nombre reservado con SERVIU REGIÓN ARICA Y PARINACOTA

Arica, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, dueña de casa, viuda, desempleada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Condominio “Altos del Mar II”, Arica, quien interpone recurso de protección en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, representada por su Directora (S), doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, fundándose en que ésta incurrió en un acto arbitrario e ilegal al dictar la Resolución Exenta N°00441/2018, de 05 de abril del presente año, conculcando sus derechos y garantías asegurados en los numerales 1°, 3° y 24° de la Constitución Política de la República.

Señala que a través de su postulación por el comité de allegados “Nueva Esperanza”, del cual era socia, recibió materialmente el 15 de julio de 2016, mediante subsidio habitacional, el inmueble ubicado en domicilio reservado.

Agrega que al entregársele la propiedad materialmente, igualmente se le entregó la documentación para realizar el cambio del servicio de luz y agua a su nombre, ello por su calidad de propietaria, y así actualmente figura en las boletas de agua, luz y gas.

Indica que ha vivido sin inconveniente en la propiedad desde su entrega, hasta mayo de 2017, en que fue citada con todas las propietarias del condominio Altos del Mar II, a notaría a firmar las escrituras de la propiedad, no apareciendo en el listado de firmas, y siendo informada que aquello pudo deberse a un error.

Manifiesta que el 18 de mayo de 2017, envió una carta al Director del Serviu, don nombre reservado, no obteniendo respuesta hasta la Resolución Exenta N° 000441/2018, de 05 de abril de 2018, que la excluyó del proyecto habitacional “Altos del Mar II”, por haber incurrido en la infracción a los impedimentos para postular contemplados en el artículo 4, letra a), del D.S. N° 49 (V. y U.) del año 2011, en relación a lo preceptuado en el artículo 61 del mismo cuerpo normativo y disponiéndose, a su vez, que debía restituir el inmueble entregado en asignación.

Refiere que el 11 de abril de 2018, apeló a la Resolución Exenta ya individualizada, ante el SERVIU y posteriormente el 19 de abril, por ORD. N° 001681, de igual fecha, se le dio respuesta, manteniendo la postura de excluirla de la nómina del subsidio habitacional.

Más adelante, afirma que durante más de veinte años con su difunto marido, ocupó un terreno en el kilómetro 28 del valle de Lluta, en el cual se encuentra una pieza de material ligero de 4x5 metros, cerrado con cholguan, sin alcantarillado, y que el año 2015 firmó la escritura, pagando el precio de $1.158.107.- (un millón ciento cincuenta y ocho mil ciento siete pesos)

Indica que su postulación obedeció a la buena fe, teniendo el Serviu la información de todos los servicios públicos en línea a fin de poder cruzar datos y así determinar las personas que cumplen los requisitos y, sin embargo, recién después de dos años de la entrega de la propiedad fue informada del error administrativo, el cual no puede afectar a terceros, provocándole un daño moral ante la incertidumbre de ser despojadas del inmueble que habita desde hace dos años.

En relación a las garantías constitucionales, manifiesta que los hechos reseñados, han vulnerado, en primer lugar, la del numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la integridad psíquica de la recurrente y familia ante el temor de verse despojada del inmueble que habita. En segundo lugar, la del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, relativo al ejercicio legítimo de su derecho a la defensa, al señalar tanto en la Resolución Exenta N° 000441/2018 como en el Ordinario N° 001784/2018: “De acuerdo a Ordinario N° 1681 de fecha 19.04.2018 emanado por el Departamento Jurídico de este Servicio, el cual se adjunta, le comunicamos que no es posible acceder a lo solicitado, por lo que usted debe proceder a la restitución del inmueble entregado en asignación, ubicado en domicilio reservado, en forma inmediata, no existiendo plazos para este efecto.” Y, finalmente, la del artículo 24 numeral 24 de la norma fundamental, al dejar sin efecto la asignación de su propiedad y requerir la restitución de la misma.

Por estas consideraciones, pide que se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 000441/2018 y se proceda a la escrituración de la vivienda de la cual es beneficiaria.

En su oportunidad, en representación de la recurrida, informó el abogado, don Alejandro Zúñiga Pérez, indicando que la recurrente funda la acción en que SERVIU XV, mediante la Resolución Exenta N°441/2018, de 05 de abril de 2018, le aplicó la sanción contenida en el artículo 61 del D.S. 49 (V. y U.) de 2011, lo que es calificado como un acto arbitrario e ilegal del recurso fundante de autos, lo que no es efectivo.

Argumenta que el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, el 05 de abril de 2018, en el ejercicio de sus facultades legales, procedió a dictar la Resolución Exenta N°441/2018, conforme con lo previsto en el artículo 61 del D.S. 49 (V. y U.) de 2011, el cual dispone que si antes de la aplicación del subsidio se detecta una infracción del postulante o de uno o más de los integrantes de un grupo organizado, el SERVIU dejará sin efecto la respectiva solicitud de postulación, o procederá a la exclusión de el o los postulantes infractores de la nómina de seleccionados, o declarará la caducidad del certificado de subsidio, según corresponda, y en el caso que la vivienda se encuentre terminada, el SERVIU podrá reasignarla de común acuerdo con el respectivo grupo organizado.

Señala que en el presente caso, la infracción cometida por la recurrente consiste en una contravención a lo dispuesto en la letra a) del artículo 4 del D.S. 49 (V. y U.) de 2011, en relación a los impedimentos para postular y para aplicar el subsidio habitacional, conforme a lo cual en caso de que a la fecha de postular, el beneficiario sea propietario asignatario de una vivienda o de una caseta sanitaria o cuando lo fuere su cónyuge o conviviente o alguno de los otros miembros de su núcleo familiar declarado, aun cuando la asignación provenga de una cooperativa. Agrega, además, que este impedimento se mantiene hasta el momento de la escrituración de la vivienda del beneficiario, y conforme a la normativa vigente su no concurrencia se acreditará mediante una declaración jurada simple del postulante, sin perjuicio de lo cual el MINVU podrá consultar directamente al Servicio de Impuestos Internos u otra entidad la existencia de un bien raíz habitacional a nombre del postulante o de algún otro miembro del núcleo familiar declarado.

Indica que el SERVIU detectó que doña nombre reservado adquirió por compraventa en el año 2015, realizada al Ministerio de Bienes Nacionales un inmueble, ubicado en calle Linderos S/N, poblado de Linderos, Valle de Lluta, el cual se encuentra inscrito a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica a fojas 3021, N°3683, del año 2015, conforme a lo cual, de acuerdo a la reglamentación vigente procedía efectivamente su exclusión.

Señala que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, de ninguna manera es ilegal o arbitrario el actuar del Servicio consagrado por medio de la Resolución Exenta N°441/2018, considerando que la Administración se encuentra expresamente facultada para aplicar dicha sanción, una vez que hubiere constatado la infracción, lo cual fue debidamente cumplido en forma previa a la aplicación de la sanción, particularmente al tener a la vista el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica a fojas 3021, N°3683, del año 2015, por lo que corresponde rechazar el recurso de protección intentado.

Sostiene que la recurrente ha omitido hacer referencia en su recurso que el 12 de abril de 2018 efectuó una presentación en el Servicio de Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota, apelando a la Resolución Exenta N°00441/2018 del Director del Serviu Arica Parinacota, y solicitando que el SERVIU le otorgue un plazo prudencial para traspasar a su hijo mayor el terreno en Linderos en el Valle de Lluta y así se le conceda el derecho a seguir siendo la asignataria de la vivienda ubicada en domicilio reservado, lo que constituye un ardid para vulnerar la reglamentación contenida en el D.S. 49 (V. y U.) de 2011.

Finalmente, solicita el rechazo del presente recurso, considerando que la acción cautelar constitucional, tiene como finalidad la de reaccionar en contra de actos anormales, que de manera evidente vulneren garantías constitucionales, lo cual en la especie no concurre.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones competente adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, en la especie cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que en el presente caso, la actuación que la recurrente califica de arbitraria e ilegal consiste en la dictación de la Resolución Exenta N° 441, de 5 de abril del año en curso, suscrita por el Director (S) del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, que resolvió excluirla del proyecto habitacional “Altos del Mar II” y, consecuencialmente, con ello, dispuso la restitución del inmueble que le fuese entregado en asignación, ubicado en domicilio reservado. Para ello, debe consignarse, primero, el marco jurídico aplicable en la especie, y luego, si este ha sido contrariado.

CUARTO: Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, señala que: “El programa regulado por el presente reglamento, denominado Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en adelante también el Programa, tiene por objeto promover el acceso de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a una solución habitacional a través de un subsidio otorgado por el Estado”.

A su vez, el artículo 3 de dicha reglamentación establece los requisitos generales y antecedentes necesarios para su postulación, para luego, en su artículo 4, establecer los impedimentos para postular y para aplicar el subsidio habitacional. En efecto, la letra a) del inciso segundo de la última norma reglamentaria referida, señala que no podrán postular a este subsidio no aplicarlo las personas que se encuentren en alguna de la siguiente situación: “Las que a la fecha de postular sean propietarias o asignatarias de una vivienda o de una caseta sanitaria o cuando lo fuere su cónyuge o conviviente o alguno de los otros miembros de su núcleo familiar declarado, aun cuando la asignación provenga de una cooperativa. Este impedimento se mantendrá hasta el momento de la escrituración de la vivienda del beneficiario y su no concurrencia se acreditará mediante una declaración jurada simple del postulante, sin perjuicio de lo cual el MINVU podrá consultar directamente al Servicio de Impuestos Internos u otra entidad, la existencia de un bien raíz habitacional a nombre del postulante o de algún otro miembro del núcleo familiar declarado”.

Finalmente, en el caso de concretarse alguno de los impedimentos antes referidos, el artículo 61 del reglamento citado, dispone que: “Si antes de la aplicación del subsidio se detecta una infracción del postulante o de uno o más de los integrantes de un grupo organizado, el SERVIU dejará sin efecto la respectiva solicitud de postulación, o procederá a la exclusión de el o los postulantes infractores de la nómina de seleccionados, o declarará la caducidad del certificado de subsidio, según corresponda y en el caso que la vivienda se encuentre terminada, el SERVIU podrá reasignarla de común acuerdo con el respectivo grupo organizado”. Agregando, la norma en su inciso tercero que: “Las infracciones a las disposiciones de este reglamento, detectadas con posterioridad a la aplicación del beneficio, darán lugar a que el SERVIU exija la restitución de la totalidad de los dineros recibidos por concepto de subsidios, al valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha de la restitución”.

QUINTO: Que, de los hechos expuestos por las partes y de los antecedentes allegados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, se tiene por acreditado los siguientes hechos:

1.- Que, el 15 de julio de 2016 el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, en ejecución del Concurso para el otorgamiento de subsidios habitacionales del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, asignó a doña nombre reservado, el inmueble ubicado en domicilio reservado.

2.- Que, en forma previa a la escrituración de la vivienda, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota detectó que la asignataria doña nombre reservado tiene la calidad de propietaria del inmueble ubicado en domicilio reservado, poblado de Linderos, Valle de Lluta, el cual se encuentra inscrito a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica a fojas 3021, N°3683, del año 2015.

3.- Que, a consecuencia de la titularidad en el dominio en el inmueble antes referido, la recurrida dictó la Resolución Exenta N° 441, de 5 de abril del año en curso, suscrita por el Director (S) del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, que resolvió excluirla del proyecto habitacional “Altos del Mar II” y, consecuencialmente, con ello, dispuso la restitución del inmueble asignado, por infracción a lo dispuesto en el artículo 4 letra a) en relación con el artículo 61, ambos del Decreto Supremo N° 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

SEXTO: Que, atendido el marco jurídico reseñado el motivo cuarto, aparece que la decisión de la autoridad administrativa, que se ha tachado como ilegal, no lo es, habiendo ésta obrado dentro de la esfera de sus facultades y atribuciones, con fundamentos plausibles y razonables que descartan a su vez la arbitrariedad, no existiendo por ende vulneración de las garantías constitucionales señaladas por la recurrente, de manera que al no concurrir los principales presupuestos para que la acción cautelar intentada prospere, ella será desechada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 334-2018 Protección.