nombre reservado CONTRA TRIBUNAL ELECTORAL DE ARICA Y PARINACOTA

Arica, dos de marzo de dos mil doce.

VISTO:

A fojas 75, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Calle, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos comerciantes, con domicilio en domicilio reservado, interponen recurso de protección de garantías constitucionales en contra de los integrantes del Tribunal Electoral de Arica y Parinacota señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que han ejecutado, vulnerando con ello la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 2, 3 y 24 de la Carta Fundamental.

A fojas 95 y 100, informa don nombre reservado, Presidente del Tribunal Electoral Regional de Arica y Parinacota.

A fojas 103, informan don nombre reservado y don nombre reservado, ambos abogados integrantes Titulares del Tribunal Electoral Regional de Arica y Parinacota.

A fojas 108, se trajeron autos en relación y se agregó extraordinariamente a la tabla.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que los recurrentes fundan su arbitrio en el hecho que mediante sentencia de 10 de enero de 2012, los recurridos dictaron sentencia en las causas acumuladas Rol 53-2011 y 54-2011 sobre reclamaciones electorales deducidas en contra de las elecciones realizadas en la Asociación Gremial de Comerciantes Mayoristas y Minoristas y Agricultores del Terminal Agropecuario de Arica, ASOCAPEC AG., las que se llevaron a efecto los días 26 de marzo y 17 de abril del año 2011.

Agregan que la sentencia que falló las causas ya mencionadas rechazando la reclamación de nulidad electoral interpuesta a fojas 1 por nombre reservado, validando la elección de la directiva impugnada verificada el 26 de marzo de 2011, declarando además que se deja sin efecto la expulsión de los candidatos a Directores electos, señores nombre reservado y nombre reservado, ordenándose en la misma sentencia oficiar a la Unidad de Asociaciones Gremiales, de Consumidores y Martilleros del Ministerio de Economía Fomento y Turismo a fin de que incorpore a dichos socios al registro respectivo, agregando que igual medida deberá adoptarse respecto de la expulsión de doña nombre reservado, en su condición de Presidenta de ASOCAPEC AG. , a la fecha de celebración del acto eleccionario aludido.

Indican, que el fallo citado, asimismo declaró la nulidad de la elección de directorio del 17 de abril de 2011, quedando sin efecto el directorio elegido en esa fecha.

Añaden que el fallo dictado en las causas acumuladas, ha estimado como verdaderos hechos que en realidad no lo son, como son el haber desestimado la impugnación de la elección del 26 de marzo de 2011 que dio origen al reclamo 53/2012 el que había ordenado llevar a cabo una nueva elección de Directorio, cumpliendo estrictamente las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos Internos de ASOCAPEC, cumplimiento estricto que a su juicio no se llevó a cabo, estando el Tribunal Electoral Regional en conocimiento de dicho incumplimiento por la abundante documentación acompañada en el expediente 47/2010 de la calidad de no socios de los señores nombre reservado y nombre reservado y la falta de requisitos en que incurrieron los miembros de la Comisión Electoral que condujeron irregularmente la elección del 26 de marzo de 2011.

Reprochan que los fundamentos del fallo dictado, no se avienen con la normativa vigente, toda vez que los estatutos establecen requisitos para ser candidatos a directores, requisitos para ser miembros de la Comisión Electoral, por lo que esas disposiciones no se condicen con el espíritu democrático permisivo argumentado por los sentenciadores, por cuanto la sentencia no puede desconocer las normas estatutarias que constituyen la ley vigente para las partes en conflicto.

Exponen que los estatutos sancionan con suspensión de derechos a los socios que están en mora de sus obligaciones con la Asociación, lo que es claro en el derecho a sufragio, ya que los morosos en un mes antes de la elección no pueden votar, por lo mismo, ni los candidatos a directores ni los miembros de la Comisión Electoral pueden estar en mora, por lo que, en esto aspecto, el cumplimiento de las obligaciones limita la democracia a que se refiere el fallo dictado por los recurridos en el considerando decimo quinto.

Añaden que la declaración de nulidad de un acto eleccionario emitido por el Tribunal Electoral, no es una declaración de nulidad absoluta, sino que relativa, que no puede retrotraer los hechos al periodo anterior (expulsión de Fernández y Paredes), ello por cuanto los actos y contratos realizados con anterioridad a la declaración de nulidad gozan de legalidad, por el principio de continuidad de los actos de administración, de allí que solo un juez letrado Civil es competente para declarar la nulidad absoluta y retrotraer los hechos al estado anterior, razón por la cual, reprochan que el fallo dictado por los recurridos ha cometido un grave error al extralimitarse en sus atribuciones y competencias.

Por todo lo anterior, señalan que la sentencia dictada por los recurridos infringe las siguientes garantías fundamentales:

En primer lugar la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, toda vez que la sentencia dictada por los recurridos con fecha 10 de enero de 2012 discrimina a los socios de ASOCAPEC que se encuentran al día en el pago de sus cuotas sociales, aportes y gastos comunes, premiando a los socios morosos que eligieron a una directiva espúrea y carente de legitimidad, realizada el 26 de marzo de 2011.

Indican que el fallo se dictó ultra petita, ya que jamás se solicitó la restitución de los derechos de los socios señores nombre reservado y nombre reservado, por lo que la resolución segunda otorga más allá de lo pedido.

En segundo lugar, denuncian infringida la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, ya que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, correspondiendo siempre al legislador establecer las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

En este sentido, la sentencia ordena a la Unidad de Asociaciones Gremiales y Martilleros del Ministerio de Economía, entidad del poder ejecutivo de carácter centralizado a que reincorpore a los señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, como socios de la entidad, en circunstancias de que dicha repartición pública nunca fue parte en el juicio, ni ha sido emplazada en el proceso. Por esta razón el numeral 2° de la parte resolutiva de la sentencia, además de ilegal es arbitraria y contra derecho, por cuanto en ninguna de las reclamaciones electorales de los roles 53-2011 y 54-2011, es parte de lo pedido en la demanda. Por lo tanto el Tribunal Electoral se extralimitó en sus atribuciones, lo que atenta con lo dispuesto en el artículo séptimo de la Constitución Política del Estado. Por otra parte la sentencia también incurre en un vicio de Nulidad de Derecho Público, por cuanto infringe lo dispuesto en el artículo 7° de la carta fundamental, ya que el Tribunal se atribuye autoridad y derechos que no se le han conferido en virtud de la Constitución y las Leyes.

De la misma forma desconoce el principio de separación de poderes, al no reconocer las facultades y competencias del Poder Ejecutivo, que el Decreto Ley NO 2.757 de 1979, le otorga al Ministerio de Economía, repartición del Poder Ejecutivo.

Por otra parte también denuncian que se infringe el principio de la cosa Juzgada, toda vez que los sentenciadores recurridos, en el considerando decimo octavo y decimo noveno se refieren a la interposición de un Recurso de Protección de los socios expulsados nombre reservado y nombre reservado ante la Corte de Apelaciones de Arica tramitada bajo el Rol 246/2010 que fue rechazado el 28 de Septiembre de 2010 y confirmado el fallo de primera instancia por la Corte Suprema bajo el Rol. 7592/2010 el 28 de Octubre de 2010. La sentencia confirmatoria de la Corte Suprema tiene merito de cosa juzgada y no ha sido objeto de ningún recurso posterior por lo que su resolución se encuentra a firme y no es susceptible de modificarla por otro tribunal. Al efecto es preciso señalar que la expulsión de los citados Paredes y Fernández, tenían tres vías para impugnar la expulsión: a) Reclamación administrativa ante el Ministerio, la que fue rechazada, como consta en autos; b) El recurso de protección de garantías constitucionales que también lo perdieron y; c) La declaración de nulidad de la asamblea general de socios que los expulsó, recurso que no ejercieron ante el Tribunal Electoral Regional, dentro del plazo de diez días ni ante otro tribunal civil hasta la fecha.

Indican que los recurridos en su fallo omitieron apreciar la prueba testimonial rendida por la parte reclamante respecto a las formalidades de convocatoria a asamblea y requisitos que deben cumplir los miembros de la Comisión Electoral y socios electores en la elección del Directorio de la entidad gremial Asocapec, ya que muchos de los socios que integraron la referida Comisión Electoral no cumplían con los requisitos para integrarla, como asimismo, muchos socios no cumplían con los requisitos para votar y menos para ser candidatos a directores, ya que algunos ni siquiera tenían la calidad de socios, pasando revista a diversas actuaciones y probanzas que se habrían verificado durante el término probatorio que se abrió.

Exponen que el Tribunal Electoral omitió considerar la prueba instrumental rendida por la parte reclamante en la causa Rol 53/2012, respecto a fallos de la Corte de Apelaciones de Arica, Corte Suprema y Resoluciones Administrativas de la Unidad de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía Fomento y Turismo.

Agrega que los recurridos minimizaron las actuaciones llevadas a cabo por doña nombre reservado después de haber actuado fuera del Directorio y apoyada por el grupo que llevó a cabo la elección del 26 de marzo de 2011, después de haberse desistido unilateralmente de la apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones en reclamo 47/2010.

En tercer lugar denuncian vulnerado el derecho de propiedad en sus diversas especies, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, toda vez que la sentencia dictada por los recurridos con fecha 10 de enero de 2012, ya que se habría actuado en forma parcial al reconocer como válida la directiva que preside nombre reservado, e informar mediante oficio al Servicio de Impuestos Internos que la directiva de este señor tenía validez legal, invadiendo con ello las atribuciones de la Unidad de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía, oficio que se emitió en el mes de mayo del año 2011, con lo cual nombre reservado ha venido actuando en representación de ASOCAPEC poniendo en riesgo su patrimonio, al no pagar cuenta alguna de luz, agua, teléfono, sueldos, ni los dividendos que se adeudan a Corpbanca que ascienden mensualmente a $ 8.000.000.-, poniendo en riesgo la estabilidad patrimonial de la entidad gremial, ya que de seguro que rematarán la propiedad que utilizan para el funcionamiento diario de sus actividades comerciales.

Terminan solicitando tener por interpuesto el presente recurso de protección, en contra de los integrantes del Tribunal Electoral Regional de la Región de Arica y Parinacota, declarando que se deja sin efecto dicha sentencia en la parte que infringe las garantías denunciadas.

SEGUNDO: Que, informando el recurrido señor nombre reservado señala que los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Calle, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, presentaron ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica un recurso de protección el que basan en la circunstancia de que los integrantes del Tribunal Electoral de la Región de Arica y Parinacota cometieron actos ilegales y arbitrarios al dictar una sentencia el 10 de enero de 2012, en las causas roles acumuladas 53-2011 y 54-2011 sobre reclamaciones electorales contra de las elecciones realizadas en la Asociaci6n Gremial de Comerciantes Mayoristas y Minoristas y Agricultores del Terminal Agropecuario de Arica, ASOCAPEC A.G., por cuanto se habrían infringido las garantías establecidas en los artículos 19 N° 2, 19 N° 3 y 19 N° 24, de la Constitución Política del Estado.

Señala que del estudio del recurso planteado por los interesados es necesario tener previamente presente que el recurso de protección en análisis, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben instruir ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Agrega que al efecto, cabe tener presente que la sentencia en la que se fundamenta el recurso de protección ha sido dictada por un tribunal colegiado, específicamente, el Tribunal Electoral Regional, constituido por integrantes legalmente nombrados, en consecuencia, cualquier impugnación a los actos del tribunal deben dirigirse en contra de la sede jurisdiccional en su conjunto y no en contra de sus miembros individualmente considerados, por lo que existe una evidente falta en la legitimación pasiva en la forma propuesta por los recurrentes.

Expone que en consecuencia, es un requisito necesario de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal, contrario a la ley, según lo dispone el artículo 1° del Código de Bello, esto es que sea producto del mero capricho de quien incurre en el, afectando a una o mas garantías protegidas, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa.

Agrega que el recurso en comento constituye un arbitrio constitucional destinado a dar protección respecto de los derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, de manera que los solicitantes al momento de interponerlos, buscaron ya no salvaguardar una garantía constitucional sino mas bien procurarse una segunda resolución judicial que resulte paralela a aquella perseguida en un procedimiento en tramitación, forzando el cauce del normal desenvolvimiento del proceso, ya que para ello está la vía establecida en la ley N° 18.593, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y presentar los recursos que sean del caso.

Indica que la instrumentalización del recurso en estudio se hace evidente cuando los fines son distintos a la cautela de derechos, toda vez que lo que se reclama se encuentra en la actualidad en discusión, ya que las causas acumuladas ya citadas, en la que se dicto sentencia, esta no se encuentra ejecutoriada, puesto que al ser apelada se envió al Tribunal Calificador de Elecciones, para su conocimiento y posterior resolución.

Agrega que por lo expuesto, estando todavía en controversia los derechos invocados por los recurrentes, falta uno de los requisitos básicos para el planteamiento y acogimiento de una acción como la de autos, o sea la existencia de un derecho indubitado, pues los que se invocan no están definidos ni determinados.

Expone que a mayor abundamiento, el recurso de protección contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocaría un detrimento en sus garantías constitucionales, por ello es que cualquier persona par si o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales son amagados por actor arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

La naturaleza y la finalidad de esta acción de cautela constitucional pugna con los fines de instrumentalización que las partes pudieran tener en mente a la época de interponer el recurso de protección buscando ya no salvaguardar una garantía constitucional sino mas bien procurarse una segunda resolución judicial que resulte paralela a aquella perseguida en un procedimiento en tramitación, forzando el cauce del normal desenvolvimiento del proceso. La instrumentalización del recurso de protección se hace palmaria cuando los fines son distintos a la cautela de derechos.

Esto se demuestra en el hecho de que los recurrentes, contando con las vías de impugnación legales establecidas en el artículo 26 de la Ley 18.593, no las ejerce, intentando par vía de la acción de protección, invalidar un fallo, que ha sido dictado observándose todas y cada una de las garantías constitucionales que la ley establece, por lo que este recurso de protección debería ser rechazado.

TERCERO: Que, informando los recurridos señores nombre reservado y nombre reservado exponen que como cuestión previa, se hace indispensable tener presente que la sentencia en la que se fundamenta el recurso de protección ha sido dictada por un tribunal colegiado, específicamente, por el Tribunal Electoral Regional de Arica y Parinacota, constituido por integrantes legalmente nombrados, y en consecuencia, cualquier impugnación a los actos del tribunal deben dirigirse en contra de la sede jurisdiccional en su conjunto y no en contra de sus miembros individualmente considerados, por lo que existe una evidente falta en la legitimación pasiva en la forma propuesta por los recurrentes.

Sin perjuicio de lo anterior, y siendo finalistas en la interpretación de una acción de esta naturaleza, se ha señalado que es un requisito necesario de la acción cautelar del recurso de protección, la existencia de un acto arbitrario o de un acto u omisión ilegal, lo que en la especie no se presenta.

Señalan que la sentencia dictada desde luego no es ilegal, puesto que es una decisión derivada de una facultad jurisdiccional emanada de la legislatura. Ahora bien, se debe tener presente que el Tribunal Electoral Regional, conforme a su ley orgánica, tiene una especialísima y amplia facultad en el conocimiento de los hechos ya que procede como jurado en la apreciación de los mismos y sentencia con arreglo a derecho.

Haciendo un símil, sin embargo, con lo que la doctrina en materia administrativa denomina facultades regladas y discrecionales (siendo estos últimos aquellos en que el legislador otorga mayores libertades al órgano resolutivo para resolver) se observa de la sola lectura del fallo, que este ha sido dictado fundadamente y que en ningún caso ha sido no razonado o producto del mero capricho de los integrantes.

Agregan que mayor abundamiento, el recurso de protección contemplado en nuestra Constituci6n Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocaría un detrimento en sus garantías constitucionales, la pregunta entonces es ¿Cuál de los derechos constitucionales está amenazado o vulnerado por la sentencia dictada?. Es esencial tener presente que el recurso en comento constituye un arbitrio constitucional destinado a dar protección respecto de los derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, situación que no ocurre en la especie, toda vez que la sentencia recurrida se encuentra en apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones, superior jerárquico del Tribunal Regional Electoral de Arica y Parinacota.

Señalan que por lo expuesto, estando todavía en controversia los derechos invocados por los recurrentes, falta uno de los requisitos básicos para el planteamiento y acogimiento de una acción como la de autos, o sea la existencia de un derecho indubitado, pues lo que se invoca no están definidos ni determinados en una sentencia debidamente ejecutoriada, por lo que este recurso de protección debería ser rechazado.

Indican que esto se demuestra en el hecho de que los recurrentes, contando con vías de impugnación legales establecidas en el artículo 26 de la Ley 18.593, no las ejercen, intentando por vía de la acción de protección, invalidar un fallo, que ha sido dictado observándose todas y cada una de las garantías constitucionales que la ley establece. Par otro lado, de accederse por la Ilustrísima Corte a conocer y resolver el presente recurso como lo pretende la recurrente puede provocarse un efecto nocivo que el legislador no ha querido provocar, cual es, que se dicten sentencias contradictorias por dos Tribunales de la República. En efecto, revisado el fondo de la pretensión de la recurrente se observa que su objeto es el mismo de la apelación presentada ante el Tribunal Calificador de Elecciones, por lo que existe el evidente peligro de la dictación de sentencias contradictorias, una emanada de esta I. Corte y la otra del Tribunal Calificador de Elecciones, todo lo cual repugna al derecho y a la seguridad jurídica.

Terminan solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, en razón a no haber conculcado garantía constitucional alguna, como asimismo, por el hecho de existir un apelación interpuesta por los actuales recurrentes, la cual no se encuentra resuelta ni menos ejecutoriada la sentencia que se impugna, no existiendo para los recurrentes un derecho indubitado, pilar esencial para acoger un recurso de esta naturaleza.

CUARTO: Que, para el análisis de la presente causa es necesario tener en cuenta, previamente, que el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando sus derechos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones correspondiente debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo primero del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

SEXTO: Que, el supuesto acto arbitrario e ilegal que los recurrentes reprochan a los integrantes del Tribunal Electoral Regional de Arica y Parinacota dice relación con la dictación con fecha 10 de enero de 2012 de la sentencia definitiva dictada en las causas acumuladas Rol 53-2011 y 54-2011 sobre reclamaciones electorales deducidas en contra de las elecciones realizadas en la Asociación Gremial de Comerciantes Mayoristas y Minoristas y Agricultores del Terminal Agropecuario de Arica, ASOCAPEC AG., las que se llevaron a efecto los días 26 de marzo y 17 de abril del año 2011.

SÉPTIMO: Que, no se encuentra discutido por las partes que el Tribunal Electoral Regional de Arica y Parinacota dictó sentencia con fecha 10 de enero de 2012, en la causa acumulada Rol N° 53/54-2011, la que fue apelada por los actuales recurrentes, con fecha 18 de enero de 2012, la que fue concedida para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, encontrándose a la fecha pendiente la vista del recurso, como consta del certificado agregado a fojas 101.

OCTAVO: Que, las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Electorales Regionales son apelables, conforme lo prescribe el inciso primero del artículo 96 de la Constitución Política de la República, que en lo que corresponde reza: "Sus resoluciones serán apelables ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley". Además, se debe tener presente lo dispuesto en la ley 18.460, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, la cual en su artículo 12 dispone: "El procedimiento para la tramitación de las causas y asuntos que se sustancien ante el Tribunal Calificador de Elecciones será regulado por este mediante autos acordados en los que se asegurare, en todo caso, un racional y justo proceso".

NOVENO: Que, del examen de estos antecedentes queda de manifiesto que al momento de interponer el presente recurso de protección (9 de febrero de 2012), los recurrentes ya habían ejercido el medio de impugnación que la propia carta fundamental les otorga, esto es, el correspondiente recurso de apelación, cuyo conocimiento se encuentra pendiente ante el Tribunal Calificador de Elecciones, por lo que la presente acción constitucional no puede servir de vía alternativa para provocar un pronunciamiento previo, -es decir antes de quedar ejecutoriada la sentencia dictada por la judicatura constitucional especial-, como el que los recurrentes pretenden, toda vez que la ley N° 18.593, otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y presentar los recursos que sean del caso, todo lo cual impide que el presente recurso pueda prosperar.

DECIMO: Que, de lo dicho precedentemente se sigue, además, que los aspectos fácticos y jurídicos de esa decisión judicial, que se ha impugnado doblemente, se encuentran debatidos y, por lo mismo, configuran situaciones jurídicas actualmente discutidas, que requieren de un conocimiento procesal lato para la obtención de las declaraciones de fondo pretendidas. Ello genera que la presente acción constitucional de protección no sea la vía idónea de impugnación, toda vez que los derechos fundamentales alegados no tendrían el carácter de indubitados.

De otro lado, de la relación efectuado por la recurrente no se aprecia como desde la actuación judicial reprochada se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales alegados.

Todo lo anterior conduce al rechazo de la presente acción de protección.

Por las anteriores consideraciones y teniendo especialmente presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fojas 75.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol Nº 37-2012 Civil - Prot.

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