nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA CHINCHORRO

Arica, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece Carlos Rodríguez Alanoca, abogado en representación de nombre reservado, profesora de inglés, docente de la Escuela Rómulo Peña domiciliada en esta ciudad y deduce recurso de protección en contra de MARCELO CAÑIPA ZEGARRA, abogado y funcionario del Servicio Local de Educación Chinchorro, fiscal en sumario administrativo que se sigue en su contra y quien el pasado 18 de agosto de 2023 dictó la Resolución N° 33/2023 suspendiéndola en forma preventiva y transitoria de su cargo.

Refiere que el 18 de agosto de 2023 se dictó la Resolución N° 33/2023 que ordenó instruir un sumario administrativo en su contra, ignorando los hechos por los cuales se le investiga, salvo la referencia que se hace a una investigación anterior por hechos ocurridos en la Escuela Rural Darío Salas del Valle de Azapa, oportunidad en que una apoderada la denunció por dar a conocer el nombre y antecedentes de un alumno en una publicación del colegio de profesores junto a otras denuncias en contra de la comunidad educativa, investigación que lleva más de un año. Hechos que también dieron lugar a un recurso de protección de la recurrida en su contra, el que fue declarado inadmisible.

Explica que frente a la vulneración de sus garantías por parte del Servicio Local de Educación Pública en situaciones que involucraban a la mencionada comunidad educativa, dedujo en su contra denuncia de tutela laboral tramitándose la causa T 59-2022 que terminó por avenimiento, reubicándola en la actual escuela Rómulo Peña Maturana, renunciando ambas partes a todos los derechos y acciones cualquiera fuera su naturaleza emanados de los hechos que motivaron el juicio.

Expone que la motivación del fiscal para suspenderla de sus funciones no dice relación con asegurar el éxito de la investigación si ya han transcurrido más de diez meses de aquella, no forma parte de la dotación de la Escuela Darío Salas, donde ocurrieron los hechos denunciados, no en la Escuela Rómulo Peña y lo acordado en el avenimiento de la causa T 59-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, sede en que la recurrida renunció expresamente a ejercer acciones en su contra, torna la suspensión en arbitraria a pesar de estar prevista en el artículo 136 de la Ley N° 18.834.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas cita la del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide dejar sin efecto la resolución impugnada y adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informó en su oportunidad la recurrida y expuso que mediante Resolución de Sumarios e Investigaciones N° 40, de fecha 4 de octubre de 2022 se instruyó por el Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas por una serie de denuncias recibidas por parte de miembros de la comunidad educativa de la Escuela Darío Salas, entre ellas, y como lo refiere la recurrente, por publicaciones efectuadas en la página del colegio de profesores exponiendo una serie de supuestos actos de acoso laboral y un informe escrito con el nombre de un alumno menor de edad de la escuela.

Añade que en el marco de dicha investigación se recibió una nueva denuncia y se tomó declaración a una funcionaria de la Escuela Rómulo Peña dando a conocer hechos más graves a aquellos que dieron origen a la investigación, razón por la que se dictó la Resolución N° 33 de 2023 que ordenó la instrucción de un sumario en contra de la recurrente, decretándose el 18 de agosto de 2023 su suspensión preventiva, medida que fue dictada por el fiscal instructor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 del Estatuto Administrativo, investigación que se encuentra en etapa indagatoria y secreta y solo una vez que se formulen cargos la investigada podrá acceder a sus piezas y podrá rendir pruebas y otras diligencias para ejercer su derecho a defensa.

Añade que la recurrente goza de sus remuneraciones de forma íntegra, mantiene su derecho a feriado, la totalidad de sus derechos funcionarios, derecho a defensa y a un debido proceso y la decisión del fiscal sumariante de suspenderla preventivamente de sus funciones, obedece al sólo mérito de la investigación en curso, sin que se configure un trato discriminatorio, pues, no se le está dando un tratamiento distinto al de otros funcionarios que se encuentren en la misma situación.

Precisa que el avenimiento de 7 de marzo de 2023, tuvo como objeto poner término al juicio seguido entre las partes motivado por conflictos de la recurrente con funcionarias de su anterior establecimiento, no teniendo relación alguna con la circunstancia de haber un proceso disciplinario que la involucraba, juicio en que sin reconocer las vulneraciones acusadas por la denunciante, y atendido a que la docente ya había sido destinada a un nuevo establecimiento educacional, término con el avenimiento.

Por lo anterior la suspensión se refiere a hechos y supuestos fácticos distintos a los ventilados en sede laboral, los que, tal como expone el considerando 3° de la suspensión, obedece a hechos ocurridos en el nuevo establecimiento de la recurrente “Escuela Rómulo Peña”.

En este sentido, la recurrente pretende que en virtud del avenimiento arribado en el juicio laboral se le otorgue una especie de inmunidad por sus actuaciones y responsabilidad administrativa en su calidad de docente, lo que contraviene expresamente el ordenamiento jurídico.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado como ilegal y arbitrario corresponde a la suspensión preventiva y transitoria de la docente recurrente adoptada en su contra por el fiscal recurrido en el marco de una investigación sumaria seguida mediante Resolución 40/2022 de 4 de octubre de 2022 elevada a sumario administrativo el pasado 18 de agosto de 2023 mediante Resolución 33/2023. Calificación que propone desde que los hechos que motivaron la investigación sumaria ocurrieron en una escuela distinta a aquella en la que actualmente cumple funciones y la existencia de un avenimiento logrado en una causa laboral, motivada por los mismos hechos, oportunidad en que la recurrida expresamente renunció a seguir acciones en su contra.

CUARTO: Que, se trajo a la vista la causa T 59-2022 del Juzgado Laboral de esta ciudad, que se inició por demanda de tutela deducida por nombre reservado en contra del recurrido dando cuentas de agresiones verbales y psicológicas que sufrió en la Escuela Darío Salas durante los meses de mayo, junio y diciembre del año 2022 a manos de psicólogos, docentes, Director y un apoderado de la misma escuela sin que se adoptaran medidas en su favor, causa que terminó por avenimiento de 7 de marzo de 2023 reubicando a la recurrente en la Escuela Rómulo Peña Maturana, renunciando ambas partes a todos los derechos y las acciones derivado de los hechos que motivaron dicho juicio, esto es, circunscrito a las situaciones de acoso y maltrato laboral que involucraban a profesionales, docentes y apoderados de la Escuela Darío Salas que en concepto de la demandante se suscitaban ante la aquiescencia de la denunciada.

QUINTO: Que, en este escenario del atento examen de la demanda de tutela deducida el 22 de diciembre de 2022, se observa que no se denuncia como una situación de acoso o maltrato, que pudiera ser cubierta por el equivalente jurisdiccional, la investigación sumaria iniciada con anterioridad -4 de octubre de 2022- y vigente a la época del avenimiento.

SEXTO: Que, no cabe sino concluir que los términos del avenimiento no son absolutos y no importa el término de la investigación que ya se seguía en su contra, como parece entender la recurrente, investigación que al continuar su devenir se ha elevado a sumario administrativo.

Por otra parte, dicha investigación se inició por la denuncia de una apoderada quien acusa a la recurrente de exponer el nombre de su pupilo en determinadas publicaciones, y se han ido añadido nuevas denuncias de funcionarios del establecimiento donde actualmente ejerce ésta la docencia.

SEPTIMO: Que, finalmente siendo una facultad discrecional la medida prevista en el artículo 136 del Estatuto Administrativo, que permite en el curso de un sumario suspender de sus funciones al investigado, que no impide a la actora el goce de sus remuneraciones y que la separa del actual establecimiento donde han surgido otras denuncias en su contra, la presente acción será desestimada.

En consecuencia, la decisión adoptada por el Fiscal Sumariante no reúne las características de arbitraria e ilegal al encontrarse amparada en la norma antes señalada.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, se declara que:

I.- SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de Marcelo Cañipa Zegarra, abogado y funcionario del Servicio Local de Educación Chinchorro.

II.- SE DEJA SIN EFECTO la orden de no innovar concedida.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 326-2023 Protección.

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