Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. de Arica Arica, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra del Liceo nombre reservado, y del Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la ratificación de la sanción de expulsión del establecimiento educacional del hijo de la recurrente, nombre reservado, vulnerando las garantías constitucionales de los N° 1°, 2°, 3° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 14 de julio de 2025 fue notificada la expulsión de su hijo, alumno de séptimo básico, por hechos ocurridos el 30 de junio del mismo año, consistentes en una supuesta agresión física y verbal a una compañera. Refiere que la sanción se aplicó bajo la Ley N° 21.128 "Aula Segura", tipificando la conducta como falta muy grave según el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Acusa que el procedimiento incurrió en vicios graves, pues no se consideró la irreprochable conducta anterior del menor, su rendimiento académico ni el contexto de amistad entre los involucrados. Arguye que existió una infracción al debido proceso debido a que el Consejo de Profesores ratificó la medida el 21 de julio, antes de que ella presentara su recurso de reconsideración el 22 de julio, impidiendo que dicho órgano conociera sus descargos. Manifiesta, además, que se le otorgó un plazo de solo 5 días para la reconsideración, en contravención a los 15 días que establece el DFL N° 2 de 1998. Indica que se le negó el acceso al acta del Consejo y otros medios probatorios, obligándola a actuar sin conocer los fundamentos de la decisión.

Solicita que se deje sin efecto la expulsión y se retrotraigan sus efectos a la fecha de notificación, con condena en costas.

Informando el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro y la Directora (s) del Liceo nombre reservado, solicitan el rechazo de la acción de protección.

Señalan que el procedimiento se inició el 30 de junio de 2025 tras una agresión física grave, donde el alumno propinó golpes en la cabeza y el cuerpo a una estudiante, además de proferir insultos vejatorios en un contexto de exposición pública, agresión reconocida por el alumno en las entrevistas iniciales. Expone que el plazo de 5 días para la reconsideración es el correcto para casos de "Aula Segura", según dictámenes de la Superintendencia de Educación. Sostiene que sí se analizó la reconsideración presentada, a pesar de que la abogada no acreditó facultades suficientes, y que se cumplió con la consulta al Consejo de Profesores. Refiere que no hay trato discriminatorio, ya que otro alumno involucrado recibió la misma sanción. Finalmente, manifiesta que no hay vulneración a la integridad psíquica, toda vez que el menor ya se encuentra matriculado en otro establecimiento educacional dependiente del mismo servicio local.

Al existir controversia sobre el cierre definitivo del procedimiento disciplinario, se pidió informe a la Superintendencia de Educación, para que informara el estado actual del expediente de medida disciplinaria N° NUM000 aplicado en contra del estudiante.

A folio 97 consta oficio ORD N° NUM001 de dicha Superintendencia, en el cual informa que se encuentra en tramitación un procedimiento infraccional en contra del establecimiento educacional recibido, en estado de resolver desde el 15 de diciembre de 2025.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie, se desprende que el acto ilegal y arbitrario denunciado por el recurrente consiste en la ratificación de la sanción de expulsión del establecimiento educacional Liceo nombre reservado, aplicada al alumno nombre reservado, en el marco del procedimiento extraordinario de la Ley N° 21.128, "Aula Segura".

CUARTO: Que, en cuanto al marco normativo aplicable, la Ley N° 21.128, que incorporó a la Ley N° 20.529 las normas del “Aula Segura”, otorgó a los establecimientos educacionales el conocimiento y resolución de los actos que afecten gravemente la convivencia escolar que causen daño a la integridad física o síquica de cualquier miembro de la comunidad educativa, disponiendo, entre otras sanciones, la medida de expulsión del alumno infractor.

Acto seguido, el artículo 6° del DFL N° 2/1998 del Ministerio de Educación, en el inciso décimo sexto de su letra c), dispone que “Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. […]”, y en el inciso siguiente del mismo, añade “El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores”.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa, es posible asentar los siguientes hechos: 1) Que, mediante resolución de 14 de julio de 2025, la Directora (s) del Liceo nombre reservado aplicó y notificó al alumno nombre reservado la sanción disciplinaria de expulsión, dictada al alero de las disposiciones de la Ley N° 21.128, o “Ley Aula Segura”, y sustentado en los numerales 9, 14, 19 y 26 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento educacional. 2) Que, en contra de dicha decisión la apoderada del alumno sancionado dedujo recurso de reconsideración ante la misma autoridad educativa, el cual fue desestimado, ratificándose por resolución del 23 de Julio de 2025 la medida disciplinaria impuesta. 3) Que, por Ordinario URPDE N° NUM002, de 5 de agosto de 2025, y en cumplimiento del artículo 6° del DFL N° 2/1998, la Superintendencia de Educación revisó el procedimiento sancionatorio, sin detectar infracciones del establecimiento a la normativa educacional. 4) Que, el 11 de agosto de 2025, la apoderada solicitó a dicha Superintendencia una nueva revisión del expediente disciplinario, re aperturándose el proceso de revisión de cumplimiento de normativa educacional por parte del Liceo. 5) Que, mediante acta de fiscalización N° NUM003, la Superintendencia de Educación, mediante su fiscal instructor, formuló cargos al establecimiento educacional, por eventuales infracciones a la normativa educacional en el desarrollo del procedimiento disciplinario en contra del alumno nombre reservado, sin decisión final a esta fecha.

SEXTO: Que, en este orden de ideas, resulta prístino que el conocimiento de las formalidades del procedimiento disciplinario se encuentra sometido al imperio de la Superintendencia de Educación, autoridad administrativa llamada a determinar el apego irrestricto de los establecimientos educacionales a la normativa que los rige, de manera tal que, en razón del principio de deferencia entre autoridades del Estado, es aquél organismo técnico el establecido por el legislador para efectuar dicha determinación.

Así, mientras no exista un pronunciamiento definitivo de la autoridad administrativa respecto del apego del procedimiento disciplinario a la normativa educacional, no puede esta Corte revisar el mérito de la decisión del establecimiento recurrido, por cuanto aquello implicaría atribuirse facultades radicadas en otra autoridad del Estado.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no existe aún un derecho indubitado que habilite a esta Corte a conocer de la presente acción constitucional, toda vez que no ha llegado a ser cierta la infracción de la normativa educacional por parte del Liceo recurrido, y su supervigilancia, ejercida por la Superintendencia de Educación, se encuentra actualmente en tramitación, faltando oportunidad para conocer jurisdiccionalmente la presente acción constitucional, motivos por los cuales, deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Liceo nombre reservado y del Servicio Local de Educación Pública Chinchorro.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 312-2025 (Protección).