Recurso de protección

Arica, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.

VISTO:

Compareció doña nombre reservado, abogada, por sí y en representación de su hija menor, y dedujo recurso de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de padre de la niña y juez titular del Tribunal de Familia de Arica; en contra de doña nombre reservado, en su calidad de jueza presidente del Comité de Jueces, y en contra de doña nombre reservado, en su calidad de administradora del mismo tribunal, por haber incurrido todos en vulneración de las garantías constitucionales que la amparan contempladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Respecto del recurrido nombre reservado, expone que con éste son padres de la niña SONIA, nacida el NUM000 de 2020, de parte de quien, luego de terminar la relación que los unía en el mes de agosto de 2021, ha sufrido diversos episodios de violencia y agresiones en presencia de la niña, quien también ha sido víctima de vulneraciones, lo que dio origen a las causas sustanciadas en el Tribunal de Familia de esta ciudad: RIT F-1747-2021, sobre violencia Intrafamiliar, en adelante VIF; RIT P-486-2022, sobre vulneración de derechos; RIT Z-267-2022, sobre cumplimiento de alimentos y relación directa y regular; RIT X-854-2022, sobre cumplimiento de causa de vulneración de derechos; RIT F-2099-2022, sobre VIF; y RIT P-2493-2022, sobre vulneración de derechos, asegurando que en todas ellas ha estado en una posición de desigualdad debido a que el recurrido nombre reservado se desempeña como juez titular de dicho tribunal.

Indica, que en la audiencia preparatoria de la primera denuncia, la consejera técnica nombre reservado, con nombre actual nombre reservado, al escuchar su propuesta de salida colaborativa, entre ellas, un examen sobre las habilidades parentales de nombre reservado, aseguró que éste de ninguna manera lo aceptaría, no obstante que dicha persona no estaba presente y su abogado nada dijo.

Agrega, que en la causa RIT Z-267-2022, el recurrido evacuó un traslado desde su perfil de juez, actuar que estima doloso y de mala fe, pues se valió de la información que manejaba como juez, y en la misma causa, ella solicitó al tribunal declararse incompetente, atendido que el recurrido es juez del mismo, ejerce jerarquía sobre los funcionarios y mantiene relación de amistad con sus pares, fijándose audiencia para el día 23 de enero de 2023, en circunstancias que en la misma causa el recurrido solicitó apremios de multa y orden de arresto en su contra, lo que fue resuelto el mismo día.

Adiciona, que realizó una nueva denuncia por VIF en contra del recurrido el día 16 de noviembre de 2022, la que no obstante tener preferencia para ser resuelta, lo fue dos semanas después, por un supuesto “error” de parte del tribunal, y a pesar que solicitó medidas cautelares urgentes e inmediatas debido a que el recurrido había ejecutado hechos de agresión hacia ella y su hija, sólo le fue otorgada la medida menos rigurosa y más beneficiosa para aquél, consistente en rondas policiales.

Sostiene, que en la causa RIT P-2493-2022, la amiga del juez y consejera técnica ya mencionada, doña nombre reservado, intervino en la audiencia y actuó como juez el magistrado don Oscar Agurto, también amigo del recurrido, pues vivieron juntos, y pese a la implicancia que el mismo Agurto había declarado en juicios anteriores, no lo hizo en la indicada y benefició una vez más a nombre reservado debido a las claras atribuciones que ambos tienen en su calidad de jueces, en un evidente uso y abuso de poder.

Respecto de la recurrida Renée Portilla, asevera que es colega y amiga de nombre reservado y que en su calidad de jueza presidenta del Comité de Jueces del Tribunal de Familia, y para favorecer a nombre reservado, no dio cumplimiento al deber que le impone el literal g) del artículo 24 del Código Orgánico de Tribunales, COT, al enterarse que su colega estaba siendo investigado por posible delito de maltrato habitual en contexto de VIF, dado que no accedió a su solicitud de informarlo al Comité de Jueces de la Corte Suprema (sic), a través de la Oficina de Reclamaciones de la Corte de Apelaciones de Arica (sic).

En relación a la recurrida nombre reservado, afirma que en su calidad de administradora del Tribunal de Familia de Arica, no dio cumplimiento a los deberes que establecen los literales d), f) y h) del artículo 389 B del COT, porque no informó de las aberraciones realizadas por uno de los jueces a la presidente del comité de jueces, doña Renée Portilla, para que se abriera investigación sobre el reprochable actuar del magistrado.

Solicitó acoger el recurso y ordenar al Tribunal de Familia de Arica que se declare inhábil para seguir conociendo la causa RIT Z-267-2022 y traspase su competencia a otro tribunal de familia, proponiendo al Juzgado de Familia de Iquique, o el que la Corte estime, con el objeto de restablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

En su informe, el recurrido don nombre reservado, señala que no existen denuncias por infracción a sus deberes o algún recurso de queja en su contra, negando cualquier acto u omisión destinado a dañar algún derecho de la recurrente o de su hija SONIA, dado que la primera ha ejercido los derechos que la ley señala en los procedimientos impugnados, de manera directa o mediante la asistencia de abogado, añadiendo que si bien el recurso señala una eventual desigualdad, no se reclama la legalidad de los procedimientos, la limitación o turbación a su ejercicio, ni alguna infracción a ellos o a su tramitación, aseverando que todas la causas aludidas en el recurso están terminadas.

Por su parte, la recurrida doña Renée Portilla, solicitó el rechazo del recurso, pues no ha recibido reclamo alguno de la recurrente y que el artículo 24 del Código Orgánico de Tribunales solo la faculta para actuar como calificador del personal a su cargo, calidad que no detenta el magistrado recurrido.

Finalmente, la recurrida doña nombre reservado informó que efectivamente el escrito de fecha 11 de agosto de 2022, fue subido desde el perfil del recurrido nombre reservado, por cuanto el poder del abogado designado previamente, no estaba aún proveído. Sin embargo, negó cualquier preferencia en la tramitación de las presentaciones del recurrido nombre reservado en perjuicio de la recurrente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales que tal norma contempla, amenazados o vulnerados por un acto u omisión ilegal o arbitrario, que requiere de la Corte de Apelaciones competente la rápida adopción de las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, del relato contenido en el recurso, aparece que la acción constitucional interpuesta se sostiene en una supuesta actuación ilegal y arbitraria del recurrido nombre reservado, de la jueza presidente del Juzgado de Familia y de su Administradora, en la sustanciación de las causas RIT F-1747-2021, RIT P-486- 2022, RIT Z-267-2022, RIT X-854-2022, RIT F-2099-2022, y RIT P-2493-2022, controversias del orden familiar suscitadas entre ella y el padre de la hija de ambos, imputación que fue negada por las personas recurridas.

TERCERO: Que, para resolver el recurso, se tendrá presente que si bien la recurrente realizó un relato general y atomizado sobre las irregularidades que dice cometidas por los recurridos en la sustanciación de las causas individualizadas, aportó algunos antecedentes de respaldo en sustento de ellas, y esta Corte ordenó como medida para mejor resolver que la jueza presidente informara sobre las inhabilidades hechas valer en las causas en que incide el recurso, lo que finalmente cumplió la presidente subrogante, omitiendo referirse a las inhabilidades planteadas en la RIT 2493-2022, limitándose a señalar que la misma se encontraba afinada, dando cuenta de que en todas ellas, la mayoría de los jueces manifestaron causales de recusación, en tanto que la magistrada Renée Portilla declaró en todas ellas y desde el inicio, la causal de implicancia del artículo 195 N°1 del COT.

En el caso del juez Oscar Agurto, con fecha 17 de noviembre de 2021 manifestó afectarle la causal de recusación del artículo 196 N° 15 en la RIT F- 1747-2021; con fecha 2 de mayo de 2022, en la causa RIT 267-2022, declaró su implicancia por la causal prevista en el artículo 195 N°1 del Código Orgánico de Tribunales. Sin embargo, el 16 de agosto de 2022, en la RIT P-486-2022, ya declarada su implicancia en la causa antes mencionada, manifestó afectarle la recusación del artículo 196 N°15 , y lo mismo hizo el día 20 de enero de 2023, en la causa RIT X-854-2022.

Respecto de la jueza doña Carolina Valenzuela, el día 17 de noviembre de 2022, declaró su implicancia en la causa RIT F-2099-2022 por la causal del artículo 195 N°1 del COT, sin embargo, en la causa RIT Z-267-2022, con fecha 23 de enero de 2023, declaró afectarle la causal de recusación prevista en el numeral 15 del artículo 196 del mismo código.

Por su parte los magistrados Juan Robles, Juan Fuentes, Lucía Valenzuela, y Luis Jorquera, si bien consignaron causales de recusación en las causas, posteriormente declararon su implicancia en ellas por la causal prevista en el artículo 195 N°1 del COT.

Tales antecedentes, junto a los aportados por la recurrente y a lo informado por la administradora doña nombre reservado en cuanto a que efectivamente el escrito de 11 de agosto de 2022, agregado en una de las causas cuestionadas, fue subido desde el perfil del recurrido nombre reservado, al no estar proveído el poder conferido al abogado previamente, constituyen la base para establecer si en la sustanciación de las causas en que incide este recurso se han vulnerado los derechos que la recurrente denuncia como amagados.

CUARTO: Que, en cuanto al derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que ha de analizarse e interpretarse respecto del derecho al debido proceso invocado, en relación a la tutela judicial efectiva asegurada en su numeral 3, su contenido, como manda el inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental, debe integrarse con la norma del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia; que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil; y con la norma del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Las normas nacionales e internacionales citadas imponen a los órganos del Estado, en síntesis, el deber de asegurar a todas las personas que sus causas serán conocidas y resueltas por un tribunal competente, independiente e imparcial, deber que esta Corte estima incumplido en este caso. En efecto, el relato de vulneraciones procesales denunciadas en el recurso encontró sustento en los informes requeridos por esta Corte, que dan cuenta de lo siguiente: 1.- Que el recurrido Sr. nombre reservado sirve como juez titular del tribunal en que se sustanciaron y se sustancian sus causas con la contraparte y recurrente. 2.- Que tal persona, al menos en una oportunidad, realizó actividad procesal particular desde su puesto de trabajo, efectuando una presentación en una de las referidas causas, utilizando su perfil institucional. 3.- Que los jueces Sres. Oscar Agurto y Carolina Valenzuela, no obstante declarar su implicancia en algunas de las causas cuestionadas, actuaron posteriormente en otras consignando causales de recusación, trasladando la carga de alegarlas y probarlas a la recurrente, siendo una actuación que no resultaba procedente de acuerdo a derecho, atendidas sus implicancias previamente declaradas. 4.- Que, no obstante que el resto de los magistrados, salvo la jueza Renée Portilla que lo hizo desde el inicio, ya avanzada la sustanciación de las causas seguidas por la recurrente contra el magistrado nombre reservado, declararon su implicancia, lo cierto es que con anterioridad sólo manifestaron la causal de recusación por estrecha amistad con dicho magistrado o haber sido testigo en alguna de las causas, lo que llama a dudas sobre la tardía declaración de implicancia, atendida la causal en que la fundaron.

De los antecedentes referidos, cuya valoración se efectúa de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se desprende que era evidente para cada uno de los magistrados que intervino en las causas de familia cuestionadas, que el juez don WALTER era parte en las mismas, lo que naturalmente generaba una desigualdad de hecho con la contendora del magistrado, ante lo cual, y atendida la causal de implicancia finalmente declarada, no optaron por fórmulas legales existentes para asegurar el debido proceso a la referida, entre otras, las reglas de subrogación previstas en el inciso primero del artículo 118 de la Ley 19.968, o decidiendo a través del Comité de Jueces, la radicación de todas las causas en uno o dos magistrados no implicados, ajustando para ello el procedimiento anual objetivo y general de distribución de causas aprobado por el comité, de acuerdo a las normas de los artículos 15 y 17 del Código Orgánico de Tribunales, aplicables por remisión del artículo 118 citado.

Lo expuesto, a criterio de esta Corte, ha dejado en evidencia que efectivamente se vulneró a la recurrente el derecho a la igualdad, y éste en relación a la garantía del debido proceso, al verse enfrentada a una disparidad procesal frente a un contendor que ejercía poder en la judicatura que debía resolver sus asuntos familiares, lo que se vio facilitado por la titubeante actividad de algunos magistrados, quienes, luego de declarar su respectiva implicancia y quedar inhibidos del conocimiento de la causa respectiva, en la misma o en otras, consignaron causales de recusación que no procedían, por lo que no es atendible el argumento de que la recurrente no haya hecho valer tales causales.

En cambio, los antecedentes analizados no fueron suficientes para estimar acreditadas las vulneraciones a los derechos de los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la carta fundamental.

QUINTO: Que, no obstante lo analizado y concluido, habiéndose informado por la jueza presidente subrogante del Tribunal de Familia que la mayor parte de la causas en que incide este recurso se encuentran terminadas, el recurso ha perdido oportunidad respecto de las mismas, debiendo acogerse, en cambio, respecto de aquélla o aquéllas que se encuentren vigentes, por haberse vulnerado a la recurrente los derechos que le reconocen los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, sólo respecto de la o las causas que se encuentren en tramitación en el Juzgado de Familia de esta ciudad, cuyas partes son don nombre reservado y la recurrente, por haberse vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso de ésta, debiendo el tribunal señalado disponer que tales causas sigan sustanciándose por un juez no implicado, y de no haberlo, acuda a las normas de subrogación en la forma que manda el artículo 118 de la Ley 19.968.

Atendida la información allegada a este recurso, pasen los antecedentes al pleno de esta Corte, para los fines pertinentes.

Se previene que la ministra Sra. María Verónica Quiroz Fuenzalida concurrió al acuerdo, pero sin compartir el fundamento vertido en el numeral cuarto del motivo cuarto. Redactó la ministra Sra. Ríos Meza, y la prevención su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 4-2023 Protección.

Sentencia pronunciada por las ministras Sras. María Verónica Quiroz Fuenzalida y Juana Rosa Ríos Meza, y el abogado integrante don Mario Palma Sotomayor. No firman la Sra. nombre reservado y el Sr. nombre reservado, no obstante su concurrencia a la vista y al acuerdo, por encontrarse la primera con feriado legal, y el segundo, por haber concluido su cometido.