Protección contra Subdepartamento de Reclutamiento y Selección de la Corporación Administrativa de

2 Arica, ocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Recurre de protección nombre reservado, en contra del Subdepartamento de Reclutamiento y Selección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en adelante la CAPJ, por actos y omisiones que califica como ilegales y arbitrarios cometidos en la tramitación del concurso folio N° 22119 para proveer el cargo de Coordinador del Primer nombre reservado de Arica, respecto del rechazo de su impugnación al resultado de la Evaluación Psicolaboral / Potencial de 11 de agosto de 2025, y por habérsele excluido de la lista de preselección, no obstante que se encontraba entre los 15 mejores puntajes del concurso.

Expone, en síntesis, que la recurrida rechazó y ratificó el puntaje de 15 puntos obtenidos en la referida evaluación, ubicándolo en la categoría de “no califica”, lo que causó su posterior exclusión de la lista de preselección que se remitió al tribunal señalado con solo 5 de los mejores puntajes finales, no obstante que su puntaje final alcanzó los 62,1 puntos, que lo sitúa en el tercer lugar de los mejores puntajes, causándole perjuicio al impedirle ser citado a audiencia pública y a su inclusión en la terna.

Sostiene, que el rechazo de su impugnación a la evaluación Psicolaboral / Potencial va contra la opinión del juez titular del tribunal al que postula y del secretario del mismo, trasuntadas en reiterados decretos económicos del año 2024, que señalan que está capacitado para cumplir las funciones de coordinador, por su preparación universitaria en el área de la administración y jurídica al cumplir cabal y oportunamente con las labores encomendadas, conforme a los lineamientos de las metas de gestión del tribunal , lo que ocurrió en el periodo que cumplió funciones como Coordinador Suplente y Coordinador Ad-Hoc de dicha unidad judicial, y que acreditó con los decretos económicos respectivos.

Hace presente que al momento de efectuar su evaluación, el profesional psicólogo a cargo de ella estaba en conocimiento de su formación académica y títulos como profesional del área de la administración y del área jurídica, antecedentes que se consignaban en su currículum vitae electrónico, los que fueron desestimados al asignarle puntaje en la evaluación Psicolaboral / Potencial, y en la evaluación de la Comisión Revisora, que junto a la jefatura ratificaron que no calificaba para el cargo, asignándole sólo 15 puntos de un total de 30, reproduciendo el recurrente los fundamentos del rechazo de su impugnación, que califica de subjetivos al fundarse en la palabra “predecir” que según la Real Academia Española significa “anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura algo que ha de suceder”, términos que no logran precisar y mucho menos afirmar un diagnóstico objetivo del perfil Psicolaboral del postulante, y deja entrever la poca objetividad de las variables estimadas para entregar una correcta y certera evaluación del postulante, al no considerar los antecedentes aportados y la opinión de las jefaturas del tribunal.

Aduce que observando los 5 mejores puntajes finales informados en la lista de preselección, el suyo alcanza a los 62,1 puntos, que lo ubicaría en el 3er. lugar de ella, pero su resultado no fue informado por el Subdepartamento de Reclutamiento y Selección, causando un perjuicio a su postulación, pues no pudo ser citado a audiencia pública y posterior conformación de la terna por el órgano resolutor, incurriendo en una omisión arbitraria e injustificada de los antecedentes informados, al poner en conocimiento del órgano conformador de la terna solo a 5 postulantes en la lista de preselección, privando a dicho órgano de conocer la totalidad de los postulantes que registran los 15 mejores puntajes, o de no alcanzarse ese número, los 9 mejores, y aunque informa la cantidad suficiente de candidatos, no informa efectivamente a los 5 mejores puntajes finales, impidiéndole seguir avanzando en el concurso.

Afirma, que se ha vulnerado su derecho de igualdad ante la ley, consagrada como garantía constitucional y establecida en el numeral 2, artículo 19 de la Constitución Política de la República, en adelante CPR.

Solicita acoger la acción de protección ordenando a la recurrida que rectifique el puntaje por él obtenido en la Evaluación Psicolaboral / Potencial, con base en los antecedentes ya expuestos, debiendo posteriormente agregarlo a la lista de preselección con la ubicación que corresponda con su puntaje final ya actualizado y obtenido en todo el proceso del concurso en comento o, en subsidio, agregarlo a la lista de preselección con su puntaje final de 62,1 para que el órgano resolutor y conformador de la terna tome conocimiento de su ubicación dentro de los cinco mejores puntajes, con las observaciones que corresponda informar al respecto.

En su oportunidad, la recurrida informó exponiendo, en síntesis, que a partir de la entrada en vigor del Acta N° 105-2021 de la Excma. Corte Suprema que regula el Sistema de Nombramientos en el Poder Judicial, se modificaron las bases generales y específicas que rigen los concursos de selección. Entre dichas modificaciones, se restringe el número de postulantes a ser informados a la respectiva Unidad Laboral requirente, estableciéndose el avance únicamente de quienes además de cumplir con los requisitos para ser declarados admisibles, avanzan todas las etapas evaluativas. De dicho universo, son informados los mejores 15 postulantes al concurso.

A continuación, agrega pantallazos sobre las normas administrativas atingentes al caso, y señala que ellas establecen un mínimo de 5 postulantes que cumplan con los requisitos para conformar terna, con la exigencia adicional de haberse presentado y haber aprobado todas las etapas evaluativas del proceso, lo que considera informe Psicolaboral favorable, indicando que el ranking de preselección se publica en el portal institucional para efectos de transparencia y que las bases de concurso explicitan, entre otros, los porcentajes y/o cupos establecidos para el avance por etapa, el cual se determina de acuerdo con el rendimiento general del grupo, siendo dinámico de un concurso a otro, lo que se encuentra reglamentado en las bases generales que el Subdepartamento de Reclutamiento procede a aplicar, sin contar con las facultades para su modificación. Se aplica en igualdad de condiciones y oportunidades a todos quienes participan como concursantes, los que, a su vez, declaran conocer y aceptar dichas normas al momento de oponerse al llamado, y durante el proceso de selección se informa a los/las participantes del concurso sus resultados y avance en cada etapa evaluativa a fin de poder hacer uso de las instancias de impugnación y observaciones determinadas por la normativa.

Explica acto seguido las etapas de ejecución de los concursos señalando que las bases indican que el(la) interesado(a) puede impugnar el resultado obtenido, y luego refiere lo relativo al concurso folio 22119 materia de esta acción constitucional, señalando que la nómina de 5 finalistas fue informada al tribunal con fecha 12/08/2025 a través del sistema Rhred, incluyendo únicamente a los postulantes que obtuvieron en la última etapa del proceso (entrevista Psicolaboral), conclusión favorable, esto es: Califica y Califica con reservas, en la que el recurrente obtuvo la conclusión No Califica, motivo por el cual sus antecedentes no fueron informados al tribunal.

Agrega luego pantallazos de la nómina de los 5 finalistas, y del detalle las competencias a evaluar con el nivel mínimo exigido, indicando los resultados del recurrente, quien obtuvo tres competencias bajo el nivel esperado de desarrollo definido por el perfil (Gestión y logro - Liderazgo e influencia - Innovación y flexibilidad), obteniendo 50% de logro, el que corresponde a 15 puntos ponderados y a la conclusión No Califica de acuerdo con el descriptor que agrega en un pantallazo, afirmando que se reflejan contraindicaciones que hacen predecir un desempeño insatisfactorio, y dado que con la conclusión No Califica no aprueba la etapa y no es recomendada su contratación, se procede a excluir sus antecedentes de la nómina final informada al Tribunal, porque la normativa establece que para integrar el ranking de preselección, la persona debe haber avanzado y aprobado todas las etapas del concurso, lo que implica contar con informe Psicolaboral favorable o adecuado al perfil del cargo, explicando a continuación el uso de la palabra “predecir” en el contexto de considerar los resultados de la evaluación como una variable predictora del desempeño futuro.

Dice, que una vez notificado el puntaje final, el recurrente hizo uso de su derecho a impugnación, la que fue desestimada por la comisión que consideró que existía consistencia entre los niveles asignados a cada competencia respecto del desarrollo esperado de las mismas (definido en el perfil del cargo e informado en las bases de concurso), así como en relación a las fortalezas y brechas identificadas, explicando que los estudios cursados (asociados a profesión y formación complementaria), se valoran en la etapa de evaluación curricular. Específicamente en el ítem de capacitación, el candidato obtiene el máximo puntaje asociado a la pauta (25 puntos), por Magister acreditado durante la publicación del concurso.

Sostiene que la recurrida ha actuado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la normativa vigente, procedimientos revisados y aprobados para su aplicación e implementación, en atención a los objetivos rectores y respetando la igualdad de oportunidades para las y los participantes en su totalidad al hacer estricta aplicación de las bases del proceso de selección y los principios que la informan, y reproduciendo los incisos primero y tercero del artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales, en adelante COT, señala que su parte ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente y a las bases del procedimiento de selección en cuestión, no existiendo en consecuencia un acto u omisión respecto del cual sea necesario el restablecimiento del imperio del derecho al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la CPR.

Aduce, por lo tanto, que su representada no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario, toda vez que ha ajustado su actuar estrictamente a las Bases Generales y Bases Específicas para el proceso de selección del concurso proveer el cargo de Coordinador(a) de Tribunal para el 1° nombre reservado de Arica, en lo relativo a las normas de objetividad, transparencia, probidad e igualdad de expectativas y de oportunidad de los postulantes, los que deben estar presente durante todo el proceso de concurso y que se aplican por igual a cada persona que se encuentra postulando al cargo.

Niega también que se haya vulnerado el derecho a la igualdad ante la Ley invocado por el recurrente, respecto del cual no desarrolla argumento alguno , sin perjuicio de lo cual no existe una desigualdad en este caso, por cuanto a todos los postulantes al concurso se les evaluó en igualdad de condiciones, tal es así que el postulante impugnó su evaluación Psicolaboral, determinándose que era correcta, y el resultado de no avanzar en el proceso dice relación exclusivamente con el puntaje que obtuvo en dicha evaluación, que obedece a criterios objetivos, previamente determinados y que fueron aplicado en igualdad de condiciones para todos los postulantes.

Indica, que no existir acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, como tampoco vulneración de derechos fundamentales, y por no tener el accionante un derecho indubitado respecto a avanzar en el proceso al que estaba postulando o de ser nombrado en el cargo, sino que simplemente tiene una mera expectativa de que ello ocurriera, solicita negar lugar a la protección solicitada.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en la Carta Fundamental tiene el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales asegurados, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados acreditan que existe una lesión o amenaza de lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por esta acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en adelante CPR.

En este caso, son dos las acciones denunciadas como ilegales y arbitrarias por el recurrente: el rechazo por la comisión de revisión de la impugnación de la evaluación psicolaboral que lo estimó “no califica” dentro de la última etapa del procedimiento; y la omisión de su nombre y puntaje en la nómina de cinco postulantes al cargo de Coordinador del Primer nombre reservado de esta ciudad, excluyéndolo por obtener un “no califica” en la evaluación psico laboral, pese a estar dentro de los cinco puntajes más altos, utilizando para tal exclusión un criterio subjetivo, sin considerar los antecedentes profesionales y laborales hechos valer.

TERCERO: Que, en la especie, no resultaron controvertidos, y más bien fueron ratificados por la recurrida, los hechos expuestos por la recurrente respecto de su postulación al concurro N°22119, la obtención del puntaje final obtenido de 62,1 puntos y su exclusión de la nómina remitida al tribunal que debía confeccionar la terna respectiva, no obstante que, en teoría, debió figurar en el tercer lugar de dicha nómina.

CUARTO: Que, establecido lo anterior, para resolver el presente arbitrio se tendrá presente como marco jurídico base la norma del artículos 7° de la CPR que establece que los órganos del Estado deben actuar dentro de sus competencias, no pudiendo persona alguna atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes; y la norma de su artículo 19° numeral 2 que asegura a todas las personas la igualdad y no discriminación respecto del goce de todos los otros derechos fundamentales que dicho artículo 19 establece.

Al respecto, las bases legales están dadas, en lo pertinente, por el artículo 294 del Código Orgánico de Tribunales, en adelante COT, en cuanto establece las condiciones generales exigibles a los postulantes a los cargos del escalafón de empleados del Poder Judicial, y su artículo 506 inciso tercero, numeral 6°, que establece que corresponde a la CPJ, en lo pertinente, “Dictar, conforme a las directrices generales que le imparta la Corte Suprema, políticas de selección de personal, de evaluación, de administración de recursos materiales y de personal”. Tales directrices se contienen en el Acta de la ECS 105-2021 de 2 de abril de 2021, con su modificación de 18 de noviembre de 2022, y en las Bases Específicas del concurso materia del recurso.

De lo anterior se sigue que sin perjuicio que la recurrida está legalmente habilitada para fijar el procedimiento de selección que se impugna, a través de las bases específicas del concurso que nos ocupa, esta Corte debe verificar si ellas y el procedimiento de selección seguido en este caso se ajustan a las normas jerárquicamente superiores establecidas por la ECS en el Acta 105-2021 y la modificación antes aludida.

Al respecto, tal Acta establece en su motivo I, que en materia de selección del personal, el Alto Tribunal intentar suplir los silencios del legislador mediante la regulación de procedimientos de selección del personal, en la búsqueda de favorecer la elección de los mejores postulantes, restringir espacios a la discrecionalidad, concretar los principios de objetividad, igualdad, no discriminación e inclusión, favoreciendo el mérito y la antigüedad de los servidores judiciales, con plena y total transparencia y publicidad de la convocatoria.

En su considerando II, explica la razón de la regulación de la materia a través de Auto Acordados para adoptar las medidas de carácter indispensable para llevar adelante las definiciones ausentes en la ley, y en el considerando III, expresa que la normativa dictada ha tenido en particular consideración lo normado legalmente, que descansa sobre el criterio de antigüedad en la categoría y en la institución, sin perjuicio de considerar pilar fundamental el mérito y merecimiento de los candidatos, asociado a distintos criterios, mérito y merecimiento funcionario que procura destacar y, al mismo tiempo, evitar se vea opacado por otras circunstancias.

Agrega en el considerando quinto, que siendo urgente abordar la materia mediante su regulación específica, el tribunal insiste en sus esfuerzos de sistematizarla mediante el establecimiento de las fórmulas transitorias que se expresan y que permiten aplicar tanto los principios fundamentales expresados, como dotar de contenido material a las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico de nuestro país a través de un proceso en lo cual todos quienes participan en los referidos procedimientos de selección deben, además, cautelar y promover, corrigiendo cualquier conducta que se aparte de tales postulados.

Por otra parte, el artículo primero del Auto Acordado contenido en el Acta ya referida, denominado “Principios Rectores” señala que en materia de provisión de cargos se dará aplicación estricta a los postulados constitucionales y legislativos de antigüedad, mérito, igualdad, no discriminación, inclusión, transparencia, publicidad, ética, integridad y probidad en la conformación de ternas y resolución de concursos, por lo que serán principios rectores de todo el procedimiento, hasta su resolución, la objetividad; la independencia del ente selector y adjudicador, la igualdad de expectativas y de oportunidad de las personas interesadas durante la convocatoria, la postulación y el procedimiento; la no discriminación en el acto resolutivo y la transparencia, en el interés de disminuir Ia discrecionalidad y profundizar los parámetros objetivos por los cuales se debe guiar dicho sistema en cada una de sus etapas, agregando que cuando las convocatorias, procedimientos, conformación de ternas y proposiciones, o la determinación final del concurso, en su caso, se aparten de los lineamientos normativos que regulan la materia, deberá dejarse constancia de esa circunstancia de manera inmediata y oportuna, adoptando la decisión consiguiente.

En el artículo segundo, en lo atingente al recurso en análisis, se establece que en todo el procedimiento de selección se considerará a los candidatos y candidatas con igualdad y no serán objeto de ninguna discriminación, procurando la mayor inclusión y otorgando las facilidades que corresponda en casos calificados, y que los procesos de selección se guiarán por Ia máxima publicidad y transparencia, difundiendo su realización por todos los canales de comunicación que sea posible.

En cuanto a la vigencia, el motivo duodécimo señala que los resultados de los exámenes “aprobados”(el destacado es nuestro) mantendrán su vigencia durante tres años, para los mismos efectos previstos en el acuerdo, siempre que refieran a una misma tipología de cargos y salvo disposición en contrario contenida en las bases respectivas. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la persona que postula, de solicitar ser reevaluada.

En cuanto a la ponderación, el motivo decimotercero, establece que un factor importante dentro del equilibrio entre las distintas fuentes demostrativas de la idoneidad y cualidades de la persona postulante estará dada por la ponderación que se confiera a cada una de las evaluaciones, tendiente a configurar un panorama integral comprensivo de sus datos objetivos, sus motivaciones, sus capacidades y sus distintas destrezas. Agrega que tal medición constituye un trabajo de especialistas, que habrá de adecuarse a las particularidades de cada función.

Por su parte, el motivo decimocuarto establece que como garante de los principios rectores del método concursal que se regula y, particularmente, el de la objetividad, se contará con un sistema de puntuación para expresar el nivel de aprobación/satisfacción de cada atributo, por parte de quien postula, y que contribuirá a la cuantificación final, en un porcentaje predeterminado. Esta evaluación se traducirá en una nota, elemento necesario para la determinación por parte de las personas encargadas de la examinación, de quienes logren superar las líneas de corte de los controles de conocimiento y de adecuación psico laboral, hasta la entrevista.

En el motivo decimoquinto, indica que la (preselección) terminará con un informe que incluirá la nómina total de los y las postulantes al concurso, con identificación de las personas, con el puntaje que cada uno haya obtenido, y que deberá remitirse al órgano encargado de la selección, que en el caso del Escalafón Secundario y Empleados incluirá exclusivamente a las personas que cumplan con los requisitos legales para ser nombrada en el cargo y que hayan obtenido los mejores puntajes en el proceso de evaluación, y deberá procurarse remitir un número no inferior a nueve (9) y, en todo caso, que no exceda de quince (15) candidatos y candidatas, y que se enviará con el nombre de los seleccionados a la autoridad que deba confeccionar la terna o propuesta unipersonal o decidirla.

QUINTO: Que, teniendo presente todas las normas referidas, esta Corte desestimará el primer capítulo de la presente acción, que pide dejar sin efecto el rechazo de la impugnación de la evaluación psicolaboral del recurrente, pues aquél no se funda en no haber tenido acceso a su resultado para efectuar tal impugnación, sino que cuestiona el mérito mismo de la evaluación, lo que en este caso ha sido debidamente explicado por la recurrida tanto con sus resultados como el sustento reglamentario invocado.

SEXTO: Que, por el contrario, se acogerá el recurso respecto de su segundo capítulo, relativo a la exclusión del recurrente de la nómina enviada al tribunal para la elaboración de la terna, no obstante ser el tercer mayor puntaje final por haber sido estimado en la entrevista psicolaboral como “no califica”. Ello, porque cada evaluación debe aportar indicadores de las cualidades que se exigen, pero en ningún caso la norma erige a la recurrida ni al profesional especialista como un órgano decisor en la exclusión de un candidato, como ocurrió en la especie, contrariando la norma del artículo 7° de la CPR citada, en que los 15 puntos de la evaluación psico laboral- límite con la anterior categoría- produjeron la eliminación del recurrente, al entender la recurrida que el resultado “no califica”, lo eliminaba automáticamente del concurso, sin atender a su puntaje total y al hecho de que quien tiene la facultad exclusiva de ponderar los antecedentes para formar la terna respectiva, entre el mínimo de 9 postulantes y máximo de 15, es el magistrado del Primer nombre reservado de esta ciudad, resultando también contradictorio con el Acta referida, el hecho de haber remitido a dicho juez, una nómina de solo 5 nombres.

SEPTIMO: Que, sobre lo anterior, esta Corte ha revisado las Bases Específicas del Concurso para establecer si efectivamente el puntaje orientativo de “califica” “califica con reservas” o “no califica” es un filtro que debe ponderar y ejecutar la recurrida, excluyendo de la nómina de los 9 o 15 puntajes más altos, a los postulantes ponderados con un “no califica”, o si, por el contrario, dicha facultad corresponde al órgano a cargo de la confección de la terna.

Al respecto, en el punto 4.5 de las Bases, Evaluación Psico laboral, página 19, la conclusión “no califica” corresponde a un candidato que no cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por el cargo, o refleja contraindicaciones que hacen predecir un desempeño insatisfactorio y se le asigna una puntuación de 0 a 15. En el presente caso el recurrente obtuvo 15 puntos.

A continuación, en el punto 4.7, Lista de Preselección, página 19, se prescribe la remisión de los postulantes ordenados en puntajes decrecientes, pudiendo ser identificados mediante su nombre y rol único tributario, estableciendo 9 como mínimo, y 15 como máximo, de quienes hayan obtenido los mejores puntajes. Luego, en su página 20, establece que el puntaje final se calculará sumando los puntos obtenidos por los postulantes en las etapas del proceso de selección y que en ningún caso se incluirán en la lista de preselección a los(as) concursantes cuyas postulaciones se hayan declarado no admisibles, o no hayan avanzado y aprobado todas las etapas del proceso de evaluación.

OCTAVO: Que, de la manera indicada, no puede desprenderse del criterio “no califica” con un puntaje de corte de 0 a 15, sea un designio que no permita al concursante con el tercer puntaje más alto avanzar a la etapa siguiente, dado que lo contrario significaría erigir a la recurrida como órgano decisor fundado en la calificación efectuada por el profesional evaluador, pues tal calificación, como emana del Acta 105-2021, sólo resulta orientativa para el magistrado que debe confeccionar la terna respectiva, ante lo cual sólo cabe concluir que la exclusión que dejó fuera al recurrente se llevó a cabo por una entidad que carecía de facultades para ello.

NOVENO: Que, así las cosas, los antecedentes referidos dan cuenta de una actuación arbitraria de parte de la CAPJ, al transgredir los principios y normas establecidas en el Acta 105-2021 y el respectivo Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, y las propias Bases Específicas del Concurso en cuanto cumplidoras de las directrices y principios fijadas en dicha acta, vulnerando al excluir al recurrente del concurso, su derecho a la igualdad y no discriminación previsto en el numeral 2 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, que incluye el derecho a todas las funciones y empleos públicos, por lo que debe acogerse la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que se ACOGE el recurso de protección deducido en el folio 1 por nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a la recurrida, Corporación Administrativa del Poder Judicial, incluir a dicha persona en la nómina final de postulantes que deben ser remitidos al Sr Juez del Primer nombre reservado de esta ciudad, para la elaboración de la terna para proveer el cargo de Coordinador de dicho tribunal, única autoridad facultada legalmente para hacerlo.

II. Se deja sin efecto la orden la Orden de no innovar Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra Sra. Ríos Meza.

Rol N° 377-2025 Protección.