nombre reservado con nombre reservado

Arica, seis de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado de esta ciudad y deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, Directora del Liceo Artístico Juan Noé Crevani y de nombre reservado CALLE, profesora del mismo establecimiento.

Expone que fue contratado como profesor de música para enseñanza básica y media en el Liceo Artístico de Arica en el mes de marzo del año en curso y pese a iniciar con entusiasmo sus labores, generar redes con sus colegas y desarrollando vínculos de respeto y confianza con sus alumnos, se han generado una serie de situaciones que importan conculcar sus derechos constitucionales a la integridad personal, física, psicológica y a la honra.

Explica una serie de eventos que se han sucedido en el tiempo que configuran maltrato y acoso laboral, por ejemplo el llamado de atención de la Directora en el mes de abril por no usar zapatos de vestir, pese a que algunos profesores asisten con jeans o buzo, luego la molestia de la Directora y del equipo de convivencia por denunciar que uno de sus alumnos estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar y reclamar su inactividad, a continuación el trato hostil de una profesora de cuarto medio y sus estudiantes, mismos que posteriormente van a firmar dos cartas de reclamo en contra de su persona, la última con acusaciones y reclamos basados en situaciones totalmente falsas.

Reprocha que la Directora no tomó cartas en el asunto y permitió que la recurrida señora nombre reservado continuara generando un ambiente hostil en su contra, llegando incluso a hablar mal de su persona frente a sus alumnos, generándose otra serie de incidentes ahora con una alumna de cuarto medio quien presentaría un certificado médico para no dar su examen con él porque le provocaba ansiedad.

Posteriormente y ya con licencia médica en una reunión en la que participó la Directora con el jefe de UTP y dos profesores ésta expuso la existencia de apoderados que estaban enviando correos y participando en una funa en su contra, la que fue incluso compartida por la profesora nombre reservado entre sus apoderados de cuarto medio en el mes de octubre.

Relata que pese a pedir al equipo de convivencia una mediación con la profesora nombre reservado, ésta se hizo sin su asistencia, y producto de lo narrado ha debido enfrentar una serie de afecciones emocionales, ya que se ha puesto en tela de juicio su honra y se ha afectado su estabilidad laboral pues, no se encuentra considerado para el año 2024.

Finaliza haciendo presente que su caso no es el único en el establecimiento, pues anteriormente una profesora fue acosada laboralmente y la Directora mantuvo la misma conducta negligente y cómplice, tal como se lee en la sentencia dictada en la causa T 13-2017 del Juzgado del Trabajo de Arica.

En cuanto a las garantías vulneradas cita las previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide se le ofrezcan disculpas públicas por parte de las recurridas, de forma escrita, las cuales deberán ser dadas a conocer a toda la comunidad educativa, estudiantes, apoderados, profesores, asistentes y directivos, con copia al Servicio Local de Educación Chinchorro, se apliquen las normas y procedimientos establecidas en el reglamento de convivencia escolar, determinando las responsabilidades y aplicando las sanciones que correspondan a la profesora nombre reservado Calle y al equipo de convivencia escolar, se respete su contrato de trabajo ordenando se incluyan en el año 2024, las horas pedagógicas por las que fue contratado y se prohíba la generación y/o divulgación de publicaciones injuriosas en su contra por cualquier miembro de la comunidad educativa o terceras personas y por cualquier medio, incluidas todas las redes sociales y aplicaciones de todos los tipos, mensajes de texto o whatsapp.

Informó en su oportunidad la recurrida y expuso que efectivamente corresponde a la Directora comunicar la vestimenta que debe utilizarse en la atención de los estudiantes; en cuanto al procedimiento con el estudiante de educación básica mencionado en el recurso se realizaron las gestiones correspondientes con asesoramiento de la Oficina Local de la Niñez a fin de fortalecer las competencias parentales de ambos padres, alumno que en todo caso ya estaba en intervención y fue el recurrente quien no quedaba conforme con los protocolos acusándolos de errores y vulneración a los derechos del menor.

Añade que el 30 de junio de 2023 se recibió una carta de los estudiantes de cuarto medio quienes manifestaron su disconformidad con el proceso de tesina no aludiendo a ningún docente en particular, pero posteriormente el 3 de octubre se recibió una segunda carta, en la que manifestaban su disconformidad hacia el profesor nombre reservado, por sus tratos inadecuados, palabras inapropiadas, vocabularios soez y despectivo y, tras comunicarle el contenido de la aludida misiva es el recurrente quien le pregunta a la Directora si estaba considerado para el año 2024 y ésta le respondió que no. A todo esto se adiciona la denuncia en su contra de 20 de agosto de 2023 por parte de una alumna de iniciales JE que lo acusa de trato inadecuado, quien amparada en un documento emitido por su psicóloga sugiere el cambio de docente para la presentación de su tesina, organizándose por la Orientadora del establecimiento una mediación entre ambos, misma que aún se mantiene vigente con la profesora nombre reservado Calle para aclarar malos entendidos y llegar a acuerdos.

Por lo anterior no se vislumbra la forma en que el actuar de las recurridas puede ser contrario a la ley, toda vez que, en sus calidades de directora del establecimiento y profesora jefe de curso, correspondía aplicar los protocolos internos del colegio, incluyendo requerir la participación del encargado de convivencia escolar, ante acusaciones efectuadas por alumnos.

En cuanto a una eventual arbitrariedad, los actos denunciados en el recurso no obedecieron a un capricho de las recurridas, más bien, se motivaron por denuncias realizadas por los propios alumnos, las que ameritaban concretar las acciones que se ejecutaron.

En cuanto a la integridad síquica del recurrente, no parece lógico concluir que los hechos descritos y atribuidos a las recurridas puedan afectar su salud mental. Las licencias médicas que se acompañan al recurso indican ser por enfermedad común y fueron otorgadas por médicos generales que residen fuera de esta ciudad; por su parte, ni el establecimiento educacional ni su Sostenedor han recibido una resolución de calificación de enfermedad de origen laboral por parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), respecto del recurrente.

En cuanto al derecho a la honra, claramente los actos que el actor entiende como atentatorios a dicha garantía constitucional no fueron realizadas por mis representadas, quienes no han realizado actuación alguna que atente contra la reputación del actor ni menos que hayan pretendido difundir o exponer ese tipo de situaciones.

Respecto de su pretensión que se respete su contrato y se le incluya para la dotación del año 2024, su contratación es a plazo fijo hasta el 29 de febrero de 2024; por consiguiente, llegada esa fecha el vínculo terminará por la causal del artículo 72 letra d) del Estatuto Docente, por lo que no podría tener la característica de un derecho indubitado la mera expectativa del recurrente que su contrato sea renovado después de su vencimiento, al no estar amparado por el principio de la Confianza Legítima, reconocido por la Contraloría General de la República y la Jurisprudencia de nuestros Tribunales, para casos de reiteradas renovaciones; por lo demás, las recurridas no son las personas facultadas para realizar dicha renovación.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, las conductas consideradas por la recurrente como ilegales y arbitrarias en lo medular y tras dar detallada cuenta de los episodios que se fueron sucediendo durante el año escolar, es no implementar una instancia de dialogo para aclarar las acusaciones de un grupo de alumnos, sus apoderados y profesores del establecimiento.

CUARTO: Que, sin perjuicio de desconocer todo antecedente respecto de la “Funa” en contra del recurrente a manos de un grupo de apoderados, pues ninguna de las partes aportó luces sobre ese punto, lo cierto es que lo peticionado en el recurso excede con mucho los contornos de un recurso de protección, el cual tiene por objeto el restablecimiento urgente de vulneraciones a las garantías constitucionales de quien solicita el amparo.

En efecto la petición de renovación de un contrato de trabajo o la distribución de la carga horaria, no son materias susceptibles de abordar desde un recurso de protección de naturaleza cautelar.

Lo mismo se puede decir, con la pretensión de disculpas públicas frente a acusaciones que estima injuriosas o calumniosas, bien sea de parte de apoderados, profesores o alumnos, pues es requisito previo, que exista una sentencia en sede penal que declare la comisión de tales delitos.

Finalmente el reproche de la pasividad de la Directora, no parece acertado, frente a las diversas gestiones que, según se ha señalado por la informante, han sido realizadas entre alumnos, profesores y apoderados para mantener una adecuada convivencia estudiantil.

QUINTO: Que, en consecuencia la presente sede no es la vía idónea para la obtención de las reparaciones, renovaciones contractuales, modificación de los horarios laborales y declaraciones que pretende el recurrente, toda vez que accederse al cúmulo de las pretensiones de amparo que solicita la accionante, aquellas significarían resoluciones de carácter declarativo, que escapan, como se ha señalado al carácter cautelar que tiene un recurso de protección, lo que no se discuten derechos sino su restablecimiento, por lo que la presente acción, no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 381-2023 Protección.