nombre reservado con CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO, EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS

Arica, once de enero de dos mil veintitrés.

VISTO:

nombre reservado, profesora, domiciliada en esta ciudad, y dedujo recurso de protección de sus garantías constitucionales en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota y en contra del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones representado legalmente por doña nombre reservado, por haber conculcado sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que como Educadora de Párvulos, actualmente trabaja en el nivel NT2 “A” de Educación Parvularia de la Escuela Subteniente Luis Cruz Martínez perteneciente al Servicio Local de Educación Chinchorro y el año 2022 se sometió a evaluación de manera voluntaria por Carrera Docente para ascender en su tramo de encasillamiento ya que fue evaluada 2 veces como experto 1 (año 2013 y 2017), presentando a evaluación un portafolio que se realizó en modalidad de Educación Parvularia, Subsector Nivel transición.

Señala que el 5 de julio del año 2023 fueron entregados, vía plataforma electrónica Docente los resultados de la evaluación docente y carrera docente del año 2022, obteniendo un resultado muy bajo, que daba a entender que su desempeño era peor que cuando comenzó como docente principiante, por lo que a su juicio el puntaje otorgado con concuerda con el cumplimiento de las rúbricas que se pedían, cabe señalar que el año 2022 no estaban publicadas las rúbricas de la evaluación en curso para la elaboración del portafolio, es por eso que se apoyó en las rúbricas de año anterior para poder optar a un resultado Destacado, y las de este año que eran casi iguales por lo que afirma que su trabajo cumplía con los estándares en mayoría para Destacado.

Afirma que los correctores de su portafolio no desarrollaron un trabajo evaluativo acorde a su área, no consideraron de manera exhaustiva y profunda cada módulo con las tareas elaboradas, por lo que no está de acuerdo con las categorías dadas a cada tarea, no hay retroalimentación en cada ítem y puede tener acceso para revisar la Prueba de Conocimientos y ver las respuestas erradas.

Señala que el 14 de julio del año 2023 dedujo recurso de reposición, en virtud de lo establecido en el artículo 46 del Decreto N° 192 del año 2005 del MINEDUC, en contra de resolución exenta N° 3621, del cual aún no obtiene respuesta, la que debió otorgarse por resolución fundada en el plazo de 30 días, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 47 del Decreto N° 192 del año 2005 del MINEDUC, en relación al artículo 25 de la Ley N°19.880, encontrándose en total indefensión y desamparo.

Denuncia como infringidos los numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la República, y los artículo 7 y 8 de la Ley N° 19.880, en cuanto a los principios de celeridad y conclusivo.

Pide que se ordene resolver el recurso de reposición pendiente en lo referido a la evaluación docente, que dicha resolución sea debidamente fundada y que se ordene a los recurridos a tomar todas las medidas conducentes al restablecimiento y la protección de sus derechos, con expresa condena de costas.

Informaron los recurridos indicando, en lo pertinente, que luego de la interposición de los recursos de reposición, se inicia un trámite en el que participa el Comité de Procesos de la División Jurídica (DJ) y las áreas técnicas del CPEIP, Evaluación de la Docencia y Carrera Docente. El trámite conlleva la recepción del recurso, la revisión de admisibilidad, el análisis de la reclamación de cada Recurso de Reposición admisible, la generación de información técnica, la elaboración de una resolución exenta para cada recurso y la notificación a profesionales recurrentes. En este proceso, el segmento pertinente al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones, corresponde únicamente a la generación de la información técnica, cuando así se ha solicitado.

Señala que el 25 de septiembre de 2023, el recurso de reposición interpuesto por la recurrente fue derivado vía SGD, con el expediente Nº1904 de región 15, Arica, al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones. Sin embargo, físicamente, el recurso de reposición correspondiente al expediente Nº1904 fue derivado al área Evaluación de la Docencia, para la elaboración del informe técnico. Actualmente, se encuentra en la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación, a la espera de la dictación de la Resolución. El recurso de reposición fue enviado por el Centro mediante Oficio Nº10/521 de la Directora, el 14 de noviembre de 2023.

Concluye que la instancia de conocimiento del recurso de reposición interpuesto por la actora es resuelto en la Subsecretaría de Educación, no en la sede regional, cumpliendo con remitir los antecedentes al superior jerárquico para su conocimiento y fallo de forma oportuna, sin perjuicio de aquello, la tramitación del recurso de reposición aun no culmina, por lo que no se ha agotado todas las instancias administrativa ante este servicio y una vez culminado el procedimiento se le notificará lo resuelto a la recurrente, para los fines que estime pertinentes.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie, el acto ilegal y arbitrario denunciado consiste en la omisión de pronunciamiento respecto del recurso de reposición deducido el 14 de julio del año 2023, en contra de la resolución exenta 3622-2023 dictada por la Subsecretaría de Educación.

CUARTO: Que, las recurridas en su informe señalan que el recurso, si bien se dedujo en la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota, el mismo debe ser resuelto directamente por la Subsecretaria de Educación, a la cual fue remitido junto con el informe técnico de su incumbencia, por lo que a su respecto refieren no haber cometido acto ilegal o arbitrario alguno, pues no les corresponde el pronunciamiento del recurso de reposición.

QUINTO: Que, el artículo 59 de la Ley N°19.880, en lo pertinente, dispone: “El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna;”.

SEXTO: Que, consta de los documentos presentados por la propia recurrente que la resolución N° 3622 del año 2023, impugnada mediante recurso de reposición, fue dictada por la Subsecretaría de Educación, como asimismo, consta en el formulario mediante el cual presentó el recurso, que se dirigía a la Subsecretaría de educación, sin perjuicio de haberse presentado ante la Seremi de Educación de Arica y Parinacota, quien informó haber remitido en su oportunidad, el recurso y un informe técnico, no siendo el órgano competente para su resolución.

SÉPTIMO: Que, en virtud lo indicado precedentemente, no se cumplen los presupuestos necesarios para que el presente recurso de protección pueda prosperar, debido a que no es posible imputar a las recurridas la omisión alegada, en circunstancias que el recurso de reposición deducido por la recurrente debe ser resuelto por la Subsecretaría de Educación, la que no fue emplazada en este recurso, no observándose ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de las recurridas, lo que obliga a desestimar el presente arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 344-2023 Protección.