nombre reservado con SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

Arica, once de enero de dos mil veintitrés.

VISTO:

Compareció la abogada doña Sandra Negretti en representación de nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, ingeniero en ejecución en administración de empresas, domiciliado en domicilio reservado, Arica y dedujo recurso de protección en contra del Servicio Nacional para la Prevención y nombre reservado y Alcohol, (SENDA), Rut Nº RUT reservado, representada por su Directora Nacional, doña Natalia Odette Riffo Alonso, con domicilio en la ciudad de Santiago, por no renovar su contrata para el año 2023 vulnerando con ello sus garantías constitucionales de los Nº 2, 3 inciso quinto, 4 , 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que a través de la Resolución Exenta RA N° 119512/234/2020 de 7 de abril de 2020, el recurrente fue contratado como profesional en calidad a contrata grado 12º, para desempeñarse en la Unidad de Administración y Finanzas de la región de Arica y Parinacota del SENDA. Detalla sus funciones.

El contrato inició el 9 de marzo de 2020 y culminaba el 31 de diciembre de 2020, contenía la frase “y mientras fueran necesarios mis servicios”. Dicho contrato fue renovado en los mismos términos para el año 2021 y para el año 2022. Complementa que el recurrente para el periodo calificatorio del año 2021 y 2022, obtuvo 100 puntos encontrándose en lista de distinción.

Reclama que el 28 de noviembre 2022 se le notificó la Resolución Exenta N° 119512/510/2022, emanada de la Directora (S) nombre reservado, en la que se decidió no prorrogar para el año 2023 su designación a contrata por no ser necesarios mis servicios.

Alude que dicha resolución en su punto Nº 11, refiere a que se le habrían encomendado funciones directivas y que se le desvincula por no existir un proceso de reclutamiento de selección por parte del Servicio Civil. Agrega, que la postulación del reclamante fue por “vía legal” y aprobada por una resolución exenta. Cita la Resolución Nº 1 del 2017 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que Aprueba Normas de Aplicación General en Materia de Gestión y nombre reservado, en caso de reclutamiento y selección, la cual permite su forma de contratación.

Indica que a través de la Resolución RA N 119512/234/2020, se le asignó un grado 12º y no un grado 10º que era el asignado para el cargo que ejerce, ya que las funciones directivas debían ser ejercidas por doña nombre reservado, quien es la subrogante oficial del Servicio en calidad de encargada del SENDA. Agrega que nunca ha tenido la Subrogación oficial de la Dirección Regional.

Aclara que solo una vez en el año 2021 debió ejercer acto de subrogación debió a que la funcionaria antes referida, se encontraba con feriado legal. Agrega que a través de la Resolución Personal N° 1465 de 18 de octubre del 2022, se estableció un orden de subrogancia a contar del 30 de septiembre de 2022, donde nombre reservado aparece en un segundo orden de subrogación.

Arguye que la Resolución que dispone no prorrogar la contrata del recurrente se encuentra mal fundamentada y hace alusión a otra funcionara de la Región de Valparaíso, quien tiene otro grado y otras funciones, lo que impide además una adecuada defensa. Refiere que la resolución que se le notifico estaba incompleta.

Reclama que con la resolución que se dispuso no renovación de su contrata se vulneraron las garantías constitucionales de los Nº 2, 3 inciso quinto, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja la presente acción constitucional, ordenando dejar sin efecto la Resolución Exenta RA N° 119512/510/2022 de 25 de noviembre de 2022. Además que se le reincorpore a sus funciones en pleno ejercicio de los derechos, deberes y obligaciones, en la Unidad de Administración y Finanzas Regional Arica y Parinacota de SENDA, junto al pago de todas sus remuneraciones debidamente reajustadas, con costas.

Evacuando el informe solicitado por esta Corte, el abogado don José Rodillo Stagnaro en representación de la recurrida señaló, que efectivamente al recurrente fue contratado el año 2020 para prestar servicios en SENDA de la Región de Arica y Parinacota, en calidad a contrata grado 12º y se le realizaron dos renovaciones de su contrata anual los años 2021 y 2022.

Alude que su contratación se produjo sin aplicar un proceso de reclutamiento y selección. Además al actor se le otorgaron funciones directivas mediante Resolución Exenta RA N° 119512/99/2021, de 2 de febrero de 2021. En virtud de dicha encomendación de funciones, el recurrente quedó facultado para, entre otras labores, subrogar el cargo de Director Regional en caso de ausencia o impedimento, lo cual refleja una especial consideración de confianza de la anterior jefatura del Servicio con este. Complementa que el 12 de agosto de 2021, nuevamente se le “franquean” funciones directivas a través de la Resolución Exenta RA N° 119512/226/2021. A su juicio, este otorgamiento de funciones directivas consolida una relación de “confianza política” de la anterior Dirección Nacional de SENDA para con el recurrente, pues además de subrogar el cargo de Director Regional se le encomienda el cumplimiento de labores sensibles de gestión pública a nivel regional, como la coordinación intersectorial de mesas de trabajo técnicas para el cumplimiento de las tareas de SENDA en la región de Arica y Parinacota.

Reitera que nombre reservado, ingresó a este Servicio sin mediar un concurso público de reclutamiento y selección, de modo que no hubo una instancia genuina de comprobación de sus aptitudes personales para el cargo, concluye, que el recurrente ingresó al Servicio sin mediar la debida verificación de sus aptitudes e idoneidad para el cargo, no comprándose su idoneidad técnica, solo a través de un nombramiento directo debido a una relación de confianza personal con el recurrente, lo que se comprueba con el otorgamiento de sucesivas funciones directivas.

Expone que la recurrida a través de Resolución Exenta RA N° 119512/510/2022 y de Resolución Exenta de Personal N° 1716, ambas de 25 de noviembre de 2022, se dispuso la no renovación de la contrata del recurrente, por no ser necesarios sus servicios.

Sobre las alegaciones del recurrente, agrega, que se le entregaron funciones directivas en virtud de la especial confianza que existía con el anterior Director Regional.

Alude que efectivamente existe un error involuntario en la resolución que no le renueva su contrata al indicar la región de “Valparaíso”, pero ello no sería un error insubsanable, ya que solo fue de tipeo al momento de la redacción del documento lo que no afecta su validez, cita al efecto el artículo 13 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos (…) sostiene, que dicho error no tiene la categoría de insubsanable.

En relación a la supuesta confianza legítima que se le habría configurado al reclamante indicó que la reciente jurisprudencia de la Contraloría General de la República en materia de confianza legítima ha confirmado que las decisiones sobre provisión de empleos públicos están radicadas en el ámbito competencial de la Administración. Cita el dictamen N° E156769 de 2021 de la Contraloría General de la República.

En virtud de lo indicado, pide que se rechace el recurso de protección en todas sus partes con costas.

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente, deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección, es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario e ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 inciso quinto, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es la dictación de la Resolución Exenta de Personal Nº1716, de 25 de noviembre de 2022, emanada de la Directora (S) del Servicio Nacional de la Prevención y nombre reservado y Alcohol, doña nombre reservado, en la que se decidió no prorrogar para el año 2023 la designación en calidad a contrata del recurrente.

CUARTO: Que, en virtud de los documentos acompañados por las partes es posible establecer:

1.- Que a través de la Resolución Exenta RA N° 119512/234/2020 de 7 de abril de 2020, el recurrente fue contratado como profesional en calidad a contrata grado 12º, para desempeñarse en la Unidad de Administración y Finanzas Regional Arica y Parinacota del SENDA.

Además dicha resolución dejó establecido que la contracción del recurrente fue sin mediar proceso de reclutamiento y selección ante la ausencia de candidatos idóneos y por razones de buen servicio.

2.-Que dicho contrato fue renovado en los mismos términos para el año 2021 y para el año 2022.

3.- Que el recurrente para el periodo calificatorio del año 2021 y 2022, obtuvo 100 puntos encontrándose en lista de distinción.

4.-Que, la designación a contrata del recurrente no lleva de manera implícita funciones directivas, motivo por el cual a través de la resoluciones exentas Nº RA Nº119512/226/2021 y Nº RA Nº119512/401/2021, se le encomendaron al recurrente funciones directivas para el solo efecto de poder subrogar al Director Regional en caso de ausencia debido a que el servicio recurrido no cuenta con personal en calidad de planta para ello.

5.- Que a través de la Resolución Exenta N° 119512/510/2022, emanada de la Directora (S) nombre reservado, se le comunico al reclamante que no se le renovaría su contrata para el año 2023, en síntesis, por no haberse realizado un proceso de reclutamiento y selección para su cargo, no pudiéndose corroborar si cuenta con las capacidades técnicas para el cargo, además de no existir confianza en el por las funciones directivas que ejercía en SENDA con la dirección anterior del Servicio.

QUINTO: Que, no obstante lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.834 que dispone que “los empleados a contrata duraran, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirven expiraran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos” sin que sea el caso discutir que la autoridad administrativa detenta tal prerrogativa, la misma debe realizarse a través de un acto fundado, que exprese los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y derecho en que se sustenta.

SEXTO: Que, respecto a los fundamentos fácticos de la resolución recurrida, cabe señalar que esta se basa principalmente en lo siguiente:

“11.- Que, don nombre reservado…encomendándole funciones directivas”.

“12.- Que, don nombre reservado... quien lo contrató, le entregó la subrogación de la Dirección Regional”.

“17.- Que, la contratación del mencionado profesional se realizó de manera excepcional, sin que mediara un proceso de reclutamiento y selección, en los términos encomendados por el servicio civil”.

“18.-Que, se debe tener presente que el cargo del funcionario corresponde a la estructura orgánica del SENDA, a la manifestación de la División de Administración y Finanzas de la Dirección Nacional , de manera que no puede sino considerarse el cargo del funcionario como depositario de la misma confianza , respecto del Director Regional, a aquella que goza el jefe de la mencionada División Nacional , respecto del Jefe Superior de este Servicio.”

“20.-Que, en este orden de ideas, con la finalidad de mejorar su gestión y dar estricto cumplimiento a los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la administración del estado, este Servicio este servicio ha decidido prescindir de los servicios de nombre reservado.”.

SÉPTIMO: Que, del acto administrativo que se impugna, se advierte que el Servicio ha incurrido en una falta, al fundarse primeramente, en el hecho de no haberse realizado un proceso de reclutamiento y efectuar una contratación directa. Sobre este argumento se debe indicar que todo acto administrativo, como es la resolución de nombramiento del actor, goza de la presunción de legalidad del artículo tercero de la Ley Nº 19.880, no siendo posible en esta instancia, establecer si la designación del actor no se ajustó a la ley, debiendo el Servicio hacer la investigación y denuncia que corresponda.

En relación a la pérdida de confianza para la entrega de funciones directivas al reclamante, cabe indicar que este sólo fue nombrado en su cargo en calidad a contrata grado 12º en la Unidad de Administración y Finanzas del SENDA. Dicho nombramiento, según las resoluciones que se acompañan, no llevan implícitas funciones directivas y no se trata de un cargo de confianza, no siendo este un motivo verdadero para poder desvincularlo del Servicio. El hecho de que posteriormente al actor se le encomendaran funciones directivas a través de la resoluciones exentas Nº RA Nº119512/226/2021 y Nº RA Nº119512/401/2021, ello fue con el solo fin de poder subsanar una falencia del propio Servicio, ya que no cuenta con personal en calidad de planta que pueda subrogar al Director Regional.

Además dicha resolución en su numeral 20, como otro motivo para no renovar la contratación de nombre reservado, indica que tiene como finalidad “mejorar su gestión y dar estricto cumplimiento a los principios de eficiencia y eficacia”, sin indicar en parte alguna, si el actor ha desarrollado mal su trabajo o de manera deficiente, quien, además, en su periodo calificatorio tiene la nota máxima.

En consecuencia, esta Corte estima que la Resolución que decide no renovar la contrata del recurrente, carece de la motivación fundada que exige la Ley N° 19.880.

OCTAVO: Que, en virtud de los argumentos expuestos en los considerandos precedentes, se aprecia una abierta contradicción entre el fundamento de la resolución recurrida y el real motivo para no renovar la contrata del funcionario recurrente, en consecuencia, tal Resolución carece de razonabilidad y argumentación, vulnerando la garantía constitucional del Nº2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que el acto que contiene la decisión de no renovación de la contrata que afecta al recurrente, lo ha sido de un modo que se aleja de la conducta habitual que ha adoptado la Administración en situaciones similares, originando la desigualdad ante la ley que se denuncia, obligando a acoger la presente acción constitucional.

En consecuencia, en mérito de lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio Nacional para la Prevención y nombre reservado y Alcohol y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N° 119512/510/2022 de 25 de noviembre de 2022, debiendo renovar su contrata anual, ordenándose la reincorporación inmediata del recurrente con expresa continuidad de sus remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación hasta su efectiva reincorporación, reintegro que se materializará en las mismas condiciones en las que áquel se desempeñaba al momento de ser desvinculado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (I) señor Juan Araya Contreras.

No firma la Ministra señora María Verónica Quiroz Fuenzalida, quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, se encuentra haciendo uso de permiso administrativo, de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N° 3367-2022 Protección.

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