Protección contra SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Arica, dos de mayo de dos mil veintidós.

VISTO:

nombre reservado, funcionario público, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, representado legalmente por su Director Nacional don José Ignacio Palma Sotomayor, denunciando como acto ilegal y arbitrario la negativa de otorgarle el permiso matrimonial previsto en el artículo 207 bis del Código del Trabajo, con vulneración de las garantías previstas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que es funcionario del Servicio Nacional de Aduanas desde el 1 de septiembre de 1999. En cuanto a los hechos que justifican la interposición de este recurso, indica que a inicios del año 2021, tomó la decisión de casarse con doña nombre reservado, y su deseo era contraer matrimonio religioso para luego inscribirlo dentro del plazo de 8 días corridos que establece la Ley en el Registro Civil. La ceremonia religiosa se realizaría el 21 de enero de 2022, mismo día que se llevaría a cabo la posterior celebración en el Centro de Eventos Varo’s Restaurant e inscripción en el Registro Civil. Sin embargo, por disposición de la autoridad sanitaria, el 6 de enero de 2022 se anunció que la ciudad de Arica retrocedía a etapa de preparación desde las 05:00 horas del sábado 8 de enero, retroceso que principalmente implicaba la reducción de los aforos, por lo que se vio obligado a suspender el matrimonio programado en los términos indicados, hecho que constituye un caso de fuerza mayor. A dicha circunstancia se sumó el contagio de Covid-19 de su hija nombre reservado, mediante examen de PCR de 16 de enero de 2022, por lo que además por motivos de contacto estrecho, tampoco podía celebrarse el matrimonio como lo habían planificado.

Sin embargo, por términos prácticos y personales solicitaron hora en el Servicio de Registro Civil y contrajeron matrimonio en privado y sin ningún tipo de celebración en la Suboficina Raúl Silva Henríquez, ubicada en nombre reservado°875, debiendo de esta forma prorrogar el matrimonio religioso y su celebración para cuando estuviese autorizado por la autoridad sanitaria. Así las cosas, reprogramaron el matrimonio religioso para el 2 de abril del año en curso, por lo que presentó la solicitud de permiso para matrimonio en conformidad lo dispuesto en el artículo 207 Bis del Código del Trabajo, estando el Servicio Nacional de Aduanas por medio del Departamento de Recursos Humanos al tanto de los motivos de fuerza mayor por los cuales no pudo concretar el evento según lo planificado.

Continúa indicando que el 3 de marzo pasado, recibió un correo electrónico de respuesta a su solicitud, rechazándola, por haber sido celebrado el matrimonio civil el 14 de enero del año en curso, y porque el permiso se autoriza cuando es solicitado con treinta días de anticipación al matrimonio civil.

Estima que el actuar del Servicio recurrido vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, pues el artículo 207 bis del Código del Trabajo no distingue entre matrimonio civil y religioso, considerando además que la decisión de contraer el matrimonio civil de manera urgente lo fue por el temor de la mortandad que ha significado la pandemia, por el hecho de tener un hijo de seis años de edad y que los bienes que han adquirido tendrían un destino incierto. En tal sentido, les fue imposible dar aviso con treinta días de anticipación, y porque no tenía sentido tomar los días de permiso matrimonial en aquella oportunidad, pues todo estaba reprogramado para abril de 2022. En cuanto a la afectación del derecho de propiedad, hace presente que el permiso matrimonial debe ser visto como un bien que pertenece al trabajador, el que al ser negado de manera arbitraria, obviando las especiales circunstancias atravesadas por el recurrente, constituye una vulneración a dicho derecho.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando decretar las medidas pertinentes para que la recurrida le conceda el permiso con ocasión del matrimonio a que se refiere el artículo 207 bis del Código del Trabajo, a celebrarse el 2 de abril del presente año.

En su oportunidad, evacuó informe en representación del Servicio recurrido, el abogado Víctor De La Parra Vera, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, fundado en que el recurrente tomó conocimiento del rechazo de la solicitud de permiso matrimonial, el 7 de febrero de 2022, como se desprende de la serie de correos electrónicos que transcribe, en circunstancias que el recurso de protección fue presentado el 1 de abril de 2022, esto es, casi sesenta días después de tomar conocimiento del acto. En consecuencia, estima que el acto recurrido es el correo de 7 de febrero en curso, de don nombre reservado, nombre reservado (S), no pudiendo resultar útil para otorgar a la parte interesada un nuevo plazo el correo que acompaña de 3 de marzo de 2022, del abogado Patricio Melis, pues sostener una tesis diversa, importaría entender que el plazo fatal establecido en el Auto Acordado sería absolutamente inoperante, ya que la extensión de tal término quedaría sujeto a la sola voluntad y decisión del recurrente.

En cuanto al fondo del recurso, argumenta que la acción constitucional debe ser rechazada, habida consideración que no existe acto ilegal y/o arbitrario alguno que vulnere los derechos invocados por el recurrente, toda vez que la decisión de no otorgar el permiso se ajustó a derecho y al mérito de lo informado por el propio recurrente. En efecto, el artículo 207 bis del Código del Trabajo establece: “En el caso de contraer matrimonio o celebrar un acuerdo de unión civil, de conformidad con lo previsto en la ley Nº 20.830, todo trabajador tendrá derecho a cinco días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador, en el día del matrimonio o del acuerdo de unión civil y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración. El trabajador deberá dar aviso a su empleador con treinta días de anticipación y presentar dentro de los treinta días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio o de acuerdo de unión civil del Servicio de Registro Civil e Identificación.”

Sostiene que el real sentido que el legislador ha querido otorgarle a la frase “inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración”, es un asunto zanjado tanto por la Dirección del Trabajo como por los Tribunales de Justicia. Es así que el 21 de junio 2016, por moción parlamentaria, se dio inicio a la tramitación del proyecto de ley para modificar el Código del Trabajo en este punto, proceso que concluyó con la publicación de la Ley N°21.042 en el Diario Oficial el 8 de noviembre de 2017. En el dictamen N° 5845/132, de 4 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección del Trabajo, se indica que el permiso en cuestión es un beneficio legal para todo trabajador o trabajadora que celebre alguno de estos actos: el matrimonio contemplado en el artículo 102 del Código Civil o el acuerdo de unión civil regulado en la Ley N°20.830. En lo relativo a la oportunidad para hacer uso del beneficio, conforme al mandato legal, se puede hacer uso del descanso el día del matrimonio o acuerdo de unión civil y en los días inmediatamente anteriores o posteriores a dicha fecha, a elección del trabajador; es decir, el trabajador puede disponer de los cinco días hábiles en tanto den lugar a un lapso continuo, dentro del cual ha de estar el día en que se celebra el matrimonio o el acuerdo de unión civil, no siendo procedente gozar del referido permiso en un momento distinto al fijado por el legislador, ni su fraccionamiento, aun cuando así lo pacten las partes.

En consecuencia y atendido el sentido, alcance y oportunidad que el legislador ha considerado, este permiso de cinco días es para preparar el matrimonio, para el día de la celebración o para el descanso o luna de miel, de ahí proviene la interpretación que se le debe dar a la frase “inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración”, considerando que la expresión inmediatamente, debe entenderse como la mayor rapidez, sin tardanza, sin que medie tiempo, espacio u otra cosa.

En cuanto a las garantías constitucionales que el recurrente estima vulneradas, las desestima, pues es la ley la que dispone la oportunidad en que debe hacer efectivo el permiso de los cinco días matrimoniales; es así que el recurrente, según el certificado de matrimonio acompañado, contrajo matrimonio el 14 de enero de 2022, y se encuentra solicitando este permiso para el 2 de abril de 2022, es decir, tres meses después de contraer matrimonio, habiendo caducado el permiso por el solo trascurso del tiempo; por consiguiente, no se advierte de qué forma se estaría vulnerando esta garantía, por aplicación de la propia ley. En lo que respecta al derecho de propiedad, sostiene que no puede advertir cómo podría estar siendo vulnerada esta garantía al negar dicho permiso, pues el recurrente no explica en su recurso de qué forma se estaría afectando.

Finaliza su presentación manifestando que el recurso de protección no tiene una naturaleza declarativa, sino que sólo cautelar o de tutela de aquellas garantías preexistentes no discutidas, por lo que, para dar lugar a la presente acción, el reclamante debe ser titular de un derecho concreto e indubitado. En este caso, argumenta que el recurso pretende un fin declarativo, lo que resulta improcedente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en lo relativo a la alegación de extemporaneidad planteada por el Servicio recurrido en su informe, de la lectura de los correos electrónicos acompañados por éste, se advierte que desde el 7 de febrero del año en curso el recurrente tenía conocimiento que su solicitud de permiso había sido rechazada, según lo expresado por correo electrónico emitido en la misma fecha por don nombre reservado, nombre reservado (S) del Servicio recurrido.

De lo anterior se colige que la presente acción constitucional ha sido interpuesta extemporáneamente, pues habiendo sido deducida el pasado 1 de abril, se constata que transcurrió en exceso el plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado que rige la materia, motivo suficiente para rechazar el recurso.

TERCERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, aparece además que el recurso ha perdido oportunidad, toda vez que la denegación del permiso en que se fundamentó lo fue para el dos de abril recién pasado, por lo que en la actualidad no existen medidas que esta Corte pueda adoptar para restablecer la vulneración de los derechos constitucionales que se alega, sin perjuicio de otros derechos de distinta naturaleza que quien solicita el amparo puede impetrar.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se resuelve:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Aduanas.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 336-2022 Protección.