SOCIEDAD DE INVERSIONES COMERCIAL LEPE Y ALAMO LTDA. CONTRA XV DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

A fojas 6, comparece Germán Candía Venegas, abogado domiciliado en domicilio reservado en representación de Sociedad de Inversiones y Comercial Lepe y Álamo Ltda., persona jurídica del giro de su denominación representada por nombre reservado, factor de comercio, ambos domiciliados en domicilio reservado, Parque Industrial, nombre reservado, Arica e interpone recurso de protección en contra de la XV Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director Regional Javier Álvarez, domiciliado en domicilio reservado, a fin de que ésta última elimine toda limitación al timbraje de documentación de su representado.

Refiere que personal de la recurrida arbitraria y abusivamente ha procedido a limitar al mínimo el timbraje de boletas y facturas de su mandante, llegando a amenazar a sus funcionarios con no timbrar documento alguno si no presentan ante el organismo contralor documentación que acredite que ha suscrito un convenio de pago con la Tesorería General de la República por la deuda que mantiene a la fecha.

Para fundar su recurso de protección expone que dicha negativa o limitación de timbraje atenta contra las garantías de los números 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, habida cuenta de lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, normas que señalan expresamente el procedimiento de cobranza de las deudas fiscales, correspondiendo exclusivamente a la Tesorería General de la República el perseguir ejecutivamente el pago de tales acreencias.

Entre la documental acompañada, se agrega a fojas 1, formulario F3230 de fecha 21 de marzo de 2013 donde consta la leyenda en letra manuscrita “debe resolver deuda pendiente”.

A fojas 11, el recurso es declarado admisible y se requiere el informe de rigor.

A fojas 81, la recurrida informa y pone previamente en conocimiento de esta Corte la existencia del Reclamo por Vulneración de Derechos deducido por el recurrente con fecha ocho de marzo del año en curso ante el Tribunal Tributario Aduanero de la Región de Arica y Parinacota, en el que expresa idénticos fundamentos de hecho y de derecho, con la sola divergencia que en aquella presentación la acción se dirige en contra de la autorización de timbraje de fecha 21 de febrero de 2013. Dicho procedimiento, RIT VD-01-00004-2013, RUC 13-09- Arica, seis de mayo de dos mil trece.

VISTO:

RUT reservado, se encuentra en estado de ser fallado, atendido el vencimiento del termino probatorio, sin que existan diligencias pendientes.

El articulo 155 inciso tercero del Código Tributario, advierte que:

"Interpuesta la acción de protección a que se refiere el articulo 20 de la Constitución Política, en los casos en que ella proceda, no se podrá recurrir de conformidad a las normas de este Párrafo, por los mismos hechos". Lo anterior, es clara muestra de que ambas acciones, esto es el Recurso de Protección y el de Reclamo por Vulneración de Derechos, son excluyentes, según el tenor de la misma ley. En este caso se da una especie de litis pendencia, ya que, la recurrente por los mismos hechos interpuso reclamo por vulneración de derechos ante el Tribunal Tributario Aduanero, pudiendo eventualmente dictarse sentencias contradictorias en esta materia.

Por otra parte, hace presente que el recurso resulta improcedente desde que las autorizaciones de documentos tributarios efectuadas al contribuyente, no cumplen con la característica de arbitrariedad e ilegalidad, por cuanto han sido dispuestas con pleno respeto a la normativa legal vigente, encontrándose dichas actuaciones ajustadas, en todo momento, a derecho.

Existe también una manifiesta falta de fundamentos tan grave que deja en la indefensión a su parte, quien desconoce que actos administrativos estimar como impugnados, e incluso, saber si a lo que se refiere el recurrente se encuentra o no dentro del plazo de 30 días para la presentación de esta acción constitucional.

Advierte del mismo modo ausencia de arbitrariedad e ilegalidad en el acto reclamado. Los procedimientos administrativos de timbraje de documentos tributarios y sus respectivos actos terminales, emanados del Servicio y que han sido genéricamente impugnados por el actor fueron fundados conforme a derecho, dentro de procedimientos respetuosos del debido proceso, de los derechos de los contribuyentes, y conforme a los antecedentes tenidos a la vista.

La recurrente, Sociedad de Inversiones y Comercial Lepe y Álamo Limitada, se encuentra sujeta a la obligación tributaria de solicitar la autorización -timbraje- de documentación tributaria acorde con sus necesidades y actividades comerciales. Por este motivo, comparece regularmente a través de sus mandatarios ante el Servicio de Impuestos Internos y solicita está autorización a través de un Formulario 3230, Declaración Jurada para Timbraje de Documentos y/o Libros. En la especie, el recurrente concurrió al Servicio con fecha 21 de marzo del año en curso a solicitar la autorización de 8.000 (ocho mil) boletas de ventas y 2 tvJfe Qr*. C t servicios, de los folios 986151 al 994150, accediéndose al timbraje de la totalidad de lo pedido.

En cuanto a la existencia de una deuda pendiente, efectivamente en el Formulario 3230 de dicha oportunidad se consigno por un funcionario -del Departamento de Plataforma do Atención y Asistencia- la leyenda "Debe resolver Deuda Pendiente". En lo que respecta a la referida deuda pendiente, al momento de procesar la solicitud del recurrente, se detectó dentro de sus antecedentes la existencia de un giro impago emitido con fecha 18 de agosto del año 2009 por un monto neto de $56.441.489 correspondiente al Impuesto a las Ventas y Servicios del periodo enero del año 2001 que en la actualidad asciende a $282.783.041.

Frente a lo anterior, y en el ejercicio de fas facultades fiscalizadoras conferidas por la Ley a este Servicio en los artículos 6 del Código Tributario y 1 del D.F.L. N° 7 de 1980 así como en resguardo del interés publico y fiscal, se le hizo presente al contribuyente que, ante su lata inactividad frente al giro impago emitido en agosto de 2009, debía efectuar algún tipo de gestión, sea pagarlo; celebrar un convenio de pago con Tesorería General de la República o solicitar su invalidación, ésta ultima precluida.

En el caso que el Servicio hubiese restringido efectivamente la autorización de los documentos tributarios del recurrente, lo que no ocurrió, pues se timbro la totalidad de sus boletas, dicha actuación habría sido conforme a derecho y efectuada en cumplimiento del rol fiscalizador del interés publico que la Ley encomienda al Servicio de Impuestos Internos.

En lo que respecta a las reiteradas amenazas en orden a que no se volvería a timbrar documento alguno, en tanto no se presentara un convenio de pago, se rechaza de plano dicha imputación. Tan es así que con fecha posterior al 21 de marzo de 2013, el día 5 de abril, la recurrente, solicitó el timbraje de 6.000 boletas de ventas y servicios y de 1.000 facturas de ventas modulo zona franca, autorizándose nuevamente el 100% de lo solicitado, y sin que hubiere presentado el tantas veces referido convenio de pago.

Finaliza refiriéndose a la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales, amen que no se ha indicado en el libelo de protección la forma en que el acto del Servicio haya vulnerado el legitimo ejercicio de las garantías constitucionales del recurrente, afectando el derecho de defensa de esta parte, al no poder controvertir o pronunciarse informada y circunstanciadamente sobre la efectividad de haberse afectado estos derechos protegidos constitucionalmente.

Por último, en el evento que nos encontráramos con una restricción del timbraje, como lo señaló la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago 3 en causa Rol N° 444-2006 confirmado por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 1506-2006, para el contribuyente sólo existe una obligación a concurrir con mayor frecuencia a solicitar autorizaciones, mas ello no implica una privación ni entorpecimiento al ejercicio de sus labores económicas, ni menos un detrimento monetario o patrimonial en cuestión. Cita también un fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 573-2012 de acuerdo con el cual el Servicio de Impuestos Internos en uso de sus facultades fiscalizadoras está facultado para restringir el timbraje de facturas en los casos de contribuyentes con deudas pendientes, como una medida de resguardo del interés fiscal.

Argumentos por los que en sus conclusiones pide el rechazo del recurso de protección con costas.

A fojas 95, se dictó autos en relación y se agregaron los autos extraordinariamente a la tabla del día de hoy.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se colige de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección ia existencia de un acto u omisión ilegal -lo que significa que ha de ser contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

TERCERO: Que, concordante con lo anterior, lo pretendido con la interposición de esta acción es provocar la intervención jurisdiccional en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales garantizados en el citado artículo 20 de la Carta Fundamental, con el fin de que la Corte de Apelaciones respectiva, adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

CUARTO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías 4 Q¿<rt& u ~l constitucionales de libertad económica y propiedad de la parte recurrente es ¡a limitación al timbraje de sus documentos por parte de la recurrida.

QUINTO: Que, de lo expuesto por el recurrente, recurrido y antecedentes acompañados a la causa ha quedado de manifiesto que la sociedad de Inversiones Comercial Lepe y Álamo Limitada, no ha sido afectada por algún acto u omisión arbitraria o ilegal del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que, en ninguna de las oportunidades que relata ha sido impedida de timbrar facturas y boletas conforme lo que ha pedido a dicho servicio, de manera tal que su actividad comercial no se ha visto afectada ni impedida de modo alguno, por lo demás es un hecho no discutido que la recurrente mantiene una deuda con la Tesorería General de la República y que el Servicio de Impuestos Internos cuenta con facultades de fiscalización respecto de los contribuyentes, por lo que aún de efectuar un control de la empresa recurrente por esta vía ello no constituiría un acto que afecte las garantías denunciadas, esto es, la del artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento no se puede desconocer que la recurrente compareció ante el Tribunal Tributario y Aduanero de conformidad a lo establecido en los artículos 155 del Código Tributario respecto de hechos acaecidos en febrero del año en curso, ocasión en que sólo le fue timbrado el 50% de las facturas y boletas solicitadas, reclamación que del mismo modo fue rechazada como consta de la sentencia acompañada en esta instancia, actuación que en caso alguno impide reclamar por la vía del presente procedimiento de protección.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales;

SE RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 6 por Germán Candia Venegas, en representación de Sociedad de Inversiones y