Recurso de protección

Arica, veintisiete de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de doña nombre reservado y el medio digital "nombre reservado", por haber publicado en dicho medio el reportaje titulado "nombre reservado", con vulneración de las garantías constitucionales de los N° 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que actualmente desempeña funciones como Presidente del Tribunal Supremo del Partido nombre reservado, y que el 25 de abril pasado se desarrollaron las elecciones internas de la colectividad, las que posteriormente fueron objeto de revisión y nulidad parcial por parte del Tribunal Supremo de la colectividad debido a diversas irregularidades detectadas, tales como incumplimiento de plazos, ausencia de trazabilidad y cuestionamientos procedimentales.

Señala que con posterioridad la decisión del Tribunal Supremo comenzó una escalada de hostigamiento, difusión de antecedentes personales y presiones dirigidas en su contra. En ese contexto, el 12 de mayo de 2026, se recibió en el correo del Tribunal Supremo una comunicación anónima remitiendo compilaciones de causas judiciales, solicitando su renuncia y advirtiendo expresamente que la situación llegaría a la prensa, lo que motivó una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones de Chile.

Expone que, posteriormente, la periodista nombre reservado tomó contacto con él vía WhatsApp y correo electrónico afirmando mantener información sobre al menos diez denuncias en su contra. Refiere que optó por no emitir declaraciones en amparo de su derecho a la vida privada, la naturaleza colegiada del órgano que preside y la improcedencia de debatir públicamente asuntos internos partidarios.

Acusa que, el 30 de mayo de 2026, el medio digital nombre reservado publicó el reportaje "nombre reservado", el cual incorpora referencias sensibles vinculadas a procedimientos reservados o no concluidos, induce públicamente una apariencia general de culpabilidad, mezcla condenas, denuncias, causas terminadas y reservadas, empleando expresiones peyorativas tales como "prontuario" y "delitos más graves", acompañadas de recursos visuales orientados a intensificar el impacto reputacional en su contra.

Agrega que parte de la información difundida corresponde a causas cuya publicidad se encuentra restringida conforme al Acta N° 44-2022 de la Corte Suprema —específicamente referencias asociadas a imputaciones por delitos de extrema gravedad como abuso sexual a menor de 14 años—, utilizadas para asociarlo públicamente a hechos respecto de los cuales no existe condena firme, vulnerando la reserva judicial destinada a resguardar derechos fundamentales y a su entorno familiar.

Manifiesta que la publicación vulnera la presunción de inocencia al presentar de forma acumulativa y descontextualizada investigaciones, denuncias y causas reservadas bajo una lógica de asociación incriminatoria, reduciendo públicamente su identidad personal e institucional. Agrega que no ejerce funciones públicas estatales ni ostenta cargos de representación popular que justifiquen un estándar intensificado de escrutinio sobre su esfera privada y familiar.

Expone que la difusión masiva y su mantención indefinida en plataformas digitales y motores de búsqueda genera una afectación continua, actual e intensa sobre su integridad psíquica, estabilidad emocional, familiar y social, la cual se vio agravada por el contacto a personas pertenecientes a su entorno cercano.

Sostiene que el acto reclamado ha vulnerado el derecho a la integridad psíquica y el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, consagrados en los numerales 1° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene a la recurrida eliminar las referencias vinculadas a causas sometidas a reserva judicial, abstenerse de reiterar o reproducir referencias incriminatorias respecto de procedimientos no concluidos o carentes de condena firme, y rectificar o contextualizar adecuadamente las expresiones y asociaciones que induzcan una apariencia general de culpabilidad; todo dentro de un plazo prudente y con una visibilidad equivalente a la publicación originalmente difundida, con costas.

Informando doña nombre reservado, y don nombre reservado, éste último en representación del medio digital nombre reservado, solicitan el rechazo de la acción, con costas.

Señalan que doña nombre reservado es periodista colaboradora de “nombre reservado”, y el reportaje aludido fue editado por don nombre reservado, director y representante legal del medio digital, quien cuenta con una dilatada trayectoria y múltiples reconocimientos internacionales en periodismo de investigación.

Sostienen que el reportaje aborda la crisis interna del Partido nombre reservado desencadenada a raíz de la decisión del Tribunal Supremo, presidido por el recurrente, de anular las elecciones internas de directiva comunicada el 16 de mayo de 2026, asunto que reviste un evidente interés público considerando que dicha colectividad cuenta con una bancada parlamentaria relevante en la Cámara de Diputados.

Indican que la investigación periodística constató que la situación judicial del recurrente atizó la disputa interna del partido, sustentándose en entrevistas a dirigentes, declaraciones de la diputada nombre reservado y documentos internos, como la carta enviada el 15 de mayo de 2026 por el vicepresidente del Tribunal Supremo, nombre reservado, al Consejo General del nombre reservado, solicitando tratar la eventual inhabilidad de nombre reservado al tenor del artículo 31 de la Ley de Partidos Políticos que exige intachable conducta anterior.

Aclaran que como periodistas no formaron parte de maniobras de presión u hostigamiento y que la información fue debidamente chequeada y contrastada; y, de hecho, desde el 20 de mayo pasado intentaron obtener la versión del recurrente vía correo y WhatsApp sin obtener respuesta.

Sostienen que el reportaje no otorga una “apariencia general de culpabilidad”, pues distingue expresamente entre condenas y denuncias. Respecto de la causa por abuso sexual a menor de 14 años, expresan que en todo momento se precisó que se trataba de una denuncia, absteniéndose de publicar datos que revictimizaran a la menor, agregando que los detalles de dicho asunto fueron expuestos por el propio recurrente en un recurso de protección anterior, Rol N°114-2025 de esta Ilma. Corte de Apelaciones de Arica, que no se encontraba bajo reserva.

Argumentan que su actuar se ampara en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión e información sin censura previa, garantizada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República y en la Ley N° 19.733, prevaleciendo el derecho de la sociedad a ser informada sobre hechos de relevancia pública.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, que el acto denunciado resulte ilegal o arbitrario y que provoque algunos de los efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, lo denunciado por el recurrente dice relación con haber publicado los recurridos el reportaje "nombre reservado", el cual contendría información sobre causas no terminadas y otras reservadas de su persona, además de utilizar expresiones peyorativas, induciendo una apariencia general de culpabilidad, lo que conculcaría sus derecho a la integridad psíquica y a la vida privada, así como la honra propia y la de su familia.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuar se enmarcó dentro del derecho a la libertad de información, consagrado en el numeral 12° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, destacando haber distinguido entre condenas y denuncias, además de haber contactado previamente al actor para obtener su versión de los hechos, cumpliendo así - esgrime- las disposiciones de la Ley N° 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

QUINTO: Que, en este contexto, existe en la especie una tensión evidente de derechos fundamentales, esto es, por una parte las garantías de la honra, la vida privada y la integridad psíquica del recurrente; y por la otra, el derecho a la libertad de informar y ser informado, extensible no sólo a la recurrida, sino a la sociedad toda.

SEXTO: Que, el artículo 19 N° 12 de nuestra Carta Fundamental garantiza a todas las personas "la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley".

Por su parte, la señalada ley dispone en su artículo 1° que la libertad de informar constituye un derecho fundamental cuyo ejercicio abarca el buscar, recibir y difundir informaciones por cualquier medio, reconociendo expresamente en su inciso final el derecho de toda persona a ser informada sobre hechos de interés general.

SÉPTIMO: Que, en aplicación del bloque de constitucionalidad mandatado en el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República, es preciso destacar primeramente que el artículo 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra la libertad de pensamiento y de expresión como el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, previendo que tal derecho no está sujeto a censura previa, sino a las responsabilidades ulteriores fijadas expresamente por la ley.

En idéntico sentido, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la libertad de expresión e información, disponiendo que sus restricciones sólo caben de forma excepcional y en virtud de las causas fijadas taxativamente en la ley.

OCTAVO: Que, por su parte, en cuanto al derecho a la honra y a la vida privada, éste también se encuentra transversalmente reconocido expresamente en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ahora bien, doctrinalmente la honra constituye un bien jurídico complejo compuesto de dos dimensiones: una subjetiva, consistente en la autoimagen y el sentimiento de dignidad que el individuo posee de sí mismo; y otra objetiva, también llamada reputación, referida a la fama, buen nombre, crédito social y estimación de que goza una persona dentro del entramado social en función de sus actos.

NOVENO: Que, en el examen de los límites legítimos y el estándar de protección al honor, el derecho al honor no reviste un carácter absoluto y debe ser armonizado con la libertad de expresión dentro de una sociedad democrática.

Bajo dicho marco, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha precisado reiteradamente, como ocurrió en la sentencia del caso nombre reservado contra el Estado de Chile, que la intensidad de la tutela sobre la honra objetiva se atenúa razonablemente cuando el sujeto afectado ejerce funciones de representación institucional en el ámbito político, sometiéndose voluntariamente al escrutinio y a la crítica de la comunidad.

DECIMO: Que, agotado el análisis normativo, corresponde analizar los hechos que motivan la acción constitucional. De la lectura del reportaje aludido, aparece que éste aborda las pugnas que existirían al interior del Partido nombre reservado, colectividad política de nivel nacional con representación en el Congreso Nacional, y hace referencia a la situación judicial del recurrente, actual Presidente del Tribunal Supremo de dicho partido.

Es menester destacar, al respecto, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recalcado que, en una sociedad democrática, aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público están más expuestas al escrutinio y la crítica del público, de manera que las actividades de aquellas salen del dominio de la esfera privada para insertarse en el debate público, exponiéndose voluntariamente a un escrutinio más exigente (Caso nombre reservado vs.

Chile, Sentencia de 24 de noviembre de 2022).

UNDECIMO: Que, consta en la causa que el reportaje no se fundamenta en imputaciones injuriosas o antojadizas, sino en una revisión de la información disponible en el Poder Judicial, distinguiendo técnica y conceptualmente entre condenas, detenciones y meras denuncias, indicando, en lo referente a un presunto delito de abuso sexual, que el contenido de dicha causa se encuentra reservado. De hecho, tal antecedente fue puesto en conocimiento público por el propio recurrente con anterioridad en la acción de protección Rol N° 114-2025 de esta misma Corte de Apelaciones.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, por otro lado, no es discutido que los recurridos contactaron al actor con días de antelación a la publicación del reportaje con el objeto de obtener su versión sobre los antecedentes, reconociendo el propio recurrente en su libelo que no lo hizo, de manera que no es posible imputar al medio o la periodista un actuar alevoso o carente de rigurosidad, pues los antecedentes demuestran que obró apegada a su deber de verificación y contraste de fuentes.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, todo lo expuesto permite descartar la existencia de una conducta ilegal o arbitraria reprochable a los recurridos, y no se divisa una perturbación, amenaza o conculcación de los derechos fundamentales reclamados por el recurrente, razón por la cual la presente acción constitucional debe ser desestimada, sin perjuicio del ejercicio de las acciones o derechos que la ley ordinaria otorga al afectado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de nombre reservado y el medio digital nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 402-2026 Protección.