nombre reservado con TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ARICA

Arica, veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece IVANIA ALEXANDRA MONTENEGRO, abogada, en favor y a nombre de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ARICA; por comunicar la sanción disciplinaria a la Excma. Corte Suprema y registrar la misma para su comunicación a los tribunales del país, resolución pronunciada por los Magistrados, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, pronunciada el 27 de septiembre de 2024, lo cual vulnera las garantías consagradas en los numerales 2°, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que dicha resolución, por orden ilegal y arbitraria de las magistradas nombre reservado y nombre reservado, quedó firme y ejecutoriada, con lo que el recurrente fue injustamente castigado, sin darle derecho a ser escuchado, a presentar prueba y recurrir de apelación, puesto que con lo anterior le bloquearon la Oficina Judicial Virtual para no poder defenderse ni trabajar como abogado particular en otras causas, teniendo decenas de representados en la ciudad de Arica y en otras.

Da cuenta que en la causa en que se impuso la sanción estaba citado a audiencia de juicio para el día 27 de septiembre pasado, solicitando la suspensión de la audiencia al tener la vista de un recurso de apelación ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones -que fue anulada su vista originalmente fijada el 19 de septiembre de los corrientes, por no haber sido notificado el recurrente-, donde se confirmó la resolución que decretaba medidas cautelares menos intensas, como pretendía la defensa.

En este sentido, señala que no se produjo el abandono de la defensa, esgrimido por los jueces recurridos, puesto que a la presentación de solicitud de audiencia no se le dio lugar, dictando una resolución que ordenaba llevar a cabo dicho juicio, presentando una incidencia de nulidad procesal, al vulnerarse la garantía constitucional del derecho a defensa y a ser defendido por un abogado de su confianza, concediéndole solamente un lapso de 15 minutos para que pudiera contactar un abogado que se presentara en la Corte, lo que era imposible, por la complejidad de la causa, siendo inviable desde el punto de vista técnico del derecho a defensa, cuestión que no consta en el acta de audiencia en que se discutió la incidencia, por lo que se vio en la obligación de retirarse del inicio del juicio oral como único recurso o acto jurídico procesal que le quedaba como defensor para impedir afectar a los imputados que tenía en el recurso pendiente en la Corte.

De esta forma, el retiro de la audiencia es justificado y no correspondía que se aplicara el artículo 102 del Código Procesal Penal puesto que si tenía un defensor de confianza, quien seguía defendiéndolo desde el primer instante de su detención en la PDI.

Así, solicita se acoja el recurso, dejando sin efecto la resolución de sanción y no se le castigue con la suspensión de días del ejercicio de su profesión al no ser responsable de que se fijara audiencia el mismo día que tenía el juicio oral, y que esto haya sido por la nulidad de la vista anterior, por no haber notificado al recurrente de dicha audiencia, existiendo en esta segunda ocasión colisión de audiencias, por lo que se castiga al letrado por hacer su trabajo en torno a defender los derechos a defensa de sus dos representados.

En cuanto a las garantías que esgrime como afectadas, en primer lugar, indica la del numeral segundo del artículo 19 de la Carta Magna, al castigarlo en circunstancias que su actuar se ajustó al numeral 3 del artículo 19 de la Constitución. Respecto al numeral 16 de la normativa citada, señala que al estar bloqueado o inhabilitado, se afecta la libertad de trabajo para defender a sus representados, en relación con el numeral 21 de la misma disposición constitucional, al bloquearle e inhabilitarle presentar escritos, le afecta su derecho a realizar actividades económicas como abogado privado, dejando de percibir ingresos económicos, al no pagarle en dinero sus clientes el servicio de abogados, al no estar habilitado para ello, y finalmente, se afecta la garantía del numeral 24 de la normativa citada, señala que se le afecta el derecho de propiedad al dejar de representar a su clientela, del cual es dueño.

Por lo anterior es que solicita se repongan los derechos del recurrente dejando sin efecto la resolución judicial de sanción de castigo de fecha 27 de septiembre del TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ARICA y no se le castigue con suspensión de días del ejercicio de su profesión, con costas del recurso.

En su oportunidad informaron al tenor del recurso las juezas destinadas del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica nombre reservado y nombre reservado, quienes tras reiterar lo señalado por el recurrente en relación al retiro del defensor, señalan que se rechazó la solicitud atendido que en dependencias del tribunal se encontraba la NNA, víctima, respecto de la cual mantienen un deber de protección, además de varios testigos, y los restantes debidamente notificados, sin perjuicio de otorgarles un plazo suficiente para realizar gestiones a fin de delegar alguna de las causas. Ante la solicitud de nulidad procesal, que fue igualmente rechazada, ante lo cual el defensor informó que se retiraría de la sala, instando a que no se le sancionara por aquello, no autorizando lo anterior el tribunal, sin perjuicio de realizarlo de todas maneras.

Frente a lo anterior, indica que el fiscal y querellante solicitaron se declarare el abandono de la defensa y se sancione al defensor, al vulnerarse los derechos tanto del acusado como de la víctima, por lo que, por unanimidad, se declaró abandonada la defensa y se dispuso a oficiar a la defensoría penal pública para designar un abogado que represente al acusado, fijando nuevo día y hora para la realización del juicio que no se pudo realizar. Indican que estimaron, por mayoría, que dicha resolución causa ejecutoria, por lo que ordenaron poner en conocimiento de la Excma. Corte Suprema y registrar la sanción, autorizándole al letrado, a fin de resguardar sus derechos, que pudiese ejercer los recursos correspondientes vía correo electrónico, si así lo estimare, toda vez que, computacionalmente, al dictarse dicha resolución se inhibe al sancionado de intervenir mediante la oficina judicial virtual, lo que realizó el 02 de octubre pasado, presentando recurso de apelación que fue concedido en solo efecto devolutivo, encontrándose pendiente -a la fecha del informe- la resolución de aquella, lo que corrobora que la resolución no estaba ejecutoriada, como sostiene equivocadamente el recurrente al señalar que se certificó aquello.

En este sentido, refieren que el presente recurso es improcedente, toda vez que existe la apelación de la resolución que impuso la sanción, estando pendiente de resolverse, pudiendo suspenderse los efectos en el caso de decretarse una orden de no innovar. Asimismo, en cuanto a las garantías esgrimidas como conculcadas, señala que las alusiones son en términos genéricos, y que, en caso de existir, ello ha sido provocado por la propia conducta del recurrente quien no podía menos que saber las sanciones a las que se arriesgaba al abandonar un juicio oral.

Finalmente señala que la resolución no es arbitraria ni ilegal, puesto que la decisión se basa en lo dispuesto en el artículo 103 bis del Código Procesal Penal y razona sobre la base que el abandono y consecuencial ausencia no fue debidamente justificada, siendo deber del juez ponderar los argumentos, libre de las subjetividades incorporadas por el recurrente, debiendo ponderar de manera objetiva, imparcial y con base en los principios que inspiran el proceso penal y los derechos especialmente garantizados por la ley 21.675 y 21.057, sin dejar de lado las circunstancias prácticas, como la indicada por el tribunal en relación a la acotada agenda del tribunal que en los hechos dignificaba reagendar para un mes tarde.

Por lo anterior, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, respecto de la cual existen recursos procesales pendientes y ejercidos por el recurrente, solicitan se desestime y rechace el recurso por no existir acto ilegal y arbitrario, al haber actuado dentro de los márgenes de sus facultades legales susceptibles de ser reclamados por la vía de apelación, la que fue concedida en el solo efecto devolutivo, pendiente de resolución, no pudiendo ser objeto de la acción extraordinaria de protección.

Del mismo modo, evacuó su informe don nombre reservado, juez titular del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, quien da cuenta en primer lugar que la presente no es la vía idónea para reclamar en contra de la resolución judicial, toda vez que ello implicaría reconocer la existencia de un recuso supletorio del conjunto de recursos que prevé la ley para solucionar el negocio jurídico, no siendo prevista para remplazar las vías procesales que no fueron empleadas por el interesado.

En cuanto al fondo, reitera las circunstancias en las que se aplica la sanción, difiriendo en relación a cuándo la sanción ha de hacerse efectiva, toda vez que indica que ello es una vez transcurra el plazo legal para efectuar los recursos legales, estimando que se cumplen con los requisitos del artículo 106 del Código Procesal Penal para aplicar la sanción de autos al no encontrarse justificado el abandono del juicio oral, no existiendo acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales del mentado defensor.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente, deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección, es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario e ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2°, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es el haber aplicado una sanción de suspensión del ejercicio de la profesión por el lapso de 60 días, haciéndola efectiva de manera inmediata, atendido el hecho de haber abandonado una audiencia de juicio, lo que en concepto del recurrente, se encontraba debidamente justificado.

CUARTO: Que, en el caso de autos, no puede soslayarse que, la aplicación de la sanción, como informaron los recurridos, se funda en lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes del Código Procesal Penal, siendo susceptible de ser revisada la decisión mediante el recurso de apelación, el que además es conocido por el pleno de este tribunal de alzada atendido lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales, teniendo la posibilidad de revisar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la resolución.

QUINTO: Que, en este sentido, atendido del mérito del certificado de folio 24, se da cuenta que existen en tramitación ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, en relación a la misma resolución atacada mediante el presente arbitrio constitucional, sendos recursos, uno de queja, bajo el Rol 735-2024-Pleno y uno de apelación bajo el Rol 782-2024-Pleno, no pudiendo esta Corte, por vía de la presente acción cautelar y de urgencia enarbolada, pronunciarse sobre los mismos hechos que se conocerán por vía ordinaria, sin perjuicio de lo que se pretende con el recurso de queja, que deberá ser resuelto como en derecho corresponde, encontrándose por tanto lo pretendido bajo el imperio del derecho.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor y a nombre de nombre reservado, en contra del TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ARICA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 354-2024 Protección