Protección contra Tesorería General de la República Región de Arica y Parinacota

Arica, catorce de agosto de dos mil doce.

VISTO:

A fojas 2, comparece doña nombre reservado, secretaria, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado de esta ciudad, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República Región de Arica y Parinacota, representada por el Tesorero Regional don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de esta ciudad. Funda su acción en el hecho que, a su juicio, la conducta ilegal de la parte recurrida le ha privado del legítimo ejercicio de la garantía constitucional establecida en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile; esto es, su derecho de propiedad.

Refiere que la recurrida el 20 de junio del presente año le aplicó el modo de extinguir las obligaciones denominado “compensación”, el que utilizó en forma ilegal, toda vez que a consecuencia del proceso de renta respectivo, a ella le debían devolver la cantidad de $ 1.096.876 (un millón noventa y seis mil ochocientos setenta y seis mil pesos), suma ésta que en ese momento se encontraba bajo su dominio o propiedad, puesto que, debía ser depositado por dicho Servicio en su cuenta RUT N°RUT reservado del Banco Estado; sin embargo, como consta del documento que acompaña a fojas 1, el recurrido procedió a compensar dicha cantidad con deudas anteriores.

Sostiene, que la ilegalidad de dicho actuar resulta de manifiesto al estudiar los requisitos que establece el artículo 1657 del Código Civil para que opere dicho modo de extinguir las obligaciones, exigencias éstas, que en el caso en comento, no han concurrido. En efecto, sostiene que las deudas atribuidas a su persona, tienen como fechas de vencimiento el 14 de septiembre y 13 de octubre del año 1998, respectivamente; de modo que al efectuarse la compensación esto es, el 20 de junio del presente año, la obligación que se le atribuye sólo es de carácter natural, ya que no hay acción para exigir su cumplimiento por la vía jurisdiccional, razón por la cual la recurrida la ha privado de su derecho de propiedad consagrado en la Constitución Política de la República.

Agrega, que de establecerse en otra disposición legal, sin importar su naturaleza, la posibilidad para que la recurrida efectúe compensaciones legales, sin cumplir requisitos que la propia ley exige para la validez de este modo de extinguir las obligaciones, afectaría gravemente la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es igualdad ante la ley.

Concluye, solicitando se acoja el presente recurso, con declaración de que la conducta de la recurrida es ilegal y, por tanto, le ha privado del legítimo ejercicio del derecho de propiedad que le asiste sobre la suma de dinero ascendente a $1.096.876 que debía ser depositado por la recurrida en la cuenta Rut N°RUT reservado, por lo que deberá ordenarse a la recurrida que cese en su conducta ilegal restableciéndose el imperio del derecho, y en definitiva deposite la referida suma bajo los apercibimientos que esta Corte determine, con costas.

A fojas 1, rola comprobante de compensación efectuado por la Tesorería General de la República incorporado por la parte recurrida, mismo documento que fue agregado por la recurrida fojas 11.

De fojas 18 a 25 rolan los instrumentos incorporados por el Servicio recurrido, consistentes éstos en, decretos de nombramientos y compulsas del expediente relativo a la cobranza judicial efectuada a doña nombre reservado de dos giros efectuados por el Servicio de Impuestos Internos, relativos a diferencias de impuesto al valor agregado por montos de $114.346 y $ 113.816, con vencimiento el 12 de octubre de 1998 y 14 de septiembre de dicho año.

A fojas 26, informa don nombre reservado, Director Regional de Arica y Parinacota, del Servicio de Tesorerías, quien fundamenta que la compensación reclamada efectuada por el Tesorero General de la República y certificada mediante comprobante emitido por el informante, fue conforme a los requisitos que la ley establece para ello, por lo cual solicita el rechazo del recurso, por no existir acto arbitrario o ilegal por la recurrida.

Señala, que el recurso deducido por doña nombre reservado, referente la compensación legal efectuada por el Servicio de Tesorerías con fecha 20 de junio de 2012, entre los montos que le correspondían a la contribuyente por devolución de impuesto a la renta del año 2012 y las deudas morosas que mantenía vigentes hasta la fecha, respecto los giros adeudados que individualiza y por los cuales adeudaba la suma de $1.115.516 que correspondía a la deuda neta, reajustes, intereses y multas, proceso que se realiza a través del Sistema Automatizado de Egresos (SAE), en la plataforma Intranet de la Tesorería General de la República, sistema centralizado, que se fundamenta en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1994, sobre el estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, que cita, y en base de lo cual estima cumplidos los requisitos.

Agrega el informante que, el Servicio de Tesorerías en virtud del artículo 168 del Código Tributario y el artículo N°1 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1994, tiene a su cargo la cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias, por lo cual el 22 de agosto de 2002 se inicia el procedimiento de cobro de las obligaciones tributarias a la actora por los giros pertinentes, luego el 06 de septiembre de 2002, se procede a efectuar la notificación y requerimiento de pago por cédula en conformidad al artículo 171 del Código Tributario en su domicilio declarado, domicilio reservado, sin que la contribuyente opusiese excepciones en conformidad al artículo 176 del mismo cuerpo normativo, ascendiendo la deuda morosa al tiempo de la compensación a la suma de $1.115.516.-. Luego, se procedió a compensar la deuda, con el monto correspondiente a la devolución de impuesto a la renta año 2012, a que la recurrente tenía derecho, emitiendo el certificado respectivo, compensando hasta la fecha la totalidad de las deudas morosas, hasta la suma de $1.096.879.- Refiere, que se deben desestimar los argumentos de la recurrente, centrándose en el último de los requisitos de los artículos 1655 y 1656 del Código Civil, esto es, que ambas deudas sean exigibles; es este sentido, si bien la actora sostiene que la obligación carecería de exigibilidad, por tener la obligación el carácter de “natural”, conforme el artículo 1470 del Código Civil, “son aquellas que no confieren el derecho para exigir su cumplimiento, pero una vez cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas”. Luego, de los argumentos de la recurrente, que no señala no aclara a cuál de todos los argumentos legales se alude, se puede deducir que se refiere a la prescripción como modo de extinguir las obligaciones, y añade los requisitos generales para que aquella opere.

Fundamenta además, que conforme los artículos 2493 del código Civil y 176 del Código Tributario, el ejecutado podrá oponerse a la ejecución de Tesorería Comunal respectiva, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha del requerimiento de pago practicado conforme al artículo 171 de la misma norma legal, a lo que se dará la tramitación respectiva de acuerdo a los artículos 177 y siguientes del Código Tributario; luego, si no ha precedido una sentencia declaratoria de prescripción, no puede la contribuyente alegar que la obligación es natural, siendo en todo momento una obligación civil, con plena facultad de exigir su cumplimiento, existiendo la oportunidad procesal correspondiente para alegar la exigibilidad de una obligación, sea como excepción en el procedimiento de obligaciones tributarias, y ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Argumenta, que cumpliéndose todos los requisitos que la ley exige para la compensación legal de deudas, el acto carece de toda arbitrariedad, no siendo ilegal, ni privando el legítimo derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 del la Constitución Política de la República de Chile, citando al efecto jurisprudencia de esta Corte.

Acompaña a su informe documentos que rolan de fojas 11 a 25.

A fojas 35, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando sus derechos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones correspondiente debe adoptar las medidas conducentes a fin de restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en síntesis, la ilegalidad planteada por el recurrente para deducir esta acción cautelar, consiste en que, a su juicio, la compensación efectuada por el Servicio de Tesorerías de la suma de $ 1.096.876, que le habría correspondido percibir a la recurrente como devolución de impuesto a la renta, con la cantidad total de $1.115.516 que ella adeudaba por concepto de diferencias de impuesto al valor agregado, mismas que vencían el 14 de septiembre y 13 de octubre de 1988, respectivamente; ilegalidad que se manifiesta, porque, a juicio del recurrente, no existe acción para exigir la obligación adeudada por tratarse de una de carácter natural.

CUARTO: Que, como se dijo, la alegación de la recurrente se sustenta en una presunta falta de exigibilidad de las obligaciones por ella adeudadas, pero no explica con exactitud el motivo de ello, soslayando sí, que en el caso de marras, dichas obligaciones estarían prescritas, razón por la cual no era posible efectuar la compensación tantas veces referida. Alegación ésta que, no se enmarca en caso alguno dentro de los propósitos de esta acción cautelar, los que ya fueron referidos en el considerando primero, sino que dicha argumentación dice relación con la exigibilidad de una obligación, no siendo ésta la sede indicada para ello, razón por la cual el presente recurso deberá ser desestimado.

QUINTO: Que a mayor abundamiento, el hecho impugnado a través de este resorte jurídico, dice relación con la aplicación del modo de extinguir las obligaciones “compensación” sobre el monto ascendente a $1.096.876, que a juicio de la recurrente se encontraba en ese momento bajo su dominio o propiedad, puesto que, debía ser depositado por el Servicio recurrido en la cuenta RUT N°RUT reservado del BancoEstado.

SEXTO: Que sobre el particular, es dable hacer presente que, en concepto de esta Corte, la cantidad de dinero objeto de la compensación reclamada, esto es la suma de $ 1.096.876, no puede estimarse en caso alguno que se encontraba bajo el dominio o propiedad de la recurrente, toda vez que dicha cantidad nunca fue depositada en su cuenta RUT, sino como ella misma lo expresa “ debía” ser depositada; es decir, el depósito de dicha cantidad constituía únicamente una mera expectativa para la recurrente y no un derecho de propiedad como ésta lo sostiene.

SEPTIMO: Que en otro orden de ideas, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 2.493 del Código Civil, la prescripción necesariamente debe ser alegada, situación que no aconteció en el caso de marras, toda vez que según consta de la fotocopia del cuaderno de compulsas de cobranza judicial, agregado de fojas 18 a 25 inclusive, la señora nombre reservado no opuso la excepción referida precedentemente dentro del plazo y las modalidades previstas en los artículos 176 y siguientes del Código Tributario: de tal manera que a esta Corte no le compete pronunciarse sobre el particular, toda vez que la recurrente no agotó las instancias previas que dicho texto legal contempla, ya que que si ello hubiese acontecido estos juzgadores pudiesen haber conocido del asunto planteado, pero, como se dijo, no mediante esta acción cautelar, sino que de acuerdo al procedimiento establecido en el Código Tributario, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 180 de dicho texto legal.

OCTAVO: Que en consecuencia, a la luz de los antecedentes anteriormente explicitados y, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Hacienda, norma legal ésta que faculta al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, la actuación de la recurrida no puede ser considerada como ilegal, como lo sostiene el recurrente; de suerte tal, que la presente acción cautelar, necesariamente deberá ser desestimada.

NOVENO: Que, finalmente, respecto a la afirmación de la recurrente en orden a que “de establecerse en otra disposición legal la posibilidad de que la recurrida efectúe compensaciones, sin cumplir los requisitos exigidos por la ley, se afectaría la garantía constitucional de igualdad ante la Ley”, es una aseveración respecto de la cual esta Corte no emitirá pronunciamiento alguno, pues no es competencia de este Tribunal de Alzada pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas legales, pues ello es materia propia del Tribunal Constitucional.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fojas 2.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la señora Ministra María Verónica Quiroz Fuenzalida.

Rol N° 37-2012 Protección.

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