nombre reservado con nombre reservado

Arica, catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparecen nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos abogados y Jueces de Policía Local del Primer, Segundo y Tercer Juzgado de Policía Local de Arica, respectivamente y deducen recurso de protección de garantías constitucionales en contra de nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, Administrador Municipal, nombre reservado, Directora de Administración y Finanzas y nombre reservado, Asesor Jurídico o de quienes los subroguen en sus cargos.

Refieren que el día 4 de julio de 2023, el Administrador Municipal nombre reservado, dictó la Instrucción Nº 91/2023, que les fue notificada el 4 de octubre pasado, en virtud de la cual se les instruyó en los siguientes términos:

“1. Los jueces de policía local de la Municipalidad de Arica deberán enrolarse en el sistema de reloj control utilizado en el edificio donde funcionan los respectivos juzgados. Para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acercarse a la Oficina de Gestión de Personas, en un plazo que no supere los 2 días hábiles de notificada la presente instrucción alcaldicia.

2. Los Magistrados señalados en el numeral anterior, deberán dar estricto cumplimiento de registrar su ingreso y salida de jornada, mediante el sistema de reloj control.

3. En el caso de incumplimiento de jornada, corresponderá efectuar los descuentos pertinentes, y remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria del magistrado.”

Explican que la instrucción, no tiene otra función que la de ejercer un control respecto de la persona de los jueces, obviando de manera flagrante, el principio de Independencia consagrado en el artículo 8 de la Ley Nº 15.231, el cual ha sido ratificado en forma unánime por la jurisprudencia al respecto.

Exponen que la Excelentísima Corte Suprema ha sido reiterativa en señalar que la imposición de un horario o de un sistema de control por parte del edil a los jueces, es una errada interpretación de lo que debe entenderse por control jerárquico y control del cumplimiento de los deberes funcionarios, amenazando la independencia con que debe obrar el juez de policía local, en tanto ejerce una potestad jurisdiccional, lesionando con ello uno de los fines del Estado Constitucional de derecho, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley. En tal sentido se pronunció la Tercera Sala del Máximo Tribunal, en los autos Rol Nº 106.140-2022.

Afirman que en consecuencia la Excelentísima Corte Suprema, reconoce, que los Jueces de Policía Local se encuentran bajo la supervigilancia directiva, correccional y económica de las Cortes de Apelaciones respectivas y que serán estas las que determinarán los horarios de funcionamiento de los Juzgados de Policía Local, lo que efectivamente se encuentra regulado en la jurisdicción mediante el Oficio N° 3004, de 28 de junio de 2012 que estableció su funcionamiento de lunes a viernes de 08:00 horas a 17:00 horas y los días sábado de 09:00 horas a 12:00horas, la que fue modificada por la resolución del Pleno, de 1 de febrero de 2021, que estableció que el horario de funcionamiento sería de lunes a viernes de 08:000 horas a 16:00 horas y los días sábado de 09:00 a 12:00 horas.

Aseveran que el control jerárquico del Alcalde no se extiende, en caso alguno, a los Jueces de Policía Local, puesto que el ordenamiento jurídico dispone que el control jerárquico y disciplinario de los jueces de policía local depende de la respectiva Corte de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema, según lo prevenido por los artículos 80 y 82 de la Carta Fundamental.

Precisan que la imposición municipal atenta en contra de su propio actuar, toda vez que, desde la creación de cada uno de los juzgados de Policía Local, se ha reconocido que se encuentran subordinados a la Corte de Apelaciones de Arica, alternado, con su actuar, es status quo existente hasta la fecha.

Para finalizar exponen que la instrucción afecta la igualdad ante la ley al proponer una odiosa diferenciación con el resto de los Jueces de Policía Local de territorio nacional y su derecho de propiedad en cuanto dispone, la realización de descuentos de remuneraciones por el no cumplimiento de la jornada y su función por mucho excede la jornada ordinaria de trabajo, tal y como se ha reconocido por la Excma. Corte Suprema, pues la labor jurisdiccional muchas veces se realiza más allá de los limites horarios fijados por la Corte de Apelaciones respectiva.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas citan las previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Piden declarar que la Instrucción Alcaldicia N° 91/2023, de 4 de julio de 2023, es ilegal y arbitraria y, en consecuencia, no es aplicable a los recurrentes, debiendo dejarla sin efecto, ordenar a los recurridos se abstengan de incurrir en comportamientos que afecten la independencia e imparcialidad de los jueces; en subsidio, se dispongan las medidas que se estimen procedentes y que sean necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, asegurando la debida protección de sus derechos, con costas.

En su oportunidad informó el apoderado del Alcalde recurrido, haciendo presente que informaba por todos lo recurridos, y en ese sentido expuso que el día 25 de enero de 2023 la directora de administración y finanzas de la I. Municipalidad de Arica, suscribió el Ordinario 256/2023, el cual fue remitido al Asesor Jurídico de la I. Municipalidad de Arica, solicitando se le informara respecto del control de asistencia de los jueces de policía local, en atención a lo dispuesto por la Jurisprudencia Administrativa, especialmente en relación al dictamen N° 33175 de 2012, en relación a lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Copiapó en lo autos Rol 122-2020 Protección. Petición que fue reiterada el 25 de mayo de 2023, dando cuenta que los jueces de policía local no utilizaban el sistema de control de asistencia.

En virtud de los oficios referidos, el 20 de junio de 2023, el Asesor Jurídico remitió a la Directora de Administración y Finanzas, el Ordinario 419/2023 el cual informa sobre la procedencia de establecer medidas de control de asistencia a los jueces de policía local de Arica.

Del examen de los fundamentos del citado Ordinario 419/2023 concluye que el artículo 5 de la Ley N° 15231 establece que los Jueces de Policía Local son funcionarios municipales y en tal sentido, forman parte de la Planta del Municipio, gozando actualmente con una remuneración correspondiente al grado 5° con una jornada ordinaria de trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo exceder de nueve horas diarias.

Que en consecuencia, que la I. Corte de Apelaciones, fije el horario de funcionamiento, sólo dice relación con dicha circunstancia, cuestión distinta es la verificación del cumplimiento de dicha jornada, ya que sin perjuicio de detentar, la superintendencia directiva, correccional y económica, respecto de los Juzgados de Policía Local, en los hechos no cuenta con ningún mecanismo, para verificar el cumplimiento de la jornada establecida por el propio Tribunal.

Por lo que no existe vulneración a la garantía fundamental de igualdad ante la ley, ya que precisamente la instrucción recurrida tiene por objeto que exista una igualdad en lo referente al cumplimiento de la jornada de trabajo, respecto de todos los funcionarios municipales, y a su vez, no existe vulneración a la garantía fundamental del derecho de propiedad, ya que el acto recurrido, no modifica la circunstancia legal, de durar indefinidamente en sus cargos, en consecuencia, el acto recurrido no reviste los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, ya que su dictación se fundó en antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que justificaron su dictación.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el acto considerado como ilegal y arbitrario corresponde a la dictación de la Instrucción Nº 91/2023 de 4 de julio de 2023 que obliga a los recurrentes a enrolarse para los efectos de controlar su jornada laboral mediante sistema de reloj control.

TERCERO: Que, la supervigilancia directiva, correccional y económica de los Juzgados de Policía Local de Arica, corresponde privativamente a esta Corte de Apelaciones, atento a lo dispuesto en el artículo 8 incisos 1 y 2, de la Ley N° 15.231, y conforme el artículo 53 del mismo cuerpo legal, se reguló el horario de funcionamiento de estos Juzgados a través de la resolución del Pleno de 1 de febrero de 2021, estableciendo que el horario de funcionamiento sería de lunes a viernes de 08:00 horas a 16:00 horas y los días sábado de 09:00 a 12:00 horas, no estableciendo la implementación de un sistema biométrico o de reloj para controlar el referido horario.

CUARTO: Que, conforme a lo consignado en el considerando precedente, no habiéndose establecido por esta Corte el control de la jornada laboral de los recurrentes del modo impuesto en la Instrucción Municipal Nº 91/2023, de 4 de julio de 2023, que por esta vía se impugna y que, como se dijo, correspondiendo dicha facultad exclusivamente a esta Corte de Apelaciones, la misma deviene en ilegal al contrariar lo dispuesto en el artículo 8 incisos 1 y 2, de la Ley N° 15.231, ya mencionada, infringiendo por tanto la garantía fundamental consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República respecto de cada uno de los recurrentes.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento y tal como lo ha señalado reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema: “el trabajo de un Juez no consiste únicamente en la atención al público, puesto que debe desempeñar otras labores propias de su función, consistentes principalmente en el estudio de expedientes y la redacción de las resoluciones, lo que no necesariamente se realiza durante el horario fijado para atender audiencias ni en el recinto del tribunal, y no debe confundirse el período en que está abierta la Secretaría de un Juzgado con el horario de asistencia de un juez, pues en general aquélla debe atender durante un lapso siempre superior al de las audiencias del magistrado, para desarrollar el trabajo administrativo correspondiente, que no requiere la presencia física del Juez pero sí la del Secretario, todo ello según se desprende especialmente del artículo 475 del Código Orgánico de Tribunales.”(Rol 106.140-2022)

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, se declara que:

Se ACOGE el recurso de protección deducido por los jueces de Policía Local y en consecuencia se deja sin efecto la Instrucción Nº 91/2023, de 4 de julio de 2023 dictada por el Administrador Municipal subrogante de la Ilustre Municipalidad de Arica, nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 356-2023 Protección.