nombre reservado CONTRA nombre reservado

Arica, seis de enero de dos mil veinticinco.

VISTO:

Compareció doña Sandra Negretti Castro, abogada, en representación de don nombre reservado, abogado y académico e interpuso recurso de protección en contra de don nombre reservado y doña nombre reservado, nombre reservado y Presidenta de la Comisión de Desempeño nombre reservado, ambos de la Universidad de Tarapacá, por vulnerar las garantías constitucionales previstas en los numerales 2, 3 inciso quinto y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señaló que se desempeña como académico de la Universidad de Tarapacá y que en tal calidad el 17 de julio pasado fue notificado por la nombre reservado de la Facultad de Derecho el resultado de su calificación del año 2023, que lo situó en Lista D, es decir, un desempeño insuficiente, fundado en que “El académico no alcanza las unidades mínimas requeridas”, documento que fue íntegramente elaborado por dicha autoridad, mas no las Actas de Evaluación, como requirió varias veces, sin resultado, ello, conforme el artículo 11 del Reglamento de Evaluación de Desempeño nombre reservado de dicha universidad.

Que interpuso recurso de reposición en contra de tal decisión, que fue rechazado, cuya resolución le fue, nuevamente, notificada por la Sra. nombre reservado, sin tener acceso a copias autorizadas de las actas, donde debieran constar los fundamentos de esa decisión; esta notificación sólo aludió a que la Comisión de Desempeño habría manifestado que “Por tanto, la Comisión mantiene el criterio de que las horas de docencia dictadas en un mismo horario y espacio físico no constituyen docencia incremental… por lo que se opta por mantener la calificación inicial (Lista D)”.

Que el Director de la Escuela señaló ante la Comisión Calificadora que el recurrente cumplió con la carga académica comprometida para el primer semestre de 2023, según correo electrónico de 27 de junio que acompaña, por cuyo mérito se corrigió las horas que habían sido eliminadas en ese período en el sistema intranet. En este período realizó 20 horas de docencia a la semana, es decir, 4 horas por sobre el mínimo de 16 exigidas, aplicándole indebidamente el Decreto Exento N°00.123/2023, Reglamento de Asignación de Productividad por Carga Académica Adicional, dictado el 2 de febrero de 2023, ya que no podía ser usado ese mismo año, pues habría operado con efecto retroactivo y debía serlo desde la evaluación de 2024.

El 8 de agosto de 2024 interpuso recurso jerárquico ante el nombre reservado -el recurrido-, conforme el artículo 12 del Decreto Exento 468.2021, relevando las infracciones legales y reglamentarias en que incurrió la Comisión de Desempeño nombre reservado (en adelante CDA), que fue rechazado y notificado el 2 de septiembre de 2024. A la fecha de su interposición y hasta ahora, no ha podido acceder ni conocer el acuerdo de evaluación a que arribó la citada Comisión.

En su resolución y sobre los requisitos de admisibilidad del citado recurso, el nombre reservado validó el actuar indebido (sic) de la Sra. nombre reservado, argumentando que igualmente se le permitió el derecho a defensa.

Existe confusión de interpretación, pues jamás ha tenido acceso al acto administrativo emanado de la CDA, de la manera que dispone el artículo 11 ya mencionado, atribuyéndole nulidad, razón por la cual no puede cuestionar o rebatir fundamentos que desconoce y que justificaron su calificación, de modo que la interposición de sus recursos no convalida el vicio, como sostuvo el nombre reservado; todos sus argumentos descansan en lo expresado por la nombre reservado en las cartas que ella misma elaboró al notificarlo de la calificación, jamás alude a las Actas o sus copias, donde debiera constar lo resuelto por la CDA.

No es efectivo que no alcanzó las unidades mínimas requeridas, como, dijo, se evidencia en intranet, en la que aparece que el primer semestre de 2023 se identifica la asignatura CJ574 EFP. Litigación en Juicio Oral, como carga académica adicional, lo que evidencia, dijo, que cumplió más de las 16 horas a las que se encontraba obligado, pues se sometió a las disposiciones transitorias del proceso de evaluación, dado que, según el artículo 1 del Decreto Exento 00.123/2023 de 2 de febrero de 2023, “se entenderá por labores adicionales todas aquellas funciones que excedan de las labores mínimas exigidas por cada jerarquía académica para el cumplimiento del compromiso de labores académicas”, de donde, esta asignación es un reconocimiento que hace la universidad a los académicos con jornada completa que excedan la carga académica institucional, de lo que colige que basta el exceso de dichas labores mínimas para ser acreedor de este reconocimiento, mas, el citado Decreto no señala que esta asignación importaría que en la evaluación de desempeño se eliminarían horas con la leyenda “carga académica adicional”.

Su carga académica fue informada por el Director de Escuela por correo electrónico de 27 de junio al Director de Docencia, a fin de corregir aquella de la asignatura CJ185, Grupo A, Derecho Procesal Penal de 6 horas el primer semestre de 2023, pues en la intranet figuraba con la sigla ETR (en trámite) y el Director informó que ella fue efectivamente impartida, similar a lo ocurrido con la asignatura CJ574, Grupo A, EFP Litigación en Juicio Oral que aparecía en el sistema como ADC (adicional a carga docente), para que se le reconocieran esas 4 horas. Es más, señaló, el Director, en uso de las atribuciones que señaló, el 17 de julio de 2024 firmó una constancia de que, para el primer semestre de 2023, figuró con una carga de 20 horas semanales y 16 el segundo semestre.

Por documento EDER N°227 de 22 de julio de 2024, se le notificó que para el segundo semestre de ese año en su carga académica, el curso Medios de Impugnación Procesal unido al curso Derecho Procesal III, por equivalencia, es decir, ambas asignaturas con un total de 6 horas, lo que no aconteció el año anterior, ya que estaban diferenciadas de aquella de Derecho Procesal III, lo que importó que las impartiera y evaluara por separado, según verificó la presidenta del Consejo de Presidentes de los Centros de Estudiantes, en tanto alumna de la carrera de Derecho y que se enmarca en la evaluación estudiantil de su desempeño, acorde el Reglamento.

Desarrolló, además, actividades de docencia, de vinculación con el medio y actividades relevantes para la carrera de derecho y la universidad, según consta en los documentos que señaló.

Con relación al fundamento para rechazar su recurso de reposición consistente en “el criterio de que las horas de docencia dictadas en un mismo horario y espacio físico no constituyen docencia incremental”, invoca el DFL 29 (Estatuto Administrativo) y su última modificación introducida por la Ley 21.643, que excluye la aplicación de criterios en los procesos de evaluación e impone reglas que debieron incorporarse al Reglamento bajo sanción de falta de probidad por discriminación arbitraria, conforme señala su artículo 125 letra b) en relación al artículo 84 letra l).

No obstante todos estos argumentos vertidos en su recurso jerárquico, el nombre reservado dio por hecho que no cumplió con su carga académica el año 2023, desconociendo lo informado por el Director de escuela y errando al citar las asignaturas Medios de Impugnación Procesal y Derecho Procesal III, como si esas asignaturas hubiesen sido impartidas de manera indebida en un mismo espacio y estudiantes, dado que lo que relevó en él fue que en el año 2024 tendrían reconocimiento por equivalencia.

El 8 de agosto de 2024 se le notificó el texto refundido del Reglamento de Asignación de Productividad de Carga Docente Adicional, en que se estableció que “La carga docente adicional no podrá ser considerada en la carga académica mínima exigida para el proceso de evaluación de desempeño académico del año respectivo”, notificación y modificación que medió en pleno curso del proceso de evaluación, que se inició el 6 de junio de 2024, lo que evidencia que sus recursos de reposición y jerárquico tenían sustento jurídico y que las decisiones adoptadas son ilegales y arbitrarias, pues le otorgó efecto retroactivo a una disposición que no lo permite, en circunstancias, además, que es el Rector el único habilitado para interpretar sus normas.

Para mayor claridad explicó el modo de evaluación de los académicos de la UTA: el proceso se inicia con la elaboración del Compromiso Labores Académicas (CLA) que realiza cada académico a principio de cada año, en la especie, lo fue en el mes de abril de 2023, que debe ser autorizado por el Director de escuela y la nombre reservado y en él optó por someterse en ese proceso a las disposiciones transitorias, es decir, 20 horas de docencia el primer semestre y 16 el segundo.

Iniciado el proceso, el académico abre su página para evaluarse en base a la normativa contenida en la misma página de intranet, pero en la especie no fue así, afirmó, pues se incluyeron criterios, resoluciones, interpretaciones desconocidas por los académicos, como el Decreto Exento N°00.123/2023, relativo a la asignación por carga académica adicional que no aplica al proceso de evaluación, de lo que concluyó que el citado decreto no dice que esa asignación tendría efectos negativos en el proceso de evaluación de desempeño “se le hace a un académico un reconocimiento pero después se le castiga en el Proceso de Evaluación Académica”, tampoco señala que el reconocimiento de tales labores serán descontadas de la evaluación de desempeño.

Señala como conducta ilegal, aceptada por la Comisión de Evaluación y el nombre reservado, aquella de la nombre reservado, que infringió el artículo 11 del Reglamento, al no notificarle el acto administrativo, sino que ella “se transformó en una verdadera creadora del acto administrativo” que debía notificar, ya que jamás se le entregaron las copias autorizadas del acuerdo de evaluación al que arribó la Comisión, lo que importa la falta de fundamentación de este.

Al ser resuelto el recurso jerárquico el nombre reservado se amparó en diversas normas e hizo suya la decisión de la Comisión, sin embargo, en ninguna de ellas se precisó cuál fue la carga horaria que no cumplió, desestimando lo informado por el Director de escuela, el sistema intranet y lo manifestado por la alumna que indicó, no cumpliendo, entonces, los requisitos del artículo 8 del Reglamento de Evaluación y transcribió jurisprudencia, de la que concluye la necesidad de la fundamentación de las decisiones para evitar la mera discrecionalidad.

Los recurridos infringieron el artículo 47 de la Ley 18.575, pues no aplicaron el procedimiento establecido que asegura la objetividad e imparcialidad a quien se somete a evaluación pues, reiteró, crearon criterios subjetivos no establecidos previamente en el Reglamento de Evaluación; si se acepta que la nombre reservado actuó conforme al artículo 11 del Reglamento de Desempeño nombre reservado, que no cumplió, infringe de paso los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, ya que actuaron fuera de sus competencias.

De todo ello deviene la ilegalidad que les atribuye y que conculcan sus garantías constitucionales de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Con relación a la primera, por cuanto aceptaron la conducta ilegal de la nombre reservado, de la manera ya relatada, creando indebidamente criterios, infringiendo el Estatuto Administrativo, como ya expuso y al no estar motivado, el actuar de la Comisión de Evaluación deviene, además, en arbitrario.

La segunda de ellas, en su inciso quinto, al obviar los recurridos las normas reglamentarias establecidas en los Decretos Exentos referidos, agregando requisitos nuevos, sin previa notificación oportuna a los académicos, de modo que el procedimiento y sus resoluciones son injustas e irracionales; actuaron fuera de sus competencias y, por ende, se transformaron en una comisión especial, al aceptar la conducta de la nombre reservado, quien, “incorporando argumentos de su autoría para comunicar la decisión a la cual habría arribado la Comisión Evaluadora, tanto en su decisión inicial de evaluación, como en la decisión recaída en la reposición”, sin entregarle copia autorizada del acuerdo adoptado, convirtiéndose en una comisión especial con posterioridad al proceso de evaluación, aceptado por la Comisión evaluadora y el nombre reservado, este último, al resolver el recurso jerárquico, al no aplicar debidamente el artículo 11 tantas veces mencionado y aplicar un instrumento indebido -el Decreto Exento 00.123/2023, que reglamenta la asignación por carga académica adicional, pues regula otra materia- lo que en la especie lleva al absurdo, dijo, “que un académico prefirió incrementar su remuneración con el desarrollo de horas adicionales, bajo condición de luego poner en riesgo su actividad laboral, al ser certificado en lista insuficiente”, aplicación que, afirmó, quedó en evidencia al notificarle el texto refundido de dicho Reglamento.

La última de ellas, que afecta su dignidad profesional y personal, pues siempre fue calificado en Lista A, pero hoy es un académico deficiente y terminó solicitando se declare que han infringido la Constitución y las Leyes y se deje sin efecto la resolución recaída en el recurso jerárquico, mediante VRA 820/24 adoptada por el recurrido, el Sr. nombre reservado, así como la decisión de la Comisión de Evaluación de Desempeño, que resolvió calificarlo en Lista D y se le califique en Lista A, desempeño sobresaliente, como en derecho corresponde. En subsidio, se ordene al Sr. nombre reservado de la Universidad de Tarapacá y a la presidenta de la Comisión de Evaluación de Desempeño nombre reservado realizar una nueva evaluación, bajo las normativas vigentes, esto es, el Reglamento de Evaluación de Desempeño, Decreto Exento Nº00.468/2021, sin considerar otros decretos o resoluciones que alteren la normativa legal ya existente, con costas.

Informando, la Universidad de Tarapacá solicitó su rechazo, señalando, en primer término, la normativa legal que la rige y a sus académicos, en lo que interesa, el artículo 43 de la Ley 21.094, relativo al reglamento que debe establecer el procedimiento de evaluación y calificación y en ejercicio de su autonomía cuenta con una Ordenanza de Desempeño nombre reservado (Decreto N°196/2011), cuya última modificación data de 1 de julio de 2021, a través del Decreto Exento N°00.468/2021, que modifica y complementa el Nuevo Reglamento de Evaluación del desempeño académico, en cuyo artículo 7 establece las Listas de calificación, en lo que interesa, la Lista D “académicos con un desempeño insuficiente respecto de las tareas asignadas a su jerarquía, de acuerdo con el Instructivo de Carga Académica; la incorporación a tales listas depende del número de unidades académicas equivalentes (en adelante UAE), obtenidas de acuerdo a la tabla contenida en el mismo Instructivo.

Dicho Instructivo señala que los académicos que se acojan, para su evaluación, a sus disposiciones transitorias, podrán eximirse de él siempre que desarrollen 16 UAE semestrales, logradas al 100% a través de la docencia, más las actividades que le encomiende el Decano, durante cada semestre del año, sin rebaja adicional de ningún tipo, es decir, requieren 32 UAE anuales, para ser calificados en la Lista C, como suficiente y, en cualquier caso, los académicos que cumplan con los mínimos establecidos en el Instructivo podrán optar al puntaje necesario para acceder a las Listas A o B mediante la realización de actividades relevantes (artículo 7); sus artículos 8 y 9, por su parte, disponen que la Comisión de Evaluación de desempeño académico calificará la calidad, eficiencia y relevancia de las actividades realizadas en base al Instructivo de Asignación de carga académica y los resultados de la evaluación estudiantil de desempeño. Esta Comisión está formada por la totalidad de los Decanos de las distintas facultades y el Director del instituto de alta investigación y es presidida por el decano más antiguo.

El Instructivo de Asignación de carga académica entrega exigencias centrales que orientan la carga académica mínima exigida a los académicos, indicando acciones objetivas valoradas por la institución, definiendo que la carga académica será definida por el Decano/a de cada facultad a través de los Directores de departamento o escuela y las labores mínimas se valorizan en UAE.

Realizada la evaluación por la Comisión, por disposición de los artículos 11 y 12 del Reglamento de Evaluación, su resultado final será notificado por el Decano o Director del instituto, personalmente o por carta certificada al evaluado, señalando el plazo para recurrir ante la Comisión y luego el recurso jerárquico ante la Vicerrectoría Académica el que, resuelto, se emitirá por el Rector un acto administrativo, Decreto Exento, que aprueba la evaluación, previa revisión de Contraloría universitaria, etapas todas ellas que se publican en un cronograma. Este proceso se inicia presentando en la intranet las actividades regulares y adicionales por parte de los académicos, quienes son los responsables de hacerlo en los plazos señalados en el cronograma con los antecedentes de respaldo que estimen pertinentes.

Dicha planificación de carga académica es responsabilidad de los propios académicos y el Director de Escuela/Departamento debe visar esos compromisos, quien además los alerta cuando aparecen como insuficientes en relación a aquella carga regular, según Instructivo, de donde la carga académica regular es aquella vinculada a las labores académicas mínimas determinadas en el Instructivo, establecidas por jerarquía y son valorizadas en UAE.

Por otro lado, de acuerdo a Decreto Exento N° 123/2023 de 2 de febrero de 2023, emergió la posibilidad de pagar horas de docencia adicionales a los funcionarios regulares, bajo el concepto de carga académica adicional, entendiéndose que aquellas horas que fueren imputadas a esta modalidad quedaban fuera de las labores regulares y, por lo tanto, fuera de las labores mínimas del proceso de evaluación de desempeño -las que fueron establecidas por los Directores-, entendiéndose por tales todas aquellas funciones que excedan las labores mínimas exigidas por cada jerarquía académica para el cumplimiento del compromiso de labores académicas definido por el/la Decano/a de cada facultad a través de los Directores de departamento o escuela en conversación con el académico, según su artículo 1, de lo que concluye que la carga académica adicional sólo tiene lugar una vez que se haya cumplido con la carga académica regular mínima, de acuerdo a lo informado por el académico a su superior jerárquico, Reglamento vigente a la fecha de planificación de las labores para el año 2023 que se evaluaron en 2024; ergo, esta última carga académica es distinta a la que se evalúa por la Comisión, mismo criterio, dijo, aplicado por la contraloría interna, al autorizar el pago de la adicional, que no será contemplada con la carga académica mínima requerida en la evaluación de desempeño académico.

En lo que toca a la evaluación del recurrente, aclaró que tiene jerarquía de asistente y su carga académica regular comprometida para el año 2023 es de 36 horas de docencia directa o 36 UAE, que superan los 32 UAE mínimas anuales (16 semestrales, de acuerdo con la disposición transitoria del Instructivo de asignación de carga académica) para eventualmente calificarlo en Lista C, de desempeño suficiente.

La carga regular declarada en el proceso de evaluación de desempeño declarada por el recurrente para el primer semestre de 2023 consistió en: 6 UAE por docencia de Derecho Procesal Penal, grupo A; 4 UAE por taller de litigación oral, grupo A y 6 UAE por docencia de Derecho Procesal III, grupo A.

En tanto, para el segundo semestre: 6 UAE por docencia de Medios de Impugnación Procesal, grupo A; 6 UAE por Derecho Procesal III, grupo A y 4 UAE por docencia del electivo de formación profesional litigación en juicio oral, grupo A. Y solicitó como carga académica adicional 4 horas de docencia por el electivo recién señalado, dictado en el primer semestre de 2023, sin embargo, de acuerdo al informe del Dr. nombre reservado y de acuerdo a lo señalado por la Decanatura y Jefatura de carrera, el recurrente “fusionó” los asignaturas de Derecho Procesal III y Derecho Procesal Penal, ambos de 6 horas, dictándolos en el mismo espacio físico y horario, razón por la cual no se computaron las 12 horas, sino solo 6, resultando en una carga total de 26 UAE, cifra inferior al mínimo exigido en el Reglamento de Evaluación, conforme a la disposición transitoria ya señalada (que es de 32). Información que la nombre reservado transmitió al Director de escuela en mail de 2 de julio de 2024, en que le indicó que el recurrente admitió haber dictado ambas conjuntamente; como atestiguan también los horarios de clase de los planes 1994 y 2018, en los que ambas asignaturas se asignaron en los mismos días y horario y en la resolución que indica, en que ambas figuran bajo el mismo código -CJ-403- con 6 horas cada una, acorde con la carta que señala, de 2 de julio de 2024 emitida por el Director de Escuela, en que informa que ambas asignaturas tienen un valor de 6 UAE en conjunto, aunque pertenecen a dos planes de estudio distintos, se consideran equivalentes, de manera que si el recurrente las hubiera impartido separadamente el primer semestre habría sumado un adicional de 6 UAE, alcanzando así las 32 requeridas, cumpliendo con el mínimo exigido y que coincide con su compromiso la labores para 2024. Razón por la cual no fueron consideradas las actividades académicas relevantes, pues por aplicación del artículo 7 del Reglamento, que sólo aplican para acceder a las Listas A o B, cuyo no es el caso.

Para desestimar su recurso de reposición, la Comisión consideró que no se acompañaron nuevos antecedentes que justificaran modificar la evaluación y luego, con similares argumentos, el recurrente presentó un recurso jerárquico que también fue desestimado, por cuanto la notificación realizada por la nombre reservado está contemplada en el Reglamento y se refiere al resultado final de la calificación y que al ejercer los recursos en su contra, el recurrente los convalidó; que el Director de Escuela no forma parte de la Comisión Evaluadora; le citó las “Orientaciones para la asignación de carga académica”, que establece que “La asignación de labores académicas se realizará por las distintas unidades académicas conforme a los ámbitos de la docencia, la investigación, la vinculación con el medio y la gestión. Cada académico jornada completa deberá acreditar una carga académica de 44 horas cronológicas semanales por un mínimo de 50 semanas al año…”, de lo que se sigue, dijo, que la primera obligación del docente es cumplir con la asignación académica mínima para luego solicitar la adicional y no viceversa, pues de contrario, no podría ser calificado por una actividad que no fue comprometida en su compromiso de labores académicas, pues podría comprometer el principio de probidad ejerciendo una actividad comprometida dos veces, una remunerada adicionalmente y la otra sin cumplir el mínimo exigido en la carga académica básica. Cita el artículo 5 Reglamento de carga académica adicional.

Niega que se hayan eliminado horas (UAE) con la leyenda “Carga Académica Adicional”, pues el Director de Escuela define la carga académica, correspondiéndole al recurrente distinguir entre carga regular y adicional y conocer cuál de ellas es la que calificará la Comisión, pues el Instructivo usado para ello es el de carga académica, que señala aquellas mínimas.

Agregó que el proceso de evaluación del recurrente aún no está afinado, ya que aún no se ha dictado el Decreto Exento que debe ser emitido por Rectoría, pues el proceso al ser revisado por la Contraloría Universitaria, fue devuelto sin tramitar, por la interposición de recurso de protección rol 352-2024, de modo que se encuentra aún pendiente, ergo, las acciones denunciadas en autos no son actos terminales, ya que aún proceden recursos en su contra, como el de reposición de la Ley 19.880 o del artículo 161 del Estatuto Administrativo, razón por la cual la vulneración de garantías denunciada en este recurso no corresponde ser decidida en esta sede, que no constituye instancia.

Negó que la Comisión Evaluadora actuara con inobservancia de la reglamentación institucional, así como que descontó horas de trabajo del recurrente en su evaluación de desempeño, pues la carga de desempeño adicional no se evalúa como carga académica regular; tampoco son efectivas las inobservancias denunciadas en el proceso de evaluación y que la misma Comisión y el nombre reservado hayan realizado una torcida e indebida aplicación de la normativa institucional para perjudicar el proceso; ni que se hayan aplicado criterios y requisitos nuevos en su proceso de evaluación y que este se encuentre concluido, ni que se haya emitido un acto administrativo infundado que ponga en riesgo la estabilidad laboral del recurrente y se haya denostado su vida académica institucional, razones todas ellas por las que no han podido afectarse las garantías constitucionales señaladas en el recurso.

La normativa citada se aplicó a todos los académicos de la UTA en el proceso de evaluación del año 2023, a quienes tampoco se les contabilizó en sus evaluaciones las horas docentes adicionales. Todos los reglamentos institucionales fueron aprobados y publicados con anterioridad al inicio del proceso de evaluación, incluso con anterioridad al año académico 2023.

Aún considerado la carga académica adicional, el recurrente no alcanzaría el mínimo exigido, 32 UAE, sino sólo 30.

Por último, señala que el recurrente ha vulnerado sus propios actos pretéritos, pues él mismo acompañó los antecedentes en base a los cuales se le evaluó, que normativamente se distinguen entre carga académica regular y adicional o relevante.

Informó, igualmente, la recurrida nombre reservado, solicitando el rechazo de la presente acción, adhiriéndose a los fundamentos del informe evacuado por la universidad y agregó que la Comisión de Evaluación de desempeño académico es un órgano colegiado, que preside, y suponer que lo resuelto sobre el recurrente es una decisión unilateral, es erróneo.

Se trajeron los autos en relación y, cumplida la medida para mejor resolver decretada, se ordenó regir el estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Constitución Política de la República se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ante situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo, cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones competente adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal y, establecido ello, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, como primera cosa, señalar que ha resultado del todo difícil dilucidar la legitimación pasiva en este proceso, pues, por un lado, esta acción constitucional se ha dirigido únicamente en contra del nombre reservado de la Universidad de Tarapacá (UTA) y de la Presidenta de la Comisión de Evaluación de desempeño académico de la misma casa de estudios, pero en la exposición de hechos se hizo una profusa y confusa cuenta de la individualización de los actos reprochados como ilegales y/o arbitrarios, de la que puede dilucidarse que el centro de las alegaciones del recurrente se circunscribe a la crítica del proceso de evaluación anual de desempeño académico que, normativamente, se encuentra a cargo de un órgano colegiado -Comisión de Evaluación de Desempeño nombre reservado- conformado por todos los decanos de las facultades de la UTA y del Director del instituto de alta investigación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Exento N°00.468/2021 (Folio 12 N°1) sin embargo, la acción se dirigió exclusivamente contra su presidenta, para luego, en lo que toca al nombre reservado de la UTA, se le critica la resolución por la que rechazó el recurso jerárquico que el recurrente interpuso contra la notificación de la resolución que recayó en el recurso de reposición que interpuso en contra de su calificación de desempeño académico emitida por la citada Comisión de Evaluación, según expresamente se puede leer de las copias que corren en el Folio 1 N°5 y 6.

Y, del petitorio del recurso, sin embargo, se desprende que solicitó “Que se califique a mi representado en Lista A… como en derecho corresponde. En subsidio, se ordene al Sr. nombre reservado de la Universidad de Tarapacá y a la Presidenta de la Comisión de Desempeño nombre reservado realizar una nueva evaluación de Desempeño nombre reservado de mi representado, con las normativas vigentes, esto es, el Reglamento de Evaluación de Desempeño, Decreto Exento N°00.468/2021, sin considerar otros decretos o resoluciones que alteren la normativa legal existente”, es decir, por un lado, pide la modificación de una decisión adoptada por el órgano colegiado que no fue emplazado -sino sólo su presidenta-, lo que desde ya autoriza el rechazo del recurso; y, por el otro, al nombre reservado, como petición subsidiaria, se le exige realizar una nueva evaluación del recurrente, en circunstancias que, normativamente, el nombre reservado no forma parte de la Comisión de Evaluación, según ya se señaló, lo que también justifica desde ya el rechazo de esta acción.

CUARTO: Sin perjuicio de ello, el presente libelo tampoco podía prosperar, desde que, según meridianamente se desprende de él, como ya se dijo, grosso modo los actos reprochados emanan, primero, de la normativa institucional de la Universidad de Tarapacá, a saber, el Decreto Exento N°00.468/2021, de 1 de julio de 2021, en cuyo artículo 7 se establecen los requisitos para la incorporación de los académicos en las diversas listas de calificación, en lo que interesa, la Lista D en que se asignó al recurrente para el año académico 2023 y que dispone “Académicos con un cumplimiento insuficiente, respecto de las tareas asignadas para su jerarquía, de acuerdo con el Instructivo de Asignación de Carga Académica” y dependerá del número de Unidades Académicas Equivalentes, para los Asistentes, que es el cargo que detenta el recurrente, según la tabla allí descrita “ Lista D menos de 23, Lista C(Instructivo) 23, Lista B 24-25 y Lista A 26 o más” y, continúa “Para el caso de los académicos que durante el año 2020, 2021 y 2022 se acojan a la disposición transitoria de 16 UAE semestrales alcanzadas íntegramente en labores de docencia directa, dicho número se homologa con lo requerido para Lista C. Para optar a Listas A y B deberán cumplir con actividades relevantes del listado…”. Dicha evaluación será realizada por la Comisión de Evaluación de Desempeño nombre reservado descrita en su artículo 8, en base al Instructivo de Asignación de Carga Académica y los Resultados de la Evaluación Estudiantil del Desempeño (artículo 9).

Luego, su artículo 11-en el que centra el recurrente el recurso jerárquico y su resolución por el nombre reservado reprochado como ilegal- reza “El resultado final de la calificación del desempeño individual del académico, será notificado por el Decano de la facultad o Director del Instituto, según corresponda, de modo personal o por carta certificada… quien podrá recurrir ante dicha Comisión dentro delos cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación”, de lo que fluye que el contenido de dicha notificación es “el resultado final”, es decir, la calificación y no el acompañamiento del acuerdo a que arribó la Comisión, como sostuvo invariablemente el recurrente y en lo atinente a la notificación de la resolución recaída en el recurso de reposición, si bien aquella de 1 de agosto de 2024 no contiene la copia autorizada del acuerdo, como exige la misma disposición en su inciso final, sí exhibe sus fundamentos, que no han sido desconocidos por la recurrida nombre reservado, presidenta de la Comisión de Evaluación, al contrario, han sido expresamente refrendados en su informe, por la vía de la adhesión a aquel evacuado por la universidad, de modo que, existiendo tal omisión ella carece de la sustancialidad para reprocharla, sin más, de ilegal.

A su turno, el Instructivo de Asignación de Carga Académica, Resolución Exenta VRA N°0.016/2019 de 21 de enero de 2019, se precisa que la carga académica lo será en función de la jerarquía académica, en lo que interesa, profesor asistente que detenta el recurrente, señala que sus labores mínimas en el año son: “16 horas semanales de docencia de pregrado en el semestre; un artículo publicado o aceptado en una revista…. Y otras funciones que le sean asignadas por su superior directo o que correspondan a funciones de administración…”, en cuanto a los criterios de asignación de carga académica, en su numeral 3.- dispone “la asignación de carga quedará representada en el Compromiso de Labores Académicas -CLA- el que deberá ser analizado y aprobado en forma consecutiva por el/la directora de la Unidad respectiva y por el/la Decano/a de la Facultad o Director/a del Instituto”, quien estará facultado a hacer seguimiento de tales compromisos, según su numeral 5. Por Resolución Exenta VRA N°0.003/2020 de 14 de enero de 2020, fue modificado el artículo transitorio, en lo que aquí interesa, señalando que “los académicos de jornada completa de cualquier jerarquía deben cumplir con 16 unidades académicas equivalentes semestrales, logradas 100% a través de la docencia, más las actividades que le encomiende el Decano, durante cada semestre del año, sin rebaja adicional de ninguna naturaleza o especie” y habiéndose amparado el recurrente, precisamente en este último para su evaluación del año académico 2023, aparece entonces que le eran exigibles 32 UAE anuales.

QUINTO: Despejado lo anterior, cabe ahora dilucidar si el recurrente cumplió con esas 32 UAE y, al efecto, del Compromiso Labores Académicas 2023 del recurrente, incorporado en el Folio 14, aparece que lo fueron 20 UAE para el primer semestre y 16 para el segundo, es decir, 36 UAE anuales.

Sin embargo, del correo electrónico de 27 de junio de 2024, allegado en el folio 16, dirigido por el director de la Escuela de Derecho al Director General de Docencia de Pregrado, se desprende que el recurrente impartió, efectivamente, el curso de Derecho Procesal Penal -CJ185- el primer semestre de 2023, 6 UAE y que aquella de Litigación en Juicio Oral (4 horas) adicional, dictada en idéntico período, no le ha sido pagada al recurrente; de ello se desprende, como primer apronte, que esta última asignatura fue comprometida por el académico como adicional, lo que obliga a examinar el Decreto Exento 123/2023 de 2 de febrero de 2023 (Folio 12 N°5), que aprueba la creación de una asignación de productividad por carga académica adicional y su reglamento, en cuyo artículo primero define tales labores como “aquellas funciones que excedan las labores mínimas exigidas por cada jerarquía académica para el cumplimiento del compromiso de labores académicas…”, entonces, tal sería la calidad de dicha asignatura y que redunda en un reconocimiento de la universidad a los funcionarios que “excedan la carga académica exigida institucionalmente por cada jerarquía académica” (artículo segundo), de lo que se sigue que esta asignatura lo era para efectos de acceder a esta asignación y por sobre las labores mínimas, en la especie, 36 UAE.

A su turno, del horario allegado en el informe obtenido como medida para mejor resolver del folio 40, correspondiente a Cuarto año, plan de estudio 1994, en la sala de litigación el recurrente impartió las asignaturas de Derecho Procesal III y Derecho Procesal Penal en un mismo horario: entre las 16:20 y 17:50 horas, sin que obste, para los efectos del cómputo que aquí se analiza, las evaluaciones por separado de ambos ramos que allegó el recurrente en el folio 41, pues lo determinante aquí es desentrañar si el docente realizó clases por 6 UAE para cada una de dichas asignaturas que fue, precisamente, el reproche que condujo la Comisión de Evaluación para su calificación académica y que de la manera recién reseñada ello aparece excluido, pues, como se dijo, en un mismo horario y día impartió ambas en una misma sala, lo que justifica, a juicio de esta Corte, la reducción realizada por la Comisión de 6 UAE, con lo que se le calificó en base a 26 UAE, guarismo inferior a aquellas 32 UAE que le eran exigibles por el Instructivo de Asignación de Carga Académica, según se analizó en el basamento precedente, así como en su artículo transitorio, al que se acogió voluntariamente el recurrente, de manera que su asignación en Lista D, según los parámetros contenidos en el artículo 7 del Decreto Exento 468/2021, ya analizado, decisión que ni siquiera resultaría modificada de sumarle las 4 UAE por el curso de Litigación en Juicio Oral que reclamó el recurrente -que no procede, pues el docente lo comprometió como adicional, para efectos de una asignación económica distinta-, pues aún así el guarismo resultaba inferior al exigido; sin que abone a la hipótesis del recurrente aquel correo electrónico de 27 de junio de 2024, por cuanto a su través no se realizó la corrección que pretende, sino que en él el director de escuela atestiguó que impartió efectivamente la asignatura de Derecho Procesal Penal -CJ185-, lo que no excluye que lo haya sido conjuntamente con la de Derecho Procesal III.

SEXTO: De todo lo recién relacionado no se divisa que el proceso de evaluación a que fue sometido el recurrente lo haya sido en desajuste a la profusa normativa que lo rige, escenario en el cual tampoco resultan idóneas las protestas basadas en la declaración de una alumna de derecho, que necesariamente debe ceder ante los instrumentos oficiales en que se amparó la Comisión de Evaluación, ni los correos electrónicos emanados del Director de Escuela de los, para estos fines, no excluyen la información con que contó la Comisión y tampoco las actividades relevantes que señaló, pues ellas, de considerarse, lo serían para asignarlo a las Listas A o B, cuyo no es el caso, razones todas ellas que igualmente conducían al rechazo del recurso, pues no se ha advertido alguna acción u omisión de la Comisión de Evaluación que sea arbitraria o ilegal, enfatizando acá esta Corte que en definitiva esa era la protesta fundamental del recurrente, en atención al petitorio del recurso, como ya se señaló y que, equivocadamente dirigió contra autoridades que no correspondía. Análisis que se ha realizado no obstante aquel yerro y sólo a mayor abundamiento.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña Sandra Negretti Castro en representación de don nombre reservado en contra del nombre reservado de la Universidad de Tarapacá y de doña nombre reservado.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Ponce Correa, quien estuvo por acoger el recurso, en el solo sentido de ordenar que se practique una nueva evaluación al recurrente, considerando la carga académica comprometida y desarrollada durante el I y II semestre del año 2023, por cuanto estima que, de la documentación agregada al proceso, fluye que la circunstancia de haber desarrollado dicho académico, en el mismo bloque horario, dos asignaturas diversas, corresponde a un hecho que aparece consignado en el horario de la Carrera de Derecho, oficializado por la autoridad universitaria, de modo que esta última se encontraba, por tanto, en conocimiento de aquello y facultada para haber adoptado, en su oportunidad, las medidas correctivas que estimara necesarias, no siendo al proceso de calificación, que se verifica solo una vez que tal carga académica ya ha sido ejecutada por el académico en tales condiciones, la oportunidad para efectuar tal reproche, pues tal actuación deviene en arbitraria.

Así, habiendo cumplido el recurrente con el desarrollo de las asignaturas que conforman su carga académica en la forma que aparece informada en autos, debió ser ponderada en tales condiciones en el proceso de calificación del recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redactada por la ministra señora Claudia Arenas González.

No firma la ministra señora María Verónica Quiroz Fuenzalida, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del recurso, por encontrarse haciendo uso de permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol Corte N° 380-2024 Protección.