Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES por la dictación de la Resolución Exenta N°3981

C.A. de Arica Arica, treinta de enero de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece Juan Díaz Parada, abogado y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad peruana con cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado y domiciliado en domicilio reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES por la dictación de la Resolución Exenta N°3981/737 de 24 de diciembre de 2021 que resuelve su expulsión del territorio nacional.

Refiere que su representado cuenta con residencia definitiva otorgada el 1 de septiembre de 2019, con cédula nacional para extranjeros vigente hasta el 2 de diciembre de 2024, con un trabajo estable de carpintero en la empresa Guzman Larraín y en convivencia desde el año 2017 con la nacional nombre reservado.

Explica que en el mes de enero de 2021 fue detenido al ser sorprendido ingresando de manera ilegal al país, pero aquello tiene una razón en la época de pandemia, con las fronteras cerradas preocupado por la salud de sus familiares en Tacna, cometió dicha infracción.

Afirma que han pasado dos años y once meses desde la dictación de la resolución y aquella solo le es notificada el 23 de octubre pasado, no pudiendo alegar la recurrida que no haya sido habido ya que registra firma semanal ante la Policía de Investigaciones.

En cuanto a las garantías vulneradas cita las previstas en los numerales 1, 2, 3 del artículo 19 y el artículo 20 ambos de la Constitución Política de la República.

Pide se deje sin efecto la resolución impugnada.

Informó en su oportunidad la autoridad recurrida, detallando que según lo comunicado mediante Informe Policial N° 203 de 17 de enero de 2021 de la Policía de Investigaciones de Chile, el extranjero ingreso al país por un paso no habilitado eludiendo el control migratorio.

Indica que, considerando los hechos denunciados y demás antecedentes tenidos a la vista, dictó la Resolución Exenta N° 3981 de 24 de diciembre de 2021, que ordena su expulsión debido a su ingreso clandestino al país.

Refiere que el acto administrativo que dispuso la expulsión del amparado se fundó en el referido ingreso clandestino, eludiendo el control migratorio respectivo, lo cual está dentro de sus atribuciones legales conforme lo disponen los artículos 69 y 78 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, en relación con los artículos 146 y 148 de su Reglamento. Asimismo, sostiene que siguió el procedimiento establecido en la legislación, no existiendo vulneración alguna de los derechos fundamentales reconocidos y amparados por la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales ratificados y suscritos por Chile.

Destaca que, pese a tener una relación personal con una persona chilena no se logra acreditar por el amparado un arraigo en el territorio nacional, tampoco acreditó arraigo social ni laboral, pues acompañó un certificado de cotizaciones que dan cuenta de 9 meses de cotizaciones, pese a que ingreso en el año 2008.

Finalmente, niega la arbitrariedad en la resolución pronunciada por la autoridad administrativa, pues el derecho de expulsar emana de la soberanía del Estado y, a su juicio, no se requiere de condena por ingreso ilegal, al tratarse de facultades administrativas del órgano de la Administración, lo que sumado a que el recurso de amparo no es la vía idónea para la impugnación de la medida sancionatoria, amén que durante el procedimiento administrativo se han resguardado los principios establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que pide rechazar el recurso por las consideraciones jurídicas que latamente expuso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en el caso en particular, consta en la carpeta electrónica, la resolución de expulsión en cuestión, a saber, Resolución Exenta N° 3981/ 737 de 24 de diciembre de 2021, motivada por el ingreso clandestino del extranjero, que se fundó en lo dispuesto en los artículos 69 del Decreto Ley N° 1094 y 146 del Decreto N° 597.

CUARTO: Que, los artículos 69 del Decreto Ley N° 1094 y 146 del Decreto N° 597, citados en el decreto impugnado, establecen que los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él, clandestinamente, serán sancionados con las penas que dichas normas indican, y que una vez cumplida la sanción u obtenida su libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 158, se deberá disponer su expulsión del territorio nacional. A su vez, los artículos 78 del Decreto Ley N° 1094 y 158 del Decreto N° 597, en lo pertinente, señalan que el ministro del Interior o Intendencia Regional, podrán desistirse de la denuncia o requerimiento en cualquier tiempo, dándose por extinguida la acción penal, y, en tal caso, el tribunal dictará el sobreseimiento definitivo y dispondrá la inmediata libertad de los detenidos o reos.

QUINTO: Que, hay que distinguir lo que es la acción penal por el delito de ingreso ilegal al país de la facultad meramente administrativa de expulsión a las personas que no cuenten con un ingreso regular. El reglamento respectivo permite esta segunda posibilidad que es independiente de la acción penal y por lo tanto no se ha incurrido en ninguna ilegalidad al proceder a expulsar a quien no demuestra haber cumplido las exigencias que el Estado impone a los extranjeros, independientemente de su nacionalidad, para entrar legalmente al territorio nacional, tanto más, si el extranjero reconoce haber ingresado por un paso no habilitado, aun cuando lo justifica por el periodo de la pandemia, cierre de fronteras y la preocupación por el estado de salud de sus familiares en Tacna, Perú.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento el artículo 17 del D.L. N° 1.094 así como la letra g) del artículo 2 de la Ley N° 19.175, establecen la procedencia de la expulsión en los casos de ingreso clandestino, y que dicha atribución es ejercida, como lo señalan los mencionados cuerpos legales, por la Delegación Presidencial Regional como continuador del Intendente Regional, por lo que la resolución atacada en esta sede ha sido dictada por autoridad competente, en uso de sus facultades legales y debidamente fundamentada, razón por la que, no existe la vulneración de derechos denunciada respecto del amparado, dado que admitió haber ingresado clandestinamente al país.

SEPTIMO: Que, con el mérito de los antecedentes que sirven de sustento al informe de la recurrida, se advierte que el recurrente intento ingresar de manera clandestina a Chile, habiendo realizado la denuncia respectiva, sin que su desistimiento posterior, le impida a la Delegación Presidencial Regional ejercer las facultades que emanan del Derecho Administrativo sancionador.

OCTAVO: Que, asimismo, ningún tipo de arraigo consistente ha alegado el extranjero en el territorio nacional y los documentos allegados, consistentes en una declaración jurada de convivencia formulada por nombre reservado, certificado de afiliación a una administradora de fondos de pensiones y un certificado de diez meses de cotizaciones, no son suficientes para esgrimir una exención al régimen normal de migraciones, a lo cual se debe adicionar lo razonado recientemente por la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol N°252.184-2023 sobre la necesidad de acreditar los arraigos invocados en todas sus esferas, lo que no ocurrió en la especie y Rol N°986-2024, también del Máximo Tribunal en que dada la fecha de la expedición de la Resolución que ordena una expulsión, ha resuelto que “1.- Que el acto impugnado fue dictado por la Autoridad Administrativa competente, en un caso previsto por la ley, encontrándose además debidamente fundado, lo que descarta la existencia de ilegalidad en su emisión. 2.- Que, por lo demás, debe tenerse en consideración que a la fecha de la dictación del acto impugnado, la autoridad administrativa estaba facultada para la dictación de la expulsión que por esta vía se reclama, derivado del ingreso clandestino.”, todas razones por las cuales no puede prosperar la acción.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido en el folio 1.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 398-2024 Protección.