nombre reservado CONTRA nombre reservado

Arica, siete de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece el abogado Patricio Sepúlveda Albornoz, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, técnico agrícola con domicilio en esta ciudad y dedujo recurso de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Arica y Parinacota, que de manera arbitraria e ilegal tomó la decisión de no renovar la contrata del recurrente hasta el 31 de diciembre de 2025, poniendo término a sus servicios el 1 de septiembre de 2025 sin dictar un acto administrativo que diera cuenta de los motivos de la decisión, no obstante encontrarse el recurrente amparado por la confianza legitima, actuación que vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2°, 3° inciso quinto y 24° del artículo 19 de la carta fundamental.

Señala que el recurrente ingresó al Servicio el 1 de marzo de 2018 mediante un contrato a plazo fijo y que luego fue renovado varias veces, y desde el 1 septiembre de 2018, pasó a ser contratado de manera indefinido, mediante Resolución Exenta RA N°118035/278/2018 de 10 de diciembre de 2018.

Indica que, con más de 7 años y 6 meses en el Servicio, desarrolló sus funciones como Inspector control fronterizo, hasta que el 1 de marzo del año en curso, cambió su calidad de contratación a la de contrata mediante Resolución Exenta RA N°118035/607/2025 desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 01 de septiembre de 2025, realizando la misma función.

Da cuenta de una serie de episodios y enfermedades que lo aquejaron y que a comienzo del año 2025, el Servicio ofreció la oportunidad a ciertos funcionarios Contratados por el código de trabajo a pasar a contrata dentro de los cuales se encontraba el recurrente teniendo en cuenta como factores determinantes para este ofrecimiento la antigüedad y la nota de evaluación, debido a que esto representaba un mejoramiento en el nivel de remuneraciones y además la posibilidad de acceder a bonos trimestrales y otros beneficios que el Servicio otorga para dicha comunidad jurídica todo lo cual consta mediante el correo electrónico de 18 de enero del año en curso enviado por nombre reservado encargado de gestión y delegado de bienestar regional, a la presidenta regional de la ASFUSAG, nombre reservado en la cual se detalla el listado de 10 funcionarios para ser traspasados a contrata. Ofrecimiento que fue aceptado por todos los funcionarios, pues a su juicio, la estabilidad laboral se veía garantizada en virtud del principio de la confianza legitima, acompañada de la expectativa legítima del funcionario de continuar prestando sus servicios mediante las renovaciones anuales de sus contratas.

Refiere que optar a este ofrecimiento se debió a su estado de endeudamiento contraído a consecuencia de sus complicaciones de salud, lo que sumado al quiebre matrimonial, experimentó una cierta adicción al alcohol, por lo que se procedió al inicio de un proceso disciplinario en su contra por este hecho, del cual a la fecha aún no ha sido notificado de la resolución final.

Relata que el 31 de agosto de 2025, durante el turno de la tarde en Chacalluta, el Jefe sectorial, nombre reservado, le indica en tono burlesco, que no se presentara al día siguiente y que debía hablar con el Director Regional sobre su situación contractual. Así el 1 de septiembre compareció a trabajar y marcó su asistencia, notando que no estaba considerado en el turno semanal, por lo que pide hablar con el Director, lo que no fue posible, por lo que el día 5 de septiembre le remitió un correo electrónico, el que no fue respondido hasta el 9 de mismo mes por doña nombre reservado, a la Presidenta de la ASFUSAG, por el medio de la cual se indica que el Director no tenía inconvenientes de recibirlo, pero al no tener la calidad de funcionario, debía hacerlo por ley del lobby. Reunión que finalmente se llevó a cabo el 15 de septiembre, oportunidad en que se le informa de la decisión de no renovación y que esta decisión es irrevocable.

Sostiene que la Presidenta de la ASFUSAG, es informada por doña nombre reservado que: “Respecto a la no renovación de contrata del Sr. nombre reservado, se realizó un informe y evaluación del funcionario, ya que como se informó a todo el personal cuando cambio de oficina a Parinacota a oficina Arica a la calidad de contrata temporal. Esto significa que está sujeto a evaluación por parte de las jefaturas para la continuidad del contrato.

El Sr. nombre reservado fue notificado por su jefatura, pero se negó a firmar el documento de notificación.

La situación del Sr. nombre reservado fue conversada previamente con el director regional.

Saludos.”.

Alega no haber sido notificado de informe de evaluación de desempeño alguno, que pudiera influir en la decisión adoptada por el Director del Servicio recurrido, muy por el contrario, si se considera que el ofrecimiento de traspaso a una contrata por una mejora remuneracional, lo fue precisamente por la antigüedad y el desempeño laboral.

Asevera que supo de la no renovación de su contrato de manera verbal solo el 15 de septiembre por parte del Director Regional, sin que precediera el acto administrativo fundado que contuviera las motivaciones por las cuales no se renovó su contrato y en contravención al principio de confianza legítima, alegando una supuesta evaluación negativa basada en un informe que, según su argumento, no fue presentado ni fundamentado correctamente.

Argumenta que la decisión de no renovación viola el principio de confianza legítima, ya que el recurrente cumplió más de 7 años en funciones iguales, de modo que la administración debió fundamentar claramente su decisión, evidenciando hechos reales y serios, citando diversa jurisprudencia al respecto.

Señala que la decisión carece de fundamentación, infringe los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, y vulnera derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de legalidad. Además de arbitraria, ya que no existe una motivación válida, ni un acto administrativo que explique la terminación del contrato, afectando gravemente los derechos del recurrente y generando una vulneración del derecho constitucional de estabilidad laboral.

Pide se acoja el presente recurso y se ordene al recurrido renovar su contrata hasta el 31 de diciembre de 2025, debiendo proceder con la inmediata reincorporación a sus funciones y con el pago de todas las remuneraciones pendientes desde el momento de la separación y demás beneficios económicos a que hubiere tenido derecho en el tiempo intermedio, con expresa condena en costas.

Informa el Servicio Agrícola y Ganadero y expone que la actuación administrativa de no renovar el contrato del recurrente fue fundada en criterios objetivos, transparentes y de acuerdo con las normativas internas y legales aplicables.

Explica que el recurrente se desempeñó como Inspector en el Servicio Agrícola y Ganadero, Región de Arica y Parinacota, en calidad de contrata a partir del 1 de marzo de 2025 al 1 de septiembre de 2025, mediante Resolución Exenta RA N°118035/607/2025 cuya contrata se extinguió por la llegada del plazo establecido para ello.

Que, anteriormente se desempeñó en calidad jurídica de Código de Trabajo desde el año 2018 hasta 1 de marzo de 2025, como inspector de Control Fronterizo de Chungará, a plazo indefinido y bajo turno de 7 por 7.

Señalar que es efectivo que a comienzos del año 2025, el Servicio ofreció la oportunidad a ciertos funcionarios contratados por Código del Trabajo, en consideración a su antigüedad y desempeño, ser contratados en calidad de contrata, explicando las pautas para ello y que claramente conlleva el tener que regirse por un cuerpo normativo especial aplicable para el caso, esto es, el DFL N° 29/2004, publicado el 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Que, los lineamientos fueron los siguiente: según correo de fecha 30 de diciembre de 2024, de la Jefa (S) Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas Subdirección de Gestión Administrativa, señala, a través de correo institucional, que en relación con los cupos autorizados por iniciativa de controles fronterizos 24/7, informo la siguiente autorización en materia de dotación: Arica y Parinacota, Iniciativa 24/7 CCFF. Se autoriza iniciar proceso de selección para proveer cargo de Técnico Sectorial Control de Frontera. La contratación de los funcionarios/as seleccionados/as será por un primer período de 6 meses, el que se renovará por un segundo período de 3 meses, según informes de desempeño de su jefatura directa por cada período, los cuales deberán ser remitidos a la Jefa del Subdepartamento de Personal en el proceso de reportabilidad.

Que, mediante correo de fecha 31 de enero de 2025, el Encargado de Gestión y Delegado de Bienestar Regional, comunica a todos los convocados, los alcances consultados en una primera reunión realizada por Teams: dirigida entre otros al recurrente, bajo el siguiente tenor:

“Estimados Funcionarios/as:

Junto con saludarlos de acuerdo a la primera reunión sostenida con ustedes Vía Teams, a través de este correo se formaliza su cambio de calidad Jurídica de CDT a Contrata con los siguientes alcances ya informados en la primera reunión:

Pasan a contar del 01/03/2025 a las dependencias de la Oficina Sectorial Arica en Calidad de Funcionario/as a Contrata Temporal, damos esta fecha ya que estamos haciendo todas las gestiones posibles para poder tener sus reemplazos y puedan comenzar la fecha indicada.

Dada su nueva Calidad Jurídica toman nuevas responsabilidades.

Aparte de CC. FF, pasan a formar parte de todos los diferentes roles de turno de Controles Fronterizos, Barreras Sanitarias, Puerto, etc., y las diferentes actividades que realiza la Oficina Sectorial Arica.

Importante recalcar y recordar que estos cupos de traspasos son de carácter temporal (Contratas temporales) y tendrán una duración de 9 meses, no pudiendo retornar como CDT ya que ahora deben renunciar a esta calidad para tomar estos cupos temporales.”

Así con fecha 19 de febrero de 2025, se recibe la renuncia voluntaria del recurrente, en conformidad al artículo 159 N° 2 y 177, del Código del Trabajo, lo cual se hizo efectivo a contar del 1 de marzo de 2025, firmada ante Notario Público Interino, nombre reservado, en la misma fecha.

Que con fecha 28 de abril de 2025 se celebra finiquito entre el Servicio y el recurrente, cancelándose en dicho acto feriado legal y proporcional por un monto de $ 1.072.660.- declarando, además, haber recibido en forma íntegra y oportuna la totalidad de las remuneraciones y prestaciones convenidas, pago de previsión, beneficios y asignaciones de orden previsional, horas y gratificaciones, declarando que nada se le adeuda por los conceptos antes referidos y ni por ningún otro de origen contractual y/o legal, derivado de la prestación de servicios ejecutadas para este empleador, que no tiene cargo ni reclamo alguno que formular respecto de su empleador por lo que otorga el más amplio y completo finiquito.

Que, dicho acto fue materializado mediante la Resolución Exenta RA 118035/625/2025, de fecha 29 de mayo de 2025, registrada ante la Contraloría General de la República, señalándose que se pone término de contrato de trabajo por renuncia del trabajador a contar del 1 de marzo de 2025.

Es importante señalar que, de todas las personas convocadas a realizar el cambio de modalidad de contratación, existió un trabajador que decidió no cambiarse, el Sr. nombre reservado, desempeñándose en la actualidad como Código del Trabajo como inspector en el Control Fronterizo de Chungará, lo cual demuestra que dicho cambio fue un acto voluntario de parte de todos los involucrados.

Explica que, dentro de este periodo, el recurrente tuvo algunos inconvenientes al incorporarse a su turno, llegando con hálito alcohólico, por lo que se instó y gestionó a que fuera asistido en algún programa del CESFAM (Centro de Salud Familiar) con el fin de poder ingresar al Programa de SENDA, accediendo a ello debido al consumo problemático de alcohol, sin embargo y según da cuenta los correos que se acompañan con una trazabilidad de fecha 20 de mayo a 19 de agosto de 2025, el recurrente no realizó ninguna gestión tendiente a su rehabilitación.

Que, de acuerdo con los procedimientos, el 12 de agosto de 2025, se procede a realizar la evaluación de la continuidad de las contratas, en donde el recurrente obtuvo las siguientes calificaciones, según FICHA DE EVALUACIÓN, la cual expresa presentación del formulario de evaluación que servirá de fundamento para la renovación de contrato de aquellos/as funcionarios y funcionarias del Servicio. Las notas asignadas por parte de la jefatura corresponderán a la evaluación de los subfactores. En base a la información expuesta el formulario arrojará finalmente la decisión de "Renovar" o "No Renovar" el contrato. Y a partir de los datos expuestos y con una calificación de 2.72 puntos que corresponde a un desempeño insuficiente, la jefatura considera pertinente, no renovar la contrata, cuyos fundamentos se basan en los principios de Eficiencia, Resguardo Institucional, Responsabilidad Administrativa y Equidad Interna, teniendo presente los Objetivos Institucionales.

Que producto de dicha calificación, el Jefe Sectorial acudió a las dependencias del Control Fronterizo de Chacalluta, con el fin de notificar al recurrente su no renovación de contrata, acompañando Acta de Notificación, de fecha 31 de agosto de 2025, frente al Jefe de Turno, don nombre reservado, quien hizo de ministro de fe, frente a la negativa de recurrente de firmar.

Que, mediante correo institucional, de fecha 31 de agosto de 2025 del recurrente al Jefe de oficina nombre reservado, expone lo siguiente:

“En base A lo conversado hoy domingo 31 de agosto del presente en CFT Chacalluta usted me notificó que no me renovaría el contrato y que no pertenecía más a la Oficina Arica a partir de mañana lunes 01-09-25. Cabe señalar que me presentaré en la Oficina Regional de Arica para conversar con el Encargado de la Unidad de las Personas y marcaré mi asistencia en ese lugar ya que mi contrato según SIGPER caduca el día 01-09-25. Sin otro particular se despide atte. de usted nombre reservado.”

Se aprecia que el Servicio no ha vulnerado garantía constitucional alguna, toda vez que el personal referido, contratado bajo la modalidad de contrata, sabían que su contrato era inicialmente de un plazo de 6 meses, sujeto a renovación o no, dependiendo de su calificación durante dicho periodo, hecho del todo conocido por el recurrente, teniendo claro que su contrato llegaba hasta el 1 de septiembre del año en curso, como él mismo lo manifiesta en su correo de fecha 31 de agosto de 2025, sin que exista la necesidad de tener que emitirse un acto administrativo fundado que así lo estableciese.

Que, habiendo renunciado de forma voluntaria el recurrente a su contrato de trabajo, el cual desempeñaba exclusivamente en el Control Fronterizo de Chungará, en turnos de 7x7, y habiendo accedido a ser contratado bajo la modalidad de contrata por un plazo determinado de seis meses, se adoptó el término de este último por la llegada de dicho plazo, por lo que malamente podría pretender aplicar el criterio que sobre la materia ha unificado la Corte Suprema, respecto al principio de confianza legítima.

Estima que el Servicio ha actuado sobre la base de una facultad legal que le asiste, dentro de su competencia y bajo el criterio unificador que ha pretendido el fallo de la Excma. Corte Suprema, por lo que estimamos que no existe ilegalidad, ni arbitrariedad alguna en la decisión de no renovar la contrata del recurrente, quien fuere notificado con fecha 31 de agosto de 2025, considerando, además, que es el mismo acto administrativo que establece su vigencia, y que llegado el plazo, deja de producir los efectos, siendo éste de carácter terminal, por lo que no es procedente solicitar que se impugne, por medio del presente recurso dicha decisión, por lo que corresponde que éste sea rechazado en todas sus partes con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en el caso concreto, el acto cuya declaración de ilegalidad y arbitrariedad se pretende es la notificación verbal del Director Regional del Servicio de 15 de septiembre del año en curso y por la cual le comunica al recurrente que no se renovará su contrata.

CUARTO: Que, tal como ha señalado nuestro máximo Tribunal, en sentencias rol 52.601-2023; 141.541-2022 133.186-2022, entre muchas otras, que la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3º, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata ha dicho precisamente que son aquellos de carácter temporal que se consultan en la dotación de una institución. Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley. Por otra parte, la determinación que la persona nombrada prestará sus labores “mientras sus servicios sean necesarios” entrega a la Administración la facultad de poner término a sus prestaciones con anterioridad al cumplimiento del período establecido. Es una habilitación consignada en su nombramiento, que guarda relación con el carácter temporal del mismo.

QUINTO: Que, la Resolución Exenta impugnada señala, por una parte, que la contrata durará hasta el 1 de septiembre de 2025, y por otro “y mientras sus servicios sean necesarios”; de lo anterior es posible colegir que llegado el plazo, la contrata se extinguió, aquello independientemente que conforme a las especificaciones del cargo, el mismo estuviera sujeto a evaluaciones previa a las renovaciones, por lo que en el presente caso, además de haberse cumplido el plazo, se efectuaron evaluaciones a todas las personas que optaron por modificar su calidad jurídica que los vinculaba con el Servicio, siendo el recurrente el único a quien no se le renovó el contrato, debido a la baja puntuación, no encontrándose la autoridad, en este caso, obligada a emitir un acto fundado de su decisión, pues ella terminó por el solo transcurso del tiempo, situación diversa si no se hubiere renovado solo por su rendimiento deficiente, pues en ese caso necesariamente deberá fundarse el acto.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, en el presente caso no existe un derecho indubitado del recurrente, ni mucho menos que éste se encuentre bajo el alero del principio de confianza legitima, pues si bien estuvo vinculado con el Servicio por más de 7 años, no es menos cierto que los contratos anteriores lo fueron a plazo fijo por meses y con posterioridad indefinido, sin que hayan transcurrido el plazo unificado por la Excma. Corte Suprema de 5 años; y, más aún, fue por una opción personal y voluntaria del recurrente de renunciar a su contrato indefinido reglado por el Código del Trabajo por uno, como le fue informado, de carácter temporal -contrata- y sujeto a evaluación, no pudiendo siquiera volver a su antiguo puesto, porque había mediado una renuncia al mismo, conforme a las normas del Código del Trabajo y mediando el correspondiente finiquito.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de los fundamentos anteriores, y que la fórmula utilizada por el Servicio podría ser discutible en sede laboral, es necesario señalar que lo pretendido en la presente acción constitucional es la reincorporación del recurrente a su puesto laboral, con derecho al pago de sus remuneraciones y demás bonificaciones del cargo, lo que es imposible para estos sentenciadores, desde que su contrata terminó precisamente el 1 de septiembre de 2025, y acceder al recurso significaría que esta Corte tendría la facultad de ordenar contratar a personas en un estamento público perteneciente a otro poder del Estado, lo que está proscrito para este tribunal, por lo que tampoco se está en condiciones de dar protección a las garantías alegadas como vulneradas al tenor del artículo 20 de la Carta fundamental, pues no existe una medida que pueda restablecer el derecho y para la cual esta Corte tenga potestad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado Patricio Sepúlveda Albornoz, en representación de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol 403-2025 Protección.