nombre reservado con nombre reservado

Arica, treinta de abril de dos mil veinte.

VISTO:

nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, comerciante, domiciliado en esta ciudad, en Los Artesanos N° 1167, representado por la abogada Sandra Negretti Castro, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales, en contra del Ministro de nombre reservado don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, a fin de que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N° 143 del treinta y uno de enero del presente año, dictada por el nombre reservado, quien resolvió no dar lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el recurrente, en contra de la Resolución Exenta N° 596 de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, por medio del cual se rechazó la solicitud de renovación de arriendo del inmueble fiscal ubicado en domicilio reservado y Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, vulnerando con ello las Garantías constitucionales del art. 19 N° 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso, en el hecho de que la recurrida mediante Oficio Ordinario N° 3660 de diez de noviembre del año dos mil nueve, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, le autorizó la ocupación del referido inmueble para la ejecución de un proyecto de venta de bloquetas, soleras y estructuras metálicas. Posteriormente, por medio de resolución Exenta N° 533 del veintinueve de junio de 2011, se le concedió el arrendamiento de la propiedad fiscal por el plazo de un año, venciendo en consecuencia el 30 de junio de 2012. Además, se le imponía la obligación de pagar las contribuciones, agua potable y energía eléctrica, estando obligado a exhibir los comprobantes de cancelación cada vez que le fuera solicitado por la autoridad respectiva. También estaba obligado a entregar una boleta de garantía y existía prohibición de destinar la propiedad al negocio de bebidas alcohólicas, casas de juegos o cualquier otra actividad sea inmoral o ilícito.

Indica que con el objeto de complementar el proyecto presentado, el dieciocho de noviembre del año 2011, el recurrente solicitó autorización para concretar un proyecto de cocinaría destinado a la venta de comidas típicas y andinas de la zona. Esta ampliación, fue autorizada mediante Oficio Ordinario N° 117 del veinte de enero de 2012, concediéndose nuevas renovaciones, siendo la última de ellas otorgada conforme al Ordinario SE15 N° 0618/2013 del veintidós de marzo del dos mil trece, por el plazo de cinco años.

Agrega que la cláusula 2, letra c) del contrato referido impuso la obligación para el recurrente de presentar anualmente, una declaración jurada de uso, conforme a un formato que entrega la Oficina de Partes de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales “bajo apercibimiento de ser derogada su resolución”. La renta de arrendamiento era la suma de $ 255.093.- Se consigna en el contrato que la infracción a la prohibición de botar basuras en el sitio (cláusula 2 letra d)) y la mora en el pago de las rentas de arrendamiento, daban derecho a poner término al contrato (cláusula 2 letra i). Además, se impone en el referido contrato que el arrendatario tiene la obligación de pagar las contribuciones de bienes raíces, debiendo exhibir el comprobante de pago cada vez que lo solicite la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. (Cláusula 2 letra j)) Y, se establece una prohibición del arrendatario (cláusula 2 letra q)) “para no destinar la propiedad fiscal arrendada al negocio de bebidas alcohólicas, casa de juegos o cualquier otra actividad sea inmoral o ilícito”. Finalmente, la cláusula 2 letra t) señala que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o prohibiciones establecidos en esta resolución por parte del arrendatario, será causal suficiente para poner término anticipado al contrato de arrendamiento.

Sostiene que una vez vencido el arriendo señalado precedentemente, el treinta y uno de octubre de 2018, presentó postulación para la renovación del contrato de arrendamiento, con la finalidad de continuar con los proyectos antes mencionados. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N° 596 de fecha 24/06/2019, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, resuelve rechazar la postulación de renovación de arriendo fundado en lo siguiente: “se observa, que existen incumplimientos a las cláusulas del acto que le concedió la administración del primer arriendo, específicamente a la cláusula 2, en sus letras c) pues no se ha entregado las declaraciones anuales correspondientes; j) dado que, el usuario posee deudas por concepto de contribuciones, y q) el arrendatario posee patente municipal de alcoholes, en circunstancias que, el inmueble no puede destinarlo a la venta de bebidas alcohólicas…” Y agrega; “Además, el plazo del arriendo no podrá exceder los límites legales establecidos en el Decreto Ley 1939, es decir, no se podrá disponer plazos de arriendo que excedan los 5 años, tratándose de inmuebles urbanos”.

Señala que en contra de la resolución citada dedujo recurso de reposición y en subsidio, recurso jerárquico, argumentando que efectivamente, la Resolución Exenta N° 1380 de fecha 27 de diciembre de 2013, que aprobó la renovación del contrato de arrendamiento, estableció la obligación para el arrendatario de presentar anualmente una declaración jurada de uso, conforme a un formato que entrega la Oficina de Partes de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales (cláusula 2 letra c). No obstante, consta en la fiscalización efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales en el mes de enero del año 2019, que esta información no fue requerida, no se constató por consiguiente incumplimiento y muy por el contrario, se constató que el proyecto propuesto, de venta de bloquetas, soleras y estructuras metálicas y cocinería (Restaurant) efectivamente se había ejecutado y se continuaba ejecutando, con inversiones y avances significativos, tal como lo indica la ficha de inspección.

Indica que resulta arbitrario sancionar con la decisión de no renovación del contrato de arrendamiento y considerar esta omisión como “incumplimiento” del contrato, en circunstancias que por una omisión involuntaria no presentó estas declaraciones y tampoco le fue exigida en las oportunidades que fue fiscalizado. Además, cabe recordar que este recurrente desde el año 2009 tiene la calidad de arrendatario del mismo inmueble, y tanto en los contratos celebrados en los años 2011 y 2013, nunca se había contemplado esta obligación, luego por omisión, involuntaria se dejó de presentar el formulario anual.

Complementa sus alegaciones señalando que no es el único arrendatario de inmuebles fiscales y por información obtenida de otros arrendatarios, éstos tampoco han cumplido con ingresar declaraciones anuales, no obstante jamás han sido amonestados ni menos ha influido ello en la no renovación de sus contratos o en la “derogación de la resolución”. En efecto, indica el recurrente tener conocimiento que en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, no existen antecedentes de contratos de arrendamientos que hayan terminado anticipadamente o hayan sido derogados por no presentación de la Declaración Anual, y es más, estos contrato de arrendamiento han prosperado en posteriores compraventas, celebradas por los mismos arrendatarios, sin que hayan influido en su aceptación, la entrega de los formulario de Declaraciones anuales de uso.

Alega que la resolución además de arbitraria, también resulta muy perjudicial, por cuanto, desde el año 2009 al a fecha ha invertido más de $ 100.000.000 en obras e instalaciones, resultando absolutamente desproporcionada la medida adoptada, con el esfuerzo e inversión que he efectuado en dicho inmueble.

Como segundo argumento en su recurso, señala que el contrato de arrendamiento contempla en la cláusula 2 letra j), la obligación de pagar las contribuciones que afecten al bien raíz. Es pertinente señalar que el inmueble arrendado, figurada en la Sección de Avalúo del Servicio de Impuesto Internos, con el Rol Avalúo fiscal 995-6 y dicho rol, abarca la subdivisión de 4 predios que también se encuentra arrendado o concesionados a otras personas u organizaciones. No obstante, a partir del año 2014, al inmueble arrendado por el suscrito, se le asignó el Rol de Avalúo Fiscal 995-9, y desde que se ha hecho efectivo el pago de contribuciones, ha mantenido al día el pago de ellas, lo que se acredita con el Certificado de la Tesorería General de la República que acompaño, que certifica que el rol 001-0095-009 no registra deudas. Es decir, desde el año 2014 mantiene el pago de las contribuciones al día, sin deuda alguna, a diferencia de los otros inmuebles que derivan de la subdivisión, y del mismo rol de Avalúo Matríz, quienes sí mantienen morosidad en el pago de contribuciones. De acuerdo a lo anterior, el argumento indicado por la recurrida y señalado en la Resolución Exenta N° 596 de fecha 24/06/2019 carece de toda veracidad y sustento.

Finalmente sostiene que en la resolución que rechaza la renovación que se indica que: “el arrendatario posee patente municipal de alcoholes, en circunstancias que, el inmueble no puede destinarlo a la venta de bebidas alcohólicas”, y se alude a que el suscrito estaría infringiendo lo establecido en la letra q) de la cláusula 2 del Contrato de Arrendamiento. Indica que, en cuanto al alcance de la prohibición: “destinar la propiedad al negocio de bebidas alcohólicas, casas de juegos o cualquier otra actividad sea inmoral o ilícito”, se entiende que con esta prohibición el Ministerio de Bienes Nacionales busca evitar que en los inmuebles fiscales se desarrollen actividades ilegales, ilícitas, prohibidas o inmorales, y la expresión “negocio de bebidas alcohólicas”, y “casas de juegos” las equipara e incluye como actividades inmorales o ilícitas, porque con ello quiere evitar el uso de inmuebles fiscales para actividades inmorales o ilícitas, es decir, circunstancias al margen de la ley, específicamente como venta de alcoholes o casas de juegos clandestinos, establecidos sin regulación y permisos otorgados por las autoridades competentes, como acontece con las casas de citas, prostíbulos, expendio clandestino de alcohol o drogas, juegos de azar o apuestas, entre otros. Pero, en ningún caso podría aplicarse esta prohibición a aquellos casos en que la comercialización de estos productos se efectúe conforme a la ley; esto es, pagando los impuestos y patentes respectivas.

Indica que en lo relativo al plazo de arrendamiento, no se infringe los límites contemplados por el Decreto Ley 1939, ya que nunca el recurrente ha obtenido una renovación por un plazo mayor a 5 años, además, la referida norma no prohíbe las renovaciones sucesivas del contrato.

Pide se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 143 de fecha 31 de enero de 2020 dictada por el recurrido, que resolvió no dar lugar al Recurso Jerárquico interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 596 de fecha 24 de junio de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, declarando que se ha conculcado el numeral 2°, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, de igualdad ante la ley; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad, disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, se acoja el referido recurso y se declare que se accede a la renovación del arriendo del inmueble fiscal ubicado en domicilio reservado y Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota al recurrente don nombre reservado, con costas.

Informó el Ministro de nombre reservado, Julio Isamit Díaz, indicando en primer lugar que el actuar del Ministerio de Bienes Nacionales ha estado en todo momento apegado a derecho, dentro de sus competencias, y que se han seguido los procedimientos administrativos dentro de los parámetros normativos y discrecionales adecuados para el aseguramiento de los derechos de todos los involucrados, tanto del mismo recurrente, como de terceros.

Sostiene que el actuar del Ministerio de Bienes Nacionales fue legal y razonado, ya que conforme al Decreto Ley N° 1.939 de 1977 y el D.L. N° 3.274 de 1980 el Ministerio de Bienes Nacionales es el órgano encargado de la adquisición, administración y disposición de los bienes. Siendo así, en ejercicio de las facultades de administración contempladas en el título III del D.L. N° 1.939, le corresponde otorgar concesiones de uso, destinar, afectar y otorgar arrendamientos sobre los bienes fiscales, entre otros actos de disposición y/o administración. Agrega que lo primero que se verifica es el cabal cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, asegurando de esta forma, el cumplimiento del principio de legalidad. Una vez hecho esto, recién se evalúa la conveniencia o mérito de la solicitud en consideración a los planes que el Ministerio desarrolla en propiedad fiscal, siendo esta fase decisoria de carácter discrecional y en ningún caso arbitraria Indica que el recurrente ha mal entendido el alcance de estas potestades, ignorando que el hecho de ingresar una solicitud de renovación de arrendamiento, no implica necesariamente su renovación y no constituye por lo tanto -la renovación del arrendamiento- un derecho adquirido en ningún sentido. En el caso concreto, el recurrente confunde las potestades regladas y aquellas que son de naturaleza discrecional. Las primeras se dan cuando la norma jurídica impone al poder público la decisión que se toma, en atención a la existencia de ciertos requisitos que ella establece. La autoridad en este caso no tiene libertad para elegir el camino que más le conviene, ya que deberá actuar en el sentido prescrito por la norma. Por otra parte, también se encuentran aquellas potestades que no son regladas, sino que están sólo enmarcadas dentro de los alcances a determinar por el mismo actor siempre que se encuentren en un marco general de legalidad. A éstas se las denomina discrecionales.

Agrega que el correcto ejercicio de las facultades discrecionales es el que permite a la administración alcanzar los fines de bien común a los que está llamada y el control jurisdiccional de los actos discrecionales de la administración es procedente en el caso de existir graves vulneraciones a derechos fundamentales, circunstancia que no se corrobora en el caso de marras. Por otro lado, las alegaciones del recurrente no tienen la aptitud de romper la presunción de legalidad que se otorga a los actos de la Administración.

Sostiene que el recurrente pretende encubrir sus faltas propias, reconocidas de forma explícita en el recurso interpuesto, bajo el manto de una supuesta irregularidad de la Administración, lo que no es posible sostener con seriedad.

Sobre lo mismo, señala que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, causa rol N° 8487-2018, ha dicho “es efectivo que no procede que los órganos jurisdiccionales sustituyan la decisión de la administración realizando una nueva ponderación de los antecedentes que determina la decisión; sin embargo, aquello no excluye el control respecto de los actos administrativos que tienen su origen en el ejercicio de una facultad de carácter discrecional por parte de la Administración, toda vez que éstos, como todo acto administrativo, deben cumplir con las exigencias previstas en la ley”. Conforme a lo anterior, agrega el recurrido que la Administración ha actuado con estricto apego a la legalidad y, más aún, el mismo fallo ya referido entiende, citando al Profesor Cordero Vega, que la manera en que el control jurisdiccional se llevará a cabo es mediante el ejercicio de un análisis de proporcional donde las situaciones que se controlarán son aquellas que estén fuera del marco, resultando manifiestamente excesivas.

Alega que el acto impugnado ha estado adecuadamente motivados, y posee la totalidad de los requisitos legalmente exigidos para la procedencia del mismo, entendiéndose, a contrario de lo que expresa el actor, que están suficientemente fundados, basados en el estricto cumplimiento de estándares de derecho.

Agrega que de la perspectiva de la validez formal de la Resolución Exenta N° 143 de 2020, es del caso expresar que este acto fue dictado adecuadamente por el superior jerárquico del Secretario Regional Ministerial de nombre reservado, es decir el Subsecretario de la cartera. En cuanto al contenido del mismo, se cumple además con lo que ha entendido la Contraloría General de la República en el dictamen N° 5.389 de 2000, como un acto administrativo, “(…) toda declaración de voluntad general o particular de un órgano administrativo, en función de una potestad administrativa y que tiene por finalidad decidir o emitir juicios sobre derechos, deberes e intereses de entidades administrativos o de particulares frente a él”. En este orden de consideraciones, el acto administrativo sujeto a cuestionamiento cumple con todos y cada uno de los elementos necesarios asegurar su validez formal y material.

Sostiene por otro lado que los fundamentos de la Resolución se encuentran perfectamente ajustados a derecho, y existe una claridad total, tanto en los antecedentes tenidos a la vista, como en la argumentación que da lugar a ella y en cuanto al fondo de la decisión tomada por la administración, esta tampoco se ve afectada por arbitrariedad o ilegalidad alguna, pues está enmarcada dentro de las facultades discrecionales de las que goza este Servicio ya que en primer término, el acto impugnado señala una serie de incumplimientos por parte del recurrente y que fueron debidamente constatados por los fiscalizadores de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la región de Arica y Parinacota; incumplimientos que fueron incluso señalados y explícitamente reconocidos por la parte recurrente, y a los que se allana completamente. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento se intenta realizar una interpretación antojadiza de las obligaciones a las que se accedió en el contrato de arrendamiento celebrado.

Indica que el acto administrativo impugnado ratifica las resoluciones anteriores y enfoca como principal incumplimiento el desarrollo del negocio de bebidas alcohólicas, como una vulneración grave tanto del contrato como de la ley. Ello, por cuanto el recurrente no expresa que esto constituiría una transgresión flagrante a lo preceptuado por el artículo 67 del Decreto Ley N° 1.939, que dispone que “Ningún arrendatario podrá destinar la propiedad fiscal arrendada al negocio de bebidas alcohólicas, a casas de juego o cualquier otro objeto inmoral o ilícito”. A este mismo respecto, el recurrente realiza una interpretación tendenciosa y errónea del precepto, pues valora que los términos que contiene son copulativos, cuando están establecidos de forma meramente alternativa. De ninguna parte de la norma puede extraerse que el legislador haya realizado una distinción entre los titulares de patentes de alcohol obtenidas legalmente y aquellos que han desarrollado dicha labor de forma clandestina.

Además señala que es efectivo que el Ministerio de Bienes Nacionales aprobó la utilización del inmueble para restaurant, sin embargo, esta actividad puede realizarse perfectamente sin tener patente de alcoholes. En cuanto a la falta de entrega de declaraciones anuales, que el recurrente alude como una “omisión involuntaria”, a juicio del recurrido se trata de una obligación contractual contraída y como tal, no contempla la exención del requisito por mera omisión. Por otra parte, que no se haya exigido en alguna fiscalización determinada la presentación de las mismas no valida tácitamente tampoco el incumplimiento.

Agrega el acto administrativo recurrido no alude explícitamente a los otros puntos argumentados por el recurrente, como el plazo de arrendamiento o el pago de las contribuciones.

Finalmente, conforme a lo informado, en opinión del recurrido, no se han conculcado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de realizar cualquier actividad económica y derecho de propiedad, por lo que solicita el total rechazo de la acción de protección deducida por la recurrente, con costas.

Se trajeron los autos en relación y se ordenó agregarlos en forma extraordinaria a la tabla de esta Primera Sala.

CON LO RELACIONADO, Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la parte recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio y que la recurrente estimó infringidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que no resulta controvertido, al tenor de las presentaciones de las partes, que el contrato de arrendamiento de la propiedad fiscal que no fue renovado por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, fue otorgado para la realización de un proyecto de venta de bloquetas, soleras y estructuras metálicas y cocinería, y que exigía en su cláusula 2, letra c) la obligación para el recurrente de presentar anualmente, una declaración jurada de uso, conforme a un formato que entrega la Oficina de Partes de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y en la letra q) la prohibición de destinar la propiedad fiscal arrendada al negocio de bebidas alcohólicas, casa de juegos o cualquier otra actividad sea inmoral o ilícito.

Asimismo, fueron admitidos por el recurrente en su arbitrio procesal, tanto el hecho de haber omitido de manera involuntaria su obligación de presentar anualmente la declaración jurada de uso, como asimismo la obtención de patente de alcoholes.

CUARTO: Que por su parte, el artículo 79 del Decreto Ley N° 1939 de 1977, dispone que: “Ningún arrendatario podrá destinar la propiedad fiscal arrendada al negocio de bebidas alcohólicas, a casas de juego o cualquier otro objeto inmoral o ilícito.”.

QUINTO: Que, los principales fundamentos de la resolución recurrida para no dar lugar al recurso jerárquico versan precisamente en torno a la infracción del artículo citado en el motivo precedente, toda vez que la recurrente mantenía vigente patente de alcoholes para el restaurante que funcionaba en el terreno arrendado, como asimismo, no dio cumplimiento a la obligación contractual de presentar anualmente, una declaración jurada de uso.

SEXTO: Que, en el sentido señalado, la resolución impugnada se observa debidamente motivada y carece de los elementos de ilegalidad o arbitrariedad para estimar conculcada alguna de las garantías que la recurrente estima infringida, amén de consistir en facultades propias de la Administración, debiendo rechazarse el recurso.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por nombre reservado, representado por la abogada Sandra Negretti Castro, en contra del Ministro de nombre reservado don nombre reservado.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 318-2020 Protección