Protección contra Corporación Administrativa de! Poder Judicial

Que, a fojas 1, comparece doña nombre reservado, abogado, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa de! Poder Judicial, representada por la Administradora nombre reservado Región de Arica y Parinacota, doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por la acción arbitraria cometida en su contra, consistente en el no pago de los incrementos correspondientes al desempeño institucional y desempeño colectivo previstos en las letras b) y c) del inciso segundo del artículo 4° de ia Ley N° 19.531, sustituido por el artículo 1o de la Ley N° 20.224.

Expone que en el mes de julio del año 2011, se le detectó una enfermedad de las denominadas catastróficas, a saber, cáncer de mama, haciendo uso de licencias médicas, las que en definitiva abarcaron un período superior a seis meses en el año 2012, reintegrándose a sus funciones el 17 de julio del año 2013, privándosele de los incrementos por desempeño institucional y colectivo comprendidos en el bono de modernización -año 2012- consagrados en las letras b) y c) del artículo 14 de la Ley N° 19,531, los que se pagan trimestralmente, en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

Estima, que la actuación de la recurrida, que se inserta en el tenor literal del artículo 4o de la Ley N° 19.531, es injusta y arbitraria, por carecer de razonabilidad y justificación, vulnerándose las garantías reconocidas en los numerales 2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistente en la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Agrega, que se evidencia la arbitrariedad del precepto al excluirse de otorgar los incrementos del bono de modernización a quienes hacen uso de licencia médica por una enfermedad común, en circunstancias que la razón para ausentarse del trabajo es la necesidad de recuperar la salud que se ha visto afectada por causas ajenas a la voluntad de la recurrente y beneficiaría de la licencia médica, constituyendo un derecho a la protección de la salud.

Solicita que el presente recurso de protección sea admitido a tramitación y en definitiva acogerlo, ordenando a la recurrida el pago de ios incrementos previstos en las letras b) y c) del inciso segundo del artículo 4o de la Ley N° 19.531, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 20.224 y se adopten las medidas necesarias tendientes al restablecimiento del imperio del derecho.

Arica, once de marzo de dos mil catorce.

VISTO:

A fojas 4, se declaró admisible el recurso de protección y se requirió el informe de rigor, a la Administradora nombre reservado Región de Arica y Parinacota, doña nombre reservado.

A fojas 47, don César Deramond Rubio, abogado, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, hace presente que doña nombre reservado, Administradora nombre reservado Región de Arica y Parinacota, no es la representante legal de la Corporación ni tiene facultades delegadas para ello, manifestando que no existe ninguna acción u omisión arbitraría o ilegal de la Corporación Administrativa, ni de la Administradora Zonal, por cuanto en el mismo recurso se expresa que la recurrente hizo uso de licencias médicas por enfermedad común, desempeñándose por menos tiempo que el mínimo de seis meses que exige la ley para tener derecho al pago de los incrementos por los desempeños colectivo e individual que reclama.

Adiciona que el artículo 4o de la Ley N° 19.531, sustituido por el articulo 1o de la Ley ND 20.224, estableció los incrementos por desempeño colectivo y por desempeño individual, en los siguientes términos:

Artículo 4o “Establécese, a contar del 1o de enero de 2008, un bono de modernización para el personal perteneciente a los grados III al XI del Escalafón del Personal Superior del Poder Judicial, a los Escalafones de Consejeros Técnicos y de empleados del Poder Judicial, a la Academia Judicial y a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con los incrementos, modalidades y porcentajes que se indican en los artículos siguientes.

El bono de indemnización contendrá los siguientes elementos.

Un componente base, de un 6%;

Un incremento por desempeño institucional, de un 7%, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4o bis, y Un incremento por desempeño, de hasta un 6%, según lo que expresa el artículo 4o ter.

El monto de este bono se determinará aplicando los porcentajes señalados precedentemente sobre la suma del sueldo base, la asignación judicial y la asignación profesional, en su caso, percibidas por cada funcionario a quien corresponda el beneficio, durante el período respectivo.

El componente base se pagará mensualmente. Los incrementos por desempeño institucional y colectivo se pagarán trimestralmente, en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota, será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo, como resultado de la aplicación mensual de dichos incrementos.”.

2 El inciso quinto del mismo artículo 4o, dispone claramente:

No tendrán derecho a percibir los incrementos a que se refieren los literales b) y c) precedentes, los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que, durante el año anterior al pago del mismo, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley N° 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo.".

La recurrida concluye que la circunstancia de excluir a doña nombre reservado, del pago de los incrementos antes reseñados no constituye un acto ilegal y arbitrario, sino que obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el precepto legal transcrito, que la Corporación Administrativa del Poder Judicial debe cumplir, pidiendo su rechazo con costas.

A fojas 68, el seis de mayo de dos mil trece, la segunda sala de esta llustrísima Corte de Apelaciones de Arica, conforme lo dispuesto en el artículo 93 N° 6, de la Constitución Política de la República, requirió al Excelentísimo Tribunal Constitucional a objeto de que se pronunciara sobre la inaplicabilidad de la expresión “por accidentes del trabajo a que se refiere la Ley N° 16.744” contenida en el inciso quinto del artículo 4o de la Ley N° 19.531, sustituido por el artículo 1o de la Ley N° 20.244, por posible contravención a la Constitución, fundamentalmente de su artículo 19 N° 2 y 24 en su aplicación en relación al presente caso.

A fojas 72, el Excelentísimo Tribunal Constitucional, el cuatro de marzo del año en curso, emitió un pronunciamiento sobre lo pedido por este Tribunal de Alzada, rechazando el requerimiento de inaplicabilidad deducido.

A fojas 98, por resolución de siete de marzo de dos mil catorce, volvió la causa al estado de acuerdo, dejándose constancia que el Ministro encargado de redactar el acuerdo don nombre reservado se encuentra en comisión de servicio en la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago y se hará cargo de la redacción del fallo el Ministro don Eduardo Camus Mesa.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en nuestra Carta Fundamental, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo 3 deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales, o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el hecho que se impugna mediante esta acción cautelar consiste en el no pago de los incrementos correspondientes al desempeño institucional y desempeño colectivo previstos en las letras b) y c) del inciso segundo del artículo 4o de la Ley N° 19.531, sustituido por el artículo 1o de la Ley N° 20.224.

CUARTO: Que, sobre lo antes referido el Excelentísimo Tribunal Constitucional ante requerimiento de esta Corte de Apelaciones de Arica, se pronunció sobre la inaplicabilidad por posible contravención a la Constitución, de su artículo 19 N° 2, relativo a la protección de la salud y 24 al derecho de propiedad, acerca de la expresión “por accidentes del trabajo a que se refiere la Ley N° 16.744” contenida en el inciso quinto del artículo 4o de la Ley N° 19.531, sustituido por el artículo 1o de la Ley N° 20.244, sosteniendo:

1.- En cuanto al derecho a la protección de la salud, asegurado en el artículo 19 N° 2 de la nuestra Carta Magna, expuso en el considerando decimoprimero, “ Que, por último, no se acogerá la alegación hecha por la parte directamente interesada, en orden a que la norma cuestionada lesionaría el derecho a la protección de la salud asegurado en el artículo 19 N° 9 (sic), de la Carta Fundamental, habida cuenta de que la misma no guarda relación con el derecho estatutario de que son titulares los funcionarios del Poder Judicial para “ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso” (artículo 111 de la Ley N° 18.834, entre otras normas análogas).”.

2.- En lo referente al derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, indicó que “Así como tampoco puede estimarse que 4 la norma cuestionada trasgreda el derecho de propiedad, toda vez que la misma se reduce a establecer los requisitos pertinentes para adquirir el susodicho bono.”.

QUINTO; Que, tanto de los hechos expuestos en el recurso por la recurrente, de lo informado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y por el Tribunal Constitucional, se colige que se da la situación contemplada en las letras b) y c) del inciso segundo del artículo 4° de la Ley N° 19.531, sustituido por el articulo 1° de la Ley N° 20.224.

SEXTO: Que, en consecuencia, el acto recurrido ha sido pronunciado conforme a la normativa legal y constitucional que rige la materia, lo que obliga a desestimar el presente recurso.

Por las anteriores consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por la abogada doña nombre reservado, en lo principal del escrito de fojas 1.

No se condena en costas a la recurrente, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Eduardo Camus Mesa.

Dictada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros don Eduardo Camus Mesa, doña María Verónica Quiroz Fuenzalida y don Christian Le-CpffRaby. No firma eí señor nombre reservado no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de laysresente causa por haber sido nombrado Ministro de ía lltma. Corte de Apelaciones defe ciudad de La Serena.

Autoriza don nombre reservado, Secretario Siibrogante. tíh j En Arica, once de marzo de dos mil catorce, notifiqué porlestado ¿mario la sentencia que antecede, \ l //