nombre reservado con nombre reservado

Arica, veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don Luis Clemente Cerda Pérez, abogado, en representación de doña nombre reservado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, arquitecto, cédula nacional de identidad RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, de Arica y don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de Arica, de Arica; y don nombre reservado, ignoro profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado, de Arica, por haber vulnerado con su actuar ilegal y arbitrario la garantía consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que sus representadas son propietarias del inmueble ubicado en domicilio reservado, de la subdivisión del Fundo denominado Santa Rosa, ubicado en el Valle de Azapa, individualizado en el plano archivado bajo el Nº 38 del año 2001, de una superficie de cinco mil setecientos metros cuadrados.

Señala que el cuatro de febrero del presente año, un topógrafo comenzó a realizar mediciones al terreno colindante al de sus representadas, y luego continuó sus labores en el terreno de las recurrentes, sin que dicha situación haya sido comunicada a éstas y mucho menos autorizada. Al día siguiente doña nombre reservado se constituye en su predio y constata que hay maquinaria pesada trabajando en él y que los cierres de éste habían sido destruidos por los recurridos generando una alteración, no solo a los deslindes de ambas propiedades, sino también al sistema de regadío de los árboles existentes en dicha propiedad. El conductor de la máquina señaló que estaba cumpliendo con el trabajo encomendado por don nombre reservado.

Agrega que el seis de febrero concurrió una de las recurrentes junto con una cuadrilla de obreros para efecto de reponer los cercos eliminados por instrucción del señor nombre reservado, pudiendo constatar que los planos utilizados por éste se habían trazado con el DATUM PSAD 56, y que éstos eran parte de un proceso de regularización. Al día siguiente, mientras continuaba con la reposición de los cierres correspondientes al lado norte del predio, se apersona en el lugar el señor nombre reservado, en presencia de personal de Carabineros, moviendo nuevamente el cerco botándolo y dejándolo en el suelo.

Indica que la recurrente tomó contacto con el propietario hasta esa fecha del inmueble colindante, quien le comunica que el terreno fue vendido, encontrándose la inscripción de la propiedad en proceso ante el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, y que fueron los nuevos propietarios quienes iniciaron los trabajos de cierre de conformidad a los planos generados por el Ministerio de Bienes Nacionales en el año 2007 signados con el N° I-1-2795. Al respecto hace presente que el plano utilizado, como ya se ha señalado está tomado con el DATUM PSAD 56, el que no se condice con la realidad de los datos utilizados en la actualidad, a saber, SIRGAS (datum diseñado para las Américas) y WGS 84, datum que es el más comúnmente utilizado en nuestro país. Afirma que en la literatura se señala que “Las diferencias en metros entre Datum Local (Psad56) y Datum geocéntrico (wgs84) varia con la latitud, pero tiene magnitudes que pueden ir desde los 200 a 400 metros.”, por lo que la utilización de un sistema de medición diverso al usualmente utilizado puede producir superposición de terrenos, cuestión que per se no habilita a los recurridos a irrumpir destruyendo los cierres existentes, y que forzosamente obliga a generar, a través de una acción de lato conocimiento, la delimitación del predio recientemente adquirido por éstos.

Sostiene que consta del plano registral N° I-1-2795, los deslindes de la propiedad, por lo que en la actualidad, la propiedad colindante vendida a los recurridos, tiene una forma y una cabida distinta a la que realmente le corresponde, cuestión que, por tratarse de una regularización predial, debe ser realizada por el Ministerio de Bienes Nacionales, siendo dicho ente administrativo el encargado de establecer la cabida predial y los deslindes de conformidad a las reglas actualmente utilizadas. En efecto, la sola aplicación de las coordenadas geográficas DATUM PSAD56 a la tecnología actual, establece una delimitación predial completamente distinta a la que corresponde, lo que hace aún más necesario, que los recurridos regularicen su situación.

Alega que el hecho de irrumpir los recurridos en el predio de propiedad de las recurrentes, destruyendo los cercos perimetrales del lado norte, alterando sus delimitaciones y consecuencialmente su cabida, importan una vulneración al derecho de propiedad que éstas tienen sobre el inmueble, cuya titularidad, se encuentra amparada en la inscripción que rola en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces.

Así́ las cosas, encontrándose los deslindes legalmente establecidos y no existiendo antecedentes que habiliten al recurrido para perturbar el derecho de propiedad, es que se hace necesario obtener a través de la vía de la presente acción constitucional el restablecimiento del imperio del derecho, y con ello, el cese de la perturbación.

En definitiva solicita que los recurridos deben detener de manera inmediata cualquier tipo de trabajo dentro de los límites del predio de propiedad de las recurrentes, y además deben instalar los cercos en los límites originales de la propiedad, volviendo todo al estado anterior a su actuar ilegal y arbitrario.

Informó en su oportunidad los recurridos, solicitando el rechazo del recurso de protección, con expresa condenación en costas.

En primer lugar sostienen que tomando en consideración la naturaleza cautelar y de emergencia del recurso de protección, cuyo propósito es servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a manifiestas violaciones a los derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y siendo además requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en se están vulnerando los derechos invocados, no constituye la vía idónea para resolver las alegaciones planteadas por las recurrentes en su libelo, toda vez que, los hechos narrados en el recurso no acaecieron de la forma descrita, pues el asunto ha sido señalado como una superposición predial, es más las actoras reclaman verse afectadas por una presunta demarcación que estaría afectando terrenos de su propiedad, lo que constituye un juicio de lato conocimiento, tal como lo reconocieron las actoras en su escrito, específicamente uno de reivindicación, cita al efecto sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, de 18 de marzo de 2020, Rol Nº18.797-2018.

En segundo lugar, en cuanto al fondo, señala que los recurridos adquirieron la propiedad ubicada en calle Pablo Ku, sin número, kilómetro 12 parcela Los Maitenos, sector Las Maitas, del Valle de Azapa, de una superficie de 2,31 hectáreas y que se encuentra individualizada en el plano individual Nº I-1-2785 SR, del Ministerio de Bienes Nacionales inscrita actualmente a fojas 487 número 525 del año 2021 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Arica. El veintidós de octubre de dos mil veinte, se contrataron los servicios topográficos del perito nombre reservado, para efectos de realizar un levantamiento topográfico de la propiedad bajo sus deslindes inscritos, el que fue terminado a mediados de noviembre del mismo año, entregando un informe con los deslindes de la parcela.

Agrega que no es efectivo que el topógrafo haya realizado los trabajos en el mes de febrero de dos mil veintiuno como se plantea y menos que haya entrado a la propiedad de las recurrentes.

Admite que se realizaron trabajos de limpieza en el mes de febrero, pero exclusivamente dentro de los límites de la propiedad. Por otra parte, sostiene que no es efectivo que se hayan destruido los cierres perimetrales, ya que estos no existían, y el sistema de regadío al que aluden las recurrentes se encuentra al interior de la parcela Los Maitenes. Sin perjuicio de lo anterior, señala que el seis de febrero del presente año, efectivamente una de las recurrentes entró a la propiedad de sus representados junto a una cuadrilla, sin autorización de los dueños, la cual tuvo por objeto imponer un cerco de manera unilateral y arbitrario que no se condice con la información que figura en el Conservador de Bienes Raíces y tampoco con la del Ministerio de Bienes Nacionales.

Afirma que las recurrentes fundamentan su posición en presuntos errores en el sistema de medición utilizado en el plano confeccionado por el Ministerio de Bienes Nacionales asignado con el Nº I-1-2795 del año 2007. En efecto, señalan que el sistema correcto es el WGS 84, y no el DATUM PSAD 56, agregando que la diferencia en los metros de uno y otro sistema va a depender de la latitud con variaciones de 200 a 400 metros. Sin embargo, conforme a la propia imagen proporcionada por las recurrentes se puede apreciar a simple vista que no es efectivo que exista una diferencia de 200 o 400 metros como lo señalan las actoras, por lo demás, desconoce de dónde las recurrentes sacaron las coordenadas para elaborar dicha imagen, y que por tanto hasta este momento deben ser consideradas como arbitrarias.

Afirma que los argumentos técnicos vertidos por las recurrentes carecen de sustento, ya que si bien es cierto existen diferencias respecto de los sistemas de referencia, estas no tienen implicancia en la materialización de los deslindes, ya que los planos de los predios agrícolas no muestran cuadros de coordenadas en sus vértices, y en el evento de ser así, el Datum no cambia la posición de un vértice de su deslinde en el predio, es decir tendrán quizás un valor numérico de coordenadas distintas pero la posición seguirá siendo la misma. Además, el deslinde Este de la parcela Los Maitenes, que separa a ambas propiedades, es claro y sin ambigüedades al momento de señalar que, se trata de una línea recta y no oblicua como lo pretenden las recurrentes.

Reitera que el cerco, al que aluden las recurrentes, no estaba al momento de comenzar los trabajos de limpieza, y sólo fue colocado posteriormente, el seis de febrero cuando una de las recurrentes junto a una cuadrilla irrumpió dentro de la propiedad de los recurridos, imponiéndolo de manera unilateral y arbitraria, por lo que no existe vulneración del derecho de propiedad.

Finalmente solicita que esta acción constitucional sea rechazada en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omisión es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omisión, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando uno o más de los derechos constitucionales protegidos, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la presente acción cautelar.

TERCERO: Que, en la especie, el acto ilegal y arbitrario denunciado por las recurrentes, consiste en que los recurridos habrían irrumpido en el predio de su propiedad, destruyendo los cercos perimetrales del lado norte, alterando sus delimitaciones y consecuencialmente su cabida, conculcando su derecho de propiedad.

CUARTO: Que, por su parte, los recurridos niegan la ocurrencia de los hechos imputados en el recurso y la consecuente vulneración del derecho de propiedad de las recurrentes, sosteniendo que al momento de adquirir la propiedad colindante a la de las recurrentes, no existía cerca divisoria, como lo señalan, por lo que no es efectivo que ésta se haya destruido, por el contrario, afirman que la recurrente ingresó al predio de su propiedad con un grupo de personas para instalar un cerco divisorio recién el seis de febrero del presente año, alterando con ello la cabida de los predios.

QUINTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que la controversia radica en que los titulares de dos predios colindantes discrepan en cuanto a la ubicación del cerco divisorio que determina el límite de ambos predios, señalando ambos estar basados en planos que, sin embargo, utilizan procedimientos de medición diversos, que podrían alterar las cabidas de los predios y con esto el límite, fijando la recurrente como acto ilegal y arbitrario, aquel que consistió en que los recurridos destruyeron la cerca que originalmente dividía ambos predios, cuestión que fue negada por los recurridos quienes afirman que no existía cerco divisorio alguno al momento de adquirir la propiedad y que fue la propia recurrente quien irrumpió en el predio de su propiedad en el mes de febrero para intentar instalar una cerca divisoria.

SEXTO: Que, habiendo sido fijada la controversia del modo descrito en el motivo precedente, resta analizar por esta Corte, si las recurrentes acompañaron antecedentes que permitan dar por acreditado el presupuesto fáctico de su acción, esto es, la existencia de un cerco divisorio y su posterior destrucción anterior al mes de febrero del presente año. Al efecto, acompañaron fotografías que dan cuenta de la existencia de hitos de demarcación, pudiendo apreciar en algunas una postación sin alambres o mallas, otras se divisan los postes y alambrado aparentemente de púas botados en el suelo, y otras solamente el terreno demarcado.

SEPTIMO: Que, esta Corte solicitó como diligencia un informe por parte de Carabineros del sector, para la comprobación de los hechos reclamados, emanando el oficio N°446 de 14 de abril del presente, constituyéndose en el lugar en disputa el Suboficial nombre reservado, quien constató la existencia de un cerco de madera con malla metálica en toda su extensión, y a su vez en el costado oriente, se constató un cerco tirado sin daños aparentemente sacado para ser reemplazado por el cerco nuevo. Añade el diligenciador, que con fecha 2 de febrero del presente, concurrió al mismo sector para una diligencia de lanzamiento del señor nombre reservado, dando fe que en esa oportunidad no existencia cerco alguno.

OCTAVO: Que, el mismo informe policial acompañó fotografías del lugar, apreciando la existencia de un cerco divisorio con postes de madera y malla metálica, del mismo sector que en las fotografías acompañadas por las recurrentes no existía cerco o bien en otro lugar se encontraba botado, siendo el anterior cerco de alambres de púas y no de malla metálica como se aprecia en la actualidad.

NOVENO: Que, de esta manera se ha podido acreditar un acto de auto tutela, consistente en que los recurridos habrían irrumpido en el predio de propiedad de las recurrentes, destruyendo los cercos perimetrales existentes del lado norte, y levantando un nuevo cerco.

DECIMO: Que, evidentemente este acto auto tutelar repugna a un Estado de Derecho, donde los conflictos se resuelven vía judicial, mediante un proceso legal, de tal manera que este acto, al no tener un razonamiento o sustento jurídico, aparece ser resultante de un mero actuar caprichoso o arbitrario de parte de los recurridos. A su vez, conculca el derecho de propiedad que tienen las recurrentes, sobre el predio en cuestión, cuyo dominio se acredita mediante la inscripción conservatoria respectiva que acompaña. Este derecho constitucional afectado por el actuar arbitrario de los recurridos, se encuentra consagrado en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, y garantizado mediante la presente acción de protección deducida, por lo cual es dable acogerla, decretando de esta manera el restableciendo del imperio del derecho quebrantado, ordenando a los recurridos abstenerse de realizar este tipo de conductas, manteniendo el statu quo antes del acto arbitrario, debiendo mantener los cercos en los límites originales de la propiedad existente antes del mes de febrero de 2021.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que se ACOGE el recurso de protección deducido por Luis Clemente Cerda Pérez, en representación de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, en contra de nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, declarando que estos últimos deberán abstenerse de realizar este tipo de conductas, manteniendo el statu quo antes del acto arbitrario, debiendo mantener los cercos en los límites originales de la propiedad existente antes del mes de febrero de 2021.

II. Que se deja sin efecto orden de no innovar.

Redactó el Fiscal Judicial don nombre reservado.

No firma el Ministro don Pablo Zavala Fernández, quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, se encuentra haciendo uso de permiso administrativo de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 31-2021 Protección.