nombre reservado CONTRA nombre reservado

Arica, cuatro de enero de dos mil veinticinco.

VISTO:

Compareció doña nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado de esta ciudad e interpuso recurso de protección en contra de doña nombre reservado, ignora profesión u oficio, domiciliada en domicilio reservado de esta ciudad, por vulnerar las garantías constitucionales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundó su arbitrio en la situación, que dijo, se arrastra por más de 23 años, consistente en que su vecina -la recurrida- comenzó a recoger basura en la calle y llevarla a su casa; que al principio no le dio mayor importancia, porque no le afectaba, pero con el tiempo el patio de su vivienda se llenó de residuos. En esa época habló con su yerno y su familia decidió llevarla a vivir a Santiago, lo que permitió retirar toda la basura acumulada, sin embargo, a su regreso retomó la recolección de basura y escombros; nuevamente habló con su familia, pero esta vez no recibió respuesta positiva de sus hijas ni marido y con el tiempo el patio y la casa se llenó de basura, afectando su vida y la de su grupo familiar, ya que la casa de su madre y las viviendas aledañas se infestaron de roedores e insectos, a lo que agregó el riesgo de incendio, pues apiló material inflamable.

Ha recurrido a distintas instituciones a buscar ayuda, como el Servicio de Salud y Desarrollo Comunal, sin respuesta; también hicieron reuniones en la Junta de Vecinos, convocando a Carabineros, Desarrollo Comunal y Cesfam Iris Véliz, en una ocasión tomaron fotografías del basural en la casa de la recurrida, pero nunca volvieron, sin obtener hasta ahora alguna solución definitiva.

Todas las instituciones le han respondido lo mismo “que, si la señora no abre la puerta, no pueden hacer nada”. En una ocasión le abrió a Carabineros, pero ella los trató mal y afirmó que los vecinos la hostigaban, que ella no tenía basura, sino que su trabajo es vender lo que recolecta.

Actualmente la acumulación de basura es tal, que la muralla divisoria del patio de su casa exhibe daños estructurales, pudiendo colapsar en cualquier momento y caer la basura a su patio, ha invitado al marido de la recurrida a mirar, pero sólo se compromete a hablar con ella.

La recurrida sube permanentemente a su basural para “organizarlo”, pero sólo mueve los desechos de un lado a otro, haciendo ruido hasta altas horas de la noche, impidiéndoles descansar y cuando le reclaman, responde con insultos y amenazas.

Hace un año, junto a los vecinos, la denunciaron, pero sólo le impusieron una multa, que pagó, burlándose.

Interpuso una demanda por abandono de adulto mayor, ya que sus hijas casi no la visitan, pero ellas sólo vinieron a verla, sin limpiar el basural.

Su madre -dueña de la casa afectada- tiene 94 años y está postrada y su preocupación es que se produzca un derrumbe o un incendio cuando está en su trabajo, pues ella queda sola con su hija mayor. Fue igualmente a Senama, sin solución.

Hace dos semanas Dideco informó que habían cerrado el caso, pues habían fiscalizado y comprobado que la recurrida había limpiado toda la basura, pues enviaron camiones para su retiro, lo que es falso, ya que todo permanece como siempre, lo mismo informó Diprese.

Hoy el acopio de basura ha aumentado y no sabe dónde recurrir para solucionar esta situación y terminó solicitando que se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho, ordenando a la recurrida el cese inmediato de la acumulación de basura, retire los residuos bajo supervisión de las autoridades competentes, en resguardo de su integridad y evitar situaciones de riesgo sanitario y de seguridad.

En su oportunidad la recurrida evacuó informe, solicitando el rechazo del presente arbitrio, afirmando, en primer término, que el material acumulado es de reciclaje, no basura.

En lo que toca a la vulneración de la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, alegó la falta de legitimación pasiva, dado que el reclamo consiste en la omisión de solución de las autoridades, como las señaladas en el recurso, por lo tanto, la acción debió dirigirse contra la Municipalidad de Arica, su Dirección de Desarrollo Comunitario.

Solicitó se declare inadmisible el recurso, por tratarse de un derecho controvertido y falto de urgencia. Explicó que lo acumulado no es basura, sino material reciclable para su uso y distribución, por lo que resulta controvertida la calificación jurídica de la situación de hecho planteada y debe ser conocida por los organismos y/o tribunales de justicia; como de hecho reconoce la recurrente al señalar que Dideco rechazó el requerimiento que cursó.

La recurrente pretende, dijo, que se declare la existencia de un microbasural, sancionado en el artículo 6 del Decreto 570, que aprueba la ordenanza N° (sic) de 1988 de la I. Municipalidad de Arica, que transcribió. Tampoco señala la recurrente si efectuó alguna denuncia en Carabineros o si se conoció por el Juzgado de Policía Local y menos de una resolución judicial que así lo declare, lo que deviene, afirmó, en que es un derecho controvertido.

Las fotografías acompañadas no precisan fecha y tampoco se distingue en ellas si es material reciclable o basura y el parte policial acompañado data de más de un año atrás.

Por último –y complementando su petición de inadmisibilidad, dijo- existen mecanismos administrativos y judiciales para la solución de la problemática planteada en el recurso y, en relación con el colapso del muro medianero, existen acciones posesorias, como la denuncia de obra ruinosa.

Se trajeron los autos en relación y, cumplida la medida para mejor resolver decretada, se ordenó regir el estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Constitución Política de la República se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ante situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo, cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones competente adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal y, establecido ello, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, en la especie, la acción imputada de arbitraria o ilegal ha consistido en el acopio indiscriminado de basura en la vivienda de la recurrida -colindante con la de la recurrente- que ha significado la presencia de roedores e insectos y que representa, además, un riesgo inminente de incendio, dada la presencia de numeroso material inflamable.

CUARTO: Que la recurrida, pese a reconocer la presencia de tales residuos, los calificó de “material reciclable para su uso y distribución” y no basura, razón por la cual afirmó que dicha calificación se encuentra controvertida y, por lo tanto, tal conflicto debe ser conocido en sede administrativa o judicial, por vía de las acciones pertinentes.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al recurso, unidos al informe obtenido como medida para mejor resolver que corre en el folio 30, que contiene una visita domiciliaria al inmueble de la recurrida realizada el 26 de diciembre de 2024 por una asistente social de la I. Municipalidad de Arica, es posible advertir de las fotografías allegadas, a priori, la enorme cantidad de material de diversa naturaleza -ropa, bolsas, cartones, maderas y bidones plásticos- que se encuentra acopiado en el patio de dicha vivienda y que, acorde con aquellas acompañadas al recurso, dan cuenta que sobrepasa la altura de la muralla medianera con el inmueble de la recurrente; a lo que cabe agregar lo observado directamente por ella en cuanto a la presencia “evidente” de insectos, roedores y hedores que proliferan en la vivienda, así como el potencial derrumbe de tales materiales y/o un incendio de magnitudes, “considerando que en su mayoría la basura presente corresponde a materiales inflamables”.

Cabe consignar, además, que el estado del inmueble de la recurrida fue calificado de malo por la misma profesional y que las condiciones habitacionales son insalubres.

SEXTO: Que, si bien el derecho de propiedad que asiste a la recurrida permitiría, en principio, el legítimo ejercicio de la facultad de uso y goce del inmueble, él tiene como límite el derecho ajeno, en la especie, el de la recurrente de vivir en un ambiente libre de plagas y sin el inminente riesgo de incendio ni de la caída del muro medianero por la presión del material acopiado en la vivienda vecina, que redunda en su integridad física y/o síquica, como ha denunciado.

SÉPTIMO: Y para la acertada resolución del asunto, a juicio de esta Corte, corresponde realizar un test de proporcionalidad, en atención a la especificidad del conflicto de derechos que representa la situación de autos.

Y en aras de aquello, en primer término, valga señalar que a juicio de estos sentenciadores es, precisamente, el derecho de propiedad que detenta la recurrida el que debe ceder en su ejercicio al de bienestar de la recurrente y su grupo familiar -y también de otros vecinos, como queda de manifiesto por lo informado en el folio 30- y resulta útil aquí puntualizar que la premisa de la recurrida, en orden a que el acopio de dicho material corresponde a una actividad económica de reciclaje que realiza, ella debe siempre ajustarse a las normas legales que la rigen, en la especie, el Código Sanitario, la Ley 20.920 y sus Reglamentos y no habiendo acreditado de modo alguno tener los permisos correspondientes, tal actividad deviene en ilegal.

Y, al contrario, en la hipótesis de la recurrente tales acciones fueron calificadas de arbitrarias, y que esta Corte comparte, dado que el ejercicio del derecho de propiedad de la recurrida aparece como abusivo e injusto, desproporcionado entre el fin pretendido con tal acopio -lucro- y los medios empleados – una acumulación monumental de residuos que pone en riesgo la vida y la salud de la recurrente.

OCTAVO: En este escenario, entonces, resulta ser carga de la recurrida disponer las medidas de mitigación necesarias y suficientes para perturbar de menor manera posible la vida habitual y la seguridad de la recurrente, derechos estos últimos que, como se ha dicho, se encuentran constitucionalmente resguardados y que, por de pronto, importarán la limpieza y sanitización de su vivienda y, en lo sucesivo la recurrida, deberá en su actividad ajustarse a los reglamentos y leyes que le imponen la actividad que realiza, o bien, un legítimo ejercicio de su derecho de propiedad.

NOVENO: En atención a lo que se dispondrá respecto de la Secretaría Regional Ministerial de Salud y, no obstante no haber sido emplazada en este arbitrio, se ha tenido en consideración las funciones que le asisten, sobre todo, aquellas señaladas en los artículos 67, 68, 77 y 80 del Código Sanitario y Ley 20.920.

DÉCIMO: Por último, no han pasado inadvertidas a esta Corte las conclusiones a que arribó la profesional que realizó la visita incorporada en el informe evacuado en el folio 30, en orden a la avanzada edad de la recurrida y su cónyuge, que viven en condiciones insalubres y el mal estado de la vivienda, unido al hecho que ya fue sustanciada una causa sobre medida de protección en su favor en el Juzgado de Familia de esta ciudad y que, los hechos de esta causa dan cuenta que los compromisos allí asumidos por las hijas de la recurrida no han sido cumplidos, de modo que, frente al imperativo del resguardo de sus derechos, en tanto persona mayor, se dispondrá la medida que se dirá en lo resolutivo.

UNDÉCIMO: En atención a lo que se ha venido reflexionando, se omite pronunciamiento respecto de la alegación de falta de legitimación pasiva de la recurrida.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de doña nombre reservado sólo en cuanto se ordena a esta última proceder a la limpieza y sanitización del patio de su vivienda, dentro del término de 15 días contados desde su notificación; la que deberá realizar asistida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, debiendo remitirse a esta última copia de la presente sentencia.

Proveyendo a este último organismo para dichos efectos con la asistencia de la fuerza pública, específicamente de Carabineros de Chile, quienes tendrán facultades de allanamiento y de descerrajamiento en el caso de ser estrictamente necesario, ofíciese al efecto.

II.- Remítase copia íntegra de estos antecedentes a Servicio Nacional del Adulto Mayor de Arica y al Juzgado de Familia de Arica, en la causa Rit P-755-2024, para los fines a que haya lugar.

III.- Remítase copia de esta sentencia a la Dirección de Desarrollo Comunal de la I. Municipalidad de Arica para que colaboren en las labores señaladas en el numeral I.- precedente.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redactada por la ministra señora Claudia Arenas González.

No firma el Ministro, señor Pablo Zavala Fernández, quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la presente causa, se encuentra haciendo uso de su feriado legal.

Rol 390-2024 Protección.