nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Arica, diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece nombre reservado, nombre reservado y Carolina Barraza Salas, abogados, en favor de nombre reservado, de nacionalidad cubana, Pasaporte N°RUT reservado, con domicilio en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, denunciando como ilegal y arbitrario la omisión en el pronunciamiento sobre la solicitud de regularización extraordinaria, con vulneración de la garantía fundamental consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que atendida la crisis económica, social y política de su país de origen ingresa a Chile por paso no habilitado el 10 de abril de 2018, autodenunciándose y realizando la firma mensual hasta el 08 de octubre de 2018, fecha en que se decretó su expulsión razón por la que no podía acceder al procedimiento de regulación extraordinaria al no contar con los requisitos para optar a aquel y por haber ingresado por paso no habilitado.

Agrega que el 03 de abril de 2020 se dejó si efecto su orden de expulsión, razón por la cual el 1 de abril de 2021 solicitó una residencia temporal, adjuntado todos los documentos pertinentes. Refiere que, atendido que no tuvo respuestas a su solicitud, solicitó por la plataforma de acceso a la información, antecedentes de su petición. Así, el 09 de diciembre de 2020 efectuó una solicitud de nueva solicitud de regularización migratoria al Subsecretario del Interior, conforme al artículo 91 N°8 del Decreto Ley 1094, la cual tampoco tuvo respuestas. Indica que es dicha ocasión además acompañó antecedentes relativo a su cónyuge e hijo de cuatro años, ambos chilenos y que dependen emocional y económicamente de él. Nuevamente, ejerció una solicitud por Ley de Transparencia notificada el 02 de septiembre de 2024 señalando que continua en proceso de análisis después de cuatro años en trámite.

Finalmente señala que cuenta con trabajo independiente, pagando sus cotizaciones al día y que sostiene económicamente su hogar.

En cuanto al derecho, indica que con el actuar de la administración se ve afectado el derecho a la igualdad ante la ley, atendido el tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud y la etapa en la que se encuentra, citando al efecto lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 19.880 en cuanto al principio de celeridad, ello en relación al artículo 27, respecto del plazo para dictación del acto administrativo, el que corresponde a seis meses, siendo una obligación al tenor del artículo 23, todos del mismo cuerpo legal.

En cuanto a los derechos vulnerados, señala que se afecta la integridad psíquica de la recurrente al no dar respuesta a la solicitud, estando en un limbo jurídico respecto a que si bien no será expulsada tampoco puede acceder a regularizar su situación, por lo que dicha incertidumbre acrecienta su situación de vulnerabilidad atendida la imposibilidad de obtener un numero de residencia por las vías ordinarias, al no contar con un documento que acredite el ingreso regular al país, lo que a su vez le impide obtener un permiso para trabajar u obtener una cédula de identidad chilena para efectos de lograr la integración a la sociedad chilena.

En cuanto a la igualdad ante la ley, refiere que se ha vulnerado su derecho al mantener un tratamiento diferenciado en relación con otras personas que han solicitado estas solicitudes de la misma forma y si se les ha dado respuesta, sin más trámite.

Finalmente, cita el respeto y la protección de la unidad familiar como un estándar internacional que debe ser aplicable en Chile, vulnerándose a su vez los derechos del hijo del amparado, pues se ve a su padre “forzado a abandonar el territorio de la República” no teniendo más opciones para él en territorio nacional.

Por lo anterior, solicita se ordene al Subsecretario del Interior a dar respuesta a la solicitud de regularización, acogiéndola, otorgando un permiso de residencia temporal por reunificación familiar.

Informó en su oportunidad el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Subsecretaría del Interior, dando cuenta de la normativa al efecto, indicando que en la actualidad, la regularización migratoria se realiza en el marco de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, en un proceso reglado, cuyos requisitos y etapas se disponen pro la autoridad con anterioridad a la ejecución, lo cual, en los últimos años se ha llevado a cabo en dos procedimientos de regularización migratoria de general aplicación, en 2018 y 2021, que han facilitado y promovido la regularidad en base a diversos criterios que en cada caso se consideraron pertinentes y suficientes por parte de la autoridad, pero que en la actualidad no existen procedimientos vigentes.

Ahora bien, existe una segunda hipótesis en la actual normativa, la del artículo 155 N°9, que establece que el Subsecretario del Interior tiene, entre otras funciones, la potestad de disponer, en casos excepcionales, un permiso de residencia temporal, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria de la persona beneficiaria del permiso.

Así, las solicitudes que se realicen deben ser fundadas en el artículo 155 N°9 de la misma ley, encontrando la solicitud de autos en sus últimas etapas de tramitación en la Subsecretaría del Interior, previo a que la autoridad superior suscriba el acto administrativo a resolver, el que, concluido, será debidamente notificado a la parte recurrente.

En este sentido, señala que habría una inexistencia en relación a la omisión arbitraria o ilegal, toda vez que las solicitudes requieren un análisis exhaustivo de las solicitudes, debiendo ser plenamente justificado su otorgamiento, toda vez que se trata de una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería, correspondiendo la solicitud al ejercicio del derecho de petición, consagrado constitucionalmente, máxime que en el último año hubo un aumento del 964% de este tipo de solicitudes.

Asimismo, el plazo máximo de 6 meses referido en la Ley 19.880, tal como ha razonado la Excma. Corte Suprema, no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica ni caducidad ni invalidación del acto respectivo, por lo que no puede verificarse la omisión ilegal ni arbitraria.

Sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto a las garantías esgrimidas, no existe antecedentes que den cuenta de la afectación a la integridad psíquica o a la igualdad ante la ley, por lo que no puede fundarse en las meras alegaciones genéricas, sin respaldo alguno, más cuando de la propia génesis de la solicitud se reconoce que existió una infracción a las normas de migración por parte de la propia recurrente, por lo que no puede imputarse las consecuencias que de ello se deriven, ni a la eventual demora respecto de la resolución de su solicitud, sino a las acciones de la propia recurrente.

Finalmente señala que, con este tipo de acciones, se produce una afectación a la igualdad ante la ley en desmedro de otras personas extranjeras que efectúan sus solicitudes por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con fecha anterior de la de autos y que aún no cuentan con una respuesta a la solicitud, por lo que con esta acción, de donde se instrumentaliza este remedio constitucional, distrayendo a la judicatura y al personal de la Administración del Estado que debe abocarse al conocimiento e información de causas como la de la especie, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Finalmente, sostiene que la presente acción representa un abuso de la vía judicial en perjuicio de los demás solicitantes de permiso de residencia que se encuentran a la espera de su pronunciamiento administrativo.

En consecuencia, refiere que, habiendo actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, entiende que no existe actualmente un acto u omisión que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a que la recurrida ha omitido pronunciamiento respecto de su solicitud de regulación extraordinaria, a pesar de haber transcurrido casi cuatro años desde su requerimiento.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso, se advierte que la petición de regularización extraordinaria se realizó el 09 de diciembre de 2020. Por su parte, la recurrida se limitó a informar que dicha solicitud se encuentra en las últimas etapas de tramitación previo a que la autoridad suscriba el acto administrativo, pese a que ha transcurrido, hasta la fecha de esta sentencia, casi 4 años, desde su inicio.

QUINTO: Que, sin duda ha existido una demora excesiva en la resolución de las peticiones del recurrente. No obstante lo anterior, no puede dejar de advertir que no es ésta la vía para lograr obtener una orden judicial que acelere el pronunciamiento que se pretende por aquel, aventajando de esta forma a quienes efectuaron igual solicitud a la suya con fecha anterior a la misma, tal como lo plantea la recurrida, dado que ello pudiere eventualmente vulnerar el principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, precisamente respecto de aquellos que ven más demoradas aún las respuestas a sus pretensiones, frente a quienes de contrario, a través de alguna acción cautelar favorable, obtienen que la autoridad administrativa se avoque con prioridad y preferencia al análisis y a la resolución de sus requerimientos.

En este orden de ideas, aparece relevante reflexionar que en forma previa a disponer cualquier medida cautelar o de tutela de derechos, el órgano jurisdiccional debe realizar siempre la ponderación de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad de aquellas que le son requeridas o de las que oficiosamente puedan ordenarse.

SEXTO: Que por otra parte, aparece importante recordar que los artículos 64 al 66 de la Ley N°19.880, aplicable a la actividad de toda la Administración del Estado, entrega al administrado la solución que por esta vía -inapropiada como se ha dicho-, se pretende, de manera que, contando entonces las garantías que se reclaman transgredidas con el debido resguardo legal, que les plantea una solución definitiva de carácter administrativo, no advirtiendo la indispensabilidad y conveniencia de un pronunciamiento favorable a través de esta acción constitucional y, más aún, observando que este tipo de decisiones pueden eventualmente contribuir involuntariamente a la afectación de derechos fundamentales de otros administrados que se encuentren en similar situación a la del actor.

SÉPTIMO: Que, finalmente y a mayor abundamiento, tampoco se ha logrado acreditar de modo alguno las afectaciones que alega el recurrente, a su integridad psíquica o a la igualdad ante la ley, puesto que en relación a la garantía del numeral primero del artículo 19, se limita a señalar que se vería afectada al encontrarse en una situación de incertidumbre, la cual, compartiendo lo señalado por la recurrida, obedece al actuar voluntario de hacer ingreso por vía irregular al país; mientras que respecto de la segunda de las garantías, no se indica situación alguna en específico que ponderar, donde se de cuenta de una diferencia de trato, en relación a personas determinadas a las cuales, atendida la data de su solicitud, ya se encuentran con un pronunciamiento definitivo de su pretensión.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 359-2024 Protección.