombre reservado y nombre reservado, quienes la integran, por tratarse de sus médicos tratantes de su hija, haber sido uno representante de la Clínica San José donde estuvo hospitalizada su hija, la que actualmente se encuentra demandada en la causa C 728-2025 tramitada ante el Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad y la amistad entre ambos.

Refiere que los médicos no se inhabilitaron y mediante el Dictamen de calificación de invalidez N° NUM000 de 21 de abril de 2026, recomendaron el rechazó de la pensión por la no comparecencia de la afiliada a calificar sus patologías rechazando en consecuencia la pensión básica solidaria de invalidez para su hija, quien padece de una encefalitis de Rasmussen, epilepsia refractaria y hemiparesia derecha secuelar, actuación que es ilegal y arbitraria.

Recurre de protección porque el dictamen es ilegal, pues se trató de un procedimiento viciado ya que las citaciones debieron dirigirse a ella como Curadora de nombre reservado y no a su hija declarada en interdicción por demencia, lo que vulneraría el artículo 43 del Código Civil; no consideró su solicitud previa de una evaluación domiciliaria, pese al estado de postración de su hija que le impedía comparecer y por desviación de poder ya que tanto el presidente como la secretaria de la Comisión, doctores nombre reservado y nombre reservado no se inhabilitaron aun cuando son los médicos tratantes de nombre reservado y pese a existir una demanda pendiente deducida en contra de la Corporación Médica de Arica S.A. de la cual el doctor nombre reservado fue su representante legal. Recurre en contra de la Superintendencia de Pensiones por su falta de fiscalización.

En cuanto a las garantías vulneradas cita las previstas en los numerales 1, 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide dejar sin efecto el dictamen, declarar la inhabilidad de la Comisión Médica y anular la Resolución N° NUM001 de 28 de abril de 2026 del Instituto de Previsión Social que denegó la pensión.

Informando la Comisión Médica Regional expuso que la solicitante no compareció a las citaciones de 3 de marzo y 20 de abril de 2026, no pudiendo evaluar ni calificar el impedimento alegado y conforme a la normativa de la Superintendencia de Pensiones, la evaluación domiciliaria solo procede si se acompaña un certificado médico que acredite la imposibilidad de la solicitante de comparecer, trámite que no se realizó. Respecto de la inhabilidad la derivó a la Superintendencia de Pensiones que es el órgano facultado para regular las inhabilidades e incompatibilidades, remitiéndose a lo que este informe.

A su turno la Superintendencia de Pensiones pidió el rechazó del recurso porque lo solicitado excede el ámbito cautelar del recurso de protección, pues implica un procedimiento declarativo propio de un procedimiento de lato conocimiento y por su falta de legitimación pasiva ya que las Comisiones Médicas Regionales son organismos autónomos, sin vínculo de subordinación con la Superintendencia, por lo que ella no tiene su representación legal ni interviene en el fondo de las calificaciones de invalidez.

En cuanto al fondo precisa que la recurrente realizó una presentación para inhabilitar a los doctores nombre reservado y nombre reservado, la que fue desestimada mediante Oficio Ordinario N° NUM002 de 20 de enero de 2026 y en todo caso la Comisión Médica Regional de Arica, está compuesta por solo tres médicos, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por lo que inhabilitarlos paralizaría su funcionamiento.

Reitera que ninguno de los profesionales cuestionados incurre en las causales de inhabilidad establecidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y la recurrente no agotó la vía administrativa antes de recurrir de protección.

Finalmente, afirma que no existe ilegalidad ni arbitrariedad ya que no ha emitido acto administrativo alguno respecto de la calificación de invalidez, materia de competencia exclusiva de las Comisiones Médicas.

Solicita que se declare improcedente el recurso en su contra o en subsidio sea rechazado.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto denunciado como ilegal consiste en la dictación del Dictamen N° NUM000 de 21 de abril de 2026, de la Comisión Médica de Arica y Parinacota que rechazó la solicitud de pensión de invalidez solidaria para nombre reservado por no haber comparecido a las citaciones a la Junta Médica.

TERCERO: Que, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4 del DL 3550 que dispone la obligación de la recurrida de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la procedencia de una pensión por invalidez y evaluar la incapacidad de quien la solicite, en el presente caso, la condición de interdicción por demencia y la calidad de postrada no fue discutida por la recurrida, lo que obliga a esta Corte a actuar en favor de la recurrente dada su minusvalía y la falta de asesoría letrada en el presente recurso.

Así, del examen de los antecedentes de la causa C-728-2025 tramitada ante el Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad, que se tiene a la vista desde el sistema, se advierte que la recurrente nombre reservado es Curadora General de nombre reservado y que ésta, una paciente adulta de más de 40 años con diagnósticos de encefalitis de rasmussen, epilepsia refractaria y de hemiparesia derecha secuelar presenta un 80% de discapacidad mental y un 70% de discapacidad física y que fue declarada interdicta por demencia en la causa Rol V 34-2020 del Primer Juzgado de Letras de esta ciudad.

CUARTO: Que, en consecuencia y actuando en auxilio de la recurrente y teniendo presente que el rechazo de la pensión solidaria tuvo como único fundamento la ausencia de nombre reservado a las evaluaciones ante la Junta Médica, se acogerá el recurso sólo en cuanto se ordenará una nueva evaluación en el domicilio de la recurrente dada la condición de postración y dependencia severa de ésta. Ello, en virtud de la facultad expresa que otorga a esta Corte el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE la acción constitucional de protección interpuesta en el folio 1 y se ordena una nueva evaluación en el domicilio de la recurrente, la que deberá coordinarse entre las partes, debiendo velar por el cumplimiento del principio de abstención establecido en el artículo 12 de la Ley N° 19.880.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 414-2026 Protección.